La candidata a la presidencia de la república por Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, conversó con Expresión, explicando los alcances de una de sus principales propuestas en la presente campaña electoral, referida al sector agrario, frente al cual – asegura – el Estado se mantenido de costado en los últimos años.

La representante de izquierda sostuvo que en los últimos años el Estado ha dado una serie de beneficios de índole legislativo, laboral y tributario a las grandes empresas, principalmente del sector agroindustrial, dejando de lado a los pequeños agricultores.

“En los últimos años hemos visto cómo el Estado se ha puesto de costado, beneficiando exclusivamente a las grandes agroexportadoras a las que se ha privilegiado con grandes subsidios y exoneraciones, manteniendo un régimen de explotación a los trabajadores, dejando a la pequeña agricultura y familiar, que es la que más dinamiza la economía nacional y garantiza la alimentación de los peruanos, en el abandono. Este es el sector que debemos impulsar en realidad”, aseveró la aspirante a la presidencia de la república.

La reforma

Bajo el lema “Vamos a cambiarlo todo”, Verónika Mendoza propuso la aplicación de una segunda reforma agraria, evocando a la medida adoptada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en junio de 1969, decisión que para muchos terminó por partir la cadena productiva del país.

La candidata afirmó que esta vez, reforma implica poner al Estado al servicio de la agricultura, a fin de impulsar el mejoramiento de su tecnificación y aprovechamiento de los mercados.

“Cuando hablamos de una segunda reforma agraria nos referimos a reformar el Estado para que pueda constituir, como hemos planteado concretamente, un gabinete rural, con la participación de los ministerios de Agricultura, Economía y Finanzas, y Transportes y Comunicaciones, porque la agricultura tiene que ver también con sacar los productos al mercado local, regional y nacional”, señaló.

Mendoza sostuvo que la propuesta es la demanda recogida en todo el país, en el afán de revitalizar “a la pequeña agricultura y la agricultura familiar, que han sido abandonadas por el Estado en los últimos años”.

“Nuestra propuesta de segunda reforma agraria es mucho más amplia. Tiene que ver principalmente con recuperar la capacidad del Estado para impulsar decidida y efectivamente a este sector que es estratégico para nuestra economía nacional”, enfatizó.

Azucareras

En relación a las azucareras, cuya problemática a partir de los conflictos que generan las administraciones judiciales, la postulante de Juntos por el Perú precisó que estas también están incluidas en la propuesta de la segunda reforma agraria.

“Hemos podido reunirnos con trabajadores de Tumán y Pucalá, quienes se han visto perjudicados con las administraciones judiciales en virtud de las cuales grandes empresas antipatriotas, incluso mafias, claramente coludidas con el poder político, con el Poder Judicial, con sectores mafiosos de nuestra Policía Nacional, se han apoderado de las empresas azucareras, las han desfalcado, dejando a los trabajadores sin remuneraciones, a los jubilados sin pensiones, con una situación realmente dramática que hay que resolver”, expuso.

Señaló que se ha comprometido con los trabajadores de las distintas empresas azucareras a trabajar para acabar con las administraciones judiciales y construir una nueva modalidad de administración con participación del Estado y de los trabajadores, de la manera más eficiente y transparente posible.

“Esta nueva modalidad se aplicará poniendo por delante los derechos de los trabajadores, que además han sido victimas de episodios de violencia. A mí me tocó estar hace un par de años en Tumán en pleno estado de emergencia, cuando la disputa con la mafia del Grupo Oviedo era durísima, a pesar que ya se conocía de sus componendas con el Poder Judicial”, comentó.

Añadió que la nueva modalidad de administración permitirá reflotar a la industria azucarera en el marco de una propuesta integral.

“En la segunda reforma agraria nosotros ofrecemos impulsar mejoras en el sector agrícola del país, modernizarlo, proveerle de capacitación, asistencia técnica, programas de riego, así como un programa nacional de compras públicas”, detalló.

Acciones

Consultada sobre si el modelo de administración que proyecta para las azucareras generaría un escenario de inseguridad jurídica y supondría desconocer la participación accionarial que grupos económicos tienen en las excooperativas, Verónika Mendoza manifestó que todo lo que se haya hecho de manera irregular debe ser revisado.

“Acciones que han sido compradas en bolsa, pero que en muchos casos han sido objeto de manipulación o corrupción y son investigadas, en algunos casos, por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS y de la Superintendencia del Mercado de Valores, que tienen que intervenir. Tiene que haber un rol más activo del Estado, que también es partícipe, accionista de las empresas. El Estado no puede ponerse de costado mientras se da el desfalco de nuestras azucareras o se dan episodios de violencia que afectan a los trabajadores y a las poblaciones locales involucradas”, señaló.

Agregó que aquello que lo se haya hecho con corrupción de por medio no puede mantenerse.

“Hay cosas que se han hecho comprando al Poder Judicial o con violencia y, por supuesto, tienen que ser revisadas. Todo contrato, todo acuerdo entre partes, se puede revisar con la legalidad y el diálogo, y eso es lo que nosotros podemos hacer. Lo que no haremos es ponernos de costado a las necesidades del país”, aseveró.  

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