A través de la Comisión de Justicia, bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre buscan imponer cambios en dicha norma, que provocaría daño a los actuales procesos en curso para favorecer a Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. No contentos con ello, proponen sancionar con penas de cárcel a quienes difundan el contenido de los colaboradores: periodistas y medios de comunicación. Para consumar su propósito no les ha importado ser de izquierda o de derecha, lo esencial es defender a sus cuestionados líderes. Según la Contraloría, pérdidas económicas por corrupción en Perú superan los S/ 23.000 millones.

Uno de los principales problemas de larga data que enfrenta la sociedad peruana es la corrupción, la cual persiste porque no hay voluntades firmes y consistentes desde los diversos poderes del Estado para enfrentarlo y extirparlo de raíz. Muchos han sido los intentos, pero los resultados han sido más que desalentadores. Tras la caída de la dictadura fujimontesinista, en los últimos 20 años se han creado varios organismos para luchar contra este flagelo, los cuales eran dirigidos por los denominados ‘zares’, pero que no tuvieron el impacto ni la trascendencia que esperaba la sociedad hastiada de tantos hechos de corrupción en el país. En noviembre de 2001, a inicios del gobierno de Toledo, se creó el Consejo Nacional Anticorrupción, cuyo presidente fue Martín Belaunde. En 2007, durante la gestión de Alan García se crea la Oficina Nacional Anticorrupción, teniendo como jefa a la exjueza Carolina Lizárraga. El 2010 ve la luz la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Todas estas entidades nacieron con mucha expectativa y esperanza; pero luego fueron desactivadas porque no demostraron efectividad en su trabajo. Los gobiernos de turno han insistido en reciclar entidades burocráticas de lucha contra la corrupción, pese a que no han tenido resultados halagadores.

En dichos gobiernos (Toledo-García) se registraron casos graves de corrupción, que luego se extendieron en los regímenes de Humala, Kuzcynski y Vizcarra, todos investigados por supuestamente recibir millones de dólares de constructoras brasileñas a cambio de obras, entre ellas la internacional Odebrecht. Todos estos hechos deplorables no hacen más que reafirmar el abuso de quienes acceden al poder (presidentes de turno, gobernadores y alcaldes -la corrupción campea a todo nivel-) para beneficio propio o de terceros. Una vieja práctica que la clase política -tradicional y no tradicional- no ha podido sacudirse hasta hoy, de allí que el actual mandatario, Pedro Castillo, a solo seis meses de haber asumido el mando también esté siendo indagado por el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias. La corrupción en el más alto nivel del Estado. Pareciera una película de ciencia ficción; pero no, es la realidad, todos los presidentes elegidos constitucionalmente desde el 2001 a la fecha, están involucrados en estas redes mafiosas que han desfalcado los recursos de todos los peruanos mediante actos ilícitos que deben ser castigados con todo el peso de la ley. La impunidad no debe ganar terreno.

Ley con cálculo político

En la lucha contra la corrupción no hay ideologías que valgan, ni de izquierda ni de derecha, ni conservadurismo ni extremismos. Por ello, todos los partidos políticos, sobre todo aquellos que ostentan el poder, deben priorizar en su agenda este gran objetivo nacional; sin embargo, mientras los líderes de las agrupaciones sean investigados por el sistema de justicia, será muy poco lo que se avance. Y una muestra de que la clase política es la primera en torpedear cualquier acción que busque fortalecer el sistema anticorrupción es lo que ha hecho la Comisión de Justicia del Congreso, con intereses muy marcados de partidos como Fuerza Popular y el gobiernista Perú Libre, que el pasado 19 de enero aprobó el dictamen que modifica la colaboración eficaz, imponiendo cambios que harán daño no solo a los actuales procesos en curso, sino también por incorporar penas de cárcel para quienes filtren o difundan los testimonios. Como se sabe, la Ley de Colaboración de Eficaz es un instrumento procesal de suma importancia en las investigaciones contra la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones, el cual se ha convertido en el mejor aliado de los fiscales para desbaratar organizaciones criminales, saber su modus operandi, capturar a jefes o cabecillas, obtener pruebas de delitos, entre otros. Uno de estos casos emblemáticos puesto al descubierto por la colaboración eficaz ha sido la organización “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Esta ley es un arma poderosa que no le conviene a los investigados por corrupción, por ello desde el Legislativo buscan traerse abajo todo lo avanzado con este mecanismo, donde el colaborador proporciona pruebas o información importante a favor de la investigación, y se beneficia con una reducción de la pena. Como señala el fiscal José Domingo Pérez, “el propósito fundamental del proyecto es desalentar a los integrantes de las organizaciones criminales a acogerse a la colaboración eficaz, lo que beneficia a los actuales investigados, como Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón” (La República). De allí el apuro de Valdemar Cerrón para que se modifique esta norma, ya que su hermano, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, afronta una investigación fiscal por presuntamente liderar la organización ‘Los Dinámicos del Centro’. El mismo ímpetu tuvo el fujimorista Hernando Guerra para que se discuta dicho dictamen. Como se sabe, el equipo especial del caso Lava Jato, sustentándose en declaraciones de colaboraciones eficaces, ha solicitado 30 años y 10 meses de cárcel para la excandidata presidencial, acusada de ser cabecilla de una organización criminal. Como vemos, en su propósito común de tirarse abajo la Ley de Colaboración Eficaz, no les ha importado ser de izquierda o de derecha, lo esencial es defender a estos cuestionados líderes.

