Dictadura desde el Congreso es lo que la parlamentaria Yeni Vilcatoma de la Cruz asegura que existe por parte de la bancada de Fuerza Popular, y con ello rechaza las posturas que desde que se instaló el nuevo gobierno ha mostrado la representación anaranjada. La exprocuradora del Estado, que se convirtió en la primera disidente del fujimorismo, advierte que hechos peores podrían suceder en el futuro si el Ejecutivo no decide “ponerse los pantalones”.

La interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, es para Vilcatoma de la Cruz una muestra más de cómo el fujimorismo busca generar inestabilidad en la administración de Pedro Pablo Kuczynski.

Al respecto, señala que el problema se hace mucho más agudo porque el gobierno no ha logrado hasta ahora sentar una posición firme que le haga entender a la mayoría fujimorista que el Congreso no puede extralimitar sus competencias de representación, legislación y fiscalización, lo que difiere ampliamente de ponerle trabas a la conducción del país.

“Es indispensable que el gobierno dé muestras de contundencia respecto a sus decisiones. El congreso tiene su rol y este no puede servir para amedrentar o limitar al gobierno. Sí, tiene una labor de fiscalización que debe cumplir a cabalidad, pero ello no quiere decir obstaculizar o impedir que el Ejecutivo pueda aplicar su plan de gobierno, por algo este ha llegado con el voto popular”, menciona la parlamentaria.

CORRUPCIÓN Y LA REFORMA

Sin embargo, sostiene que sí es necesario también que Saavedra Chanduví deslinde con los actos de corrupción que se han denunciado en su ministerio, sobre todo por la presunta compra irregular de lotes de computadoras que involucran a trabajadores de mando medio.

“Es necesario que el ministro deslinde y denuncie de manera contundente todos los actos de corrupción que existen a diario, porque sí existen. La falta de decisión para demostrar esa lucha contra la corrupción es precisamente eso lo que está sirviendo como pretexto para que quieran censurarlo”, señala.

En su opinión, la interpelación y posible censura al ministro de Educación obedecería al propósito de frenar la reforma del sistema universitario impulsada con la Ley N° 30220, vigente desde julio del 2014.

“La reforma universitaria tiene que seguir su curso. ¿Qué está sucediendo en las universidades a nivel nacional? Que mediante sus centros de producción, cursos de especialización y de postgrado, los rectores, vicerrectores y decanos están cobrando sumas millonarias mensualmente con el pretexto de las famosas asignaciones especiales. Los fondos para las universidades estatales no están destinados para las autoridades, sino para su mejora en calidad y equipamiento. Eso tiene que acabar, por eso es que hay muchos intereses en frenar la reforma. Hay mal manejo de los recursos, para que las universidades crezcan en calidad académica e infraestructura”, enfatiza.

Añade que todos los congresistas tienen el deber de tomar una decisión en atención al interés del país. “Si nos toca defender la reforma universitaria, hay que hacerlo. Tenemos que evitar que la Ley Universitaria sea dejada de lado”, dice.

LEY MORDAZA

Anota que situaciones similares se repetirán, impulsadas por la mayoría fujimorista, si es que no se deroga la Ley Antitransfuguismo aprobada con los votos de Fuerza Popular. Según refiere Yeni Vilcatoma, con esta norma un congresista puede ser expulsado de su bancada y luego limitado en sus derechos y funciones, al no poder integrar otro grupo parlamentario ni presidir comisiones.

“Es una ley que esclaviza totalmente a un congresista, porque sabemos que Fuerza Popular hay congresistas que no se encuentran de acuerdo con muchas de las decisiones que se han venido tomando. Sin embargo, con la entrada en vigencia de esta mal llamada Ley contra el Transfuguismo, estos legisladores no pueden mantener su postura discrepante, con lo que se está vulnerando la facultad constitucional que tiene el parlamentario de sentar una posición en representación del pueblo”, explica.

La exprocuradora del Estado en el caso Áncash refiere que la Ley Contra el Transfuguismo nunca debió ser aprobada, por lo que espera que el Tribunal Constitucional, declare fundada la demanda presentada por el Congreso y suscrita por 40 legisladores.

