Qué duda cabe que las gestiones presidenciales de los últimos cuarenta años han estado marcadas por graves hechos de corrupción a gran escala, que han puesto contra las cuerdas a los mandatarios de la Nación. Ningún gobernante, desde Alan García hasta Pedro Castillo, ha enfrentado esta lacra con decisión y voluntad política, y solo han tenido poses declarativas que han quedado en letra muerta. Pero no solo es la corrupción la que mella la imagen presidencial, también son los escándalos estrepitosos protagonizados por los familiares directos de los dignatarios o funcionarios de confianza, quienes aprovechan la coyuntura para obtener réditos económicos generalmente al margen de la ley.
Los escándalos presidenciales en el Perú se han convertido en un modus vivendi en los últimos cuarenta años, unos con mayores ribetes que otros. Con excepción de los exmandatarios Valentín Paniagua y Francisco Sagasti, que asumieron gestiones de transición de ocho meses cada uno, todos los gobernantes de turno han escrito sus propias historias estrepitosas y desvergonzadas, que les generaron fuertes dolores de cabeza, y cuya imagen pública quedó bastante deteriorada ante la población. Los mandatarios han cargado con su cruz a cuestas por errores graves que ellos mismos provocaron o por la irresponsabilidad de sus familiares más cercanos, que aprovecharon la coyuntura o la posición política del presidente para usufructuar del Estado con métodos cuestionados, al margen de la ley. Desde el extinto Alan García, pasando por Fujimori, Toledo, Humala, Kuzcynski, Vizcarra y Pedro Castillo, todos han estado inmersos en escandeletes propiciados por ellos mismos o por su entorno más próximo (hermanos, sobrinos y parientes cercanos), lo que les ha costado la pérdida de credibilidad y confianza ante la ciudadanía por su mal proceder. En su defensa los dignatarios casi siempre han tratado de restar importancia al escándalo, de entorpecer cualquier tipo de investigación, de blindar a los involucrados o de dar explicaciones poco convincentes; pero si el hecho era muy evidente no les quedaba otra cosa que aceptar a regañadientes, y como siempre, de cuestionar la labor de los medios de comunicación por “magnificar” el entuerto.
El primer gobierno de García (1985-1990) fue un desastre en materia económica y social, la inflación se disparó a niveles insospechados, los sueldos de los trabajadores se devaluaron como nunca antes y hundió al país en una gran deuda externa por el mal manejo de la economía. El aparato estatal fue apristizado por todos lados y la corrupción creció exponencialmente, lo que trajo a mal traer a la gestión del partido de la estrella, que llegaba al poder después de 60 años de luchas y esfuerzos. Alan fue el elegido por Haya de la Torre, el ideólogo del Apra, para llevar a dicha agrupación hacia la victoria y concretar esta aspiración que le había sido esquiva al propio Haya en dos oportunidades, a Armando Villanueva y Luis Alva Castro. Una vez en el poder, García no estuvo a la altura de las circunstancias y de las exigencias que el Perú demandaba en ese momento, su inmadurez lo llevó a cometer gruesos errores que le pasaron la factura de la peor manera. Pero Alan tendría una segunda oportunidad, a sus 62 años alcanzaría una vez más la gloria al ganar las elecciones el 2006, con la promesa de enmendar los yerros de su primera experiencia presidencial, y vaya que lo consiguió con creces en materia económica, aunque dejó una tarea pendiente a su sucesor en el tema de conflictos sociales.
Negociados oscuros
Pero de lo que García Pérez jamás pudo sacudirse fueron de los graves hechos de corrupción sucedidos en su nuevo gobierno, donde los negociados oscuros en las más altas esferas del poder generaron indignación en el país. Entre los casos más sonados figuran la irregular compra de 469 patrulleros, con una sobrevaloración de más de S/ 9.7 millones. Esto le costó el puesto a la exministra Pilar Mazzeti. También la compra de 96 ambulancias sobrevaloradas por S/ 2.3 millones. Otro hecho que puso en jaque al régimen aprista fueron los famosos “petroaudios”, que revelaron un negociado -corrupción al más alto nivel- para entregar lotes petroleros a la compañía noruega Discover Petroleum. Por este caso el primer ministro Jorge del Castillo y su gabinete pusieron su cargo a disposición. Pero uno de los momentos más complicados para García, a nivel personal, fue el reconocimiento público de su sexto hijo, Federico Danton, a solo tres meses de iniciar su gestión, el cual habría sido el detonante para la posterior crisis matrimonial con su esposa Pilar Nores. Él nació en febrero del 2005, mientras que Alan accedió al poder en julio del 2006. La noticia de su existencia se sabría recién en octubre de ese mismo año. Había trascendidos en la prensa, pero una columna del periodista César Hildebrandt obligó al mandatario a dirigir un mensaje a la nación, donde admitió tener un hijo producto de una relación extramatrimonial con la economista Roxanne Chessman. El cuadro era espantoso. A la derecha de Alan estaba una solemne Pilar Nores, con el rostro desencajado y hasta humillada, como queriendo escapar de esa tortura a la que había sido sometida. García supo sortear este desliz a su manera, aunque su matrimonio con Nores estaba en un punto de quiebre, resquebrajado, y ya no volvería a ser el mismo.