Conflicto de intereses

Como se recuerda, en 2020 este proyecto de ley fue aprobado, pero fue observado por el presidente Francisco Sagasti y regresó al Congreso. Una de las observaciones era la modificación de la colaboración eficaz para perjudicar el desarrollo de los procesos que se habían iniciado a través de este mecanismo. “Es obvio que existe un conflicto de intereses entre quienes están sometidos a procesos penales, a partir de la información que está entregándose por la colaboración eficaz, y entre quienes son los actores que representan a estos intereses en el Congreso”, sostuvo el fiscal Pérez. De modificarse esta norma, podría afectar al menos 40 procesos del caso Lava Jato, donde están involucrados expresidentes como Kuzcynski y Humala, además de Keiko Fujimori. El constitucionalista Luciano López sentenció que el Tribunal Constitucional ya determinó que la colaboración eficaz es clave para la lucha anticorrupción, y sustentó que este proceso debe tener como característica principal el ser flexible. “Contrario a ello, este proyecto propone solo dar cuatro meses como máximo a los fiscales para corroborar las informaciones de sus casos, pese a que la ley otorga 36 meses por ser casos complejos”.

La norma también propone sancionar con penas de cárcel de 5 a 6 años a los que difundan el contenido de los colaboradores eficaces; es decir, a periodistas y medios de comunicación, lo cual es abiertamente inconstitucional porque atenta la libertad de expresión e información. “Las fuerzas políticas en el Congreso no estás unidas contra el crimen, sino más bien a favor del crimen. Eso preocupa”, indicó el abogado. El contralor Nelson Shack refiere que los países avanzan en la lucha contra la corrupción de manera sostenible, solo cuando funciona adecuadamente el ecosistema de control en su conjunto (Procuraduría, Ministerio Público y Poder Judicial, el control político del Poder Legislativo, de la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, las empresas privadas). Es decir, toda la sociedad tiene que estar involucrada, pues si el umbral de tolerancia a la corrupción sigue siendo alto será muy difícil avanzar. Por ello es indispensable fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Control, pues no habrá efectividad en la lucha contra la corrupción si no se fortalece presupuestal e institucionalmente a la Contraloría. Shack agrega que si las entidades públicas trabajan como un solo equipo, con una sola estrategia, con un liderazgo claro, respetando las autonomías y competencias, habrá resultados a corto y mediano plazo. De lo contrario, este problema eguirá galopando sin control y destruyendo la precaria institucionalidad, además de provocar una enorme desconfianza en los partidos políticos y en sus autoridades.

Pérdidas irrecuperables

La corrupción genera enormes pérdidas económicas para el Perú, solo en el 2019 fue de más S/ 23.000 millones, equivalente al 3% del PBI. Este indicativo revela que la corrupción se ha agravado en el país, pues hace siete años la Contraloría calculaba las pérdidas anuales en S/ 10.000 millones. Con ese dinero que fue a parar a los bolsillos de funcionarios deshonestos e inmorales, se podrían haber ejecutado obras de envergadura en sectores claves como Salud, Educación, Transportes, Turismo. Un panorama desolador e indignante que ojalá la clase política representada en el Congreso sepa discernir con inteligencia, y no trastocar la Ley de Colaboración Eficaz con cálculos políticos, sino más bien tratar de fortalecerla y mejorarla.

(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer vicedecano Colegio de Periodistas de La Libertad.

 respuesta de 263385 el 2021-07-16.

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