A Jenny Valiente Vásquez se le dispuso “investigue” a ex jefe del ex SATCH, pero hasta el momento no hay ningún informe. Sería denunciada administrativa y penalmente por omisión.
Poco le importó que la orden viniera del gerente general de la Municipalidad de Chiclayo, Manuel Fernando Correa Soveron. La Secretaria Técnica del Comité de Procesos Administrativos Disciplinarios del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Jenny del Pilar Valiente Vásquez, sería denunciada administrativa y penalmente por el presunto delito de Omisión a sus actos funcionales, al no haber actuado con celeridad, imparcialidad y legalidad, en la apertura de Proceso Administrativo Disciplinario, contra el ex jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, Nilton César Monje Sampén, quien es sindicado de haberse negado a cumplir con la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH, cuya acción ha generado que el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chingue, sea sentenciado a cumplirla.
La orden fue impartida en el mes de setiembre del año 2016 por el Gerente Municipal Manuel Fernando Correa Soveron, a la Secretaria Técnica de sanciones, Jenny del Pilar Valiente Vásquez, a quien mediante carta N° 161-2016- MPCH/STPAD de la Municipalidad de Chiclayo, se le hace conocer que se ha determinado abrir Procedimiento Administrativo al jefe del CGT de ese entonces, Nilton Monje Sampén, por no cumplir con la adecuación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015.
La demanda de cumplimiento del mencionado dispositivo municipal fue planteado por el ciudadano Víctor Luna Victoria Menacho, quien sustenta que los cargos que dichas personas ostentan, percibiendo sueldos que no les competen, habrían sido aprobados entre ellos, lo cual implica la comisión de delito sancionado en el código penal.
La mencionada disposición - Ordenanza Municipal N° 009-2015- ordenaba la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Propuesta de Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, amparados en los artículos segundo, tercero y cuarto.
El dispositivo municipal de gobierno, el cual fue publicado en el mes de abril del año 2015, otorgaba un plazo de 180 días al jefe del CGT y a su equipo de “asesores” para desarrollar la implementación del nuevo Reglamento de Organización de Funciones -ROF, así como la estructura Orgánica y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes al centro recaudador, caso contrario serían denunciados penalmente por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Pero es el caso, que a un año de la puesta en vigencia de la mencionada Ordenanza Municipal, Nilton Monje Sampén junto a su “equipo de asesores” no habían hecho nada de lo acordado y ordenado en sesión de concejo. Lo único que habían hecho era cambiar el nombre o razón comercial del ente recaudador; es decir, de Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo –SATCH, por el de Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo -CGT.
El haber cambiado de nombre al SATCH por el de CGT– se plasma en el documento- trajo consigo que los responsables administrativos pretendan sacar la vuelta a la Ley, creando nuevos puestos jefaturales y por ende el incremento de sueldos a ciertos funcionarios, a pesar que el CGT no cuenta con un Manual de Organización de Funciones –MOF de acuerdo a lo dispuesto.
¿SACADA DE VUELTA?
De acuerdo a lo que se señala en el documento, uno de los beneficiados con un nuevo cargo jefatural y mayor sueldo, es la misma persona que tenía que fiscalizar y sancionar a Nilton Monje Sampén, Jenny Valiente Vásquez, quien también ha sido cuestionada por permanecer varios años fuera del ente recaudador para irse a trabajar a una municipalidad, bajo la modalidad de licencia, pero esta fue por más de tres años y otorgada por la gestión edil del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, ahora detenido en el penal de Picsi con varios de sus funcionarios, al pesar sobre ellos investigación por presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, con el cambio de gestión municipal a nivel nacional; es decir, con el cambio de alcaldes a partir del primer día hábil del año 2015, Jenny Valiente Vásquez, quien había ido a trabajar a la Municipalidad de Bambamarca por más de tres años como Gerente de Rentas y Tributaciones, mientras en Chiclayo la gestión de Roberto Torres Gonzales le guardaba su puesto de trabajo, regresó al ex SATCH para ocupar el cargo de jefa de la División de Atención al Administrado, puesto que no existe por no haber un Manual de Organización de Funciones en la nueva estructura.
MÁS ACOMODOS
Otro que también disfruta de un jugoso incremento de sueldo y lo hace ocupando un puesto que tampoco existe, es el funcionario Ángel Leonidas López Castro, actualmente investigado por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, por presuntos actos de corrupción en el ente recaudador y por la supuesta pérdida de la merced conductiva – cobros de los puestos- en los mercados que son administrados por la Municipalidad de Chiclayo.
Durante la gestión municipal de Roberto Torres Gonzales, el funcionario se desempeñaba como jefe del área de Cobranza del ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, pero en la gestión de David Cornejo se le crea el cargo de jefe de la División de Control y Recaudación de la Deuda, lo que implicaba tener un mejor sueldo y mayor capacidad de gasto en los vales de movilidad, bajo el argumento de inspección, verificación y control.
