Habrían cobrado derecho de puestos a comerciantes, pero dinero no habría depositado en arcas de ente recaudados. Entre los investigados se encuentran dos actuales jefes 

Al haber sido declarado caso complejo y tener la necesidad de desarrollar una pericia contable, la titular de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Magaly Quiroz Caballero, dispuso la formalización y continuación de la investigación por ocho meses más contra cinco ex funcionarias y dos actuales jefes del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT.

La investigación se desarrolla por el presunto delito de  peculado y omisión de funciones, al haberse presuntamente apoderado -los funcionarios y ex funcionarios investigados-  de varios miles de soles, de la recaudación de varios días en los centros de abastos de la Capital de la Amistad.

La investigación –señala la representante del Ministerio Público- requiere de una pericia contable en la cual se determine el monto presuntamente apropiado por parte de los investigados y para lo cual el peritaje deberá analizar y precisar los montos que presuntamente se habría apropiado cada uno de los investigados.

LOS INVESTIGADOS

Entre los investigados por peculado doloso se encuentran Jennifer Leonor Briceño Cortez, Marcela del Carmen Zapata Meoño, Malena Lissete Álvarez Farfán, Nohelia Transita Chiscul Villasis y Sergio Pedro Vásquez Rodríguez.

De igual manera, la Fiscal Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Magaly Quiroz Caballero, dispuso que se siga investigando al actual jefe de la División de Recaudación y Control de Deuda del ex SATCH, Ángel Leonidas López Castro, así también contra el jefe de la Sección de la Recaudación no Tributaria del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, Juan Arturo Boyer Ramos, sobre quienes se habría encontrado presunta responsabilidad en la comisión del delito contra la administración pública, en la figura jurídica de omisión de actos funcionales en agravio del Estado, y el ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – ex SATCH,   ahora llamado Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT.

De igual manera, mediante oficio N° 3129-2014-MP-2° FPPC-Ch/4° DI, el fiscal Carlos Gustavo Cáceres Alejos, Fiscal Provincial del 4° Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa  de Chiclayo, remite en XI tomos copia certificadas de la Carpeta de Control N° 078-2015-CG/CRN-EE-CC, resultante del Examen Especial al Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, con la finalidad que la Fiscalía que ahora investiga el caso preparatoriamente, proceda conforme a sus atribuciones.     

LOS HECHOS IMPUTADOS  

Tal como se detalla en la Disposición Fiscal N° Cuatro de la Carpeta Fiscal N° 2406075500-2015-354-0, del pasado 18 de enero del 2017, la que ha sido notificada a las partes involucradas en su centro de labores y domicilios, la investigación se inicia luego que la Contraloría General de la República  realizara un Examen Especial al Centro de Gestión Tributaria – Ex SATCH.

Se resalta que el 3 de setiembre del año 2015, la Contraloría elaboró la carpeta de control N° 078-2015-CG/CRN-EE-CC, advirtiendo dos hechos. El primero está relacionado con el dinero recaudado por los pagos únicos realizados por los administrados para obtener el derecho a conducir un puesto de ventas en algún mercado de Chiclayo y los importes pagados por conceptos administrativos derivados de los cobros a los comerciantes.

El segundo hecho – relata la Fiscalía en su Carpeta Fiscal-  se refiere que luego de otorgado a los administrados, tenían que realizar pagos semanales por concepto de merced conductiva, importe que se desprendía de las cobranzas que se hacían en los mercados 9 de octubre, Gamarra, Buenos Aires, Central, Diego Ferré, José Balta, La Primavera, Modelo y Santa Rosa.

Se detalla también que una vez que el comerciante desarrollaba el procedimiento de solicitud para obtener el derecho a un puesto en el mercado, y recibir la resolución municipal que le otorga la conducción del puesto, la que era emitida por la Gerencia del Ambiente y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Chiclayo, se le hacía conocer los pagos que debería hacer por concepto de gastos administrativos y pueda tener derecho sobre el puesto comercial.

La Contraloría advirtió que luego de otorgar a los administrados el derecho de conducción de puesto de mercado, éstos pagaban su derecho administrativo, y tenían que realizar pagos semanales por concepto de merced conductiva. El cobro se inicia con la asignación a los recaudadores de los recibos de ingresos manuales de la serie OIV-013 para la cobranza de la Merced Conductiva, la misma que también se realiza en el segundo piso del mercado Modelo, en el área de Otros Ingresos, jefatura que desde el año 2016 vuelve a estar en manos de Juan Arturo Boyer Ramos, quien está sometido a investigación por el Ministerio Público en el presente caso.

Durante la primera etapa de la investigación, la Contraloría descubre que desde el 04 de enero del año 2010 al 4 de noviembre del año 2014, existen vacíos en los registros de pago o descarga del concepto por merced conductiva realizado por los comerciantes de los 10 mercados que existen en la Capital de la Amistad.

