Legisladora del Partido Morado, fiel a su estilo sostuvo que el sueldo de 15,600 soles no es apetecible para muchos parlamentarios, pues ellos están allí por el poder que adquieren y las influencias que les otorga el cargo. Dice que el votar a favor o en contra de una ley, allí está el negocio de ser congresista. Según Rafael Chanjan, el lobby es una actividad legítima que bien utilizada y regulada tiene un impacto positivo en la función pública en un estado democrático de derecho. Sin embargo, todo este tiempo no ha existido la voluntad política de hacer transparente y fiscalizar esta práctica, a fin de prevenir actos de corrupción en la función pública.

La congresista del Partido Morado, Susel Peredes Piqué, se caracteriza por ser directa, confrontacional, no tiene pelos en la lengua para decir su verdad. Sus declaraciones siempre provocan reacciones a favor o en contra, dependiendo del asunto que aborde. Hace poco, en el programa “Nada está Dicho” que conducía el periodista Jaime Chincha en RPP, puso en el tintero un tema que es un secreto a voces y que sería una práctica usual en el Parlamento: el controvertido tema de los lobbies. La legisladora señaló “que el sueldo es lo de menos para los congresistas, la plata estaría en eventuales y negados negociados no probados”.

Por ejemplo, dijo “si yo presento una ley para que se extienda por tres años el uso del plástico, eso le conviene a un sector empresarial; o si una universidad necesita una ley para que le den una segunda vez para licenciarse, allí está el negociado”.

Y para sustentar aún más su tesis, Paredes señaló: “Tú crees que el sueldo de 15,600 soles que percibe un congresista es lo que lo hace quedar en el cargo, ¡No! Ellos están allí por el poder que le da ser congresista, votas en contra o a favor de algo, allí está el negocio de ser congresista. Tú crees que es gratis votar por una ley a favor de una universidad o de determinadas empresas. Gratis es solo la leche de la teta de tu madre, todo lo demás se cobra de una u otra manera. La plata está en los lobbies, donde te dicen por esta ley 50 mil dólares, por esta otra 100 mil dólares, o te dicen no votes por esta ley y te envían de viaje al extranjero o piden licencia sin goce de haber”.

Lo revelado por la legisladora trae a la mente lamentables hechos que sucedieron recientemente en el Congreso, con la aprobación de cuestionados proyectos de ley con nombre propio. Uno de ellos trató de modificar la conformación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y dar una segunda oportunidad a las universidades con licencias denegadas, con lo cual buscaban traerse abajo la reforma universitaria.

Gracias a la presión social esto quedó en stand by. Otra decisión polémica es la modificación de la Ley Electoral para que los partidos políticos que no cumplieron con el plazo para inscribir a sus afiliados —potenciales candidatos para las elecciones regionales y municipales 2022— tengan una segunda oportunidad. Otro proyecto que ha generado debate es el que presentó el 28 de abril la siempre discutida Patricia Chirinos, a través del cual busca derogar el DS 004-2022 Midagri, que establece que la leche evaporada solo podrá ser elaborada con leche fresca y se elimine la leche en polvo, como ocurre actualmente. Según ella, la norma del Ejecutivo degrada el nivel de la leche al hacerla “más aguada” y no aportaría “los nutrientes necesarios para el consumidor”. Sus detractores dicen que su proyecto busca beneficiar a la empresa Gloria, que elabora ese producto. Y para coronar la danza de proyectos objetados por la ciudadanía, está el referido a la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que aprobó la Comisión de Energía y Minas para extender de 30 a 40 años la duración de los contratos petroleros. Estas son solo algunas perlas que se impulsan sospechosamente desde el Legislativo, y cuyos autores buscarían “apoyar” a ciertos sectores empresariales.

