La campaña electoral con miras al 2 de octubre se ha intensificado en los últimos días, los candidatos realizan caminatas y caravanas llevando sus propuestas a la población para ganar adeptos a su causa. A la par, las empresas encuestadoras no pierden el tiempo y vienen publicando sondeos de opinión que dejan más dudas que certezas, generando incertidumbre en electorado. Una pregunta que cae de madura es saber si ¿Los resultados de estos trabajos estadísticos reflejan el verdadero sentir ciudadano o simplemente se acomodan al mejor postor, al candidato que paga más por aparecer en los primeros lugares? Muchas veces los resultados son tendenciosos y hasta manipulados, buscando inclinar la balanza en favor de alguno de los candidatos.

El próximo 2 de octubre la ciudadanía tiene un nuevo compromiso con su conciencia y su futuro, cuando acudan a las urnas a elegir a sus nuevas autoridades de los gobiernos municipales y regionales, que tomarán posesión en enero de 2023. El festival electoral ha ingresado a una etapa de mayor intensidad, los candidatos realizan caravanas, caminatas, visitan mercados y todo lugar concurrido, con el propósito de ganar adeptos a su causa. A la par con el fragor de la campaña, han comenzado a tener presencia las empresas encuestadoras, que también juegan su partido a parte por los resultados “convenientes y sospechosos” que dan a conocer en cada estudio. Desarrollar una encuesta que mida la intención de voto del electorado, con el rigor profesional del caso, tiene un alto costo y demanda tiempo, pues se tiene que seleccionar el recurso humano para efectuar el trabajo de campo y los expertos estadísticos para la interpretación y análisis de los hallazgos. En toda esta etapa es de suma importancia contar con los recursos económicos necesarios que permitan culminar esa tarea sin sobresaltos. Por lo menos eso es lo que hacen las compañías limeñas que tienen un largo tiempo haciendo sondeos de opinión en el marco de un proceso electoral. Por lo general, estas empresas son contratadas por medios de comunicación importantes, con respaldo económico, que pagan para que realicen las encuestas, que luego serán publicadas en periódicos y en programas dominicales de televisión.

En los últimos 35 años las encuestas se han vuelto casi imprescindibles en los comicios de carácter presidencial, su presencia se ha vuelto fundamental cuando se ha tenido que definir al triunfador en segunda vuelta. Pasó así entre Alan García y Alfonso Barrantes (1985), entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa (1990), entre Fujimori y Alejandro Toledo (2000), luego entre Toledo y García (2001), entre García y Ollanta Humala (2006), entre Humala y Keiko Fujimori (2011), entre Pedro Pablo Kuczynski y Fujimori (2016), y la más reciente, la definición encarnizada y violenta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo (2021). Todas fueron finales de película, excepto la victoria anticipada de García en 1985 ante la renuncia de Barrantes de ir a la segunda vuelta, considerando el amplio porcentaje que le llevaba el exlíder aprista. En todos estos eventos las encuestas han marcado la pauta y el devenir en una elección, al mostrar a veces resultados tendenciosos y hasta manipulados, buscando inclinar la balanza en favor de alguno de los candidatos. Por lo general, los porcentajes que arrojan las encuestadoras en los tradicionales a boca de urna han sido infalibles, con márgenes de error mínimos, de allí que el postulante que era mencionado como posible ganador podía sentirse tranquilo, porque con el paso de las horas y el conteo oficial de los organismos electorales, ese resultado coincidía en más del 98% con el dado por la encuestadora.

Pagos a encuestadoras

Sin embargo, en la década del 90, en plena dictadura, algunas empresas encuestadoras fueron cuestionadas por alterar los resultados de estos sondeos en beneficio de Fujimori, que iba por su tercera reelección. Aunque inicialmente solo eran rumores y especulaciones, luego tras la caída de ese régimen saldría a la luz la verdad. En una audiencia judicial, el asesor Vladimiro Montesinos reveló que el gobierno pagaba mensualmente a las encuestadoras Datum y CPI para que los resultados de sus estudios favorecieran al exdictador. “A Datum le pagábamos 30 mil dólares y a CPI 20 mil dólares por cada encuesta. El presidente veía la encuesta que se iba a publicar y pedía que a uno u otro candidato le resten puntos para que él se vea beneficiado”, dijo suelto de huesos Montesinos a los jueces. Con esta declaración se cayó la careta de estas compañías que con encuestas amañadas pretendían influir en la intención de voto del ciudadano. En muchos casos seguramente tuvieron éxito, avalados por medios de comunicación que les hacían comparsa y permitían que este tipo de anomalías parecieran normales, y que la ciudadanía menos ilustrada e informada sea manipulada con más facilidad. La Fiscalía luego de varios años de investigación, solicitó ocho años de prisión para los representantes de Datum y CPI, Manuel Torrado y Manuel Saavedra, respectivamente. Tras la recuperación de la democracia, estas empresas han continuado con sus tareas estadísticas, pero con una credibilidad y reputación muy afectada por la revelación de Montesinos.

