El decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, considera que a casi dos años de iniciada la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel en Chiclayo, no hay ningún resultado de cambio en la provincia, por lo que no duda en señalar que el período 2015 – 2018 será, también, “tiempo perdido”.
“Nos apena mucho la situación de la provincia, y también de la región, porque, como oportunamente se dijo, las autoridades no están a la altura de las circunstancias. En el caso de Chiclayo más, porque las pocas obras ejecutadas por la administración Cornejo Chinguel han sido observadas, cada una, y a nombre del colegio hemos emitido los informes correspondientes. Esto se ha grave con los informes que está emitiendo la Contraloría General de la República sobre irregularidades, temas que deben ser investigados y sancionados”, señala Burgos Montenegro.
El representante de la orden profesional anota que con los hechos que empieza a confirmar la Contraloría a través de sus exámenes de auditoría puede afirmarse que la historia se repite en la municipalidad de Chiclayo, donde aún está fresco el recuerdo que dejó la gestión del ahora preso exalcalde Roberto Torres Gonzales con sus malos manejos administrativos, presupuestales y técnicos.
“Si empiezan a verse irregularidades que afectan la economía de los chiclayanos, estamos hablando entonces de corrupción y eso fue lo que sucedió en la administración de Roberto Torres”, indica.
MEA CULPA
Para Burgos Montenegro corresponde a la orden profesional aceptar parte de la responsabilidad por lo que sucede en Chiclayo y ofrecer disculpas a la población, debido a que muchas de las irregularidades denunciadas e investigadas tienen a ingenieros entre sus protagonistas, sobre todo en lo referido a elaboración de proyectos y ejecución de obras.
El decano refiere que si bien el Tribunal del Ética es autónomo, se ha pedido que este actúe de oficio e investigue los casos que oportunamente han sido denunciados o que dé atención inmediata a los procesos contra los ingenieros involucrados en los 60 proyectos que el CIP Lambayeque ha observado en el departamento.
Uno de los casos investigados actualmente en el Tribual de Ética es el de Dick Reque Zapata, exfuncionario de la administración municipal de Chiclayo.
“Para que el Tribunal pueda definir la sanción o inhabilitación del profesional investigado tiene que contar con todos los elementos suficientes, y a veces las instituciones aparentemente buscan proteger o evitar que se realicen las acciones. Cuando se solicita la información la documentación no llega”, comenta Burgos Montenegro.
Añade que otro serio problema que se registra respecto a los proyectos y obras públicas es que el poder político se impone a los criterios técnicos y eso acarrea responsabilidades en los profesionales de la ingeniería, quienes tienen que ajustar los expedientes a las exigencias de las autoridades aunque ello no garantice eficiencia. “Eso origina que muchas obras queden abandonadas o sean de pésima calidad”, señala.
“Como representante de los ingenieros y decano del colegios siento muchas veces hasta vergüenza ajena por los casos que se presentan. Ahora, los nuevos colegiados, antes de recibir su acreditación como tal son sometidos a un conversatorio precisamente para reflexionar en el aspecto ético. No todo puede ser sanción, el tema ético y de valores tiene que ser fortalecido de manera permanente”, manifiesta.
INDIFERENCIA
Anota que el mea culpa que hace a nombre del Colegio de Ingenieros de Lambayeque también debe alcanzar al resto de instituciones, debido a que – asegura – durante mucho tiempo se ha mostrado indiferencia ante los problemas del departamento, actitud que busca corregir con el impulso dado junto por la Cámara de Comercio y otras organizaciones de la sociedad civil.
“Esa indiferencia permitió que muchas autoridades hagan de las suyas en la región. Hemos acordado que desde la Cámara de Comercio se pida al Gobierno Regional de Lambayeque que convoque a la instalación del Comité de Competitividad, que debe estar conformado por dos instituciones de gobierno y tres representaciones de la sociedad civil”, enfatiza.
TIEMPO PERDIDO
Burgos Montenegro indica que habiendo trascurrido casi 24 meses del mandato de David Cornejo Chinguel como alcalde de Chiclayo, es difícil que en los dos años que le restan para gobernar pueda cumplir con todos los ofrecimientos que hizo en campaña, como construir el Terrapuerto, los pasos a desnivel, el nuevo Mercado Modelo, reorganizar el transporte, reordenar el comercio ambulatorio y combatir la inseguridad.