Dupla Fujimori-Montesinos
El gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue duramente cuestionado por la dictadura que instauró luego del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, convirtiéndose en la figura política peruana más controversial de las últimas décadas. Su gestión autoritaria abrió las puertas a una galopante corrupción en el Estado y al robo descarado de los recursos públicos por parte de su círculo familiar y de personas de su extrema confianza, entre ellos su asesor Vladimiro Montesinos. A Fujimori se le acusó de malversar más del 75% de los fondos del Servicio de Inteligencia Nacional para pagar sobornos a políticos y a los propietarios de medios de comunicación, con el fin de modificar su imagen pública e incrementar su aprobación popular. Su administración tampoco estuvo exenta de las críticas por los líos familiares, una de ellas fue la denuncia que hizo el exjefe de la Casa Militar, Alberto Ríos, y la entonces esposa de Fujimori, Susana Higuchi, de que ésta había sido secuestrada y torturada en los sótanos del Cuartel General del Ejército, conocido como el “Pentagonito”. El motivo: Higuchi había denunciado el robo y tráfico de ropa y dinero donados desde Japón y Estados Unidos para la Fundación por los Niños del Perú, que ella presidía, los cuales estaban destinados para los niños pobres del país. Los implicados: la cuñada de Fujimori, Clorinda Ebisui, esposa de Santiago Fujimori; Rosa Fujimori, hermana del mandatario y esposa del embajador peruano en el Japón, Víctor Aritomi, así como su hermana Rosa Fujimori. Tras la caída del dictador se fugaron a Japón y nunca colaboraron con la justicia peruana, hasta que el caso prescribió.
Los casos de corrupción a gran escala también se enquistaron en el gobierno fujimorista. Desde los inicios del régimen ya se vislumbraba que este flagelo no iba a ser ajeno al Presidente y su entorno más próximo. En 1991 la enfermedad del cólera se extendía en todo el país y cobraba la vida de miles de peruanos, Fujimori y su ministro de Industria, Víctor Joy Way (vinculado a empresas dedicadas a la importación de medicamentos desde China), firmaron decretos supremos con la finalidad de facilitar la importación de medicinas y material quirúrgico con la justificación de combatir la epidemia. “Pero las compras, estimadas en US$ 312 millones, fueron sobrevaloradas y significaron una pérdida para el Estado de US$ 190 millones (S/. 627 millones). El 25 de febrero del 2005 Joy Way fue condenado a 8 años de cárcel y al pago una reparación civil a favor del Estado de S/. 10 millones” (fuente Ojo Público). Otro caso de corrupción está referido al pago de los US$ 15 millones de CTS a Montesinos, dinero que sustrajo indebidamente del presupuesto del Ministerio de Defensa, siendo acusado de los delitos de peculado y falsedad ideológica. En su libro “Historia de la Corrupción”, el historiador Alfonso Quiroz estimó que durante toda la década fujimorista se perdieron anualmente US$ 2.038 millones por la corrupción de funcionarios. Incluso señala que la red operada por el asesor presidencial desvió del presupuesto destinado al servicio secreto alrededor de US$ 450 millones (S/. 1.485 millones); y desfalcó de la Caja de Pensiones Militar Policial otros US$ 200 millones (S/. 660 millones). Todo ese dinero ilícito fue empleado para el espionaje contra opositores al régimen, la compra de líneas editoriales a medios de comunicación, el pago a congresistas tránsfugas para obtener mayoría en el Congreso.
Solo gestos declarativos
Pero el colofón de los escándalos sucedidos en el gobierno fujimorista está relacionado a actos de violencia indiscriminados contra inocentes y opositores. El 3 de noviembre de 1991 se produjo la masacre de Barrios Altos, en la que fueron asesinadas 15 personas que estaban en una reunión vecinal, y en julio de 1992 nueve alumnos y un profesor de la Universidad La Cantuta fueron asesinados por supuestos nexos con Sendero Luminoso. Por estos crímenes de lesa humanidad, Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel, pena que lo cumple hasta hoy. Todos estos hechos no hacen más que graficar que tanto en democracia como en dictadura la corrupción se introduce con suma facilidad en las altas esferas del poder, que los dignatarios solo tienen gestos y actos declarativos de lucha contra esta lacra, pero no tienen la voluntad política ni la firmeza para enfrentarla con el rigor que se requiere. A ello se suma que los familiares directos tratan por todos lados de aprovecharse de la posición política del gobernante, para obtener réditos económicos al margen de la ley. Con ello solo mancillan la imagen presidencial tan venida a menos en los últimos años, por la mediocridad de hombres que la propia ciudadanía se encarga de elegir cada cinco años. En la próxima entrega entrarán en escena los gobiernos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuzcynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
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