La Disposición Fiscal N° Cuatro de la Carpeta Fiscal N° 2406075500-2015-354-0, señala que durante la etapa de investigación preliminar, personal de la Contraloría recabó recibos de cobranza por concepto de merced conductiva, los  que al verificar descubrieron que los importes pagados no estaban cargados o registrados en el Sistema de Tributación Municipal –STM.

La Contraloría – en la investigación- notificó a un total de 1,946 comerciantes para determinar si habían cumplido con el pago de su merced conductiva, descubriendo que entre los montos cobrados y registrados en el sistema, existen algunas diferencias.

JUGADA CON EL SISTEMA

En el periodo de investigación –señala la Fiscalía en su resolución- se ha llegado a determinar que respecto a la cobranza por merced conductiva, no se registra en su totalidad en el Sistema de Tributación Municipal, y los dineros tampoco fueron depositados en las cuentas bancarias del ex SATCH, ocasionando un perjuicio económico por 34 mil 210. 80 soles al Estado.

Se ha detectado –se señala- la existencia de merced conductiva que fue dada de baja, la cual había sido registrada en el STM y esta ascendía a 17 mil 445.85 soles; es decir, ese monto presumiblemente habría sido devuelto a los comerciantes.

Conforme al informe N° 06.1-010-0000000118- 2015 del 19 de junio del 2015, el jefe de la Oficina de Informática, Denis Obando, alcanzó un CD con las altas y bajas por concepto de merced conductiva durante el periodo 2009 al 2014, en el cual se advierte que con los usuarios: jbriceño (Jennifer Leonor Briceño Cortez, jefa del área de otros ingresos, y los terminalistas de caja, Sergio Pedro Vásquez Rodríguez y Malena Lissete Álvarez Farfán, habrían efectuado bajas de deudas por los conceptos de merced conductiva correspondientes a semanas que sí habían sido cobradas, pero no fueron registrados en el STM y el dinero tampoco fue depositado en las cuentas bancarias del ex SATCH.

El Ministerio Público toma como referente a los comerciantes María Inés Céspedes Céspedes, conductora del puesto N° 53-A del mercado Modelo de Chiclayo, quien canceló una deuda de merced conductiva de 36 semanas con recibió N° 013-0178960 del 11 de diciembre del 2013, por el monto de 53.50 soles; sin embargo, al hacerse la revisión se advirtió que dicha deuda había sido dada de baja con el usuario de sistema Jbriceño.

La Contraloría ha advertido –reza el documento fiscal- que los investigados del área de Otros Ingresos realizaron la cobranza por merced conductiva a los conductores de puestos de los 10 mercados con que cuenta la Municipalidad de Chiclayo, utilizando 432 recibos de ingresos manuales de la serie OIV-013, los mismos que no fueron registrados ni tampoco sus montos en el Sistema de Tributación Municipal  y por ende no fueron depositados en las cuentas bancarias del SAT de Chiclayo.   

OTROS CASOS

También, la fiscalía ha evidenciado la existencia de un total de 100 recibos de ingresos por deuda de merced conductiva a favor de los conductores del mercado modelo por parte de los técnicos recaudadores del CGT Sergio Pedro Vásquez Rodríguez y en ocasiones a Nohelia Tránsita Chiscul Villasis y de Jennifer Leonor Briceño Cortes; sin embargo, los dineros cobrados no fueron ingresados al STM ni depositados en la cuenta del ex SATCH, debido a que las deudas habían sido dadas de baja.

Asimismo, se advierte que la comerciante Alicia Elizabeth Ríos Sernaqué, conductora del puesto N° 106, sección golosinas, del mercado Modelo, mediante recibo N° 013-197546 del 28 de febrero del 2014, canceló 235.20 soles por concepto de merced conductiva, pero se descubrió que el recibo no había sido registrado, lo cual indica que el dinero no fue ingresado al STM y tampoco depositado en el banco.

Además, está el caso de Doris Amelia Castro Añasco, conductora del puesto N° 16 del mercado Modelo, quien canceló 182 soles el 1 de marzo del 2014, pero tanto en el STM como en las cuentas del ente recaudador, no fueron depositados, y más bien a la deuda se le había dado de baja. Para esa acción, se hizo uso del usuario “jbriceño”.

De igual manera, se habría llegado a establecer que en esta ocasión se habrían cobrado 221 recibos de ingresos de mercado de abastos por 39 mil 18.50 soles, los mismos que fueron registrados parcialmente en el Sistema de Tributación Municipal por el monto de 6 mil 902.95 soles. Es decir, la suma de 32 mil 115.55 soles no se habría registrado en el STM y tampoco se habría depositado en la cuenta del ex SATCH.

