Los últimos siete mandatarios que han gobernado el Perú -desde Alberto Fujimori hasta Pedro Castillo- han sucumbido a las tentaciones del poder y del dinero ilícito durante sus gestiones, por lo que se les abrió procesos judiciales que aún están en marcha (el único caso archivado es el de Alan García, quien se suicidó cuando la Policía lo iba a detener). Todos han sido acusados de enriquecimiento ilícito al recibir millonarios sobornos a cambio de entregar grandes obras públicas a determinados consorcios (caso Odebrecht). La corrupción es un flagelo que socava la legitimidad de las instituciones y mantiene a la nación en constante inestabilidad política; pero pese a ello desde los gobiernos no hay una voluntad política ni decisiones firmes para combatirla de raíz.
En el artículo precedente a éste, publicado en Expresión el 11-08-2022, abordé sobre los escándalos mediáticos y los hechos de corrupción que ensombrecieron las gestiones de los expresidentes de la República, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Ambos gobiernos fueron salpicados por la gran red de corrupción que instaló en el país la constructora brasileña Odebrecht, entregando millonarios montos de dinero a los exmandatarios o a la gente de su entorno, para ganar de manera ilícita las licitaciones de las megaobras. Por este caso en la actualidad hay un pedido de extradición de Toledo por parte de las autoridades peruanas (fugó a Estados Unidos), pues según las investigaciones judiciales al exjefe de Estado se le acusa de recibir US$ 20 millones en coimas de parte de Odebrecht, para la construcción de la carretera Interoceánica sur. En tanto que Humala y su esposa Nadine Heredia enfrentan un pedido de 20 años de cárcel por el presunto delito de lavado de activos. De acuerdo a la Fiscalía, Humala y Heredia habrían recibido aportes ilegales por más de US$ 3 millones de Odebrecht para sus campañas electorales en 2006 y 2011. Solo para Heredia la Fiscalía pide 26 años de cárcel, porque al menos uno de los tres millones de dólares habría ido a las cuentas de la exprimera dama. Ahora corresponde tratar el caso de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martín y Vizcarra y el actual, Pedro Castillo.
El caso Kuczynski
Si bien Kuczynski no estuvo involucrado directamente en escándalos mediáticos ni sus familiares contribuyeron a ello, la corrupción merodeó al exgobernante, pues la constructora Odebrecht reveló al Congreso que había pagado US$ 4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas a PPK. Señaló que pagaron US$ 782.207 a Westfield Capital, empresa de asesoría de banca de inversión con dirección en Miami, Estados Unidos, y propiedad de Kuczynski, por siete consultorías. Asimismo, otra firma, First Capital, ubicada en la misma dirección de Westfield, recibió más de US$ 4,4 millones por asesorías a Odebrecht en proyectos en Perú entre el 2004 y 2013. Lo detestable de esto es que algunos pagos ocurrieron cuando PPK era funcionario del gobierno de Toledo. Pero el verdadero calvario de Kuczynski se produciría a un año y medio de haber asumido la Presidencia. En diciembre de 2017 logró superar un proceso de vacancia en el Congreso por “incapacidad moral” por este caso, con el apoyo de un sector del fujimorismo liderado por Kenji Fujimori. Pero tres días después de salvarse de la destitución y a pocas horas de la Navidad, Kuczynski anunció el indulto al expresidente Alberto Fujimori “por razones humanitarias”. Se reveló que PPK había concedido el perdón a Fujimori a cambio de superar la vacancia. En marzo de 2018, la prensa mostró un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre supuestas transferencias por US$ 3 millones de Westfield Capital y First Capital a cuentas personales de PPK entre 2005 y 2017, cuando ya era presidente. La bancada liderada por Keiko Fujimori le daría la estocada final a PPK, cuando se difundieron unos videos que revelaban la supuesta compra de votos en el Congreso para evitar la destitución de Kuczynski en diciembre de 2017. El 21 de marzo de 2018, PPK renunció a su cargo en medio de acusaciones de sobornos y corrupción, antes de ser destituido por el Parlamento.
La hora de Vizcarra
Martín Vizcarra fue el sucesor de Kuczynski en el poder. Tras su renuncia, el entonces embajador en Canadá regresó a Perú para asumir el mando de la Nación, el 23 marzo del 2018, por el tiempo que restaba para culminar el mandato 2016-2021. Sin embargo, los escándalos y casos de corrupción también fueron parte de su gestión. Desde un inicio, Vizcarra anunció una lucha frontal contra la corrupción que reinaba en el país a raíz del caso Odebrecht, lo que le garantizó un sólido respaldo popular, convirtiéndose en su principal fortaleza. Sin una bancada en el Congreso, ni operadores políticos, lo único que lo sostenía era la legitimidad popular. Esto le permitió que el 30 de septiembre de 2019, mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, dispusiera la disolución del Parlamento dominado por el fujimorismo. La calle lo respaldó por amplia mayoría. Vizcarra anteriormente, entre 2011 y 2014, había sido gobernador de Moquegua, de relativo éxito, pero con graves acusaciones de corrupción en su periodo. Colaboradores eficaces lo acusaron de cobros ilegales por más de 2.3 millones de soles de la constructora Obrainsa y de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), para ganar la licitación del proyecto de irrigación Las Lomas y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Estos hechos anómalos decantaron en una moción de vacancia del Congreso, “por incapacidad moral permanente”, la cual prosperó el 9 de noviembre de 2020, en plena pandemia de la covid-19. Esta era la segunda moción de censura a la que había hecho frente Vizcarra en los últimos dos meses, pues la anterior presentada por un supuesto delito de tráfico de influencias dentro del conocido caso ‘Richard Swing’ (cobro de 172,000 soles por dar charlas motivacionales al personal del Ministerio de Cultura), fue rechazada por el Legislativo.
