En noviembre del 2015, el ciudadano Abdías Martínez Campos se dirigió por escrito a la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República y al despacho de la presidencia del Congreso para denunciar presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Querocotillo, distrito de la provincia de Cutervo, en Cajamarca, solicitando la intervención inmediata por cuando – asegura - la administración del alcalde Moisés González Cruz, haría mal uso de los recursos destinados para obras públicas.
Los documentos dirigidos a Nelson Guevara Altamirano, jefe de la oficina de la Contraloría en la macroregión norte, con sede en Chiclayo, y al entonces presidente del legislativo Luis Iberico Núñez, no generaron mayor impacto, pese a que inicialmente saludaron la iniciativa de Martínez Campos de ejercer su derecho ciudadano en la lucha contra la corrupción.
El denunciante daba cuenta que en el 2011 la Municipalidad Distrital de Querocotillo recibió 10 millones 453 mil 436 soles para la ejecución de proyectos solo por concepto de las regalías mineras. A eso se sumaron los 14 millones 486 mil 236 soles que transfirió el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, para obras, recursos que no habrían sido bien empleados debido a que desde esa fecha existen diversos proyectos inconclusos, sea por paralización o abandono.
Denunció, por ejemplo, que con recursos del programa Agua Para Todos se financiaron obras de saneamiento básico rural en los sectores Pitajayas, La Oronga, La Tinaja, San Antonio, Paric, Inguar y La Colpa, las mismas que no se habrían iniciado, en tanto otras quedaron inconclusas, debido a que se encargó su ejecución a empresas fantasmas.
“Otras empresas lograron (la buena pro), a dedo por el alcalde, sin cartas fianza, sin supervisión, sin ingeniero residente. Se han realizado proyectos y obras donde hay diez familias, pero han hecho parecer como si fueran caseríos con más de cien familias; han programado la construcción de trochas carrozables pero han ejecutado caminos vecinales como existen en Quipayuc, La Penca, La Laguna, donde se han confeccionado expedientes técnicos deficientes”, señaló Martínez Campos en sus escritos.
Según señala el ciudadano, en el 2014 la comuna de Querocotillo volvió a recibir importantes recursos para proyectos de inversión. Por ejemplo, el MEF transfirió 18 millones 412 mil 275 soles, en tanto el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desembolsó 16 millones 595 mil 136 soles, los cuales no habrían sido empleados en la mejora de los servicios básicos y condiciones de vida de la población. Asegura, que parte de estos recursos habrían sido destinados a la campaña reeleccionista del burgomaestre.
González Cruz llegó a la alcaldía del distrito por primera vez tras vencer en las elecciones del 2010, siendo entonces candidato del Partido Aprista Peruano. En la elección siguiente volvió a ganar, esta vez al postular por el Frente Regional de Cajamarca.
Martínez Campos no solo ha denunciado presuntas irregularidades de la gestión de González Cruz, sino también de los exalcaldes Alindor Díaz Lachos y José Fernández Cabana.
LAS OBRAS
De la actual gestión municipal, se cuestiona, por ejemplo, que el proyecto de electrificación rural para 28 caseríos, con un presupuesto de cinco millones 994 mil 907 soles, ha quedado inconcluso, y que en el 2011 se ejecutó la construcción del puente carrozable El Molino, en el caserío del mismo nombre, sin que se realice licitación pública. En este caso el presupuesto inicial de dos millones 872 mil soles se incrementó a cuatro millones, siendo ejecutado por la constructora Los Leones SAC.
Abdías Martínez denuncia que la contratista no presentó carta fianza y que no hubo comité de selección, ni cuaderno de obra.
El denunciante alcanzó además material fotográfico que evidencia que en los trabajos la constructora utilizó maquinaria municipal.
Otra obra cuestionada es la pavimentación y construcción de veredas de las principales calles de Querocotillo, ejecutada por las empresas Consultoría y Constructora Ferrocol SAC, y CIC Contratistas Generales SRL, por seis millones 860 mil 804 soles, sin que se haya dado proceso de selección previo.
“Son más de 40 obras observadas y en las que se ha pedido la intervención de las autoridades, he presentado la documentación a la Contraloría, al Congreso y a la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, pero hasta ahora no se ha tenido resultados de sus investigaciones. Por el contrario, yo soy víctima de maltrato. Un fiscal me ha dicho incluso que yo no soy agraviado porque a mí no me han robado, primero me elogiaron y luego terminaron maltratándome”, señala Abdías Martínez.
