También debe ser tarea principal de cualquier sociedad, en su perspectiva de ser parte de un Estado eficaz y eficiente, trabajar en la construcción de instituciones predecibles.
No basta tenerlas en el organigrama estatal, leyes y reglamentos. El horizonte debe ser hacerlas con marcos jurídicos que atiendan a las necesidades en su sector y con procedimientos suficientes, conocidos, accesibles, eficientes y sobre todo útiles. Esta tarea depende de la perspectiva democrática que tengan los poderes Legislativo y Ejecutivo y de su comprensión de que tampoco vasta dictar las leyes y reglamentos de creación. Se necesita ampliar y afirma la visión de proceso en las acciones de Estado.
En ese sentido, un primer paso a lo mejor el más complejo en la medida que impacta en el proceso educativo es darles valor y comprenderlas en su dimensión teórica y práctica. Hablo de desarrollar un sentido de pertenencia de las instituciones que, concebido adecuadamente y sin apasionamientos ideológicos o religiosos, lleva a defenderlas socialmente. Es apostar por darles legitimidad desde su inicio, a través de un activo civismo y efectiva ciudadanía.
Si a las instituciones las comprendemos -en su valor- como estructuras que constituyen el tejido de la vida social, sus sistemas de reglas establecidas y extendidas que definen las interacciones sociales y públicas, deben ser en su relación estatal sólidas y fuertes y para los que las recurren de fácil accesibilidad, comprensión y utilización.
Estos presupuestos no están concurriendo en la realidad institucional de diversos países. Si bien es cierto en la relación población e instituciones, con sus respectivos procesos históricos de desarrollo, limitan y al mismo tiempo permiten comportamientos, aún tenemos Estados con instituciones omnímodas que flagrantemente violan derechos individuales y colectivos. Vulneran con amplio margen de impunidad sus reglas que las regulan y por eso se alejan cada vez más de la población. Ese divorcio explica el sentimiento de rechazo a las instituciones que, en los últimos años, son asociadas con el perfil de sus autoridades de turno.
En este marco, en el que por cierto en su teoría y práctica las instituciones democráticas están siendo duramente interpeladas, es fundamental responder a interrogantes que siguen flotando y sin resolver problemas estructurales existentes desde inicios del país. Hay necesidad de mea culpa y enmienda de actores históricos relevantes. Si determinada institución tiene competencias predefinidas y procedimientos fijos para brindar los servicios a los que se debe ¿Porqué es tan ineficaz e ineficiente al momento de cumplir sus funciones? ¿Porqué los procedimientos, si tienen una hoja de ruta y plazos basados en el principio de preclusividad, no son respetados? ¿Porqué el personal y autoridades a cargo de esos procesos que terminan vulnerando derechos gozan de impunidad? ¿Es correcto que así funcionen las instituciones del Estado?
Cito un ejemplo vivencial de mi país. Un equipo “técnico” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, generando cuantiosos daños económicos al Estado, durante dos años, hizo de nuevo mal los estudios del proyecto Corredor Vial 10, pues cuando tenía que cerrar su última etapa -dar viabilidad- el Ministerio de Economía y Finanzas lo declara incompatible con normas legales vigentes. Cero predictibilidad en el proceso. Este mismo proyecto, mal planteado desde su origen el año 2010 por las autoridades nacionales y maliciosamente aceptado por las regionales de Cajamarca y provinciales de San Miguel, lo quisieron imponer pese a excluir a dos de cinco capitales de distrito beneficiarias. El año 2021, por los caminos excluidos incumpliendo contrato y normas de control “invirtieron” cerca de ocho millones de Soles en sus favoritos “mantenimientos de caminos”. Ahora la población afectada espera enmiendas y cumplimiento de compromisos.
Si la ineficacia e ineficiencia fueses punibles, a lo mejor tendríamos mejores instituciones y políticas públicas para los sectores que ellas representan. Habría meritocracia. La predictibilidad en los servicios, en ese sentido, es una forma de medición de cuán lejos o cerca estamos de tener leyes e instituciones aterrizadas a nuestra realidad. También de comprender cómo el mundo político concibe a nuestro Estado, considerando el desinterés en hacerlo viable y útil.
Sin instituciones, en una dimensión de responsabilidad de sus servidores y predictibilidad de sus procedimientos y resultados, el ideal democrático de diálogo entre gobernantes y gobernados para alcanzar objetivos comunes seguirá siendo retórica y fuente de males.
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