A pocos días de cumplirse un año del mandato de Pedro Castillo en la Presidencia de la República, y de María del Carmen Alva como titular del Congreso, sus niveles de aprobación ante la ciudadanía han caído por los suelos por su demostrada incapacidad para gobernar los dos más importantes poderes del Estado. La crisis política y económica que agobia al pueblo peruano tiene nombre propio: la irresponsabilidad de los partidos políticos que solo han velado por sus intereses y no han estado a la altura de lo que el país demanda. Ante este panorama sombrío, la única salida democrática es el adelanto de elecciones generales, que es un clamor unánime; pero está en la cancha del Parlamento dar viabilidad a esa alternativa.
La crisis política y de ingobernabilidad está llevando al país al límite de la tolerancia y que la población pierda la paciencia ante situaciones insostenibles. Qué duda cabe que el Legislativo y el Ejecutivo son los grandes responsables de toda esta miseria política, producto de ambiciones detestables por cuotas de poder, por gobernar de espaldas a las grandes necesidades que tiene el país y por favorecer a grupos de poder político y económico con leyes a su medida. Esta miseria política se refleja en las acusaciones directas de una red de corrupción al más alto nivel que implica al propio presidente de la República, Pedro Castillo, quien se muestra imperturbable ante las investigaciones que le ha abierto la Fiscalía, por presuntamente liderar esta mafia criminal. Pero esta miseria política también se expresa en el pobrísimo desempeño del Congreso para elaborar y aprobar normas que permitan salir de este empantanamiento político que nos está llevando al abismo; y por el contrario, las bancadas políticas -oficialistas y opositoras- se unen “estratégicamente” para avalar o desechar cualquier proyecto que ponga en peligro sus intereses o los de terceros (grupos de poder). Así buscaron traerse abajo todo lo avanzado en materia educativa universitaria (caso Sunedu), han admitido el retorno a la cuestionada bicameralidad (Senadores y Diputados), han hecho “nombramientos convenientes” en el Tribunal Constitucional, o se confabularon para llevar al archivo la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y dos de sus ministros, por la muerte de Inti y Bryan en las protestas de noviembre de 2020.
Esta miseria política pone en evidencia además la alta desaprobación que tienen los presidentes de estos poderes del Estado, el cual ha ido creciendo sostenidamente con el transcurrir de los meses por torpezas, falta de empatía y sensibilidad con el pueblo. Todas las encuestadoras tienen cifras similares respecto del funesto desempeño en la función pública del mandatario Pedro Castillo y de su par en el Parlamento, María del Carmen Alva. Por ejemplo, en el último estudio de la empresa Ipsos (publicado en julio) el jefe de Estado sale reprobado con 74%; es decir, registra un incremento de 4 puntos porcentuales en relación al mes de junio. Lima es la zona donde el Ejecutivo alcanza el nivel de rechazo más alto: 87%. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en su más reciente encuesta (mes de junio), revela que la desaprobación de Castillo alcanza el 71%, cifra que ha ido en aumento mes a mes desde noviembre de 2021 en que comenzó a superar el 60%. Además, un 66% de los ciudadanos tiene una percepción negativa sobre la honestidad del presidente, y un 73% señala que no le inspira confianza. Estos datos no hacen más que confirmar la incapacidad e incompetencia del mandatario para conducir los destinos de nuestra compleja nación, y que al final de su régimen -si es que termina- lo convertirán en el peor mandatario de nuestra historia reciente, porque a un año de gestión no ha mostrado un ápice de estadista para enfrentar coyunturas difíciles.
