Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque los exhorta a resolver sus problemas societarios y buscar una solución definitiva al manejo de las agroindustriales.
A 20 días de asumir la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el magistrado Aldo Zapata López dialogó con Expresión y compartió algunos alcances de las líneas maestras que regirán su gestión, la que se prolongará hasta diciembre del 2018. Firme en su compromiso, el titular del Poder Judicial sostiene que es momento de señalar y sancionar a quienes cometen actos irregulares en la administración de justicia. Asimismo, llama a los trabajadores y accionistas de las empresas agroindustriales a deponer sus diferencias, lo que pondría fin a la injerencia de los jueces en el control de las azucareras.
Zapata López destaca que su predecesora, Ana Salés del Castillo, dejó una valla alta en cuanto a la productividad de la Corte, que en el último año se ubicó entre las primeras a nivel nacional por el número de expedientes resueltos.
Sin embargo, pese al avance logrado, los más de 60 días de paralización de los servidores del Poder Judicial han generado el embalsamiento de procesos, cuya carga deberá disiparse en los próximos meses a fin de recuperar el ritmo de trabajo que se tuvo antes de la huelga.
“Este año se presenta un escenario muy distinto y es por eso que el propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, consciente de esta realidad, propuso y consiguió que se suspendan las vacaciones de los trabajadores. Se ha declarado en emergencia la resolución de casos, porque se tiene una carga permanente de expedientes que se ha incrementado con lo que no se atendió por los días de huelga. Hay entonces de parte de los trabajadores el compromiso de recuperar las horas de paralización, pero además de retomar el nivel de productividad que se tuvo hace algunos meses”, menciona.
Aclara que si bien los avances en productividad son notorios, aun no se ha medido si el incremento en la resolución de expedientes significa también calidad, aspecto que deberá evaluarse este año. “Los jueces de Lambayeque han cumplido las metas establecidas por el Poder Judicial a nivel nacional, pero además han superado en exceso los objetivos definidos. No es posible aún decir que el plus de productividad significa menor calidad, pero esta sí es una preocupación permanente entre los magistrados. Hay que cuidar calidad y cantidad, y es probable que este año podamos medir ambos indicadores”, señala Zapata López, precisando que los jueces de apelaciones deberán ponderar y establecer criterios que permitan avanzar y no retroceder sobre lo alcanzado en el 2016.
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES
El próximo año se cumplirá una década desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Lambayeque, herramienta que ha permitido mayor celeridad, al igual que la Nueva Ley Procesal Laboral, puesta en vigencia desde el 2010 en el distrito judicial, y así como son evidentes los logros obtenidos por los actores del sistema de justicia, son también notorias las necesidades por cubrir, principalmente de recursos humanos y nuevos órganos jurisdiccionales.
Las carencias no solo se concentran en el ámbito penal, sino también en el laboral y familiar, especialidades donde la carga es todavía elevada.
Aldo Zapata refiere que de esta realidad es consciente el gobierno nacional, por lo que se han impulsado reformas para agilizar la solución de las controversias judiciales, dotando para ello a las cortes del país de más órganos jurisdiccionales y de mayor número operadores como jueces, especialistas y trabajadores.
“Este año esperamos contar con los órganos jurisdiccionales suficientes para resolver la carga. Las decisiones que se implementan se dan desde Lima, nosotros somos los requirentes y es obvio que necesitamos más órganos de atención en cualquiera de las especialidades. En la presidencia se reciben todos los días solicitudes, reclamos y preocupaciones de los jueces que consideran que no están en las condiciones para ofrecer un mejor servicio. Necesitan más personal, nosotros necesitamos más jueces que puedan enfrentar la demanda de justicia que es cada vez mayor”, señala.
Lucha anticorrupción
Elegido como presidencia de la Corte de Lambayeque, el uno de diciembre del año pasado, Zapata López aseguró que su gestión se caracterizaría por aplicar “cero tolerancia a la corrupción”. Bajo esa premisa – sostiene – en las primeras semanas de su mandato ha dispuesto que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, a cargo del juez Cástulo Rojas Díaz, actúe con rigurosidad respecto a las denuncias por irregularidades en la labor jurisdiccional.
“Estamos instruyendo al órgano de control local para que prioricen atenciones en la lucha contra la corrupción. En los años anteriores hemos tenido una ODECMA muy comprometida, sentando bases claras para que todos los actores judiciales sepamos que la corrupción no debe acompañar a nuestro trabajo. Es decir, se ha hecho una labor preventiva muy interesante, muy amplia. Pero notamos que después de la prevención, del aviso, de la comunicación y advertencia, es tiempo ya que quienes no han entendido la tolerancia cero a la corrupción sean investigados y sancionados. Esas son las instrucciones al órgano de control y en eso está trabajando ahora”, señala el magistrado.