La ineptitud de Castillo
Hablar del gobierno de Pedro Castillo es reiterar su incapacidad e incompetencia para conducir los destinos de nuestra compleja nación, es hasta masoquista admitir su vergonzosa ineptitud para llevar por el camino correcto a este país marcado por una fuerte incertidumbre política, económica y social, y con un panorama poco alentador de cara al futuro. Su presunta vinculación con una organización criminal en el aparato estatal que él mismo lideraría, según acusa el Ministerio Público, evidencia que el mandatario no tiene la voluntad política ni una decisión firme para luchar contra este flagelo que causa tanto daño a la economía nacional. Castillo es el primer responsable de esta desilusión generalizada, por los clamorosos desaciertos y torpezas que ha tenido desde el comienzo de su régimen, mostrándose como una persona errática y falto de criterio para tomar decisiones sólidas en temas vitales para su administración. El presidente chotano ha sido abrumado por los distintos problemas que encontró a su paso, y no ha tenido la inteligencia ni la sabiduría para encararlos, por su falta de autoridad, personalidad y carácter. Y si bien en campaña prometió una lucha encarnizada contra la corrupción, venga de donde venga, al parecer su propósito va a quedar en letra muerta, porque no es capaz de liderar una cruzada para expectorar este flagelo de las entidades públicas. Por el contrario, la Fiscalía lo investiga a él, a sus familiares directos y gente de confianza por diversos delitos (tiene seis indagaciones fiscales abiertas).
En mayo de este año, a partir de informes de las fiscalías Anticorrupción y de Lavado de Activos, ambas vinculadas a la licitación ganada por el consorcio Puente Tarata III, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso incluir a Pedro Castillo en una investigación por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La tesis es que el presidente habría liderado una presunta mafia al interior del Ejecutivo, que buscó favorecer a empresarios que apoyaron su campaña presidencial. Para ello, habría contado con operadores como el exministro de Transportes, Juan Silva; su exsecretario Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y su sobrino Fray Vásquez. También le han iniciado una indagación por el caso de los ascensos en las FF.AA. y la Policía Nacional. A Castillo se le imputa tráfico de influencias junto al exministro de Defensa, Walter Ayala y Bruno Pacheco, y se le atribuye el supuesto liderazgo de una organización criminal que habría intervenido en los ascensos el año pasado. Otra investigación tiene que ver con la salida del exministro del Interior, Mariano Gonzales, quien denunció que Castillo obstruye a la justicia al desintegrar la creación de un equipo especial de la Policía que apoya al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder, el cual tiene a su cargo casos vinculados al entorno del mandatario. La acusación es el presunto delito de encubrimiento real. Y para cerrar el telón, la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, se entregó a la justicia el 11 de agosto acusada del presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Por este caso está detenido el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, vinculado a Castillo. En su defensa el jefe de Estado ha dicho que existe un plan mediático de quienes perdieron las elecciones y denunciaron fraude, que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional.
La reflexión
Judicialmente la cosa está muy fea para Pedro Castillo, prácticamente está acorralado y al parecer no tendría escapatoria. La Fiscalía ha incluido en la organización criminal a la primera dama, Lilia Paredes. Desde el Congreso, el otro gran responsable de la crisis política y la ingobernabilidad del país, buscan vacar a Castillo a como dé lugar, pero aún no reúnen la cantidad de votos para ese objetivo por intereses subalternos de los propios legisladores. Es indubitable que detrás de la vacancia están los variados grupos de la derecha bruta y achorada, el gran empresariado y los partidos dizque democráticos que siempre vieron a Castillo como un apestado de la política tradicional. Es innegable que el Perú está signado por una corrupción sistemática, pues cada presidente que accede al poder es atrapado por la telaraña de la corrupción enquistada en el aparato estatal. Un flagelo que socava la legitimidad de las instituciones y mantiene a la nación en constante inestabilidad política. El pueblo está hastiado de esta clase de políticos que solo piensa en cómo seguir usufructuando del poder y de las gollerías que obtienen por representarnos. Como ciudadanos tenemos que demostrar mayor madurez, juicio y responsabilidad cada vez que tenemos que elegir a nuestras autoridades, para evitar que esta decrépita clase política siga definiendo el futuro de millones de peruanos.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
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