• Por donde se ponga el dedo salta la pus de la corrupción y de las incapacidades para gobernar el país.

Los dos más importantes poderes del Estado que gobiernan el país tienen una actuación política deplorable, con una espantosa incapacidad y ausencia de liderazgo para enfrentar los difíciles momentos en el ámbito político y económico. Ni Pedro Castillo ni María del Carmen Alva son dignos de ostentar la representación de 33 millones de peruanos, que pagan las consecuencias de ineptitudes e impericias, y de ambiciones personales por ganar cuotas de poder. Cerca del 70% de ciudadanos exigen se convoque a elecciones generales para salir de este empantanamiento político, que incluye no solo a Castillo y Dina Boluarte, sino al Congreso en pleno.

Hace más de cien años, el poeta y ensayista Manuel González Prada dejó una frase célebre para la posteridad: “El Perú es un organismo enfermo: donde se pone el dedo, salta la pus”, con la cual criticaba, sin ambages y de manera incisiva, a la clase política que gobernaba el país en ese entonces. Pese al tiempo transcurrido esa frase hoy sigue tan vigente como cuando el autor de Páginas Libres lo plasmó. Va directo a la vena de esta clase política -desacreditada y con un elevado desprestigio- que gobierna el país a través del Ejecutivo y el Legislativo; es decir, de los dos poderes más importantes del Estado. Según todas las encuestas, ambas entidades registran altos niveles de desaprobación (arriba del 80%), y sus titulares, Pedro Castillo Terrones y María del Carmen Alva, salen jalados con 70% y 87%, respectivamente. Ello evidencia que la ciudadanía está harta con la actuación pública de estos representantes políticos, que en estos diez meses de gestión han demostrado una espantosa incapacidad y ausencia de liderazgo en la conducción de los destinos del país. De allí que el pedido de adelanto de elecciones generales para salir de esta crisis institucional cada vez es más fuerte (el 70% de la población está de acuerdo con esta medida), porque consideran que con Castillo y Alva hemos tocado fondo, y si no hay voluntad política para superar esta difícil coyuntura, la situación puede tornarse muy peligrosa.

La ciudadanía no se siente representada por la actual clase política personificada en el Congreso de la República, porque las distintas bancadas legislan de espaldas a ese pueblo que dicen representar y aprueban leyes controvertidas, con nombre propio, en beneficio de grupos de poder económico, generando el rechazo unánime de los ciudadanos que miran con estupor cómo se traen abajo a la Sunedu y todo lo avanzado en defensa de la calidad universitaria, la elección de un Tribunal Constitucional a la medida de los intereses de líderes políticos investigados por la justicia, o el retorno al sistema parlamentario bicameral (Senadores y Diputados) aprobado por la Comisión de Constitución, pese a que la población lo rechazó de manera contundente en el referéndum de 2018. Los diferentes sondeos de opinión revelan que más del 50% de entrevistados señala que lo peor del Parlamento es que a sus integrantes no les interesa la gente y solo piensan en sus propios intereses o en favorecer a grupos empresariales y políticos; mientras que un porcentaje similar considera que lo más malo del actual Legislativo es la falta de gente preparada y competente, cuyas credenciales éticas y morales no son las mejores, de allí que por ambiciones y cálculos políticos hasta hoy no hayan podido reunir los 87 votos que necesitan para proceder con la vacancia de Pedro Castillo.

Una total decepción

Desde la década del ‘90 cada Congreso ha tenido su propia particularidad, ha escrito su propia historia -para bien o para mal- y a él han accedido personajes de dudosa reputación, con investigaciones fiscales y judiciales por diversos delitos de corrupción, o por tener vinculaciones con el narcotráfico, y con serias limitaciones a nivel intelectual y profesional (casos clamorosos se presentaron en las bancadas de Cambio 90-Nueva Mayoría, en Perú Posible el 2001, el Partido Nacionalista el 2011, Fuerza Popular el 2016). En los últimos 40 años hemos elegido parlamentos que han terminado siendo una total decepción, unos con más cuestionamientos que otros, la mayoría de los elegidos no ha dado la talla para el cargo; pero sí sacaron provecho de su estadía en ese poder del Estado para obtener réditos económicos, colisionando muchas veces con la ley. Ese ha sido un estilo de trabajo y de vida para muchos legisladores, que siempre se han creído los intocables aprovechándose de su controvertida inmunidad. La responsabilidad directa de esta podredumbre política es de los partidos y de los liderazgos magullados de los caudillos, pues son estas organizaciones quienes ponen en vidriera a los candidatos en cada elección, son ellos quienes determinan las listas finales para que el electorado escoja a sus futuros gobernantes. Por tanto, son ellos los responsables de la crisis política en cada periodo de gobierno. No es un dato menor que en los últimos 35 años, cinco expresidentes estén siendo procesados e investigados por delitos de corrupción. Uno está preso, otro se suicidó y un tercero está en proceso de extradición para ser juzgado en Perú. Una cosa de locos.

