Abordar el tema del cambio de constitución conlleva a mirar la reciente experiencia del gobierno de Chile con Gabriel Boric de poner a consulta el cambio de constitución por la lucha de derechos sociales, el rechazo de la ciudadanía fue del 62 %. Ese resultado ha conllevado a preguntarse si es necesario el cambio de constitución para una real transformación de la estructura productiva de la economía peruana y llevarnos hacia una competitividad, que permita el verdadero chorreo económico hacia el cierre de las brechas sociales.

Después de los años ochenta, tras las reformas sobre las bases del modelo económico peruano que conlleva a dar un giro a los ejes de la macroeconomía con la constitución de 1990, que permitieron sentar las bases de crecimiento de los últimos 30 años y hasta ahora ha funcionado la política monetaria, para lograr posicionar al país como atractivo a la inversión privada, la apertura comercial conllevó a una libre competencia y conectarse al mercado internacional, y logró enrumbarnos a un nuevo enfoque de política económica y sobre el modelo social de la economía peruana.

Para el caso chileno, la constitución de 1980, enrumba un nuevo modelo económico símil al caso peruano que les permitió acelerar su crecimiento de su Producto Bruto Interno de 3.5 % en el periodo 1961-1980 a 4.7 % en 1981-2000, logrando reducir sustancialmente las tasas de pobreza antes de la crisis sanitaria de la COVID-19. Chile logró reducir de manera más acelerada sus tasas de pobreza según el Banco Mundial. En el año 2019 solo el 1 % de la población de Chile tenía ingresos por debajo de US$ 3.2 por día; mientras Perú el 8 % de la población alcanzaba el umbral de ingresos por día.

D’Medina (El modelo económico peruano: más allá de la leyenda, 2012), afirma que las tres décadas perdidas peruanas en los años 1960 al 1980 se logró romper con el cambio de paradigma en el modelo económico en los años 1990 a partir de gestar el cambio sobre el agente principal del crecimiento económico para incentivar a la inversión privada y al mercado internacional y reduciendo la participación estatal en la economía, que permitió avanzar en la segunda década del siglo XXI.

En la actual escenario con la mayor crisis global con la pandemia del COVID-19, donde la economía peruana del capitalismo para algunos políticos los supuestos del modelo neoliberal, donde prima la privado sobre lo público habría tocado fondo el cambio de paradigma de los años 90, tras la caída del producto Bruto Interno – PBI, en 11,1 %, siendo su mayor caída en el segundo trimestre, explicado por las medidas restrictivas que contrajo la inversión privada (-16,5 %), inversión pública (-17,7 %), consumo privado (-8,7 %) y las exportaciones (-20%), producto del efecto pandemia.

Desnudando de esta forma las brechas sociales que se convierte en el factor crítico del modelo económico peruano por las deficientes reformas estructurales en términos de salud, educación, informalidad, mercado laboral, tributario, justicia, gestión pública, política, salud; entre otras brechas más marcadas con la pandemia del COVID 19, que no han permitido alcanzar la producción potencial de la economía peruana a través de la productividad total de los factores, necesitando que los candidatos presidenciales pongan en su agenda de gobierno el uso de  las denominadas “reformas de cuarta generación”, siendo las nuevas estrategias que requieren los países de América Latina y El Caribe.

El mayor beneficio

El Instituto Peruano de Economía (2022) señala que el mayor beneficio de la constitución de 1990 fue el mayor bienestar generado a los hogares más vulnerables, reflejando en el gasto promedio de los pobres que se incrementó en 85 % en el periodo 2004-2019, logrando un coeficiente de Gini de 3.8 % en el 2021 y 2011 a diferencia del país de Chile solo reduce su índice de desigualdad en 2.2 %.

El Banco Mundial considera que el Perú se ubica en el puesto 65, teniendo el principal punto crítico las brechas sociales en torno a lograr una igualdad dado el inadecuado acceso a los servicios públicos como calidad de educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura y otros a diferencia de Chile que se ubica en el puesto 33 que ha logrado a través de una mejor gobernanza con una visión de país y con un mejor índice de corrupción y logrando reducir las desigualdades de acceso a los servicios básicos con un mejor desarrollo de infraestructura de conectividad a logrado mejora de bienestar a la población vulnerable.

Reflexiones

El contexto anteriormente descrito conlleva a diversas reflexiones en torno a la discutida asamblea constituyente para el cambio del accionar del enfoque económico peruano y el enfoque de política económica, donde la corrupción asociada con los incentivos perversos y las series de casos que ha desvirtuado la institucionalidad en el Perú, trajo consigo opacar a la estrella brillante de la economía peruana en términos económicos.

Pues juzgar el axioma de una nueva constitución que cambie el modelo económico que después de 1990 la reforma estructural económica peruana conllevó al Estado de Derecho, la libertad y la democracia; además del rol de la empresa privada como motor del desarrollo, el papel fundamental del mercado como eje rector en la asignación de recursos; la apertura comercial, entre otras reformas, fueron básicas para el éxito económico obtenidos en los últimos años y medidos por el producto bruto interno, todo ello basado en una filosofía de la doctrina neoliberal y sus recetas.

Finalmente, el éxito del modelo económico peruano basado en la actual constitución es innegable basado en la evidencia de los organismos internacionales y lo avanzando en la reducción de la pobreza a pesar del quiebre con la COVID-19 en la reducción de las misma ha logrado mejorar el bienestar del país, evidenciándose inserción a los mercados internacionales, clima de inversiones estable, generación de empleo, desarrollo de un mercado laboral.

Sin embargo lejos de conllevar a realizar cambios constitucionales a través de la sonada asamblea constituyente se requiere de mejores políticas públicas que conlleven a un verdadero rumbo del país y el compromiso de sus hacedores políticos para atender lo que indica la OCDE de dar un impulso a fortalecer el aspecto institucional y la urgente gestión pública innovadora y moderna que conlleve a salir de la caja generando propuesta de valor que requiere ser complementado con las reformas estructurales de largo plazo en el sistema educativo, en el sistema judicial, en lo político, en la inversión competitiva en infraestructura de servicios públicos, en la preservación ambiental entre otros, que permita un crecimiento sostenido y avizorar hacia el desarrollo, para que se logre el reto pendiente de ser palpable en cada ciudadano peruano el bienestar de la actual constitución peruana que logre un impulso a fortalecer el aspecto de capacidades técnicas y humanas en la gestión pública peruana.

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(*) Economista de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Maestro en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

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