El secuestro y violación de una niña de tres años en Chiclayo ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad y ha provocado indignación a nivel nacional. Sin embargo, pese a ser un tema muy delicado algunos medios de comunicación, digitales y tradicionales, tuvieron una controversial conducta respecto a la cobertura de la noticia. Con tal de generar rating para sus audiencias -radios, periódicos y televisión-, no les importó un bledo mostrar las imágenes donde se observa a la menor rescatada por la Policía Nacional, tirada en el piso y con sus piernas amarradas. El tema ha abierto el debate de la pena de muerte para los ultrajadores sexuales, o como ha propuesto el presidente de la República, la castración química, aún cuando saben que por ahora ello es inaplicable en el país, porque el Estado suscribió en 1979 el Pacto de San José de Costa Rica que prohíbe esta pena capital.

El secuestro y posterior violación de una niña de tres años de edad en Chiclayo ha causado gran indignación a nivel nacional y ha tocado fibras sensibles en la sociedad, a tal punto que se han promovido marchas en diferentes ciudades del país, para pedir justicia para esta menor y una sanción ejemplar para el depravado sujeto que trastocó su inocencia. A voz unánime exigen la cadena perpetua, una drástica sanción que está contemplada en el sistema penal como máxima pena privativa de libertad para delitos graves, entre ellos la violación a menores de edad. Pero también ha sido indignante la forma cómo algunos medios de comunicación, digitales y tradicionales, cubrieron esa lamentable noticia. En muchos casos con tal de generar rating para sus audiencias -radios, periódicos y televisión-, no les importó un bledo mostrar las imágenes donde se observa a la menor recuperada por la Policía Nacional, tirada en el piso y con sus piernas amarradas, que algún agente insensato pasó a los periodistas, quienes en su afán de tener la primicia incurrieron en una práctica antiética y deshonesta profesionalmente. En otros casos mostraron de manera reiterada la fotografía de la niña cuando sus padres alertaron del plagio. Solo pararon la mano cuando instituciones protectoras de la integridad de los niños y adolescentes, y el Colegio de Periodistas de Lambayeque, emitieron pronunciamientos rechazando las publicaciones de medios regionales y nacionales, y demandaron no difundir ninguna imagen de la pequeña por contravenir los derechos contenidos en el Código del Niño y el Adolescente y las normas relacionadas a la revelación de la identidad y difusión de material sensible en casos de violencia.

Además, dichas entidades repudiaron este tipo de prácticas lejanas a los cánones éticos y deontológicos que provocan la revictimización y solo alimentan el morbo colectivo con el dolor de la víctima y sus familiares. Y exhortaron a los periodistas y sus medios a guardar respeto y regirse al ordenamiento jurídico nacional e internacional en salvaguarda de la integridad de quienes son víctimas de violencia. Pero a este agravio mediático se sumaron publicaciones irresponsables y temerarias en la red social de Facebook, donde vastos sectores de la sociedad civil en su afán de solidarizarse con la niña agraviada y su familia, y repudiar el trágico hecho, no dudaron en exponer fotografías de la niña del momento mismo del rescate, cuando ello está sancionado por ley. El Estado de manera integral brinda protección a las víctimas de violencia sexual, más aún si son menores de edad, para salvaguardar su integridad; por nada del mundo se debe revelar su identidad porque eso los podría marcar en su vida futura. Por ello, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se emiten por las redes sociales, porque muchos pueden ser reales, pero hay otra gran cantidad de información que son fake news o noticias falsas, que distorsionan la realidad y buscan direccionar la mente de las personas en determinado sentido. En otros casos, aprovechando el alcance que tiene esta plataforma, esos mensajes deformados, y hasta mal intencionados, pueden enervar el ánimo de la gente y cometer más violencia de la existente.

Morbo y sensacionalismo

La divulgación de noticias engañosas provoca un peligroso círculo de desinformación, pues una noticia falsa se replica decenas de veces en cuestión de segundos, y puede inducir a la gente a tomar determinadas acciones en relación a un tema en controversia. Wikipedia define a las noticias falsas como un tipo de bulo, que consiste en un contenido pseudoperiodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio y televisión, y las redes sociales, cuyo objetivo es la desinformación. Ante la andanada de fake news que se produjeron durante la pandemia de la covid-19, desde Facebook exhortaron a la comunidad para que colabore a detectar y denunciar la aparición de noticias falsas. Medios importantes y serios han puesto en práctica el denominado fact-checking, que es un verificador de datos que tiene como objetivo reducir la desinformación o las noticias falsas que se propalan por esta red social y fortalecer la calidad de las noticias que circulan por dicha plataforma. La gerente de Desarrollo de Programas para Medios de Facebook en América Latina, Dulce Ramos, señaló que uno de los objetivos de la plataforma es que los usuarios logren informarse para decidir por sí mismos, qué es lo que leen, en quién confían y qué cosas comparten.