Para nadie es un secreto que el gobierno de Pedro Castillo es un fraude que provoca indignación y el repudio mayoritario de la gente, pues a once meses de gestión al parecer todavía no encuentra el norte de su administración y sigue sumido en su incapacidad e ineptitud, en su falta de criterio e inteligencia para gobernar este país con problemas muy complejos. Su desastroso mandato lo estamos pagando todos, porque el dignatario no demuestra liderazgo ni capacidad de reacción y de decisión para enfrentar situaciones delicadas como el alza de los productos de primera necesidad, con una economía que hace agua y afecta sobremanera a los que menos tienen. Incluso, ahora es investigado por la Fiscalía y el Poder Judicial por presuntos actos de corrupción en su gobierno, y lo sindican de liderar una organización criminal. Su exministro de Transportes, Juan Silva, está prófugo de la justicia, al igual que el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, y sus sobrinos implicados en el caso Puente Tarata. Castillo ha metido la pata desde el primer día de su régimen, ha incurrido en graves desatinos políticos que hoy le pasan la factura de la peor manera, como el no haber sabido elegir a las personas más adecuadas y con expertiz en el sector público que lo ayuden a administrar un país con tantas dificultades, sobre todo tras el ambiente convulsionado que dejaron las elecciones de segunda vuelta. Castillo ha demostrado en este tiempo no tener una pizca de estadista ni la locuacidad de un político, de allí su reticencia para no dar declaraciones a la prensa; todas esas debilidades personales han sumado para que su gestión sea muy frágil y endeble.

Alva y sus ambiciones

Castillo seguramente sí se merece ser vacado del cargo por todos estos antecedentes que lo sitúan como uno de los peores presidentes de los últimos tiempos. ¿Pero del otro lado qué tenemos? Un Congreso seriamente desprestigiado y carente de credibilidad que no sintoniza con las principales demandas ciudadanas, que aprueba leyes que favorecen a grupos de poder económico o a líderes políticos que están bajo la lupa de la justicia. Con una María del Carmen Alva con ambiciones desmedidas por ungirse la banda presidencial y con poses golpistas que encienden la pradera (por lo menos eso se concluye de los audios donde ella revela que tendría un plan para solo convocar a elecciones presidenciales más no generales, porque los congresistas no tienen por qué dejar sus cargos). Alva no es ninguna garantía democrática, es intolerante y no tiene el liderazgo que se requiere para salir de esta crisis política. Está bien que el Congreso haga el control político al Ejecutivo, pero tampoco puede generar escenarios arbitrarios que busquen desestabilizar al régimen, porque ello provocaría más incertidumbre e inseguridad de la ya existente. Por ello, para salir de este atolladero lo más sensato sería convocar a nuevas elecciones generales.

La clase política se tiene que adecentar con ciudadanos probos que miren a la política como un servicio a los demás y no para servirse de ella, se tiene que involucrar más a los jóvenes y profesionales que vean a la política como un medio para construir y consolidar la democracia, para fortalecer la institucionalidad y trabajar partidariamente en proyectos integradores e inclusivos. Se tiene que practicar una política de manos limpias, con ideologías definidas, cosa que no ha ocurrido en las últimas décadas donde ha imperado la informalidad, el transfuguismo, los negociados bajo la mesa para ganar cuotas de poder, lo que ha dado paso a la corrupción que se ha fortalecido y corroído a las instituciones del Estado. Nuestra clase política no ha madurado lo suficiente como para enfrentar los grandes retos que nos depara un presente marcado por la incertidumbre, y un futuro poco alentador para generar más confianza a nivel interno y externo. El periodista César Hildebrandt dice que “urge la necesidad de que dentro de la clase política exista una derecha moderna, que busque atender el reclamo de igualdad de oportunidades de la población, así como la construcción de una nación viable e integradora”. Esto es posible, sí; pero los grandes grupos económicos y los partidos que los encarnan en el Congreso no quieren perder todas las gollerías que les ha dado el modelo económico neoliberal en los últimos 30 años, en desmedro de las grandes mayorías que solo se han contentado con las migajas del sistema.

(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.

 respuesta de FABIOLA ORTIZ el 2022-03-02.

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