Un sector de la derecha empresarial, con apoyo de la oposición en el Congreso, “coordina acciones” para desestabilizar al régimen de turno y así crear el escenario para una posible vacancia del presidente Pedro Castillo. Tras la aprobación de la ley que regula la cuestión de confianza, queda abierto el camino para este propósito que lo planean desde que el mandatario asumió el cargo. En los últimos 30 años la derecha se ha erigido en medio de sombras y caminos sinuosos.
A tres meses de la actual gestión presidencial, es evidente que los partidos políticos de derecha y sus más preclaros representantes todavía no asimilan la derrota electoral del pasado 6 de junio, y siguen con sus actitudes intolerantes, con una obcecación peligrosa, empecinados en promover la vacancia del mandatario Pedro Castillo Terrones, pese a que ello provocaría más caos, incertidumbre y devendría en una anarquía. Desde diversos sectores empresariales confabulan para desestabilizar al Gobierno, y así propiciar el escenario perfecto para la salida del jefe de Estado. Eso se desprende de unas conversaciones de WhatsApp entre varios empresarios agremiados a la Sociedad Nacional de Industrias, denominada la ‘Cofradía del Pisco’, donde “se planificaría y definirían estrategias” para debilitar al Ejecutivo (estaba en marcha un paro de transportistas, pero se suspendió tras una reunión con el MTC), según lo reveló el portal El Foco. Estos chats habrían ocurrido poco después de que Castillo asumió el cargo.
Lo que queda claro es que la derecha empresarial agrupada en torno a la Confiep, sumado a congresistas de agrupaciones de la derecha y ultraderecha -Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular y Acción Popular-, en todo momento alientan a dar un golpe de Estado, porque no quieren perder las gollerías que han usufructuado desde la década del ‘90, gracias a los beneficios que les confirió la entreguista y condescendiente Constitución Política de 1993. Como bien precisa la última portada del semanario Hildebrandt en sus Trece, “la oposición ha decidido que la única salida es la vacancia presidencial. Y cuanto antes, mejor”. Y un paso en esta perspectiva ha sido la aprobación por insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza, promovida por la Comisión de Constitución, que en opinión de constitucionalistas rompe el equilibrio de poderes. El Gobierno ha acudido al Tribunal Constitucional (TC) y ha declarado que dicha ley es inconstitucional.
¿Pero quiénes integran el consejo consultivo de la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, que asesoró en este polémico tema? Veamos. Lourdes Flores Nano y Oscar Urviola, quienes defendieron la tesis de Fuerza Popular sobre el supuesto fraude electoral; Ángel Delgado, abogado del sentenciado exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry; el joven abogado Lucas Ghersi, impulsor de la recolección firmas contra la asamblea constituyente; Gustavo Gutiérrez, defensor del excandidato de la derecha extrema Rafael López Aliaga; entre otros. Entonces no es muy difícil ver por dónde viene la cosa. La mayoría de ellos estuvo en primera fila objetando el triunfo de Castillo e hicieron comparsa a la tesis del fraude electoral de la derrotada Keiko Fujimori, sin que existan las pruebas contundentes que respalden su teoría. Y la opinión de este consejo ha sido determinante para impulsar la aprobación de esta controvertida norma que se dirimirá en el TC.
Opiniones y cambios
El exministro de Educación y sociólogo, Nicolás Lynch, en su artículo “La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis (1990-2020)”, plantea el origen y el desarrollo de la derecha peruana como una derecha neoliberal. “En un primer momento, con el fujimorismo se trató de una derecha autoritaria, y en una segunda etapa, de una derecha que mantiene la continuidad del modelo, pero que transita a la democracia. Sin embargo, es una transición inacabada, ya que la continuidad neoliberal promueve una democracia limitada administrada por tecnócratas. Los escándalos de corrupción de los últimos años revelan el agotamiento de este modelo”. El periodista César Hildebrandt señala que “Nosotros somos los únicos que tenemos una derecha tan burra, cerrada, ensimismada en sus goces que no quiere cambiar la Constitución de 1993, la cual debe ser reformada porque el mundo ha evolucionado, panorama que no comprenden los partidos políticos de derecha”. Dos visiones de lo que significa la derecha actualmente en Perú, que no comprende que se requiere de una carta magna más inclusiva, socialmente igualitaria, que no solo genere riqueza al gran empresariado, sino que esta se distribuya de manera equitativa para lograr un desarrollo sostenido.
