El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, ofreció una entrevista exclusiva a Expresión durante su breve estadía en Chiclayo, el último fin de semana. El magistrado, quien antes se desempeñó como abogado libre y juez superior de la Corte de Lambayeque, puso los puntos sobre la íes en relación a las garantías que deben ofrecer los administradores de justicia, y a las malas praxis que se aplican en perjuicio de los derechos de las personas.
Rodríguez Tineo, caracterizado por su mensaje directo, remarcó que todos los jueces tienen el mandato imperativo de ser garantistas; es decir, de asegurar el procesamiento debido a los investigados y cautelar en todo momento los derechos amparados por la constitución, entre ellos la libertad.
“Los jueces no pueden renunciar a lo que es un imperativo, un juez por naturaleza es garantista, no solamente en el área penal, donde con mayor razón debe serlo, sino también en el área laboral, civil y en todos los demás ámbitos de la jurisdicción. Pero, obviamente, hay circunstancias en que el garantismo se debilita, por la sencilla razón de que se cae en lo que se llama ‘el populismo penal’”, explicó el magistrado supremo.
Dijo, que “la gente quiere que a todo el mundo le den prisión”, porque de esa manera cree que se está protegiendo del principal problema que se tiene en el país, que es la inseguridad ciudadana, por lo que considera a este fenómeno como una reacción instintiva de la población.
“Pero los jueces no pueden estar a ese nivel, estos tienen que responder con la razón jurídica y eso significa poner las garantías procesales por delante. A la presunción de inocencia hay que respetarla en todas las etapas del proceso, una persona es culpable solo cuando se ha emitido una sentencia condenatoria firme, en última instancia, y cuando el Ministerio Público haya logrado con suficiente carga de prueba quebrar la presunción de inocencia”, afirmó.
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema de la República anotó que toda persona investigada tiene derecho a mantener su libertad hasta que existan suficientes elementos de convicción que validen la ejecución de medidas cautelares como la prisión preventiva.
“La regla es: primero te investigo y luego te detengo, pero ahora se ha invertido esa regla, y eso está violando la presunción de inocencia. Una persona que está amparada por la presunción de inocencia debe recorrer el proceso penal en libertad, y cuando ya sea declarado culpable debe ir preso. Esa es la regla, pero también hay excepciones. Cuál es la excepción, cuando se trata de sujetos que pueden poner en riesgo el proceso, lo cual no aplica a aquellas personas que tienen arraigo familiar, patrimonial y laboral. ¿Por qué dar prisión preventiva en estos casos?”, enfatizó Rodríguez Tineo.
DERECHOS HUMANOS
Asimismo, precisó que es obligación de los actores del sistema de justicia preservar los derechos de los investigados e incluso de quienes han sido sentenciados, por ser mandato de Estado la defensa de la persona humana.
“En el Perú, lamentablemente, ahora, se están resquebrajando las garantías, pero no significa que hayan desaparecido, y tampoco van a desaparecer porque están en la constitución, y además en los tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos y el Perú tiene que respetar los derechos de todas las personas. ¿Los delincuentes tienen derechos? Sí, por el simple hecho de ser seres humanos, y ahora incluso los animales tienen derechos. Sin embargo, hay una corriente que dice que los que delinquen se apartaron de la sociedad, no tienen derechos y, por lo tanto, hay que darles el trato de fieras. Entonces, si a una persona le dan trato de fiera la convierten en fiera. De qué se quejan después. La respuesta del Estado no es descender al nivel de la delincuencia, si el Estado se vuelve delincuente no tiene autoridad moral para combatir a la delincuencia”, afirmó.
Añadió que si bien se trata de un tema bastante complejo, “los jueces del Perú no tienen por qué someterse a ningún tipo de presiones”.
Ejemplos abundan de investigados por el Ministerio Público que fueron enviados a prisión preventiva y luego liberados por exceso de carcelería, sin que los fiscales hayan sido capaces de esquematizar teorías suficientemente convincentes para que sean procesados y sentenciados.
A esto se suma que, en legítima defensa, muchos de los investigados recurren al auxilio constitucional para salvaguardar su libertad y asegurarse el debido proceso, lo que ha desatado – en palabras del presidente del Tribunal Constitucional – “una fiebre de amparitis en el Perú”.
PRETENSIONES FISCALES
Al respecto, dejando en claro que no tiene autoridad sobre los jueces y tampoco sobre los fiscales, Duberlí Rodríguez afirmó que los representantes del Ministerio Público deben evaluar con mayor criterio sus investigaciones antes de presentar requerimientos al Poder Judicial.
“Desearía que los fiscales pidan medidas cautelares, prisiones preventivas o embargos cuando tengan suficientes elementos de convicción que justifiquen una decisión, pero que además acrediten el peligro procesal de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria, si no lo hace el juez no tiene por qué amparar un pedido de prisión preventiva, porque así lo señala la ley. Entonces, como la fiscalía es parte interesada y parcializada en una investigación, al igual que la defensa, el imparcial es el juez. El juez no puede ser mesa de partes de la fiscalía. Si la fiscalía pide 100 prisiones preventivas y el juez las admite todas, entonces deja de ser juez y se convierte en fiscal”, aseveró.