“El trasfondo de esta ley, lo que está haciendo en la realidad de los hechos, es limitar que un congresista cumpla con su deber de representar al pueblo, de participar en comisiones. No se puede trasgredir la constitución con una ley, menos con una norma que busca esclavizar y amordazar a los congresistas que quieran emitir su voto de protesta ante tantas irregularidades que se están cometiendo”, asevera.

EXCESOS DE PODER

Añade que desde que se instaló el nuevo congreso la mayoría fujimorista ha caído en excesos, sobre todo al imponer a personajes no calificados para puestos claves como el Directorio del Banco Central de Reserva, por ejemplo.

“En el congreso existe en este momento una dictadura de la mayoría, concretamente desde el momento en que se emitió la Ley Contra el Transfuguismo, luego con la selección de los integrantes del BCR sin tomar en cuenta la voz de las minorías, pese a que fue una promesa que Keiko Fujimori hizo en la campaña electoral. No se respeta la voz de las minorías y se toman decisiones basándose en sus intereses”, manifiesta.

Considera incluso que lo dicho por el congresista Luis Galarreta al gobierno, que este deberá buscar a sus nuevos 18 ministros, anticipando censuras al gabinete que preside Fernando Zavala, revela la postura “intransigente y soberbia” de Fuerza Popular.

“Ambos poderes deben respetar sus límites y ejercer sus funciones dentro de lo que la ley prevé. El gobierno tiene que dar muestras claras de cumplir sus decisiones, de cumplir con su plan y de ser frontal respecto a las posiciones que pueden llegar desde el congreso, que resultan ser más de amedrentamiento que correctivas”, refiere.

AMENAZAS 

Para Vilcatoma de la Cruz están latentes dos nuevas amenazas para la estabilidad del gobierno y la lucha frontal contra la corrupción. La primera de ellas es el modo en el que el fujimorismo plantea la designación de los procuradores del Estado.

“La propuesta de autonomía de las procuradurías buscaba que sus titulares sean designados por el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM. Sin embargo, en estos primeros meses, lo que ha hecho el fujimorismo es orientar tendenciosamente la discusión y llevar todos sus intereses para que sea el Congreso, donde se ejerce la dictadura de la mayoría, el que designe a los procuradores. Esto sería totalmente contraproducente a la lucha contra la corrupción, porque los fujimoristas pondrían a los procuradores contra terrorismo, narcotráfico, corrupción, lavado de activos, y esa no fue la promesa que se hizo en campaña al país”, detalla.

Precisa que la segunda amenaza, a la que califica de más grave, es la intención fujimorista de volver a admitir la reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores regionales.

“La modificatoria constitucional tiene un año y sin embargo hasta ahora ya existen tres proyectos, uno de ellos presentado por el congresista Héctor Becerril, con los cuales se busca volver a la reelección de las autoridades regionales y municipales. Esto debe ser rechazado por todo el país, pues no hay un solo lugar donde los alcaldes y los gobernadores regionales no se encuentren cuestionados por corrupción, y a ello se suma que tampoco se ha dado ninguna propuesta o cambio en el sistema judicial que representa una verdadera lucha contra la corrupción para que desde ahora ya se pretenda que los alcaldes y gobernadores se reelijan”, menciona.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Acota que con la elección de Duberlí Rodríguez Tineo como presidente del Poder Judicial es necesario generar buenas expectativas, pero mucho depende de cuáles sean sus primeros pasos a partir de enero próximo cuando asuma el cargo.

“Que el Poder Judicial tome decisiones para identificar los focos de corrupción y se logre destituir a los jueces corruptos que existen y manchan la imagen del Poder Judicial debe ser la prioridad del juez supremo Duberlí Rodríguez”, añade.

Sobre el trabajo de Héctor Becerril al frente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, cargo para el que inicialmente ella fue designada, Yeni Vilcatoma indica que este es cuestionable, debido a que no garantiza neutralidad.

“Últimamente lo que estamos observando por parte del congresista Becerril es que se está olvidando que él es el presidente de la Comisión de Fiscalización y, por lo tanto, su postura tiene que ser neutral y de lucha contra la corrupción. Es cierto, es partidario de Fuerza Popular, pero su comportamiento y las excesivas palabras que lanza contra el gobierno van más bien con una intención de amedrentamiento, lo cual no es válido. Él, desde la Comisión de Fiscalización, puede realizar investigaciones que logren revelar la corrupción que puede haber en el gobierno”, indica la parlamentaria.

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