Municipalidad Provincial de Chiclayo recurrió a documentos falsos y trasgredió bases para beneficiar a empresa que no cumplía con exigencias de la licitación.

Cuando a mediados de agosto pasado la Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el congelamiento de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCH, el alcalde de la ciudad David Cornejo Chinguel salió con la pierna en alto para señalar que se cometía un abuso contra su gestión, pues según dijo las alertas que las entidad de fiscalización había alcanzado a la comuna habían sido atendidas y las observaciones levantadas de manera oportuna. Sin embargo, hoy es posible afirmar que lo dicho por el edil no era del todo cierto.

La decisión de la Contraloría se motivó en los informes preliminares alcanzados por la Oficina Regional de Control, en los cuales hizo conocer de hasta ocho casos de presunta corrupción detectados en la gestión de Cornejo Chinguel.

Entre ellos se citó el de la pavimentación de la Avenida Arequipa, tramo comprendido entre las avenidas Bolognesi y Manuel Arteaga, por un monto ascendente a cuatro millones 785 mil soles, cuyo proceso de licitación estuvo plagado de irregularidades en la elaboración del expediente técnico, pero además en la manera en la que se desarrolló.

De manera oportuna, el Órgano de Control Interno – OCI de la MPCH, advirtió que el expediente para dicha obra fue aprobado sin contar con el estudio de mecánica de suelos, exigible para que se dé la viabilidad del proyecto. Lo grave es que de parte de la municipalidad se ha insistido hasta el hartazgo que dicho estudio existía, aun cuando para la Contraloría fue materialmente imposible su ubicación. Pese a ello se procedió a entregar la buena pro de la obra.

Lo extraño de este caso es que la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la comuna dio el visto bueno al expediente técnico el 18 de noviembre del 2015, pero el estudio de mecánica de suelos supuestamente ingresó al municipio dos días después, habiendo sido aparentemente elaborado por la empresa Servicios de Exploración Geotécnica, Asfalto y Ensayo de Materiales, tal como lo certificó el órgano de control.

Más escandaloso aún es que el tipo de pavimento recomendado por el supuesto estudio era diferente al considerado en el expediente técnico, y que no había registro del trámite documentario que siguió el informe mandado a elaborar por el municipio.

NO FUE LO ÚNICO

Expresión accedió en exclusiva a un documento confidencial de la Contraloría General de la República denominado Desviación de Cumplimiento N° 03-2016-CG/CORECH-AC, en el que se confirman otras irregularidades cometidas por la gestión del alcalde David Cornejo en el caso de la Avenida Arequipa.

Por ejemplo, se señala que en la Licitación Pública N° 02-2016- MPCH/CS, “la entidad simuló indagación de mercado utilizando documentos cuya autoría niega una de la empresas incluidas”.

Asimismo, que en los Términos de Referencia – TDR, requirió la acreditación de colegiatura y habilidad de profesionales propuestos, inobservando el precedente administrativo de atención obligatoria del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OCSE.

También, que durante la etapa de evaluación de ofertas el Comité de Licitación admitió una propuesta pese a que el postor incumplió con los requerimientos mínimos exigidos en las bases del proceso, declarándolo ganador de la buena pro, evitando que sea declarado desierto el concurso al no quedar ninguna propuesta válida. Para la Contraloría, dicha acción generó restricción en la participación de posibles postores que sí hubieran cumplido los mínimos de ley, pero además afectó la transparencia que debe regir a las contrataciones del Estado.

INDAGACIÓN DE MERCADO

El Comité de Selección, de acuerdo a la Resolución Gerencial N° 57-2016-MPCH-CM, del 22 de marzo de este año, firmada por el entonces gerente del municipio, Ruperto Castellanos Custodio, fue conformado por el Subgerente de Obras Públicas y Convenios, Dick Reque Zapata, como presidente; el representante de la Subgerencia de Estudios y Proyectos, Danielito Villena Florián, y el de la Subgerencia de Logística, Marco Medina Villena, estos últimos como integrantes.

Lo investigado por la Contraloría revela que en la documentación que forma parte del expediente de contratación de la citada licitación pública se advierten cartas sin número, fechadas – supuestamente – el 9 de marzo de este año, y firmadas por Homero Vigo Quintana, Subgerente de Logística y Servicios Internos, dirigidas a tres empresas: Constructora Corban & Consultores SAC; Continental Constructora y Servicios Generales SAC, y CIA LIAM SAC. solicitando informen si contaban con el staff de profesionales con la experiencia y capacitación igual o superior requeridas para el proyecto de la Avenida Arequipa, y si tenían la maquinaria adecuada para la ejecución de la obra.

Dichas cartas fueron señaladas como parte de la investigación de mercado y entregadas el 10 de marzo.

A las empresas aparentemente se les consultó si contaban con ingenieros aptos para ocupar los cargos de residente y asistente de obra, ingenieros especialistas en seguridad y medio ambiente, topógrafo, maestro de obra y almacenero.

LAS RESPUESTAS

Según el municipio, la empresa Constructora Corban, confirmó no solo que contaba con los profesionales requeridos, sino que además tenía: Residente de obra, asistente residente de obra, especialista de suelos, especialista de pavimentos, especialista de impacto ambiental y seguridad de obra y especialista en proyectos de inversión.

La comisión auditora que ha revisado el caso de la Avenida Arequipa ha confirmado que el presunto cargo de recepción de la carta dirigida por la MPCH solo tiene una firma, sin sello ni nombre del supuesto responsable de su recibimiento; pero además que la carta de respuesta de la empresa está fechada el 11 de marzo de este año, cuando – de acuerdo al cargo – la municipalidad envió la misiva apenas un día antes. Lo más extraño de este caso es que los representantes de la Constructora Corban han señalado a la Contraloría que la única oficina que tienen se ubica en la ciudad de Chimbote.