“No se necesita ser mago para adivinar que no se cumplirán los ofrecimientos. No hay plan de trabajo y sin eso, qué se puede esperar. El alcalde primero pidió cien días, yo le respondí que le daba un año para hacer algo. Han pasado dos y no se ven resultados concretos. Se le ha dicho que el Colegio de Ingenieros está a su disposición, porque esa es la razón de ser de este consejo departamental: el acercarse a las autoridades y a la comunidad para ayudar, pero no se toma en cuenta esa voluntad”, asevera.
Actualmente en el Consejo Departamental del CIP se mantienen activas 12 comisiones técnicas conformadas por profesionales especializados, quienes han emitido opinión respecto a los diferentes problemas que se registran a nivel provincial y regional, exponiendo además propuestas de solución que permitan a las autoridades políticas la ejecución de proyectos de inversión con garantía de eficacia.
“Nuestros profesionales están prestos a apoyar, pero si no se acogen nuestros aportes entonces qué más podemos hacer. Si la situación continúa así los cuatro años de este gobierno serán tiempo perdido”, asegura el decano.
MANEJO DE EPSEL
Carlos Burgos se refirió también a lo señalado el viernes último por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Mori, durante su visita a Chiclayo, respeto al manejo político que los alcaldes dan a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, lo que agudiza la crisis operacional que esta arrastra desde hace varios años.
El decano de la orden profesional asegura que ninguno de los burgomaestres de Chiclayo, desde que la empresa prestadora ingresó al sistema paramunicipal, se ha preocupado por priorizar los criterios técnicos, y esto se ha reflejado en la conformación de los directorios y la designación de gerentes.
“De lo que pasa en EPSEL no solamente es responsable la actual gestión. Hay que ser justos. Todos los alcaldes han tenido injerencias de carácter político en la empresa y nunca prevaleció lo técnico. No es posible que, incluso, la sociedad civil esté representada por una persona que no corresponde. En el Directorio actual, por ejemplo, no hay un solo integrante que tenga el perfil de ingeniero sanitario, o que al menos tenga trayectoria en el manejo de una empresa de saneamiento. Gente capaz y no que esté ahí por la dieta que recibe”, afirma.
Señala que los problemas en EPSEL se han ido profundizando desde las gestiones de Arturo Castillo Chirinos, Miguel Ángel Bartra Grosso, Fernando Noblecilla Merino, José Barrueto Sánchez, Roberto Torres Gonzales y Elizabeth Montenegro López.
“Nunca le dieron un direccionamiento de carácter técnico a la empresa, sin embargo debemos ser claros en señalar que la situación se está haciendo más grave y que se tiene como responsable directo, de turno, al alcalde David Cornejo”, asevera.
LIDERAZGO REGIONAL
Burgos Montenegro precisa también que a nivel regional se requiere de mayor énfasis de parte del gobernador Humberto Acuña Peralta para trabajar junto a la sociedad civil en la gestión de los proyectos de gran impacto que Lambayeque necesita, como el Terminal Portuario y la mejora de la red vial departamental.
“En La Libertad o Piura las autoridades caminan con la sociedad civil por sus proyectos. Yo me pregunto por qué nosotros acá tenemos que pagar los platos rotos de la falta de iniciativa de nuestras autoridades. La Cámara de Comercio, todos los colegios profesionales, los gremios empresariales, industriales y de servicio nos hemos reunido en el Colegio de Ingenieros para redactar un memorial a fin de pedirle una cita al presidente de la República para exponer sobre el Terminal Portuario. Eso lo sabía el gobernador, pero cuando llegó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, que además lo hizo como encargado del despacho presidencial, prefirió no dar el espacio a la sociedad civil”, señala.
Lamenta que no exista fluidez en el acercamiento entre el gobierno regional y las instituciones de la sociedad civil, a diferencia de lo que sucede en los departamentos vecinos.
“Ojalá las autoridades puedan reflexionar, ya que estamos en fechas de hacerlo, y en algún momento tener ellas la iniciativa de convocar a la sociedad civil. Deseamos aportar, dejar un buen precedente y que los futuros gobernantes entiendan que las organizaciones también forman parte de la representatividad local”, señala.
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