Consorcio MC ganó la licitación pese a que no cumplía con las bases y que acreditó capacidad académica de sus profesionales con documentos falsos.
Las irregularidades en el proceso de selección para la pavimentación de la Avenida Arequipa no es lo único por cuestionar a la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel. La Contraloría General de la República ha confirmado que en la contratación del proyecto de renovación del saneamiento básico para dicha arteria también se produjeron anomalías que van en contra de la normatividad vigente y que ponen en evidencia, una vez más, los negados actos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
El direccionamiento de la Adjudicación Directa Selectiva N° 21-2015-MPCH/EP, para el “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la calle Arequipa, cuadras 1, 2, 3 y 4, del distrito de Chiclayo”, por un valor referencial de 475 mil 23.94 soles, es lo que se produjo en el municipio, debido a que – según la Contraloría – se formularon requerimientos técnicos mínimos considerando requisitos restrictivos, limitando la libre concurrencia, pluralidad y participación de postores.
De acuerdo a la Desviación de Cumplimiento N° 02-2016-CG/CORECH-AC, levantada por la comisión auditora instalada en la comuna provincial, también se admitió la propuesta de un postor que incumplió con acreditar los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases, y pese a ello se le otorgó la buena pro de la obra, afectando así la legalidad del proceso de contrataciones.
El Comité Especial conformado para dicho proceso, designado por Resolución de Gerencia N° 178-2015-MPCH-GM, expedida por el exgerente Ruperto Castellanos Custodio, el 28 de octubre del 2015, estuvo integrado por Wilson Cubas Vásquez, como presidente, y Marco Medina Villena, de la Subgerencia de Logística y Servicios Internos, y Pedro Vera Salcedo, como integrantes.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
En el proceso de selección se incluyó la relación de requerimientos mínimos aprobados por la Gerencia de Infraestructura de la MPCH, en la cual se indicaba que el asistente del residente de obra debía cumplir con acreditar capacitación en la Ley de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado y su reglamento; haber seguido un curso de Programación de Obras MS Project; un curso de Arbitraje en las Contrataciones del Estado, y un diplomado en Residencia, Supervisión, Seguridad y Liquidaciones de Obras.
En el caso del maestro de obra, se exigía que este acredite cursos de Seguridad e Higiene Ocupacional, cursos de Levantamiento Topográfico de Grandes Extensiones (con un mínimo de 150 horas), un curso de Levantamiento Topográfico (130 horas), un curso de Dibujo Topográfico, estudios de MS Project y un curso de Civil Survey.
Asimismo, para el ingeniero especialista en seguridad se requería que este cumpla con tener un diplomado en Seguridad de Trabajo e Higiene Industrial, un diplomado en Gestión de Seguridad y haber seguido un curso de Conservación del Medio Ambiente y Evaluación del Impacto Ambiental.
“Podemos afirmar que los requerimientos académicos exigidos para el caso del asistente del residente, maestro de obra e ingeniero especialista en seguridad, resultan restrictivos y constituyen un límite para la libre concurrencia y competencia en el referido proceso; en tal sentido la Gerencia de Infraestructura Pública y sub gerencia de Obras, en su condición de órgano encargado de las contrataciones de la entidad (MPCH), y el Comité Especial (…) inobservaron no solo el principio de Libre Concurrencia y Competencia, consagrado en el Artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado, sino también lo dispuesto por el Artículo 13, referido a características de los bienes, servicios y obras a contratar”, señala la comisión auditora.
GANADOR DE LA BUENA PRO
Según lo hallado por la Contraloría General de la República, el Comité Especial, a través del Acta de Apertura de Sobres y Otorgamiento de la Buena Pro, suscrita el 29 de diciembre del año pasado, dio como ganador al Consorcio MC, conformado por las empresas: COSAT Industrial SRL y Constructora MASAT EIRL, señalando que este fue admitido al ser el único postor de tres participantes inscritos, y luego de realizada la “revisión correspondiente”.
“Admitir la propuesta técnica al postor único Consorcio MC, que cumple con lo señalado en el expediente técnico, pasando a la evaluación económica de acuerdo al Artículo N° 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se señala que no establecerá factores técnicos de evaluación, solo se evaluará la propuesta económica”, señala la referida acta.
Sin embargo, como ha confirmado la comisión auditora, el Consorcio MC, cuyo representante legal común es Juan Carlos Monasterio de la Cruz, presentó su propuesta técnica sin cumplir con los Requerimientos Técnicos Mínimos – RTM, exigidos en las bases de la adjudicación.