Asimismo, la contribuyente Paula Sánchez Ramírez, conductora del puesto N° 236 del mercado José Balta, canceló su deuda con recibo N° 013-109727 del 23 de julio del 2012 por un total de 190 soles, pero al momento de revisar el STM se habría determinado que solamente se habría registrado 98 soles. En este centro de abastos la Contraloría y la Fiscalía llegó a determinar que en ese mercado se cobraron un total de 490 recibos ascendentes a 22 mil 663.30 soles, pero en el STM solamente se registró un total de 8 mil 600.56 soles.

FUNCIONARIOS EN ACTIVIDAD 

La disposición N° Cuatro de la Carpeta Fiscal N° 2406075500-2015-354-0, del último 18 de enero y notificada en 25 del mes pasado, la Fiscal Magaly Quiroz también sindica a Ángel Leonidas López Castro, actual jefe de la División de Recaudación y Control de Deuda, como responsable del delito de Omisión de Funciones, debido a que durante el tercer periodo en que se desempeñó como jefe del departamento de cobranza del ex SATCH, desde el 20 de junio del año 2013 al 2 de diciembre del 2014, habría incumplido la función establecida en  el Reglamento de Organización y Funciones del ex SATCH, que señala que como función del jefe –literal “b” del artículo 41 del ROF- está la de “planificar las labores de control y cobranza de la deuda por conceptos no tributarios que sean responsabilidad del SATCH”, dentro de los cuales se encuentra el cobro de merced conductiva.

Ángel López Castro estuvo como Gerente de Operaciones y jefe del departamento de Cobranzas, del ex SATCH desde el 31 de octubre del 2012 al 30 de noviembre del 2012, y desde el 20 de junio del 2013 al 02 de diciembre del 2014.

De igual manera, la investigación fiscal también abraza a Juan Arturo Boyer Ramos, en su calidad de jefe del área de Otros Ingresos también se le imputa que habría cometido presunto delito de omisión de Actos Funcionales, pues en su condición del jefe del área no ha advertido los hechos en los que habría incurrido los investigados.

Lo raro y que llama la atención, es que el funcionario Juan Arturo Boyer, quien cumplió función de jefe de la unidad de otros ingresos del ex SATH desde el 17 de noviembre del año 2014 al 7 de enero del 2015, se encuentre en el mismo cargo y lugar a pesar que la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, ha tipificado la investigación como un caso complejo, y por el cual ahora es investigado.

DELITO TIPIFICADO

Que, de los hechos descritos en la investigación fiscal, se encuadra en el presunto delito contra la Administración Pública, en la figura de Peculado Doloso  por  la apropiación de caudales, así como por el presunto delito contra la Administración Pública en la figura penal de Omisión de actos funcionales.

La investigación preparatoria se encuadra en el denominado “Examen Especial al Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, así como en la declaración de los miembros de la Comisión Auditora que elaboró y elevó a la Fiscalía Anticorrupción la carpeta de control N° 078-2015-CG/CRN-EE-CC, integrada por Sandra Verónica Farro Macmillán, Carlos Alberto Díaz Malaver y Renato David Castillo Galdos.

Por la magnitud y complejidad de la investigación la Fiscal Anticorrupción, Magaly Quiroz, sustenta que el presente caso debe tener 8 meses de plazo para ser investigado en la instancia preparatoria, ya que se requiere de una pericia contable en la cual se determine el monto apropiado por cada uno de los investigados, para lo cual deberá analizar y precisar en la pericia los números de Recinos por concepto de pago de merced conductiva que le hubieran sido asignado a los imputados Jennifer Leonor Briceño Corte, Sergio Pedro Vásquez Rodríguez, Nohelia Transita Chiscúl  Villasi, Malena Lissette Álvarez Farfán.     

CITADOS

Para el 7 de abril, a las 9:00 de la mañana ha sido citada Leonor Briceño Cortez, a la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, con el objetivo que haga su descargo respecto a los hechos que son materia de investigación. También han sido citado Sergio Pedro Vásquez Rodríguez, Nohelia Transita Chiscul Villasis.

Para el 10 de abril, a las 9:00 de la mañana, ha sido citada Malena  Lissette Álvarez Farfán. Juan Arturo Boyer Ramos  ha sido citado para el 17 de abril a horas 10:30 de la mañana.

También se ha notificado a la terminalista de caja, Adriana Fabiola Díaz Romero, quien acudirá en calidad de testigo según el informe N° 002- AFDR-DTYC, del 11 de diciembre del año 2014

MÁS NOTICIAS

La disposición de la Fiscal Magaly Quiroz ha sido puesta en conocimiento del Procurador Público Anticorrupción de Lambayeque, para que asuma la defensa de los intereses del Estado. También del Juez de Investigación Preparatoria de turno de Chiclayo.

 respuesta de 681737 el 2021-07-18.

Deja tu Comentario