Y eso es lo que ha pasado con la tragedia que le ha tocado vivir a esta pequeña, muchos usuarios de forma imprudente mostraron la imagen que la Policía captó cuando la niña es rescatada, en minutos se viralizó en las redes sociales, aumentando el morbo y generando sensacionalismo en desmedro de una familia que tenía el corazón destrozado. Cuando lo que se debió enfocar más eran los rasgos sicópatas del violador, del indeseable sujeto que marcó para siempre a una niña candorosa. Se debió profundizar en conocer si el infractor ha tenido antecedentes de este tipo y no solo quedarse con las imágenes impactantes del caso que ha conmovido a todos. Y como ha sucedido antes con casos tan deplorables como éste, se ha puesto en la palestra el tema y se insiste en el debate de la pena de muerte para los ultrajadores sexuales, o como ha propuesto el presidente de la República, la castración química, cuando saben que ambas tesis por ahora no son aplicables en el país. “La única respuesta a la exigencia o regulación de la aplicación de la pena capital, se basa principalmente en que disminuirán los hechos de violación y será la solución perfecta a los problemas; es decir, que en el futuro se va a prevenir, disuadir, intimidar o disminuir los índices de criminalidad”, sostiene Epifanio López Cantoral en análisis que hizo sobre el asunto para Pasión por el Derecho.

Un problema peliagudo

Pero hay otro punto central en este debate y es el referido al campo jurídico-político, porque para aplicar la pena capital en Perú se tendría que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos -CADH- (Pacto de San José de Costa Rica), adoptado el 22 de noviembre de 1969. Dicho instrumento jurídico internacional prohíbe la aplicación y extensión de la pena de muerte, puesto que el Estado Peruano suscribió y ratificó dicho tratado en 1979. Actualmente, la Constitución Política establece la pena de muerte sólo para los delitos de traición a la patria, en caso de guerra y actos de terrorismo; en concordancia con los pactos internacionales suscritos por el Estado. En la línea de lo que puede ocurrirnos como Estado, el estudio Muñiz hizo un estudio sobre las “Implicancias internacionales de la modificación de la Constitución para aplicar la pena de muerte a violadores de niños”. Allí sostiene que “si denunciamos el Pacto de San José, se perdería la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto significa que las violaciones a los derechos humanos ya no podrán ser conocidas por la Corte Interamericana, perdiendo así una instancia internacional de protección a nuestros derechos”. Entonces ¿por qué cierto sector político se empecina en insistir su aplicación en casos de violaciones para menores de edad?, cuando saben que la CADH impide a los países que lo suscribieron extender esta pena capital a delitos que no la contemplaban al momento de su adhesión.

Una encuesta del diario El Comercio-Ipsos que se realizó a raíz del caso de la niña Jimena, quien fue raptada, violada y asesinada en San Juan de Lurigancho (Lima) el año 2018, reveló que el 87% de peruanos está a favor de que se implemente la pena de muerte para quienes violen y asesinen a menores de edad. Sobre el particular, el antropólogo Raúl Castro señaló que las altas cifras aprobatorias de esta medida reflejan una reacción de la sociedad ante la impunidad que tiene un delito que “transgrede toda consideración humanitaria”, como es la violación y asesinato de un menor. “La tolerancia social frente a estos actos abominables es cero. El hecho de que la aprobación de la pena de muerte sea casi unánime demuestra también que existe una sensación de falta de justicia frente a estos delitos, a través de canales regulares (Código Penal, Poder Judicial, leyes del Congreso), por eso se apela a una sanción extrema, como es quitar la vida al asesino”, dice. Según el Programa Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a octubre del 2021 se atendieron más de 12,828 casos de violencia sexual en menores de 0 a 17 años. Estas denuncias se registraron en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) e involucran acoso, tocamientos, entre otras manifestaciones. Del total de casos atendidos por los CEM, de enero a diciembre del año pasado, el 86% correspondió a mujeres y el 14 % a varones. La modalidad más común es la violencia psicológica (46,3%), violencia física (39,6%) y sexual (13,7%). Asimismo, entre enero y febrero del 2022 se han atendido 1,080 casos de violaciones sexuales, todos en población de 0 a 17 años. Esto evidencia la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentra este sector de la población.

Consideración vital

Al comienzo de este artículo cuestiono el deleznable papel que han tenido ciertos medios de comunicación por la forma cómo sus periodistas han abordado este caso de violación, y para ellos quiero dejar dos reflexiones sustanciales que hicieron dos de los más importantes hombres de prensa y estudiosos en América y el mundo, sobre esta noble y sacrificada profesión relacionadas a la ética y a los valores que deben ponerse en práctica en cada momento del trabajo y nuestras vidas. Durante la 52° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gabriel García Márquez pronunció uno de sus discursos más trascendentales en torno al oficio periodístico. Allí hizo un llamado de atención sobre los valores que los periodistas deberían poseer para desempeñar su labor con plenitud, y recalcó que “la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. En tanto que el escritor y periodista, Ryszard Kapuscinski, afirmó que el deber de un periodista es informar de manera que ayude a la humanidad y no fomente el odio o la arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro. Y agregó que “para ejercer el periodismo, ante todo hay que ser buenos seres humanos. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”.

(*) Licenciados en Ciencias de la Comunicación, primer vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.

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