INTERVENCIÓN FISCAL
El 10 de noviembre del año pasado, el primer despacho de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Nelly Chambergo Burgos, dispuso el inicio de la investigación preliminar contra los exalcalde de Querocotillo José Fernández Cabana y Alindor Díaz Lachos, y contra el actual burgomaestre Moisés González Cruz, en atención a la denuncia formulada por Abdías Martínez por los presuntos delitos de peculado, colusión ilegal, negociación incompatible y falsedad ideológica en agravio del Estado.
La fiscal estableció un plazo máximo de 180 días para el desarrollo de las diligencias preliminares, consistentes en recoger los testimonios de los imputados, así como solicitar a la comuna distrital información sobre el estado actual de las obras incluidas en la denuncia, que en total suman 44.
Asimismo, se citó a los exalcaldes y al actual burgomaestre del distrito a declarar entre el 9 y el 11 de diciembre del año pasado, así como al extesorero municipal Adriano Jara Díaz, sobre quien se denunció la recepción irregular de cheques. La fiscal también solicitó a la Contraloría información sobre las acciones de control ejecutadas en el distrito, y al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE sobre los procedimientos seguidos en las obras municipales.
Desacumulación
A inicios de marzo de este año, el fiscal adjunto Alejandro Requejo Mocarro, con el visto favorable de la coordinadora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Magaly Quiroz Caballero, emitió la disposición N° 2 de la Carpeta 2015-282, referida a la desacumulación de la investigación iniciada por Chambergo Burgos, debido a que se determinó que algunos de los casos denunciados por Martínez Campos habían sido materia de revisión por el Ministerio Público previamente, disponiéndose el archivamiento de las denuncias.
El argumento para la desacumulación fue que se trataba de varios hechos y varios imputados, sobre los cuales no era posible establecer una relación entre sí, disponiéndose el archivamiento de la denuncia solo en el caso del extesorero Adriano Jara Díaz, para quien debía abrirse una carpeta exclusiva para ser investigado.
En la misma disposición, el fiscal Requejo Mocarro determinó continuar las diligencias preliminares contra los exalcaldes y el extesorero por el presunto delito de peculado, estableciendo 120 días para su realización.
IDA Y VUELTA
El fiscal titular de la Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque, Alejandro Lamadrid Ubillús, declaro de oficio la nulidad parcial de la disposición N° 2 firmada por Magaly Quiroz, ordenando que la fiscal proceda a emitir la disposición que corresponda, y recomendando al fiscal Alejandro Requejo “para que en los sucesivo siga los lineamientos establecidos con relación a la desacumulación, según corresponda a las investigaciones”.
El 20 de junio, el fiscal Requejo Mocarro emitió la disposición N° 5, en la que resolvió nuevamente no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Alindor Díaz Lachos, José Fernández Cabana y Moisés González Cruz, por los presuntos delitos contra la administración pública en las figuras de colusión simple y agravada, peculado por apropiación, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y falsedad ideológica.
En atención a la disposición del fiscal, el pasado 16 de agosto Abdías Martínez presentó un recurso de queja de derecho ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, señalando que Requejo Mocarro no realizó las diligencias de investigación fiscal en cada una de las obras denunciadas para constatar que se encuentran inconclusas o abandonadas; no solicitó el cruce de información del avance o culminación; no solicitó los expedientes técnicos de los proyectos, tampoco los documentos de fiscalización, peritajes ni informes técnicos.
Al día siguiente el fiscal respondió declarando inadmisible la queja de derecho, requiriendo el ciudadano exponga el agravio que su decisión le habría causado. Así lo hizo Martínez Campos el 26 de agosto, logrando que el representante del Ministerio Público se rectifique y le conceda el recurso.
“Estoy ampliando mi denuncia, porque hay nueve proyectos más abandonados, uno de ellos el mejoramiento de la carretera Querocotillo – Puente Techín, por un valor de cinco millones de soles, en la cual solo se ha trabajado un pequeño ensanchamiento. También la construcción del Colegio Santa Rosa, valorizado en cinco millones de soles. El alcalde Moisés González recibió dinero de su antecesor para culminar obras, pero no se sabe por qué hasta ahora siguen paralizadas”, menciona.
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