Es abogado del director del Colegio Manuel Pardo, sacerdote Ricardo Cruz Huamán, quien enfrenta una serie de juicios laborales.

A dos semanas de haber asumido la gerencia general del Centro de Gestión Tributaria – CGT de Chiclayo, Nicolás Mondoñedo Chávez, la mañana del 8 de febrero, abandonó su oficina para acudir al primer Juzgado de Paz Letrado Civil y pretender ejercer la defensa de su patrocinado Armando Raúl León Salazar, en el expediente judicial N° 00173-2016-0-1706-JP-CL-01, que se sigue contra Blanca Luz Lourdes Chimoy Calero y otros, por la demanda de indemnización por daños y perjuicios.

Los hechos, que llamaron poderosamente la atención de los trabajadores del entorno administrativo de Nicolás Mondoñedo Chávez en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, fueron advertidos a la prensa, ya que de acuerdo al Manual de Organización y Funciones – MOF, del ente recaudador, el desempeño de un cargo o función resulta incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, públicos o privados, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su neutralidad, imparcialidad o independencia.

LA AUDIENCIA

De acuerdo al acta de audiencia de pruebas levantada por el juez Juan Francisco García Mayorga, la diligencia judicial se desarrolló a las 11:30 de la mañana del día 8 de febrero. En la cita estuvo presente el demandante Armando Paúl León Salazar, quien no llegó acompañado de su abogado, que no era otro que Nicolás Mondoñedo Chávez. Según el demandante, el letrado “estaba llegando porque tenía otra audiencia”. Efectivamente, minutos después este se hizo presente.

Sin embargo, el juez Juan Francisco García Mayorga comunicó a las partes que en el acta se dejaba constancia de la concurrencia Mondoñedo Chávez como abogado de la parte demandante, identificado con carné del Colegio de Abogados N° 26156, quien estuvo presente en la audiencia mas no pudo participar por haber acudido después de iniciarse la diligencia.

Asimismo, estuvo presente la docente del Colegio Manuel Pardo, Miriam Muro Irigoyen, quien es parte del proceso como demandada. A su salida no pudo callar y preguntar si el abogado Nicolás Mondoñedo Chávez, quien ahora es gerente general del CGT, puede ejercer la defensa libre, cuando tiene una responsabilidad de carácter exclusiva con el ente recaudador.

“Tengo entendido que la Ley del Servicio Público prohíbe a los funcionarios públicos ejercer dos funciones a la vez, salvó que ejerza labores de asesor externo o docencia, pues existe incompatibilidad con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privados, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su neutralidad, imparcialidad o independencia”, señaló la docente.

MÁS JUICIOS

Miriam Muro sostuvo que en su vida como docente, especialmente en el Colegio Manuel Pardo, nunca ha tenido problemas con nadie y mucho menos de índole personal, pero es a partir del año 2011  en que su vida dio un giro de 180 grados, con la llegada del sacerdote vicentino Ricardo Cruz Huamán como director del plantel, quien inició una serie de actos hostiles contra el personal docente y administrativo.

Lo más preocupante del problema era que el sacerdote realizaba toda acción hostil contra el personal laboral del plantel presuntamente con el aval y la asesoría de su abogado asesor Nicolás Mondoñedo Chávez, lo que llevó a que se generé más de un despido arbitrario que conllevó a procesos de acción de defensa de los intereses de los trabajadores.

CASO EMBLEMÁTICO

Uno de los casos más resaltantes y que puso al descubierto el perfil del sacerdote Ricardo Cruz Huamán, así como al abogado que lo asesoraba, sucedió el 15 de agosto del año 2012, cuando el director, junto con las profesoras Silvia Paz Reaño, Lourdes Cotrina del Campo, Raquel Ramos Vargas y Rosa Sandoval Coronado, fueron demandadas por el padre de familia José Horna Segura, por el acoso que sufría su hijo en la institución educativa, recibiendo constantes llamadas de atención, partes disciplinarios e informes reiterativos de tutoría, llegando al maltrato verbal y en ocasiones obligándolo a recibir clases fuera del aula.