“La mencionada Ordenanza Municipal cuenta con 5 artículos, pero en su artículo dos señala: “el de dar facultades al titular del pliego, para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e Implementación del nuevo ROF, así como la estructura Orgánica”, para el CGT”, explica el denunciante.
De igual manera, añade que el artículo tres encarga al jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, en ese entonces Nilton César Monje Sampén, el cumplimiento de lo dispuesto, de acuerdo a sus funciones, así como elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondiente.
Finalmente –explica- el artículo cuatro señala que la Ordenanza edil en cuestión “deroga aquellas normas municipales que se opongan a la vigencia de la presente ordenanza”, pero a pesar del tiempo transcurrido y prescrito, Nilton Monje y sus asesores no han cumplido con implementar tal y como lo señala el dispositivo legal, el nuevo Reglamento de Organización de Funciones -ROF, así como la estructura Orgánica y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes al centro recaudador
¿OÍDOS SORDOS?
Conforme se señala en la carta N° 212-2016-MPCH/GM, del pasado 27 de setiembre del año 2016, la cual fue ingresada por mesa de partes del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo el 28 de octubre último, con el objetivo de darle valor legal, y que está dirigida por el Gerente Municipal Manuel Fernando Correa Soveron, a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Jenny del Pilar Valiente Vásquez, le hace saber que existe una carta 161-2016- MPCH/STPAD de la Municipalidad de Chiclayo, y se le informa que se ha determinado abrir Procedimiento Administrativo al jefe del CGT, Nilton Monje Sampén, por no cumplir con la adecuación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015, lo cual le está generando acciones legales al alcalde David Cornejo Chinguel, debido a su incumplimiento.
Asimismo, el gerente municipal Manuel Fernando Correa dispone que a Jenny Valiente se le remita los actuados –documentos –expediente, levantado por la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, para su conocimiento y los fines pertinentes. El objetivo, de acuerdo a los plazos, es que la funcionaria inicie la “investigación” disciplinaria y actúe de acuerdo al reglamento tal y como lo había aplicado con otros trabajadores.
Es el hecho –según se hace conocer- que hasta la fecha Jenny Valiente Vásquez no ha abierto ningún Proceso Administrativo Disciplinario a Nilton Monje, y mucho menos ha informado al gerente municipal, Manuel Fernando Correa Soveron, las razones o motivos en casos se haya reservado el derecho de hacerlo, cometiendo falta grave y hasta delito de omisión de actos funcionales, lo que está sancionado en el Código Penal.
El informe elaborado por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, señala que Nilton Monje habría incumplido en la negativa de implementar lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH, y su negativa ha arrastrado al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para enfrentar una demanda constitucional de acción de cumplimiento, que lo ha llevado a ser sentenciado.
La demanda a la que se refiere la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - acción de cumplimiento- fue resuelta el 24 de octubre último por el titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, quien mediante resolución de sentencia N° 07, amparado en el expediente judicial N° 01676-2016-0-1706-JR-CI-04, ordenó que si en diez días hábiles, tras notificarse a las partes, el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, juntamente con el jefe del ex SATCh, Nilton César Monje Sampén, no cumplen con la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH, serán denunciados penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, la autoridad municipal recurrió a la apelación.
Además, como para evadir la Ley o evitar que la sentencia se ejecute, pues el magistrado le otorgaba 10 días hábiles para cumplir con lo ordenado, caso contrario sería denunciado penalmente por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, lejos de cumplir lo ordenado por el magistrado, la autoridad Municipal, presuntamente siguiendo los consejos de sus asesores, “pateó” lo ordenado por el magistrado, el 4 de noviembre convocó a una sesión de concejo extraordinaria para aprobar una nueva Ordenanza Municipal, la 018/2016-MOCH/A, con el objetivo de dejar sin efecto la Ordenanza Municipal N° 009-2015.
DOBLE SANCIÓN
Víctor Luna Victoria aclara que la omisión es un delito o falta consistente en abstenerse de actuar ante una situación que se considera un deber legal, e incluso también está amparado en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala sobre la Responsabilidad de la Administración Pública y del Personal a su Servicio por el incumplimiento de una acción administrativa.
“La mencionada Ley trata sobre la responsabilidad penal de las autoridades administrativas en la tramitación del procedimiento administrativo, pero es importante hacer conocer que el delito de omisión o retardo de función está previsto en el artículo 377 del Código Pena, señalando que: “el funciona público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa”, lo cual lleva a sostener que Jenny Valiente no solamente ha cometido falta administrativa, sino también delito penal”, sostuvo el letrado.
Explica que la mencionada funcionaria ha omitido una orden que se le dio, lo que pasa por un extraño silencio, aunque no se descarta que con su actitud se esté rehusando, lo que se refleja en la interpretación como que no quiere o no aceptó la orden que se le dio, la cual está amparado en un documento de gestión.
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