Escribe: Freddy Centurión González (*)

Habiendo proclamado la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 (aunque en rigor, solo se controlaba los territorios de las antiguas intendencias de Trujillo y Lima, además de Jaén y la comandancia general de Maynas), el general José de San Martín resolvió asumir provisionalmente el mando del nuevo país con el título de Protector el 3 de agosto, estableciendo los primeros ministerios (Gobierno y Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, y Hacienda y Comercio).

El 8 de octubre, el Protector promulgó un Estatuto Provisorio para delimitar sus atribuciones y garantizar el desenvolvimiento de las actividades cotidianas, asumiendo las atribuciones ejecutivas y legislativas, absteniéndose de entrometerse en los asuntos judiciales. El Estatuto fijaba su vigencia “hasta que se declare la independencia en todo el territorio del Perú, en cuyo caso se convocará inmediatamente un Congreso general que establezca la Constitución permanente y forma de Gobierno que regirá en el Estado”.

El Protectorado sanmartiniano fue importante por iniciar el debate sobre la forma de gobierno (entre las ideas monárquicas y las ideas republicanas), por asegurar una cierta seguridad jurídica (al mantener vigentes las leyes españolas que no se opusiesen a la independencia, hasta que el Perú pudiera dar sus propios códigos), y por sentar las instituciones sobre las cuales se construiría el Estado Peruano (ejército y marina, escuela normal, biblioteca nacional).

El contexto de la elección

El 27 de diciembre de 1821, el Protector San Martín convocó a elecciones para un Congreso Constituyente, encargado de establecer la forma de gobierno del naciente Estado Peruano y de elaborar la Constitución “que mejor convenga al Perú según las circunstancias en que se hallan su territorio y población”, mismo que se reuniría el 1° de mayo de 1822. El decreto aclaraba que los poderes dados por los pueblos a los diputados, “se contraerán exclusivamente á estos objetos y serán nulos los que se excedan de ellos”. El decreto estableció, además, que se crearía una comisión para presentar un adecuado plan de elecciones y un proyecto de Constitución.

Sin embargo, como la comisión no logró presentar los proyectos esperados, el Supremo Delegado José Bernardo de Tagle, por decreto del 27 de abril de 1822, postergó la reunión del Congreso para el 28 de julio. Tampoco se pudo instalar el Congreso esa fecha, debido al retraso surgido por la entrevista de Guayaquil entre el Protector San Martín y el general Simón Bolívar, presidente de Colombia. El 19 de agosto, el Protector desembarcó en el Callao, enterándose de los sucesos acontecidos en su ausencia, especialmente la caída de su autoritario ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Bernardo Monteagudo. San Martín, que venía decidido a retirarse del Perú tras su conversación con Bolívar, ratificó su decisión, y por decreto del 18 de septiembre, fijó la reunión del Congreso para el 20 de septiembre.

Con anterioridad, el Supremo Delegado, por decreto del 15 de junio de 1822, y hasta que se construyese un edificio a propósito para las labores del Congreso, destinó a tal función el edificio de la Universidad de San Marcos, institución que se trasladaría provisionalmente al colegio de San Pedro.

Al final, sobre la base de los datos poblacionales de 1797, se estableció que habría un diputado por cada 15 mil personas. La elección fue indirecta, y en el caso de las provincias aún dominadas por las fuerzas realistas, se optó por elegir diputados suplentes entre los nativos de esas provincias residentes en Lima. Fueron elegidos 79 congresistas propietarios y 38 suplentes. De los diputados electos, 14 eran extranjeros: nueve grancolombianos, tres rioplatenses, un chileno y un altoperuano. La mayor parte de representantes fueron abogados y eclesiásticos, con reducido número de militares.

Por el departamento de Trujillo, fueron elegidos 15 diputados titulares y 7 suplentes. Representaron al partido de Lambayeque, los abogados Justo Figuerola y Estrada, Mariano Quesada y Valiente, y Pedro Antonio López Vidaurre; los dos primeros como titulares, el último como suplente. Ninguno estuvo presente en la sesión inaugural del 20 de septiembre de 1822, incorporándose al Congreso en los siguientes días: Figuerola el 17 de octubre y Quesada el 15 de noviembre.

La instalación del Congreso

El viernes 20 de septiembre de 1822, los 51 diputados que se encontraban en Lima, se dirigieron al antiguo Palacio virreinal. Luego, acompañados por el Protector, se dirigieron a la Catedral donde escucharon la misa de acción de gracias a cargo del deán Francisco Javier de Echagüe, quien exhortó a los diputados sobre el rol de la fe y el juramento que prestarían. Tras el sermón, el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Francisco Valdivieso, leyó la fórmula del juramento: “¿Juráis conservar la santa religión católica, apostólica, romana, como propia del Estado; mantener en su integridad el Perú; no omitir medio para libertarlo de sus opresores; desempeñar, fiel y legalmente, los poderes que os han confiado los pueblos; y llenar los altos fines para que habéis sido convocados?”. Los diputados juraron, después de lo cual, pasaron de dos en dos a tocar las Sagradas Escrituras. Para finalizar el acto, el Protector San Martín añadió: “Si cumpliereis lo que habéis jurado, Dios os premie; y, si no, Él y la Patria os lo demanden”.