Lo grave de la demanda fue que el menor recibía calificativos como “burro” y “bruto”, los que eran “lanzados” por las docentes al estudiante, que en aquel entonces cursaba el cuarto grado de primaria y demostraba con los resultados de sus evaluaciones ser un alumno promedio, llegando a obtener notas sobresalientes.

“Una llamada telefónica grabada a una de las docentes en su debido momento reveló que los partes disciplinarios impuestos al menor eran dispuestos desde el nivel jerárquico superior del colegio con el propósito de separarlo”, comenta Miriam Muro, refiriendo que todo está sustentado en el expediente judicial.

Las pericias psicológicas practicadas al estudiante como parte del proceso judicial dieron como resultado el Protocolo N° 006586-2012-PSC, donde se señala que el menor presentaba “problemas emocionales ante el inadecuado ambiente escolar, manifestando fastidio y disconformidad. Con marcado deterioro del vínculo amical y afectivo con sus maestros, asociado a comentarios negativos, desarrollando un comportamiento crítico, evitativo, de rechazo y desaprobación hacia sus maestros y ambiente escolar, carga tensional que perjudica su desarrollo socioafectivo”.

Con la prueba en la mano, el juez Silverio Rivera corroboró la afectación al derecho de integridad personal en su forma de agresión psicológica, contra el bienestar y el desarrollo socio afectivo del estudiante.

De igual manera, la sentencia emitida señaló que los profesores demandados solo se limitaron a corregir de manera inadecuada la conducta del menor, “sin tener en cuenta que ellos como educadores deben tener la capacidad no solo de explicar su materia, sino de captar las capacidades y dificultades de sus alumnos en el proceso de aprendizaje de una manera individualizada”. Los maestros debieron evitar las llamadas de atención en público, esto es delante de sus compañeros de clase, como sacarlo del aula, avergonzándolo o poniéndolo en un aprieto delante de la clase.

Una de las razones – señala el documento de sentencia – para hostigar al escolar, era que su madre, quien era docente en el Colegio Manuel Pardo, ingresó al Sindicato de Trabajadores del Colegio Manuel Pardo, lo que habría influenciado en el sacerdote Ricardo Cruz Huamán para enfilar en un trato inadecuado contra el menor.

El juez Silverio Rivera, halló responsables al director y a las cuatro profesoras del colegio e impuso una multa equivalente a dos Unidades de Referencia Procesal – URP, pero además dispuso que los demandados desagravien y pidan disculpas al niño por la violencia psicológica ejercida, exhortándolos “para que en los sucesivo cumplan con sus deberes como educadores respetando todos los derechos de sus alumnos, incluido el de integridad personal”.

Este caso, en la etapa de apelación por parte de la defensa del director, generó incluso que la jueza Carmen Dávila Lombardi sea separada del cargo, al haber pretendido ayudar a Mondoñedo Chávez para que su recurso, presentado a destiempo, sea aceptado en el despacho del juez Silverio Rivera.

OTRO PROCESO

Con la docente Miriam Muro no solamente existe un solo proceso, sino que son 11 los juicios que el director del colegio Manuel Pardo mantiene con la educadora. De la totalidad de procesos, uno de ellos es de índole penal, debido a que el sacerdote habría violado el secreto a las comunicaciones. El resto de juicios son de tipo laboral, en los que actúa como abogado defensor Nicolás Mondoñedo Chávez. 

Muro Irigoyen refiere que a través de su correo electrónico personal: thally2002@hotmail.com remitió un email al correo de: vtorres@cmpardo.edu.pe, perteneciente a su amigo y colega Vicente Torres Saldaña.

En este correo electrónico se tenía como sumilla “Urgente amigo, ahí te envío lo que me ha dicho Lucho Ascencio”, adjuntando a la vez un archivo con el nombre “saben ustedes que les enseña el director R. Cruz”.

Lo que generó la denuncia contra el director del colegio fue que este, sin autorización alguna, habría leído la correspondencia privada de ambos profesores.

La investigación se encuentra en manos del fiscal Javier Quiroz Grosso, coordinador de la Tercera Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Chiclayo, quien ha solicitado un año de pena privativa a la libertad contra el director del Colegio Manuel Pardo, por presuntamente haber cometido el delito de “Violencia de Correspondencia” en agravio de la profesora Mirian Muro Irigoyen.

 respuesta de Mario el 2024-11-28.

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