Agrupar las 32 normas actualmente existentes en materia electoral es lo que busca el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, con la implementación de un código legislativo, anteproyecto que ha presentado al Congreso de la República y que hasta marzo próximo estará sujeto al análisis y debate público, a fin de recoger aportes de las instituciones y los ciudadanos para mejorar la herramienta que en adelante regirá sobre las votaciones generales, regionales y municipales del país.
Según explican los consejeros plenos del JNE, Ezequiel Chávarry Correa y Raúl Chanamé Orbe, el Código Electoral permitirá optimizar los procedimientos vigentes para el funcionamiento de las organizaciones políticas, el desarrollo de los procesos de elección y la participación de las minorías, promoviendo cuotas específicas. Además, destacan que la propuesta legislativa promociona la democracia interna como requisito indispensable de cada partido y/o movimiento.
PRIMEROS PASOS
Al asumir la presidencia del máximo organismo electoral el magistrado Víctor Ticona Postigo, la gestión del código recibió un nuevo impulso, concretado en la entrega formal del documento a la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado Rubianes, para que la Comisión de Constitución y luego el pleno del parlamento evalúen y aprueben el proyecto.
Desde que se instaló el sistema electoral peruano, en 1931, hasta ahora se han dado una serie de normas, 32 en total, que se desarrollan de manera dispersa respecto a los asuntos electorales, por lo que desde el 2011, cuando el JNE fue presidido por Hugo Sivina Hurtado, se planteó al Congreso de la República el proyecto de ley de los Códigos Electoral y Procesal Electoral, siendo este el primer esfuerzo en corregir las anomalías normativas aún existentes en este campo.
Tiempo después, el JNE junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, y al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil – RENIEC, presentó iniciativas como la “Nueva Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano”, “Nueva Ley de Partidos Políticos” y el proyecto de “Ley de impedimentos para ser candidatos”.
En el 2015, en las proximidades de las votaciones generales, el Congreso de la República aprobó una reforma de la legislación electoral que resultó incompleta, y que además excluía algunas de las propuestas alcanzadas por los organismos autónomos como el JNE y la ONPE, dejando de lado temas fundamentales como la democracia interna, el financiamiento de partidos o la profesionalización de los operadores de justicia electoral.
Esto motivó a la gestión de Ticona Postigo a retomar la gestión del Código Electoral, previa actualización, a fin que este sea implementado antes de las votaciones regionales y municipales del 2018, y que esté fortalecido para el proceso nacional del 2021.
“Es necesario agrupar las leyes electorales que hoy en día están dispersas, para que de esta manera se pueda actuar con mayor eficiencia y eficacia, además de evitar que se repitan situaciones como las sucedidas en las últimas elecciones presidenciales, donde los plazos de tachas se vencían cerca a las votaciones y se generó incertidumbre entre las organizaciones, los candidatos y la población”, señala Chávarry Correa.
El integrante del JNE sostiene además que la aplicación del Código Electoral significaría la modernización legislativa y que pondría al Perú a la vanguardia, tal como sucede con países vecinos como Colombia, Brasil y Argentina, en los que los principios de la democracia interna e inclusión recogidos por las herramientas legales han posibilitado el fortalecimiento de los partidos.
EL CÓDIGO
El proyecto alcanzado por el JNE al Congreso de la República está conformado por más de 300 artículos, con lo que se propone una serie de iniciativas destinadas a la realización de procesos electorales transparentes, céleres e incuestionables.
“El Código Electoral constituye una valiosa herramienta legal fruto de la amplia experiencia del Jurado Nacional de Elecciones, que ofrece la oportunidad de producir mejoras sustanciales en el sistema democrático, en bien de los peruanos”, destaca Ezequiel Chávarry.
La inexistencia de un Código Electoral en el país no solo genera que la normatividad se mantenga dispersa, sino además que existan leyes contradictorias que afectan el normal desarrollo de las organizaciones políticas, los procesos eleccionarios y la participación ciudadana.
Chávarry Correa indica que, por ejemplo, existe incoherencia entre normas que provienen de épocas diferentes y afectan a los participantes de una elección, lo que se evitaría si se sistematizara la legislación. Esto también ayudaría a estandarizar los plazos para los distintos procedimientos, así como a superar los vicios legales.
INNOVACIONES
Uno de los principales aportes del proyecto es el fortalecimiento de los partidos políticos. En ese sentido se propone que todas las organizaciones electorales realicen comicios internos simultáneos y que los organismos electorales participen obligatoriamente en estos, a fin de promover la participación de los afiliados. La única forma de elección interna sería bajo la fórmula “un militante, un voto”.
