La desconfianza de la ciudadanía hacia el trabajo parlamentario se refleja en la reciente encuesta del IEP, que revela que el 86 % de peruanos rechaza esta gestión liderada por María del Carmen Alva. El desempeño del Congreso es muy pobre en estos nueve meses en cuanto a generación de leyes productivas y efectivas que redunden en beneficio de las mayorías. El pueblo exige elecciones generales presidenciales y congresales ante los sucesivos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo, porque no hay voluntad de enmienda para tratar de salir de la crisis política. Los partidos tienen una gran responsabilidad en la crisis que atraviesa el país, pues no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni de los desafíos que la historia demanda.

La poca credibilidad y confianza que el Congreso de la República tenía a inicios de esta gestión se va cayendo como un castillo de naipes. Su falta de empatía y de sensibilidad para atender las demandas más urgentes que exige el país le ha pasado la factura de la peor manera, y ello se refleja en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que revela que el 86% de peruanos desaprueba el trabajo de este poder del Estado. Mientras que la actuación de la presidenta de esta institución, María del Carmen Alva, es rechazada por un 76% (en un sondeo anterior de Ipsos, el rechazo a la labor del Parlamento ya superaba el 80% y la de la presidenta bordeaba el 70%). Estas cifras adversas que exasperan a Alva cada vez que le hacen recordar por esta altísima desaprobación, se veían venir y solo era cuestión de tiempo, porque no habido un propósito de enmienda por parte de los parlamentarios que siguen empecinados en favorecer a grupos de poder económico, con leyes con nombre propio o para pagar favores de la campaña electoral reciente. El desempeño del Congreso es pobrísimo en estos nueve meses en cuanto a generación de normas productivas y efectivas que redunden en beneficio de las mayorías, que permitan la inclusión social de las regiones más olvidadas del país y que por años han estado postergadas producto del centralismo y de la indiferencia del Estado.

La justificación de María del Carmen Alva a esta penosa realidad es que todos los Congresos en el mundo tienen un alto nivel de desaprobación. Una respuesta poco sesuda y torpe que no resiste mayor análisis; por el contrario no hay un mea culpa para reconocer debilidades e incapacidades del cuerpo de legisladores que los ha llevado a esta crítica situación. Alva responsabiliza de esta desacreditación de la entidad que preside al Poder Ejecutivo, pero es incapaz de admitir los groseros errores que han tenido en este corto periodo, que los han llevado a figurar entre las instituciones más desprestigiadas del país. Alva no acepta que por falsos protagonismos y ambiciones de los líderes de los grupos políticos opositores al Gobierno, representados en el Parlamento a través de sus bancadas, ha continuado el clima de polarización y violencia política que se arrastra desde la segunda vuelta electoral del 6 de junio de 2021, y no han propiciado el diálogo ni han tendido puentes para superar este panorama que se ha complicado aún más por enfrentamientos bizantinos entre el Ejecutivo y Legislativo. De allí que el 74% de compatriotas -según encuesta de Ipsos- pide que se convoque a elecciones generales (presidenciales y congresales) para salir de este peligroso empantanamiento. Muy a su estilo y para no dejar la mamadera, desde el Parlamento plantean que se recorte solo el mandato del presidente Pedro Castillo; pero no entienden que el hartazgo también los involucra y por ello exigen que se vayan todos. La opinión del pueblo es unánime en este sentido.  

Rivalidades políticas

Si no hay cambios sustanciales en el trabajo legislativo en el inmediato plazo, este Congreso variopinto y atomizado puede llegar a igualar al elegido en el periodo 2020-2021, que registró en su momento un 88% de desaprobación, la cifra más alta de este quinquenio. Ni en el peor momento de los gobiernos de Toledo o de Humala se llegó a estos picos tan elevados de rechazo popular. El presidente de Ipsos, Alfredo Torres, ha dejado en claro que sería muy difícil sostener una salida de Castillo haciendo únicamente elecciones presidenciales y continuando con el Congreso actual. “En una situación así, la gente preferiría que se vuelvan a repartir todas las fichas, y que se vuelva a elegir un presidente y un nuevo Congreso”. Es innegable la falta de capacidad e idoneidad de Pedro Castillo para gobernar el país, con fallas clamorosas desde el inicio de su mandato; pero Maricarmen Alva tampoco es una garantía democrática y con la idoneidad suficiente para asumir tan complejo reto. La población está hastiada de estas rivalidades políticas que no conducen a nada bueno y más bien restan energías, cuando lo que urge ante esta difícil coyuntura es sumar esfuerzos para luchar contra males que aún no pueden ser erradicados de la sociedad, como la corrupción que parece incontrolable y que involucra a altos funcionarios de este régimen, entre ellos el propio presidente de la República.