Por ejemplo, es necesario modificar el Capítulo Económico, de tal manera que el Estado tenga un rol más activo en el desarrollo socioeconómico del país, no puede ser un ente casi inexistente, ausente de los temas esenciales, que deja que el libre mercado determine todo (modelo neoliberal) y que el sector privado tenga todos los privilegios y concesiones, casi como un ser intocable, en los últimos 30 años. Esas prebendas son consecuencia de esta Constitución instaurada durante la dictadura de Fujimori, que con tal de atraer a los inversionistas promovió una serie de exoneraciones tributarias a las empresas (que se mantienen hasta hoy), vendió las compañías del Estado -varias estratégicas- a precios irrisorios bajo el argumento de que eran deficitarias, se fomentó una terrible corrupción, se agudizó el desempleo, la informalidad y la pobreza. Es por ello que la Constitución debe adecuarse a los nuevos tiempos, porque las demandas ciudadanas por mejoras económicas, por ser parte de este Estado que los ha olvidado e invisibilizado, son cada vez más urgentes. En el país vecino de Chile ya se redacta un nuevo estatuto tras dos años de convulsión política, pues la Carta Magna de 1980, gestada en la dictadura de Augusto Pinochet, perdió vigencia y la clase política consideró vital tener un nuevo documento que conduzca sus destinos. ¿Por qué en Perú no se puede hacer algo similar?
Actos deshonestos
En las tres últimas décadas hemos visto cuál ha sido el comportamiento de la derecha empresarial y los partidos políticos que los han apoyado para concretar sus intereses, sus objetivos siempre han sido obtener el poder y mantenerse allí el tiempo que sea necesario para consumar sus apetitos y codicias. Para ello no han escatimado esfuerzos de tipo económico para financiar campañas políticas, entregando maletas con miles de dólares y así lograr que “su candidato (a)” gane las elecciones (aunque en los últimos procesos el tiro les ha salido por la culata). Para ello han tenido como aliados a los medios de comunicación más poderosos e influyentes del país, que en aras de mantener el modelo económico y defender su statu quo, no han reparado en destruir al contrincante con medias verdades o noticias falsas, sin importar pisotear sus propios principios rectores. También hemos sido testigos de cómo gran parte de esta derecha empresarial y política cayeron en las garras de la corrupción, desde la década del 90 hasta revelarse el caso Odebrecht, que involucra a varios expresidentes de la República, quienes habrían recibido millonarios sobornos para entregar las obras públicas a la constructora brasileña. Así se ha conducido la derecha peruana en los últimos 30 años, en medio de sombras y caminos sinuosos, casi siempre ligados a actos de deshonestidad, inmoralidad e indecencia.
El constitucionalista Pedro Grandez señala que el Congreso busca el choque con el Ejecutivo y no quiere dejarlo gobernar, lo cual plantea un horizonte complejo en estos años y meses que vendrán. Lo que queda claro es que hay un sector golpista dentro del Legislativo, que no acepta al Gobierno del presidente Castillo, por ello el riesgo de vacancia presidencial está instalado desde el primer día. Estos parlamentarios golpistas están en consonancia con grupos de poder económico que claramente conspiran contra el régimen. Si bien Castillo ha incurrido en errores puntuales de gestión desde sus inicios, como la designación de Guido Bellido en el premierato, o la de algunos ministros con pasados tormentosos, tampoco es válido ni oportuno ir por el camino de la vacancia. El Congreso no se jugará tan temprano una bala de este calibre y seguramente dará el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez. Pero sí esperará el momento oportuno para desenvainar la espada y poner en jaque al presidente. En política no hay coincidencias y todo puede pasar.
Oportuna reflexión
Antes de terminar este artículo, les dejo una reflexión importante que el sociólogo Sinesio López Jiménez escribió en su blog sobre la derecha. “En el Perú no existen investigaciones históricas y empíricas que ayuden a definirla mejor. La peruana es una derecha difusa, borrosa, sin perfiles claros. Ella alberga a conservadores y a reaccionarios, a los defensores de la tradición y del statu quo, a los promotores del autoritarismo (la mano dura) y a los arribistas de toda laya. Los mueve el miedo a los otros que pueden desbordarlos (los indios, los cholos, los amazónicos). Prefieren el orden al cambio y a la libertad. Son elitistas y están contra toda participación de las masas. Son partidarios de la versión extrema del neoliberalismo (sólo mercado y nada de Estado, exportación primaria sin industrialización, apertura total al libre comercio sin protección de los intereses nacionales, autorregulación del mercado sin protección de la sociedad, libre movimiento de capitales sin regulación, explotación del trabajo sin derechos del trabajador, puro goteo y nada de distribución equitativa)”.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
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