Legisladores plantean dar un plazo de dos años a universidades para que vuelvan a presentarse al licenciamiento y evitar así su cierre, so pretexto de “proteger” a estudiantes. También buscan convertir a la Sunedu en una figura similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores, responsable del caos, la anarquía y la corrupción que se vivió en las universidades. Jefe de la entidad afirma que desde su creación sus decisiones han sido absolutamente técnicas y ajenas a influencias políticas y económicas. El pleno del Parlamento tendrá la última palabra.
En octubre de 2014 se produjo la desactivación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), institución constituida por todos los rectores de las universidades públicas y privadas del país, cuyo objetivo era el fortalecimiento económico y académico de los claustros académicos, y el cumplimiento de su responsabilidad social para con la comunidad. Esta medida ejecutada en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, fue un clamor generalizado en la comunidad universitaria y respaldado por la ciudadanía, porque la entidad había perdido el rumbo y se había convertido en un órgano sumamente politizado, que en lugar de velar por la consolidación y el robustecimiento del sistema universitario, sus directivos se aprovecharon de su posición de dominio para obtener beneficios personales o de grupos de su entorno. La fenecida ANR no garantizaba una educación de calidad para los miles de estudiantes, que siempre exigieron mejores condiciones académicas en su formación profesional. A lo largo de su historia, quienes manejaron esta institución se vieron envueltos en graves hechos de corrupción, los cuales al final terminaron por sepultar y desencadenar en su disolución.
Desde la ANR hubo una mal entendida sobreprotección a muchas casas de estudio privados que no tenían las cualidades ni la esencia para impartir enseñanza a nivel superior, y solo veían a la educación como un negocio atractivamente lucrativo. Las componendas entre los rectores (y propietarios) de las universidades cuestionadas por el mal servicio académico que ofrecían, y los directivos de la ANR, para que pasen por agua caliente las inspecciones y evitar así sanciones económicas o un posible cierre a futuro, se hizo cada vez una cuestión de rutina. El contubernio se materializaba con los votos de los rectores en cada proceso para elegir a las nuevas autoridades de ese organismo. La corrupción había tocado a las más altas esferas de la ANR y nada parecía detener este accionar. El entonces presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora Zevallos (2011-2014), uno de los más fervientes impulsores de la nueva Ley Universitaria N° 30220 y de la reforma del sistema, “acusó al ente universitario de permitir que existan mafias, desde hace 30 años, que habían convertido a la educación superior en un negocio”.
Tras la aprobación de la nueva Ley Universitaria, el 8 de julio de 2014, la cual está vigente hasta hoy, desde la ANR se negaron a acatarla aduciendo que era ilegal e inconstitucional. En la nueva norma, entre otras cosas positivas, se establecía la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). También que las autoridades (rector y vicerrectores) de las universidades públicas se sometan a elecciones universales y se eliminó el bachillerato automático y se obligó a los alumnos a la sustentación de una tesina. Hubo una fuerte resistencia al cambio desde la Asamblea Nacional de Rectores; pero finalmente se impuso el principio de autoridad y la cordura, y el Ministerio de Educación dispuso el cierre definitivo de esa entidad. La ANR siempre se escudó en la famosa “autonomía” que les daba la ley para hacer y deshacer del sistema universitario, se creía una institución intocable e inmune a los cuestionamientos que venían desde el Ejecutivo y del Congreso, sus directivos fueron incapaces de deponer intereses subalternos y trabajar con honestidad y transparencia por el bienestar de la comunidad universitaria. La ANR le hizo mucho daño al sistema universitario en general, porque no hubo la exigencia del caso para mejorar la parte académica y de investigación, para implementar laboratorios adecuados y así asegurar la mejor formación de los estudiantes.