De capa caída
Veamos el otro lado de la moneda. Según Ipsos, la titular del Congreso tiene un nivel de desaprobación de 72%, mientras que la institución parlamentaria de 79%, siendo la segunda cifra de desaprobación más alta a lo largo de la presente legislatura, dado que el pasado mes de mayo alcanzó un pico de 82%. En tanto que en el sondeo del IEP, un 85% de ciudadanos rechaza el desempeño del Parlamento y la censura a Maricarmen Alva llega a 75%. En su defensa, pero menos de reconocer los errores groseros que han tenido, Alva dijo que no hay ningún Congreso popular en ninguna parte del mundo. “Sabemos que el Congreso, que representa a toda la población y a todas las regiones, es una entidad complicada”. Con mayor razón, si sabía que ningún Congreso es popular, entonces ella debió tratar de cambiar esa imagen negativa que tiene este poder del Estado, mostrando más empatía con la ciudadanía, no obstruyendo la labor de fiscalización de la prensa, a la que se ha impedido ingresar para cubrir las actividades parlamentarias, ni asumiendo poses clasistas de todopoderosa que solo le han generado fuertes críticas. Los partidos políticos allí representados tampoco han estado a la altura de lo que el pueblo espera de ellos; es decir, que legislen con sensibilidad para atender las demandas más urgentes del país, que permitan la inclusión social de las regiones más olvidadas y que por años han sido postergadas producto del centralismo y de la indiferencia del Estado. Pero no, no habido un propósito de enmienda por parte de los legisladores que en este periodo han seguido empecinados en favorecer a grupos de poder económico, con leyes con nombre propio o para pagar favores de la campaña electoral. Todas estas acciones han hecho que la gente los perciba como corruptos y sinvergüenzas que están al servicio de intereses oscuros.
Si bien desde un comienzo los partidos de la derecha conservadora en el Congreso -Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País- buscaron desestabilizar al gobierno con argumentos jalados de los cabellos (incluidas las mociones de vacancia), el presidente Castillo tampoco ha hecho los merecimientos necesarios ni ha tenido las estrategias para contrarrestar esa andanada de imputaciones; por el contrario, con sus clamorosos desaciertos, su falta de criterio y su carencia de liderazgo, se ha encargado él mismo de atizar el fuego en su contra. Sino cómo se explica que en casi un año de gobierno se hayan nombrado siete ministros del Interior; claro algunos fueron censurados por el Congreso, pero otros fueron defenestrados por el propio dignatario, como el sorpresivo despido de Mariano Gonzales de la cartera de Interior el último martes. Todas estas acciones irregulares que evidencian su incapacidad para gobernar son propias de un presidente que no ata ni desata en el cargo encomendado, que no tiene ideas claras para enfrentar la crisis política y económica que agobia al pueblo. Lo manifestado por Gonzales, de que Castillo no tiene ningún compromiso para luchar contra la corrupción y que por el contrario busca proteger a la gente de su entorno que son buscados por estar involucrados en graves delitos, es muy preocupante, porque ello demuestra que la tan proclamada lucha contra este flagelo solo es un simbolismo y todo quedará en el papel. En el fondo este gobierno no quiere tomar el toro por las astas respecto a este crucial tema. Bajo estas consideraciones, Pedro Castillo no merece estar un minuto más en la primera magistratura de la nación, porque este gran barco llamado Perú se está hundiendo cada vez más. Castillo y su Consejo de Ministros no están preparados ni capacitados para manejar esta crisis con la responsabilidad que amerita.
Salida constitucional
Ante esta miseria política a la que nos han arrastrado el poder Ejecutivo y el Legislativo, la única salida es el adelanto de elecciones generales; es decir, se recorta el mandato del presidente de la República y de los congresistas. Aunque la cosa no es tan fácil. Como bien precisa el constitucionalista Aníbal Quiroga: “El tema del adelanto de elecciones suena ‘difícil’ de lograr, porque no se trata de una reforma legislativa sino constitucional. En el papel puede parecer muy romántico, pero en el análisis de la realidad lo veo difícil porque implicaría que el Congreso se autocercene; y si bien hay algunos congresistas valientes y valiosos que estarían dispuestos a tomar esa decisión política, no creo que la mayoría sea así porque ellos han sido elegidos por cinco años y no veo el aliciente que tendría para renunciar al periodo que tienen” (diario Gestión). La otra salida democrática es la vacancia, y en esta coyuntura creo que podría tener mayor respaldo que las anteriores. Por lo menos hay un grupo multipartidario de parlamentarios de oposición que analizan presentar una moción de vacancia en contra del jefe de Estado, amparados en las declaraciones del exministro del Interior. Si en esta ocasión los congresistas anteponen los intereses del país a intereses personales o de sus grupos políticos, el futuro de Castillo podría pender de un hilo muy delgado. Pero esta medida sería impopular, porque lo que el pueblo ha expresado de manera unánime en diferentes encuestas es que se vayan todos, no quieren la continuidad de estos rostros desgatados que han perdido la confianza y credibilidad de la ciudadanía. Castillo se ha puesto solo la soga al cuello, está en un callejón con mínimas salidas. Creo que no habrá segundas oportunidades, porque ya tuvo el tiempo suficiente para aprender a gobernar, y como mal alumno no ha aprendido nada.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
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