MEGAPROCESOS
De acuerdo a la proyección del Ministerio Público, al cumplirse el primer trimestre de este año la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo estaría lista para formular la acusación penal contra los integrantes de la presunta organización delictiva denominada “Los limpios de la corrupción”, liderada por el exalcalde Roberto Torres Gonzales.
Este escenario – indica el presidente de la Corte – será una prueba de fuego tanto para la fiscalía como para el Poder Judicial dada la complejidad del caso y el megaproceso que se iniciaría de acreditar el Ministerio Público los elementos suficientes para someter a juicio a los imputados.
“El caso de ‘Los limpios de la corrupción’, como los otros de criminalidad organizada que se tienen en Lambayeque, se encuentra actualmente bajo competencia estricta del Ministerio Público. El Poder Judicial ha cumplido hasta ahora la labor que le corresponde al dictar las medidas cautelares de prisión preventiva o comparecencia restringida contra los imputados, y estamos a la espera que el Ministerio Público formule la acusación. Estamos atentos y a la espera, para asumir nosotros nuestro papel. Será una prueba de fuego, sin duda, porque es una preocupación que los casos de corrupción y crimen organizado tengan una atención inteligente y eficaz”, señala.
Anota que esto último engarza perfectamente con la disposición del gobierno nacional, contenida en el paquete de medidas legislativas adoptadas, de crear órganos especializados de casos de corrupción, a fin de potenciar la lucha contra este flagelo desde el Poder Judicial. Se espera que lo mismo suceda con el crimen organizado, es decir que se dé carta libre a la creación de juzgados dedicados a exclusividad para su revisión.
“La fiscalía ya tiene despachos especializados, cosa que todavía no sucede en el Poder Judicial. Esperamos que como ya se ha dispuesto la creación de estos en el paquete de medidas legislativas dadas por el Ejecutivo se tenga celeridad en su implementación”, sostiene el magistrado.
MEJOR GESTIÓN
Aspecto en el que hace falta fortalecer el trabajo interinstitucional es el referido al observatorio de criminalidad en Lambayeque, espacio que nace a partir de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y que – a decir de Zapata López – exige mayor compromiso de los actores de justicia y la sociedad civil.
“Las reuniones se dan, aunque no con frecuencia, eso es cierto. La intención de las instituciones involucradas en el observatorio es encontrar los puntos neurálgicos de atención y esta se manifiesta”, indica.
Menciona que entre sus objetivos institucionales está mejorar la administración y para ello ha convocado a profesionales en distintas ramas que se incorporarán a más tardar en febrero próximo, por lo que estima que en marzo deberá tenerse una primera evaluación de lo alcanzado por su gestión al frente de la Corte de Lambayeque.
PROBLEMA AZUCARERO
Por otro lado, Aldo Zapata, quien se desempeñó hasta el año pasado como presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones, refiere que es de preocupación permanente la situación de controversia e inestabilidad que existe en las empresas agroindustriales del departamento, cuya solución – enfatiza – no pasa por decisiones judiciales, sino más bien por el entendimiento entre sus propietarios, que son, a la vez, trabajadores.
“He tenido la oportunidad de conversar con algunos trabajadores de estas empresas y les he manifestado que es más por falta de voluntad que la solución no llega. Visto de manera objetiva, el Poder Judicial parece ser el pretexto para postergar la solución a problemas que corresponden a los trabajadores, a los accionistas y a los que tienen que ver con la titularidad de estas empresas. Los jueces que tratan estos casos reconocen que siendo empresas y sociedades las soluciones están previstas en otro ámbito. No corresponde al Poder Judicial ponerle fin al problema azucarero, y esa es la exhortación que le hemos hecho a los trabajadores, que pongan fin a sus diferencias”, asevera.
Zapata López indica que la resolución de los conflictos azucareros en Lambayeque se mantiene desde hace varios años como un asunto pendiente, que además afecta la imagen del departamento y, sobre todo, de la institución que preside.
“No se puede negar que la imagen del Poder Judicial se afecta, y lo digo porque de origen el camino ha sido el equivocado. Nosotros somos buscados por quienes parece que no quieren una solución definitiva, sino algo inmediato que no tiene como propósito lograr la paz que estas empresas y sus poblaciones necesitan. Eso tiene una cuota de suspicacia inevitable que se acerca mucho a la corrupción y es algo que debemos de cuidar y controlar”, afirma.
Finalmente, el presidente de la Corte de Lambayeque refiere que no tendrá miramientos ni dudará al momento de señalar a quienes dañan la majestad de la labor judicial, pues asegura que la probidad es inherente a la conducta del juez, siendo esta exigible en todo momento.
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