En los últimos meses la Contraloría General de la República empezó a darle mayor difusión a la labor que realiza en prevención y fiscalización en las entidades estatales, lo que a decir del Jefe de la Oficina Regional de Control de Chiclayo, Nelson Guevara Altamirano, quien además tiene la jefatura de la macro región que incluye a siete departamentos, permite que la población conozca de los esfuerzos que se realizan para evitar que los recursos públicos sean mal utilizados.
“Trabajamos para que los recursos se canalicen de la manera más correcta en todos los ámbitos, sean nacionales, regionales o locales”, menciona Guevara Altamirano, quien reconoce que la política de puertas abiertas adoptada por la institución obedece a una directiva nacional implementada por el contralor Edgar Alarcón Tejada.
La gerencia que administra Nelson Guevara monitorea la labor de control en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín, departamentos en los que, en el 2016, se han ejecutado 58 auditorías. De ese total, 12 corresponden a Lambayeque, la mayoría de ellas aplicadas en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, donde la Contraloría trabaja de la mano con el Ministerio Público en la elaboración de informes periciales no solo para determinar los alcances de la corrupción en el período edil del exalcalde Roberto Torres Gonzales (enero 2007 – septiembre 2014), sino también en la actual administración del alcalde David Cornejo Chinguel.
“También estamos trabajando en el Gobierno Regional de Lambayeque, donde hemos hecho varias auditorías, y en varias municipalidades distritales como Tumán, Ciudad Eten y José Leonardo Ortiz, además de EPSEL, donde hemos intervenido”, menciona.
La Contraloría ha concluido un proceso auditor aplicado a la actual gestión del municipio de Chiclayo, que responde a las alertas por siete procesos de selección que oportunamente fueron elevadas a la administración del alcalde Cornejo, lo que motivó que en agosto pasado la institución rectora del sistema de control solicitara al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el bloqueo de las cuentas de la comuna.
SERIAS LIMITACIONES
Aun cuando existen avances destacables en la fiscalización, todavía hay limitaciones debido a que, por ejemplo, de las 22 Oficinas de Control Interno – OCI, que existen en Lambayeque, 10 jefaturas son pagadas con recursos de las instituciones a evaluar, por lo que algunas autoridades, principalmente municipales, buscan entorpecer la función poniendo restricciones de personal y logística.
“Es crítico, porque les quitan personal, no les asignan presupuesto o cuando piden un especialista como un ingeniero para supervisar las obras les niegan los recursos. Son formas muy sutiles de limitar el trabajo de control. Pero hay también instituciones que sí han permitido nuestro trabajo y han dado las condiciones suficientes para realizarlo”, señala.
Otra limitación que se tiene es el acceso a la información. La Contraloría no puede verificar de manera directa el secreto bancario o tributario de las instituciones públicas, aun cuando estas manejan recursos del Estado. Incluso, el Banco de la Nación en reiteradas veces se ha negado a proporcionar información que permita determinar el tratamiento que las entidades le dan a los dineros públicos.
Esto es preocupante en la medida que la Contraloría, en el caso de Chiclayo, encontró que durante la gestión de Roberto Torres se derivaba dinero público a bancos privados para ser depositado en cuentas de fondos mutuos. Asimismo, hay reservas bursátiles y registrales que retrasan las acciones de control y cuyo marco legal no discrimina a las entidades estatales.
“De este modo nos ponen restricciones para la fiscalización”, afirma Nelson Guevara.
PESO DE LOS INFORMES
Un problema mayor es la falta de sintonía con algunos operadores del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Hace algunos años se normó que las pericias e informes concluyentes de la Contraloría se constituían en prueba actuada y que en base a ellos el fiscal debe proceder a la formulación de la acusación penal, suprimiendo los pasos de investigación preliminar y preparatoria.
Sin embargo, recientemente en Chiclayo se produjo un hecho cuestionable que va en contra de esta directiva, cuando la fiscal Tania Bravo Vigo solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento para los imputados en la compra irregular del local de la ex mutual para el municipio provincial, durante el gobierno de Roberto Torres, pese a que la Contraloría alcanzó a su despacho, con la debida antelación, el informe pericial que concluye la existencia de perjuicio económico para el Estado y la responsabilidad penal en los exfuncionarios y exautoridades.
La Contraloría tiene capacidad para procesar y sancionar en el ámbito administrativo, por lo que corresponde al Ministerio Público la acción penal, que debería ser concordante con una política de lucha contra la corrupción del Estado, que involucre además al Poder Judicial, las procuradurías, la Defensoría del Pueblo, y la Policía Nacional.
“Si tenemos un frente de ese tipo la corrupción tendrá más problemas para escapar o filtrarse, lo que no pasa cuando las instituciones trabajan de manera aislada”, asevera.
CORRUPCIÓN SOFISTICADA
Nelson Guevara tiene 22 años de trabajo en la Contraloría y por su experiencia afirma que la corrupción en el país no solo es más visible, sino también más sofistica, pues se vale de la tecnología para actuar y prueba de ello es lo que pasa, casi siempre, en los procesos de selección.
“Si bien la lucha ha mejorado, la corrupción también avanza en sus propios mecanismos y se tecnifica. Nosotros decimos que la corrupción no duerme y prueba de ello es que se cuelgan procesos de selección en la madrugada y al día siguiente ya se entrega la buena pro. No hay norma que lo prohíba, por lo tanto esos vacíos son aprovechados para sacarle la vuelta al Estado”, menciona.
Añade que también existe necesidad de mejorar de manera continua los estadios que por los que pasan los procesos de contratación en el Estado, desde la fase de preinversión hasta la entrega de la buena pro y la post inversión.
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