El hijo mayor y el abogado del empresario Carlos Roncal Miñano salieron al frente para rechazar las imputaciones que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque ha levantado en su contra, al sostener que sería parte de las organizaciones “Hermandad – Empresarios del norte”, y que a través de esta habría ordenado el asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera.
“Mi padre tiene una actividad empresarial conocida y reconocida en Lambayeque desde hace más de 30 años y nunca ha estado involucrado en actos criminales, por lo que no entendemos cómo el Ministerio Público puede armar una teoría sin antes haber señalado con claridad cuáles son los hechos en los que presuntamente él participado para vincularlo a la organización criminal que se investiga. Lo peor es que hasta ahora solo se basa en los dichos de un colaborador eficaz que ha todas luces está desacreditado por sus contradicciones y porque no califica para acogerse a dicho beneficio”, señaló Daniel Roncal Peralta, hijo mayor Roncal Miñano, quien ofreció una conferencia de prensa junto al abogado Jorge Purizaca Furlón.
Roncal Peralta dejó en claro que la relación de su padre con la actividad azucarera quedó sin efecto el 2014. Ese año vendió su participación accionarial en la Empresa Azucarera del Norte, y luego se apartó de Agropucalá al ordenarse judicialmente el cambio de administración.
“Es importante esto porque el seudo colaborador eficaz señala que el pago a los sicarios que buscaban asesinar al auditor de la SUNAT se realizó en los exteriores de la Azucarera del Norte, en marzo del 2015, y mi padre un año antes había dejado de tener presencia en esa empresa”, aseveró.
EL COLABORADOR
Jorge Purizaca, valiéndose de lo informado por Expresión en las ediciones 996 y 997, cuestionó la validez de David Ángel Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, como colaborador eficaz del Ministerio Público, quien con el código 15012016 ha dado diversas versiones a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado sobre el acciones de las presuntas organizaciones “Hermandad y Empresarios del norte”.
Conforme a informado Expresión, Guerrero Rodríguez fue sentenciado en el 2012 a cinco años de prisión por el delito de receptación agravada, pena que fue dejada sin efecto al concedérsele el beneficio de la colaboración eficaz. El mandato judicial que aceptó el acuerdo entre el delincuente y el Ministerio Público fue claro al señalar que este quedaba prohibido de incurrir en nuevos actos delictivos, condición que infringió al participar, en junio del 2015, en el asesinado de Teodocia Flores Vásquez.
“De acuerdo al Nuevo Código Procesal quien se acoge a la colaboración eficaz no puede cometer delito en los diez años siguientes, pero este señor incurrió en grave acto al participar de la muerte de Teodocia Flores. Producto de esto fue enviado a prisión preventiva en septiembre del 2015 y en enero del 2016 nuevamente el Ministerio Público lo convierte en colaborador eficaz para que hable sobre el caso Hermandad del norte, y, lo que es peor, el fiscal Juan Carrasco Millones pidió en agosto del año pasado, dos meses antes que se realice el operativo contra los presuntos integrantes de la Hermandad del norte, que el Poder Judicial lo ponga en libertad, porque supuestamente su vida corre peligro en el penal. ¿Puede este reincidente ser la pieza clave de la investigación fiscal que involucra al señor Carlos Roncal? El testimonio de esta persona está desacreditado”, explicó el abogado.
Purizaca Furlón añadió que – conforme también ha informado Expresión – resulta cuestionable que el Ministerio Público haya aceptado a Guerrero Rodríguez al mismo tiempo como testigo clave del caso, “cayendo en el condenable acto de confirmar sus propios dichos como colaborador eficaz”.
“Lo que está haciendo el Ministerio Público es un fraude, un fraude que sin pies ni cabeza busca involucrar al señor Carlos Roncal en hechos en los que no existe carga probatoria. De todos los supuestos colaboradores eficaces que tiene la fiscalía en este caso el único que ha mencionado al señor Carlos Roncal es el 15012016, que como ya sabemos está incapacitado para darle validez a su testimonio, pero además que él mismo se corrobora pasando de colaborador a testigo. ¿Qué legalidad garantiza entonces la fiscalía a cargo del señor Carrasco Millones?”, increpa el letrado.
INCONGRUENCIAS
Según han explicado los familiares y la defensa legal de Carlos Roncal Miñano, en la carpeta fiscal existen una serie de incongruencias que “al parecer no han sido observadas por el Ministerio Público”.
Por ejemplo, cuestionan que los fiscales hayan aceptado solo la segunda declaración de Guerrero Rodríguez respecto al asesinato de Cieza Herrera. En la primera este dijo que “los Roncal lo buscaron para que él cometa el asesinato”, en marzo del 2015, y en su declaración narró que “el crimen fue encargado a los hermanos Sánchez Coronel”, presuntos cabecillas de la Hermandad del Norte.
“Lo peor es que según el colaborador eficaz en marzo mi patrocinado buscó asesinar al señor Cieza Herrera por las investigaciones que este le hacía en la SUNAT. Sin embargo, el señor Cieza Herrera nunca auditó a mi defendido, tal como lo confirman las resoluciones de SUNAT, y, peor aún, SUNAT recién abrió el proceso auditor a Carlos Roncal en abril del 2015. ¿Cómo entonces mi defendido iba a adelantarse a buscar la muerte del auditor antes que SUNAT le inicie la investigación y sin que sea, finalmente, Cieza Herrera quien lo investigó?”, cuestionó.
Jorge Purizaca negó también que el contador Antonio Arenas haya trabajado para Carlos Roncal, pues ante SUNAT los poderes estaban entregados al Estudio Contable Reynoso. “La auditoría a mi patrocinado concluyó en junio del 2015, y arrojó que el señor Carlos Roncal debía pagar poco más de 200 mil soles, monto que cumplió con abonar a la SUNAT. En agosto, el estado de deuda arrojó cero soles. Sin embargo, la fiscalía cree la versión de que mi patrocinado a través del contador Arenas le ofreció a Cieza Herrera medio millón de dólares como soborno. ¿Cómo le iba a ofrecer siete veces más lo que le tocó pagar para sobornarlo? ¿Si la deuda se canceló en julio del 2015, tenía sentido matar al auditor en diciembre de ese año? ¿Por qué el Ministerio Público ve las cosas con un criterio sesgado? ¿A quiénes protege?”, manifestó el abogado.
Deja tu Comentario