Razones de peso

De acuerdo a lo precisado por Susel Paredes, el sueldo de 15,600 soles que percibe un padre de la patria no sería el verdadero motivo para postular a ese cargo de elección popular, sino es el poder que obtiene y las influencias –positivas o negativas a nivel político, económico, mediático- que le da el ostentar ese título. Vamos a desmenuzar el tema. Para que el potencial candidato sea uno de los elegidos en la lista final, tiene que desembolsar una importante suma de dinero al partido o al líder de la agrupación. Luego durante la campaña electoral tiene que invertir otro monto significativo, que le permita llegar de manera contundente a los electores (por medios tradicionales y no tradicionales, con propuestas serias y razonables), para que tenga la opción de ser elegido en las urnas. Y si pierde esa plata se va al agua; pero si lo apoyan tiene muchas opciones para recuperar con creces ese dinero invertido en la campaña. Y no es precisamente solo con el sueldo mensual de parlamentario, sino promoviendo y apoyando lobbies empresariales que le serán más rentables. Claro, ese “apoyo” no será de manera abierta y descarada para evitar las críticas, pero sí buscarán guardar las formas. Incluso, algunos congresistas sin el menor desparpajo se han quejado de su sueldo y han pedido que por lo menos deben ganar como un ministro (30,000 soles).

El antecedente

Uno de los mayores lobistas en el Perú ha sido el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, lo cual siempre le enrostraron por tener cercanía muy próxima con el poder político y económico (fue ministro de Economía y Finanzas, ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo de Ministros). Pese a tener esta imagen controvertida y antecedentes históricos no muy saludables, Kuczynski se convertiría en mandatario de la Nación el 2016. Una de las principales acusaciones que le hicieron durante la campaña electoral, fue precisamente su actividad previa como lobista de diversas empresas que contrataban con el Estado. Según Rafael Chanjan, en un artículo denominado: “El lobby en el Perú: apuntes para prevenir la corrupción” (https://idehpucp.pucp.edu.pe), este es sólo un caso emblemático y puntual de la extendida práctica nacional e internacional del lobby o gestión de intereses, como también se le conoce. Pero, ¿Es el lobby una actividad ilícita que debe ser erradicada? No. Chanjan refiere que el lobby es una actividad legítima que bien utilizada y regulada tiene un impacto positivo en la función pública en un estado democrático de derecho. Porque permite al público en general comprometerse con el proceso de toma de decisiones públicas, y mejora la calidad de las decisiones públicas.

De acuerdo a este estudio, diversos países han emitido leyes que regulan la actividad de gestión de intereses: EE.UU. (1946), Alemania (1951), Francia (2009), México (2010), Italia (2012), Chile (2012), etc. El Perú no ha sido ajeno a esta realidad y en julio de 2003 se publicó la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. No obstante, en la práctica no se han adoptado las medidas suficientes para que esta ley pueda aplicarse de manera efectiva y se prevengan actos de corrupción. “La ley exigía que se implementara y operara un Tribunal Administrativo Especial para aplicar sanciones a los gestores de intereses que no cumplieran con las exigencias de registro y transparencia en su actividad; no obstante, dicho tribunal nunca se implementó y no hubo una sola sanción en la materia”. Chanjan señala que estos datos evidencian que todo este tiempo no ha existido la voluntad política de hacer transparente y fiscalizar adecuadamente la práctica del lobby, a fin de prevenir actos de corrupción en el seno de la función pública. Incluso, los funcionarios públicos están prohibidos de realizar actos de gestión en favor de privados, impedimento que se extiende hasta un año después de dejar el cargo, a fin de evitar que exista una mezcla de intereses privados y públicos en la toma de decisiones.

No hay enmiendas

Según la última encuesta del IEP, el 86% de peruanos desaprueba la gestión del Congreso de la República. Este altísimo rechazo refleja que no hay un propósito de enmienda por parte de los parlamentarios, que siguen empecinados en favorecer groseramente a grupos de poder económico, con leyes con nombre propio. Su desempeño es muy pobre en estos nueve meses, hay una escasez de iniciativas legislativas que redunden en beneficio de las mayorías, que sean promotoras de la generación de empleo y permitan a su vez la reactivación de la economía. Si no hay cambios sustanciales en el trabajo parlamentario, este Congreso atomizado y sin un norte claro, puede llegar a igualar al elegido en el periodo 2020-2021, que registró en su momento un 88% de desaprobación. La crisis política que atraviesa el país es responsabilidad de los partidos políticos, que no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni de los desafíos que la historia demanda. Los partidos expresan el pluralismo democrático y son esenciales para la participación política de la ciudadanía; pero si en cada proceso electoral insisten en presentar a personajes cuestionados, investigados por la justicia y con una catadura moral reprobada, la ciudadanía termina eligiendo las peores alternativas con consecuencias funestas. La pelota está en la cancha del Congreso, de ellos depende mejorar su alicaída imagen ante el pueblo.

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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.

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 respuesta de Humberto el 2020-09-08.

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