RESIDENTE DE OBRA
Las bases de la licitación señalaban en su numeral 7 que el ingeniero residente debía ser ingeniero civil, con estudios demostrados de MS Project, costos y presupuestos S10, demostrados con certificados o constancias de estudios concluidos (…).
Empero, el certificado alcanzado por el Consorcio MC, consigna, en el caso de Paul Canales Rumiche, propuesto como ingeniero residente, estudios en “Programación de Obras MS Project 2003”, es decir sobre una versión del software del año 2003, cuando el certificado había sido presuntamente emitido el 25 de septiembre del 2001, dos más de un año antes a la versión del sistema.
Lo grave es que el certificado supuestamente expedido por SENCICO Trujillo es falto, tal como ha confirmado a la Contraloría el gerente zonal del centro técnico a través del Oficio N° 0196-2016-VIVIENDA/SENCICO-16.00, debido a que la denominación del nombre del curso no corresponde al catálogo de cursos de la institución, el código del estudiante cambia de un certificado a otro en comparación con el curso S10 Win Costos y Presupuestos, cuando debe ser el mismo en ambos. Además, se indica que el curso fue de 18 horas cuando debería ser de 30.
“La veracidad pudo ser advertida por el Comité Especial en el mismo acto por la inconsistencia de las fechas de emisión del certificado y de la versión del software materia de la capacitación, debiendo ser observado”, señala la comisión auditora.
Otro hallazgo respecto al ingeniero residente propuesto por el consorcio ganador de la obra es que este no cumplió con acreditar su experiencia como residente, supervisor o inspector en tres obras alcanzadas como parte de su escalafón al Comité Especial, omitiendo en ello la presentación de los contratos, constancias o certificados que así lo corroboren.
En los casos en los que sí acreditó supuesta experiencia no se especificó en los documentos presentados las fechas en las que cumplió funciones como residente, supervisor o inspector.
“El Consorcio MC no ha acreditado la experiencia mínima exigida de 22 de meses en obras similares para el caso del ingeniero residente propuesto, logrando acreditar solo 19.83 meses de experiencia en obras similares, por lo cual no cumplió con los Requerimientos Técnicos Mínimos – RTM, exigidos. (…) Por lo que el Comité Especial no debió admitir la propuesta técnica alcanzada por el citado consorcio”, afirma la Contraloría.
OTROS PROFESIONALES
Respecto al asistente del residente propuesto por el consorcio, en este caso el ingeniero Marco Figueroa Perleche, la Contraloría General de la República determinó que no se acreditó la capacitación profesional en el curso de “Programación de Obras en MS Project”, tal cual lo exigen las bases como los Requerimientos Técnicos Mínimos, por lo cual la propuesta tampoco debió ser admitida.
Lo mismo se halló en relación a William Sánchez Ruiz, propuesto como maestro de obra, de quien tampoco se acreditó la capacitación profesional en el curso de “Levantamiento Topográfico”, conforme lo exigían los RTM, adjuntándose en su lugar un certificado correspondiente a “Levantamiento Planimétrico”, que técnicamente son materias de aplicación diferente, por lo cual el consorcio debió ser rechazado como postor.
Tampoco se acreditó los 36 meses de experiencia del profesionales propuesto como maestro de obra, conforme exigían las bases. Los documentos presentados por el Consorcio MC no demostraron de manera fehaciente los antecedentes laborales de Sánchez Ruiz en el puesto propuesto.
El topógrafo propuesto por el consorcio, Richard Guerra Gonzáles, no acreditaba ni la formación académica ni la experiencia mínima de 24 meses efectivos en un puesto de similar característica, situación que también se presentó con el almacenero, cargo para el que se presentó a Yaxson Coronado Zapata.
Pese a todas las inconsistencias existentes, la Municipalidad Provincial de Chiclayo suscribió el 18 de enero de este año el contrato con el Consorcio MC.
Por todo ello, la Contraloría General de la República ha concluido que los funcionarios de la comuna trasgredieron los principios que rigen a las contrataciones; la prohibición de prácticas que afecten la mayor concurrencia y competencia en el proceso de contratación; las características técnicas de los bienes, servicios y obras a contratar; los mandatos sobre el Comité Especial; la responsabilidad; las condiciones mínimas de las bases; el artículo referido al proceso de selección desierto; la validez de propuestas; de las responsabilidades y sanciones, y de las infracciones y sanciones administrativas de la Ley de Contrataciones del Estado.
También se violó el reglamento de la referida norma y las bases del proceso de adjudicación.
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