Objetivos claros
Desde el 5 de enero de 2015 la Sunedu se convirtió en la responsable del licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario. Según su ley de creación, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, y se encarga además de verificar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados son destinados hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad; aprueba o deniega el licenciamiento de universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios, de conformidad con la Ley Universitaria. Desde que la Sunedu entró en funciones se ha denegado el licenciamiento a 49 universidades y 2 escuelas de posgrado, la mayoría privadas y solo dos públicas (Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y San Luis Gonzaga de Ica). En la actualidad tenemos un sistema universitario más ordenado, sin visos de ilegalidad y con poca maniobra para su politización, donde la investigación es un pilar fundamental en el quehacer de las casas de estudio, y hay mejoras en cuanto a la plana docente. Estos resultados claramente favorables para la mejor formación de los jóvenes, ha inquietado a la actual Comisión de Educación del Parlamento, cuyos miembros en mayoría han aprobado las propuestas legislativas que pretenden darle un nuevo salvataje a las universidades no licenciadas y convertir a la Sunedu en una figura similar a la extinta ANR.
¿Pero qué esgrimen los legisladores para pretender volver al tiempo de las cavernas, cuando en seis años han habido avances importantes con la Sunedu? Por ejemplo, Darwin Espinoza (Acción Popular) plantea dar un plazo de dos años a once universidades sin fines de lucro, para que vuelvan a presentarse al licenciamiento y evitar así su cierre. En tanto que Edgar Tello, Álex Paredes, Waldemar Cerrón, Paul Gutiérrez (Perú Libre), Tania Ramírez, Raúl Huamán (Fuerza Popular) y Esdras Medina (Renovación Popular), dijeron que el objetivo era “proteger” a los estudiantes de las universidades no licenciadas. Pero lo que desconocen los congresistas es que la Sunedu otorgó el tiempo más que suficiente para que las universidades presenten y sustenten sus informes sobre las condiciones básicas de calidad, incluso hubo ampliaciones de plazo; y ni con esas gangas lograron el licenciamiento. Esta comisión además busca recomponer el consejo directivo de la Sunedu con el ingreso de dos rectores de las universidades públicas y uno de las privadas. A ellos se sumarían representantes del Concytec, el Sineace, el Minedu y del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales. Estos siete miembros ahora elegirán al superintendente. La mayoría de votos está en las universidades, como sucedía antes con la ANR. Obviamente serán juez y parte.
Intereses subalternos
Otro dato no menor en esta discusión es que ocho miembros titulares de dicho grupo de trabajo y cuatro accesitarios han estudiado en universidades que no recibieron el licenciamiento de la Sunedu por incumplir con las exigencias mínimas de calidad; de allí su interés por traerse abajo la reforma. Solo Dios sabe qué habrá detrás de todas estas “buenas” intenciones. La última palabra la tendrá el pleno del Legislativo, cuando estos proyectos entren a debate. Sobre el particular, el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, ha señalado que los últimos Congresos han creado hasta cuatro comisiones investigadoras contra la entidad y no han hallado nada irregular; y el Poder Judicial les ha dado la razón en todas las denuncias, porque desde su creación ha mostrado que sus decisiones han sido absolutamente técnicas y ajenas a influencias políticas, económicas o de otra naturaleza. El Parlamento también ha sido responsable de la crisis del sistema universitario, pues en las últimas cuatro décadas primó el interés político en la creación y gestión de las universidades, ya que nacieron sin establecerse criterios técnicos y carentes de presupuesto. Todo fue demagogia barata y populista.
El investigador principal de Grade, Hugo Ñopo, ha precisado que una eventual reactivación de la ANR afectaría la educación pública y haría que el Perú retroceda en cuanto a la reforma universitaria. “La Sunedu se crea justamente para que exista un organismo autónomo que vele por la reforma universitaria. Lo que se pretende hacer en el Congreso es insistir con la ANR que nos haría retroceder. Se han juntado muchos intereses del negocio de la educación. Es una decisión que nos debe mantener alertas”, indicó en declaraciones a radio Nacional. Sería muy lamentable regresar al estado de caos, de desorden, de anarquía, de informalidad y de corrupción que se vivió en las universidades cuando estas eran fiscalizadas por la ANR. Con la Sunedu se han experimentado avances interesantes, la reforma no puede parar por intereses mezquinos y nefastos de un grupo de congresistas que al parecer no les interesa la calidad educativa. Para este propósito han unido fuerzas los extremos (derecha e izquierda), que hasta hace poco se lanzaban adjetivos calificativos por sus posiciones políticas; pero que hoy han comulgado en ideas y objetivos contra esta institución. Como dice el refrán: Dios los cría y el diablo los junta.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
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