El expresidente Alan García cuando fue candidato a la presidencia en 2016 por Alianza Popular, señaló que el director de la empresa Datum, Manuel Torrado, le pidió 800,000 dólares durante su campaña del 2006 para asegurar su primer lugar en los sondeos de intención de voto. Lo mismo pasó con el prófugo expresidente Alejandro Toledo, quien afirmó en una entrevista que también había recibido la propuesta de una encuestadora nacional que le pidió 150,000 dólares para posicionarlo en los primeros puestos. Es vox pópuli que las encuestadoras nacionales ganan millonarias sumas de dinero por hacer estos trabajos, lo malo es cuando sus directivos caen en el subjetivismo, en la parcialización, y en algunos casos manipulan los datos -por intereses de terceros o de los contrincantes, previo acuerdo soterrado- para hacer aparecer a alguno de los aspirantes en los primeros lugares y así posicionarlo en la mente de los electores. Si bien los resultados de una encuesta no son determinantes en la decisión final del votante, sí pueden influir directamente para que la persona cambie su percepción sobre determinado candidato (se pierde la objetividad y la transparencia). La encuesta es una especie de termómetro que toma la temperatura de la gente en un momento determinado en su intención de voto, finalmente si hay una influencia positiva o negativa se verá el día de la elección.

¿Y cómo lo hacen?

Y qué pasa con las encuestadoras regionales, aquellas empresas que solo aparecen cada cuatro años para las elecciones regionales y municipales. También juegan su propio partido, a su estilo, y si bien no cuentan con el financiamiento económico de las encuestadoras limeñas, se dan maña para que cada semana o quincenalmente den a conocer sus trabajos exploratorios. Lo que llama poderosamente la atención es que estas entidades locales, a diferencia de lo que sucede con las encuestadoras nacionales, no son contratadas por medios de comunicación regionales o locales para hacer estos trabajos, pero se ingenian y ponen en marcha su “maquinaria” para cumplir con acuerdos supuestamente pactados con candidatos que participan en la contienda, a quienes buscan ubicarlos en lugares expectantes para que el elector los vaya interiorizando en su mente. Es un secreto a voces que estas empresas piden jugosas sumas de dinero a los aspirantes para ubicarlos en los primeros lugares de los sondeos. Esto puede ser verosímil si consideramos que para realizar el trabajo de campo se necesitan recursos económicos y logística que lo respalden, a no ser que el propietario asuma el costo integral del mismo; lo que también es poco probable. Si no cómo se explica que en una semana un postulante aparezca en primer lugar, y luego en el próximo sondeo ya no figura ni su sombre y quien estaba como último ahora es ubicado primero. Si bien las opiniones pueden cambiar de un sondeo a otro por circunstancias de la campaña, pero los resultados tampoco pueden ser tan abismales. Hay una evidente manipulación.

Con todos estos antecedentes vale preguntarnos: ¿Las encuestas son decisivas y concluyentes en una elección?, ¿Cuánta validez debemos darle a un trabajo de este tipo en una coyuntura electoral donde están en juego muchos intereses?, ¿Sus resultados reflejan el verdadero sentir ciudadano o simplemente éstos se acomodan al mejor postor? Es evidente que actualmente existe mucha incertidumbre y desconfianza alrededor de las encuestas, porque éstas muchas veces distorsionan la realidad y se acomodan al gusto del cliente de turno, conllevando a que el ciudadano sea el gran perjudicado, porque ello podría acarrear a que elija mal a sus autoridades. En provincias y regiones las encuestadoras no inspiran confianza, por el contrario siembran dudas, generan escepticismo y dejan muchas sospechas. Ante este panorama es fundamental que los electores se informen debidamente sobre los planes de gobierno, las propuestas de los candidatos, conocer si tienen antecedentes penales e investigaciones pendientes por corrupción, y sobre sus cualidades personales. No se dejen engañar por la perorata barata de aquellos que buscan llegar a una alcaldía o el gobierno regional. Tampoco se dejen llevar por lo que digan las encuestas, porque además de no dar confianza, perturban el ambiente electoral.

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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.

 respuesta de 684446 el 2024-10-12.

 respuesta de WALTER ASALDE ZEÑA el 2023-08-19.

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