Dos días después de que Uruguay rechazara su solicitud de asilo diplomático, el ex presidente Alan García entregó, por medio de su abogado, su pasaporte, certificado de trabajo y una constancia de domicilio ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, quien lo investiga por los sobornos que Odebrecht admitió haber entregado por las obras de la línea 1 del metro de Lima.
García tiene una orden de impedimento de salida del país desde el 17 de noviembre en el marco de esta investigación, que comprende a funcionarios de su segundo gobierno (2006-2011).
En un pronunciamiento ante la prensa, el ex mandatario refirió que en los próximos 18 meses, tiempo que dura la orden que le prohíbe abandonar el Perú, trabajará en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres y reiniciará su labor política dentro del Partido Aprista, que en la actualidad tiene cinco congresistas.
Alan García dijo que le resulta importante confiar en lo expresado por el presidente Martín Vizcarra así como por el titular del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, en el sentido, de que en el país “hay independencia de poder” y “no hay persecución política”.
El ex jefe de Estado adelantó que continuará asistiendo a todas las convocatorias que le haga el Ministerio Público.
“Seguiré asistiendo a todas las convocatorias que me hagan confiando en que se respeten todos los preceptos legales y constitucionales del país”, remarcó.
CRITICÓ INVESTIGACIÓN POR MUELLE NORTE
Sin embargo, Alan García lamentó que en las últimas semanas se hayan sumado denuncias en su contra “sin sospecha alguna”, en referencia a la investigación que se le inició por la concesión del muelle norte del Callao.
“He observado que se dice que ese muelle norte fue hecho con unos decretos que después fueron declarados inconstitucionales. Sí, fueron declarados inconstitucionales después de mi gobierno, durante mi gobierno era constitucionales, no podíamos anticipar que el Tribunal Constitucional tuviera otro criterio”, subrayó.
Añadió que la administración de Ollanta Humala debió realizar la revisión jurídica y buscar una “nueva forma” para concretar esa obra, pero no lo hizo.
“Por consiguiente me resulta irrito que cada uno de las obras hechas durante mi gobierno y son miles, se esté poniendo en tela de juicio sin ninguna sospecha, porque en ese tema del muelle norte no han señalado un sospechoso, un pago, una cuenta, una delación”, expresó.
El ex presidente Alan García adelantó que saldrá a defender cada una de “las miles” de obras que hizo su gobierno. “Espero que esto, que me llevará a recorrer el país, no signifique una respuesta de allanamientos, de detenciones o de nuevos procesos”, complementó.
Para finalizar, el líder del Partido Aprista consideró que su solicitud de asilo a Uruguay “no tuvo éxito por las presiones políticas existentes”, aunque refirió que “sí ha servido para que la comunidad internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté siguiendo muy de cerca cómo se sigue el respeto a la Constitución y ley en el Perú”.
ASILO TRUNCO
El lunes, después de poco más de dos semanas de que el ex mandatario Alan García solicitara asilo diplomático al gobierno de Uruguay, el presidente de ese país, Tabaré Vázquez, anunció el rechazo a este pedido, al considerar que en el Perú “funcionan libremente” los tres poderes del Estados, entre ellos el judicial, que investiga al líder del Partido Aprista.
“No hemos concedido el pedido de asilo […] En el Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estados, especialmente el Poder Judicial que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos [de García]. Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales, no concedemos el asilo político”, manifestó.
Vázquez también indicó que Alan García debía retirarse “inmediatamente” de la residencia del embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros, una vez que sea comunicado de la medida de su administración.
El presidente uruguayo precisó que tomó en cuenta, a la hora de tomar una decisión final sobre el pedido de asilo, que el líder del Partido Aprista está siendo investigado por presuntos delitos económicos, en referencia al presunto pago de 100 mil dólares que le hizo la constructora Odebrecht por una conferencia que brindó en Brasil.
Agregó que en las próximas horas la medida será oficializada por medio de un decreto presidencial.
Vázquez refirió que estudiaron el expediente que envió el gobierno del Perú de más de mil hojas así como la carta de Alan García y los sustentos de su abogado. Añadió que dejó de lado los pronunciamientos de ONG.
Por su parte, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa explicó que el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954, que fue citada por Alan García en su solicitud, establece que “no es lícito” conceder asilo a personas que al tiempo de pedirlo estén siendo procesadas por delitos comunes o hayan sido inculpadas por estos.
Nin Novoa afirmó que las investigaciones judiciales contra el ex jefe de Estado peruano “no constituyen persecución política”.
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