Poniendo énfasis, el magistrado supremo indicó que los principales responsables en los excesos de las prisiones preventivas son los jueces, porque son estos los que deciden.
“Pero también tiene una responsabilidad secundaria los fiscales, porque han convertido en deporte las prisiones preventivas. Piden prisión por cualquier cosa y condenan a lo que se llama ‘la pena del banquillo’ a las personas, que, aunque después sean absueltas, son vistas por la sociedad como culpables”, señaló.
¿Quién resarce el daño causado? Duberlí Rodríguez indica que debería ser el Estado, existiendo la obligación de indemnizar a la persona por los errores judiciales cometidos.
“Para poner un ejemplo está el caso de Liliana Castro Manarelli, imputada en el asesinato Fefer, ella estuvo cuatro años en prisión preventiva y luego fue absuelta, declarada libre de todo. ¿Quién le ha devuelto el daño causado? Nadie. Por eso es que el garantismo penal debe existir, porque se trata de una persona sola enfrentada a todo un aparato. La persona seleccionada por el sistema de persecución penal, sea sardina o sea tiburón, debe gozar de garantías”, afirmó.
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
Duberlí Rodríguez suma más de 20 años como magistrado. Durante 11 años fue vocal superior en la Corte de Lambayeque, fue presidente de tribunal, ha juzgado a bandas, a delincuentes comunes, a terroristas, ha sido juez sin rostro y hace 10 años permanece en la Corte Suprema.
En base a esa experiencia – sostuvo – es necesario que en la judicatura se vayan generando subespecialidades, además de las ya conocidas (penal, laboral, civil, de familia, etc.), que permitan una mejor aplicación del Derecho y procesos correctos.
Dijo esto como respuesta a quienes han cuestionado su decisión, como presidente del Poder Judicial de implementar un equipo de jueces especializados contra la corrupción, quienes tendrán a cargo, por ejemplo, la revisión del caso Lava Jato. Los críticos indican que esta decisión vulneraría el principio de “juez natural”.
“Dentro de la propia justicia penal, los jueces podemos ver robos agravados, homicidios, tráfico de drogas, delitos tributarios, es decir, todos los temas. Pero cuando se trata de criminalidad organizada, en el ámbito de la corrupción, que no solo es nacional sino también trasnacional, nos obliga a realizar investigaciones fuera de nuestras fronteras, ir a los bancos mundiales, a los paraísos fiscales, revisar las onffshore. Eso requiere mayor especialización y por eso no es ninguna irregularidad de que se forme una justicia anticorrupción, lo que no implica violar la figura del juez natural”, explicó.
Detalló que el sistema de justicia anticorrupción, a cargo de la jueza lambayecana Susana Castañeda Otsu, solo revisará casos de connotación nacional e internacional. “Si un alcalde es denunciado por cualquier delito de corrupción, será procesado por los jueces de su jurisdicción”, aclara.
El sistema tendrá nueve órganos jurisdiccionales y estará conformado por 14 jueces, elegidos entre los más calificados a nivel nacional.
PROBLEMAS INTERNOS
En el plano interno, Rodríguez Tineo señaló que la corrupción en el Poder Judicial, en cuanto a jueces, es mínima. Destacó que la mayoría de magistrados son probos y capaces, y reconoció también que por la inconducta de algunos administradores de justicia se ha generado descrédito general de este poder del Estado.
“Cada juez es un soldado en la lucha contra la corrupción, porque esta no solo puede entrar por los magistrados, sino también por quienes están a su alrededor, es decir los secretarios, los relatores, los auxiliares, quienes caen en la corrupción menuda u hormiga. A veces por poner un escrito primero que el otro cobran, pequeñeces, pero cobran. Por lo tanto, el juez debe saber con quién trabaja, ser un garante que quienes trabajan con él son personas honradas. Entonces el primer filtro es el propio juez”, remarcó.
Acotó que la OCMA tiene también toda la estructura y la tecnología para investigar los actos de corrupción.
“Pero aquí también hay un problema de la ciudadanía, porque si hay un juez corrupto es porque hay un litigante corruptor. Ese tipo de conductas también deben corregirse”, precisó.
Finalmente, el presidente del Poder Judicial señaló que se trabaja un proyecto para que en adelante las plazas de jueces supernumerarios sean ocupadas por servidores judiciales y ya no por abogados libres, quienes al no tener ningún vínculo con la institución muchas veces descuidan los principios éticos y la probidad en su ejercicio. De este modo – aseguró – también se promoverá la meritocracia.
Asimismo, Rodríguez Tineo indicó que se evalúa la creación de organismos macroregionales de derecho constitucional, que permitan atender con mayor celeridad los recursos presentados por los litigantes y que hoy son revisados por los jueces civiles.
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