La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, aprobó, por mayoría, el dictamen del PL 5134/2020- CR, que propone establecer la pena de cadena perpetua para los altos funcionarios que hayan cometido delitos contra la administración pública tipificados en el Código Penal.
La propuesta del legislador Otto Guibovich Arteaga (Acción Popular) contempla la pena de cadena perpetua para funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, es decir, el presidente de la República, congresistas, ministros de Estado y magistrados del Tribunal Constitucional.
Además, los miembros de la Junta Nacional de la Justicia, vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del Pueblo, y al contralor general de la República.
Los argumentos
Guibovich Arteaga afirmó que su iniciativa, reconociendo posiciones diferentes de doctrina y credos, prioriza la posición de desesperanza que sume a la población ante los sucesivos gobiernos que han empobrecido a la patria.
"Entiendo que la educación es el camino, pero un cambio de mentalidad demorará más de una generación y necesitamos reeducar a la población, cambiar de modelos, cambiar la idea que se puede robar y quedar en el anonimato. Esta es una acción de contención necesaria ante la situación de corrupción que vivimos", explicó.
Distinciones
En el análisis de la norma propuesta se contempla que sí es posible distinguir entre los autores de los delitos contra la administración pública en función del cargo que ostentan al momento de cometerlos.
Sobre la base de nuestro texto constitucional se puede distinguir entre los altos funcionarios públicos que son los que tienen antejuicio político y funcionarios de otros niveles como lo establece el artículo 99 de la Constitución vigente.
El artículo 2 de la propuesta legislativa modifica el artículo 46-A del Código Penal en los siguientes términos:
"Constituye circunstancia agravante cuando el sujeto activo de los delitos contra la administración pública, tipificados en los artículos 384 (colusión simple y agravada), 387 primer y segundo párrafo (peculado doloso), 389 (malversación), 393 (cohecho pasivo propio), 394 (cohecho pasivo impropio), 399 (negociación incompatible), 400 último párrafo (tráfico de influencias), y 401 (enriquecimiento ilícito) del presente código, es un funcionario público, en cuyo caso la pena es de cadena perpetua".
El dictamen también propone modificar el artículo 401 del Código Penal.
Impacto de la corrupción
El 70% de los peruanos considera que la corrupción ha sido el principal problema del país durante los últimos 50 años. Lo precisa la Encuesta Nacional de Valores y Ciudadanía 2020, elaborada por el Proyecto Especial Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Carlos Contreras, historiador de la PUCP, recuerda el trabajo vital que dejó su colega, Alfonso W. Quiroz (1956-2013), Historia de la corrupción en el Perú (2008), un clásico para reflexionar sobre el tema desde finales del siglo XVIII, hasta la caída de gobierno de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, en el 2000.
“La corrupción en la esfera pública tiene que ver con las operaciones financieras del Estado. Desde el préstamo de Juan García del Río [1822, tiempos del general San Martín] se incurre en la mala práctica; los banqueros londinenses le ofrecen una comisión por cada punto de tasa interés. De esta época, también, es el gran festín de los generales de Independencia, quienes se reparten minas, casas, haciendas, esclavos. Lastimosamente, la patria nace manchada de corrupción con esa gestión de bienes”, opina.
Contreras explica que la corrupción tiene un ojo sobre las obras públicas, sucede desde el primer ferrocarril Lima-Callao hasta el reciente megacaso de la constructora brasileña Odebrecht. “Hay un largo collar de obras públicas; de irrigación, carreteras, ferrocarriles, hospitales, que fueron un asidero de la corrupción”.
Otra característica es que estas malas artes son aliadas del financiamiento de los políticos. “La Casa Gibbs financió las aventuras políticas de Ramón Castilla como la Casa Dreyfus a Nicolás de Piérola. Y así llegamos hasta actualidad. Los políticos se apoyaban en empresas a las que luego debían favorecer”, dice Contreras.
FUENTES: Andina / El Peruano
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