Pero del otro lado, desde el Ejecutivo, tampoco hay una voluntad de enmienda para tratar de salir de la crisis política a la que nos ha llevado Castillo con sus decisiones controversiales, imprudentes y polémicas desde que se sentó en palacio de gobierno, que solo han generado mayor inestabilidad de la ya existente. Y con un presidente del Consejo de Ministros incendiario en sus declaraciones y poco dialogante con la oposición para superar el clima de tensión, el panorama político se puede tornar aún más enrevesado. Ojo, el mandatario ya ha salvado dos veces de pedidos de vacancia en el Congreso por la causal de incapacidad moral permanente, por su irresponsabilidad y negligencia en actos de gobierno, como la designación de sus ministros o funcionarios de confianza, o por su incapacidad para gobernar el país. Pese a que su continuidad ha estado en serio peligro en dos ocasiones, Pedro Castillo al parecer no escarmienta y no aprende la lección, porque no expresa con hechos concretos el haber cambiado en su forma de actuar y más bien ha persistido en los mismos errores del pasado, tal vez en la creencia de que una tercera moción de vacancia tampoco prosperaría. Sin embargo, el mandatario podría estar jugando con fuego, porque de presentarse un nuevo pedido las bancadas van a estar más cohesionadas y podrían votar en bloque. Aunque ello dependerá de que los congresistas y sus líderes políticos dejen de lado sus intereses mezquinos y arreglos bajo la mesa, como estoy seguro ha sucedido las dos veces anteriores donde las bancadas terminaron rechazando las mociones de vacancia.

Clase política decadente

La crisis política que atraviesa el país hoy en día es de exclusiva responsabilidad de los partidos políticos, que no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni de los desafíos que la historia reciente demanda. Los partidos siguen sumidos en graves problemas de organización, de capacitación, liderazgo, falta de transparencia y de honestidad en su actuar, pese a que actualmente reciben financiamiento público directo del Estado (la Oficina Nacional de Procesos Electorales transfirió S/7’898,707.84 a favor de nueve organizaciones políticas para el periodo enero a junio del 2021). En tanto que los líderes políticos no son capaces de mostrar empatía con el clamor de la ciudadanía, que exige cambios trascendentales en la forma de hacer política. La clase dirigente que nos representa hoy en el Congreso es la mejor expresión del deterioro ético y moral de la partidocracia, las bancadas viven de espaldas a la realidad nacional y sus miembros son digitados para actuar en determinado sentido, de acuerdo a la conveniencia de cada grupo político, para proteger los intereses de sus caudillos o de grupos económicos a quienes deben su curul. Como señaló el pensador peruano Manuel Gonzáles Prada, gran crítico de la clase política que gobernaba el país en ese entonces: “El Perú es un organismo enfermo: donde se pone el dedo, salta la pus”, frase de hace más de cien años que sigue vigente en la actual coyuntura que vivimos, puesto que la ciudadanía no se siente representada por esta clase política decadente, desacreditada y poco fiable.

Qué duda cabe que los partidos políticos expresan el pluralismo democrático y son esenciales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático; pero si en cada proceso electoral insisten en presentar a personajes cuestionados, investigados por la justicia y con una catadura moral reprobada, que son incluidos en las listas por el solo hecho de pagar sumas importantes de dinero al partido o el líder, la ciudadanía termina eligiendo las peores alternativas y ya vemos cuáles son las consecuencias. Así ha sucedido en los últimos 40 años. Lamentablemente los partidos tienen una imagen ligada a los grandes hechos de corrupción, con expresidentes de la República investigados por la justicia por estar involucrados en redes mafiosas que han desfalcado los recursos públicos mediante actos ilícitos. Una podredumbre espantosa en cuanto a decencia e integridad, que reitero es responsabilidad de nuestra decrépita clase política.

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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.

 respuesta de Michael el 2022-11-11.

 respuesta de Antero Salcedo el 2021-12-21.

 respuesta de Antero Salcedo el 2019-02-15.

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