Peor aún, en su descargo ante la comisión auditora, Marco Medina Villena, de la Subgerencia de Logística, refirió que a Corban se le solicitó otra lista de profesionales en una segunda carta, pero este documento no fue anexado al expediente que se alcanzó a los fiscalizadores de la Contraloría sino hasta después que se pusiera sobre aviso las anomalías en la indagación del mercado.

Oh sorpresa, el cargo alcanzado a los auditores había sufrido un derrame de tinta en la parte en la que se encontraba la “fecha y hora” de recepción.

Lo más revelador vendría después. El 3 de octubre pasado, el gerente de la constructora, Juan Mendoza Meléndez, comunicó por escrito a la Contraloría que su empresa contrata a personal al momento de la ejecución de la obra, por lo que era imposible que en la presunta carta de respuesta a la MPCH haya señalado la disponibilidad inmediata de profesionales y técnicos.

En el cuaderno de “Documentos Recibidos” de la Subgerencia de Logística del municipio no aparece el registro de la recepción de la supuesta respuesta de la Constructora Corban, fechada según los funcionarios el 11 de marzo.

Por si fuera poco, cuando la comuna presuntamente alcanzó su requerimiento a la empresa, esta se encontraba con baja de oficio ante SUNAT, condición que había adquirido desde febrero de este año.

LAS OTRAS EMPRESAS

La Constructora Continental, a la que el municipio también le extendió el requerimiento el 10 de marzo pasado, también tiene domicilio fiscal en Chimbote, como lo confirmó el 4 de octubre, por escrito, a la Contraloría.

En este caso se repite la misma situación que con Corban. La Constructora Continental, según Medina Villena, recibió una carta rectificatoria a la inicialmente enviada en la que ampliaba el requerimiento de profesionales, respondiendo – supuestamente esta – que tenía a disponibilidad el mismo tipo de profesionales que Corban, lo cual ha sido desmentido por el gerente de la empresa, Omar Méndez Amoroto, quien sostuvo a la comisión auditora que el personal profesional y técnico es contratado cuando se presenta la ejecución de una obra.

Contrario fue lo que sucedió con la empresa CIA LIAM, cuyo domicilio se ubica en Puente Piedra – Lima, y a la que la carta de requerimiento fue entregada el 9 de marzo, recibiendo el municipio respuesta el día 11. La municipalidad le mostró a los auditores el cargo con firma y sello de recepción.

Sin embargo, el gerente de dicha constructora, Benigno Liñán Puri, se dirigió por escrito a la Contraloría negando tener conocimiento de dichas misivas y haber tenido o tener relaciones contractuales o de algún tipo con la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Consultado por la comisión auditora cómo es que fueron entregadas las cartas a las empresas, Medina Villena dijo que se hizo de manera directa a sus representantes cuando estos acudieron al municipio a entregar sus cartas de representación. Empero, esto ha quedado demostrado como falso, debido a que las cartas de representación ingresaron hasta con seis días de anticipación a la emisión de requerimientos.

Al respecto, la Contraloría ha concluido que en lo referente a la indagación de mercado, el municipio recurrió a la simulación y al uso de documentos inexactos y falsos.

EL GANADOR

El 24 de junio pasado el Comité de Selección, presidido por Dick Reque Zapata, levantó el acta de admisión de ofertas para la ejecución del proyecto de la Avenida Arequipa, consignando como único participante al Consorcio Arequipa, integrado por las empresas Tecnología y Construcción Oriana SAC y Maquinorte SAC.

Según el comité, el consorcio cumplía con los Términos de Referencia exigidos en las bases para el caso del residente de obra, asistente del residente de obra, especialista de suelos, especialista de pavimentos, especialista de impacto ambiental y seguridad de obra y especialista de proyectos de inversión.

Sin embargo, luego que la Contraloría revistara la propuesta del consorcio halló que lo alcanzado por su representante, Carlos Villanueva Correa, no cumplía con los Términos de Referencia establecidos en las bases de la licitación.

Por ejemplo, el ingeniero residente, cargo dado a Luis Graus Flores, no cumplía con tener capacitación en la nueva Ley de Contrataciones del Estado aplicada a obras, alcanzando al comité un certificado del año 2009, por lo que los contenidos de la capacitación sustentada no se ajustan a los cambios hechos a la norma.

Asimismo, Graus Flores no acreditó su participación en tres proyectos considerados como parte de su experiencia como residente de obra, debiendo – según las bases – adjuntar los contratos respectivos, exigencia que omitió y por la cual su propuesta debió ser desestimada.

Esto mismo sucedió con la asistente del residente de obra, ingeniería Eulalia Neciosup Ramírez, quien tampoco sustentó su experiencia previa en dos proyectos.

El especialista en impacto ambiental y seguridad de obra, Cosme Vásquez León, no acreditó estar capacitado en la nueva Ley de Contrataciones del Estado.

Aun así, la municipalidad provincial otorgó la buena pro al Consorcio Arequipa el 28 de junio y el 13 de julio procedió a la suscripción del contrato.

Por lo expuesto, la comisión auditora encargada de revisar el caso de la Avenida Arequipa, concluye que en la comuna provincial se trasgredió los señalado por la Ley de Contrataciones del Estado en lo referente a los principios que rigen las contrataciones (Artículo 2), responsabilidad (Artículo 9), y  requerimiento (Artículo 16).

Asimismo, se ha violado el Reglamento de la Ley de Contrataciones en lo referido a requerimiento; contenido del expediente de contratación; quórum, acuerdo y responsabilidad; documentos del procedimiento de selección; requisitos de calificación; procedimiento de evaluación; factores de evaluación; presentación de ofertas; evaluación de las ofertas, y calificación. 

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