A continuación se entonó el tedeum, mientras en la plaza mayor, la artillería saludó con una salva de 22 cañonazos, repetidos en el Callao por los cañones de la fortaleza del Real Felipe y los buques de la escuadra. Culminada la ceremonia en la Catedral, la comitiva se dirigió al local de la Universidad de San Marcos, situada en la plaza de la Inquisición, en medio del repicar de las campanas de la ciudad y de la lluvia de flores desde los balcones. La tropa apostada en el trayecto presentó armas a los representantes.

El adiós de San Martín

Dentro de la capilla de la Universidad, el Protector se sentó bajo el dosel central, en compañía del coronel Guido, ministro de Guerra, y del doctor Valdivieso, ministro de Gobierno, y aguardó a que los 51 diputados ocupasen sus asientos. Solemnemente, el Protector se desprendió de la banda bicolor que cruzaba su pecho, y la depositó en la mesa: “Al deponer la insignia que caracteriza al Jefe Supremo del Perú, no hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi corazón. Si algo tienen que agradecerme los peruanos, es el ejercicio del supremo poder, que el imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy, que, felizmente, lo dimito, yo pido al Ser Supremo el acierto, las luces y el tino que esta asamblea necesita para hacer la felicidad de sus representados”, y añadió con voz potente: “¡Peruanos: desde este momento queda instalado el Congreso Soberano, y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes!”.

Tras unos instantes de silencio, desde las galerías se escuchó un “¡Viva el Libertador del Perú!”, grito coreado por la concurrencia, mientras el general San Martín depositaba seis pliegos lacrados en la mesa, y salía de la sala, acompañado por sus exministros y seis diputados. En la calesa palaciega, San Martín se dirigió a Palacio de Gobierno por última ocasión, recogió sus papeles y objetos personales, y se dirigió al pueblo de la Magdalena.

La primera sesión del Congreso

Mientras San Martín se alejaba de la plaza de la Inquisición, el Congreso procedió, a propuesta del doctor Francisco Javier Mariátegui, a instalar una mesa momentánea para presidir el Congreso hasta elegir la mesa definitiva. Por aclamación, se designó al viejo maestro de San Carlos, Toribio Rodríguez de Mendoza, y al vehemente “solitario de Sayán”, José Faustino Sánchez Carrión, como presidente y secretario, respectivamente. Por 48 votos, se eligió presidente del Congreso al sacerdote Francisco Javier de Luna Pizarro, vicepresidente al conde de Vistaflorida, Manuel Salazar y Baquíjano, y como secretarios a Sánchez Carrión y a Mariátegui.

Ya en la curul de la presidencia, Luna Pizarro se puso de pie y proclamó: “El Congreso Constituyente del Perú queda solemnemente constituido e instalado; la soberanía reside en la Nación, y su ejercicio, en el Congreso, que legítimamente la representa”. A continuación, se abrieron los pliegos dejados por el Protector, y tras su lectura, impuestos de su retiro, se propuso (y se aprobó) declarar al general San Martín generalísimo de las armas del Perú, al mando de las fuerzas militares, además de brindársele un voto de gracias por sus eminentes servicios a la Nación.

Finalmente, a propuesta del poeta José Joaquín de Olmedo, se ratificó la declaración de independencia. Los diputados, en medio de una lluvia de aplausos, renovaron el juramento de hacer que el Perú fuese libre, y quedase emancipado de la dominación española, así como de la de cualquier otra nación extranjera. A las cinco de la tarde, Luna Pizarro levantó la sesión, citando a los diputados para otra sesión a las siete de la noche, ese mismo día; en esa sesión, impuestos los diputados de la respuesta del general San Martín agradeciendo el título de Generalísimo, pero renunciando al mando de las fuerzas militares, se insistió en un nuevo oficio que saldría tarde, pues a las diez de la noche, el ex Protector abordaba el bergantín Belgrano. Se alejaba del Perú para siempre.

Con la salida de San Martín, concluía una administración que buscó garantizar la institucionalidad necesaria para construir un nuevo estado en medio de una situación inestable; la construcción aún era frágil, y el Protector lo intuía al invocar a la unión en su proclama de despedida. Sin embargo, los congresistas de 1822, animados por las ideas liberales opuestas a la concentración del poder, optaron (en palabras del diputado Mariano José de Arce) por considerar que “el Congreso debe retener cuanta autoridad sea dable, para hacer cumplir sus determinaciones y corriendo el riesgo de que un ejecutivo extraño aislado y separado de él, aunque hechura suya, le pueda formar un partido de oposición, como lo hizo una de las Regencias con las cortes de Cádiz”. Tal decisión tendría consecuencias en una equivoca aplicación de la división de poderes, y daría pie a golpes de Estado que darían más atribuciones al gobierno.

(*) Abogado, investigador y docente universitario.

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