Raúl Chanamé explica que de aprobarse el código propuesto por el JNE ningún partido podrá “sacarle la vuelta” a la democracia interna, debido a que actualmente las elecciones primarias para la selección de candidatos son una de las alternativas que tienen las organizaciones, toda vez que también pueden optar por los congresos o convenciones.
“Eso se acaba. Con el Código Electoral todos los partidos están obligados a realizar elecciones internas, ya no valen ni las famosas convenciones ni congresos, todos los militantes tendrán derecho a participar del proceso. ¿Por qué se fortalecieron los partidos en Colombia o Argentina? Porque se promovió la democracia interna, que finalmente los termina beneficiando a ellos. No puede haber un partido que diga que va a defender la democracia en el país si en el plano interno no la respeta”, asevera.
Otra modificación sería la creación real de la circunscripción de peruanos en el extranjero, que busca una mejor representación política de este sector del electorado. Para ello se crearía un distrito electoral especial, que permitiría la elección de cinco representantes directos ante el Congreso de la República.
Chanamé Orbe anota que esto no significaría el incremento del número de escaños en el congreso, que actualmente conforman 130 legisladores. “Se le quitaría a Lima cinco cupos, porque actualmente en ese distrito se tiene una cuota de peruanos en el extranjeros, pero que en la práctica no lo es”, refiere.
Además, se considera la implementación de Jurados Electorales Descentralizados para que trabajen de manera permanente, y no como actualmente sucede que se activan solo previo a las votaciones. “La propuesta es que existan jurados macroregionales para que haya mayor acercamiento a la ciudadanía, pero también para que estos puedan resolver los casos con mayor inmediatez y promuevan la profesionalización electoral. Actualmente los jurados especiales se componen por un juez, un fiscal y un ciudadano que se elige por sorteo. Pero este último ignora aspectos legales, por lo que se propone que sean los colegios de abogados los que designen al tercer integrante”, detalla el consejero del JNE.
Se destaca también que el Código Electoral propone incentivos laborales y económicos a los miembros de mesa, quienes serán acreedores a un día de descanso en sus empleos, el cual será remunerado, y al pago del 7 % de la Remuneración Mínima Vital por su participación en los procesos electorales.
Del mismo modo, se prohíbe al Congreso o a cualquier otro organismo emitir leyes nuevas una vez convocado el proceso electoral, lo cual pone reglas de juego claras para las organizaciones políticas, haciendo el proceso más transparente y expeditivo.
PARTICIPACIÓN EFECTIVA
Raúl Chanamé menciona que el Código Electoral plantea también que se aplique la alternancia hombre-mujer o viceversa en la conformación de las listas municipales, regionales o congresales, que además tiene como condición que si la lista es impar el último número será ocupado por una mujer, esto con el objetivo de incrementar la participación femenina en la vida política del país.
Esa iniciativa fue rechazada por el congreso anterior, con el argumento que vulnera la democracia interna de los partidos. Sin embargo, Chanamé Orbe refiere que insistir en su aplicación se constituye en una reivindicación política para las mujeres.
Otra innovación es el aseguramiento de la participación de representantes de las comunidades nativas o pueblos originarios en los consejos regionales, proponiéndose para ello la aplicación de la cifra repartidora diferenciada en relación a los postulantes no nativos.
TRANSPARENCIA ELECTORAL
“Para que el elector tenga la mayor información a su disposición se establece que los candidatos también declaren en su hoja de vida los procesos penales en trámite. Igualmente se amplía a 30 días antes del acto electoral la posibilidad de exclusión de un candidato en caso omita la relación de sentencias condenatorias firmes por delito doloso o incorpore información falsa”, destaca Chanamé Orbe.
Por su parte, Chávarry Correa explica que se bancarizarán los aportes de una organización política que sean mayores a una Unidad Impositiva Tributaria – UIT. Al reincidir o no cumplir con el pago de la sanciones se suspendería o cancelaría el registro de la misma.
Otro cambio es que se sancionaría de manera solidaria a la organización política y al candidato que cometa conducta prohibida en la propaganda electoral, y se excluiría al postulante en caso cuente con sentencia condenaría por inducción al voto.
“En importante que se logre la aprobación e implementación del Código Electoral, más porque estamos próximos a las votaciones municipales y regionales del 2018, en las que se elegirán a 12 autoridades. Necesitamos un cuerpo normativo coherente, eficiente y claro, preparándonos para el Bicentenario”, señala Raúl Chanamé.
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