La Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales, junto a Promsex, presentó por octavo año consecutivo su informe nacional que apunta a la visibilización de los problemas que afectan a esta parte de la sociedad peruana, en el que además se plantean acciones conjuntas para exigir al Estado políticas públicas que permitan la igualdad y el reconocimiento de sus derechos plenos como ciudadanos.

El documento, que responde a un análisis sesudo y metodológico de la situación actual de la comunidad LGTBI en el Perú, referido a los derechos humanos para el período 2015 – 2016, presenta información detallada de los casos de violencia, discriminación y las consecuencias de la homofobia, como los crímenes de odio, por ejemplo, en el contexto mundial, latinoamericano y nacional, con el objetivo de mostrar una realidad comúnmente minimizada por los actores políticos, llamados en primer orden a impulsar la igualdad de derechos.

Se menciona, por ejemplo, que en el 2015 el Ministerio Público celebró un convenio con la ONG Salvemos a la Familia, para que esta dicte talleres de identidad y desarrollo personal, con contenidos prejuiciosos anti LGTBI en varios distritos de Lima, y que en octubre de ese mismo año la delegación peruana que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para exponer la situación del país, evidenció su falta de voluntad política para hacer que las decisiones de la Comisión Nacional contra la Discriminación sean vinculantes en todas las instancias del Estado.

A esto se suma que en diciembre pasado el entonces congresista Juan Carlos Eguren eliminó del dictamen del Nuevo Código Procesal Penal toda mención a las categorías de orientación sexual e identidad de género como condiciones a proteger contra la persecución y la discriminación. Ese mismo mes, el Ministerio de Justicia convocó a una mesa de trabajo para instituir políticas públicas a favor de la población LGTBI, que había sido excluida del Plan Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, tiempo después la mesa quedó desactivada sin que se aplique ninguna modificatoria, negándose el portafolio a emitir información a los grupos, colectivos y organizaciones del porqué de su decisión.

Lo mismo sucedió con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el que se trabajaba una mesa para incluir temáticas de la violencia familiar y sexual de la población LGTBI.

Peor aún, durante la campaña presidencial de este año los mensaje anti LGTBI se hicieron severos en algunos aspirantes a la presidencia de la República, donde se incluye al ahora mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

INACCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA

El informe señala que las afecciones a la vida e integridad de la población LGTBI se inicia porque existe un contexto social generalizado y caracterizado por prejuicios esterotipados contra ella, porque se omite la adecuada investigación contra actos de violencia en su contra, y porque hacen falta propuestas efectivas del sector educación, salud y justicia para eliminar patrones culturales de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

“Se demuestra la inacción del Estado para hacer frente a la violencia y discriminación que enfrenta de manera sistemática y estructural la población LGTBI del país. La falta de normatividad para sancionar con más severidad la discriminación y los crímenes de odio motivados por orientación sexual e identidad de género es el resultado de la influencia de los discursos de odio al interior del Congreso de la República y la presión por parte de grupos conservadores ligados al poder político”, menciona.

Sin embargo, dicha situación, a diferencia de años anteriores, - según señala el estudio – ya no genera absoluta indiferencia, debido a que en las elecciones presidenciales y congresales de este año, en comparación con las del 2011, se presentaron cuatro planes de gobierno que incluyen propuestas específicas desde el ámbito legislativo, capacitación a funcionarios, políticas públicas y atención a víctimas, para hacer frente a la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género.

REALIDAD

Se destaca la existencia de avances importantes en el último año, como la aprobación de los “Lineamientos técnicos para la atención de personas LGTBI en los servicios del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS”, empero se lamenta que el reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, promulgado en julio de este año, no haya incluido como ámbito de aplicación la identidad de género de las personas, como la de las mujeres transexuales, por ejemplo.

De acuerdo a la información recopilada, desde abril del 2015 a marzo de este año, se registraron 15 casos de discriminación perpetrados por agentes privados en lugares de entretenimiento, educación y trabajo.

Asimismo, ocho casos de discriminación en instituciones estatales perpetrados, sobre todo, por miembros de la Policía Nacional del Perú y serenazgo en espacios públicos, principalmente motivados por manifestaciones de afecto de parejas del mismo sexo.

También se registraron ocho víctimas de violencia familiar, en su mayoría personas gays y lesbianas, cuyos agresores fueron por lo general sus padres y madres, incluidos sus hermanos o hermanas. No obstante, pocas víctimas continuaron el proceso judicial o dejaron sus hogares.

En cuanto a las afectaciones a la seguridad personal que no resultaron en muerte, se reportaron 43 casos, vinculados en general al trabajo sexual y donde las trans femeninas fueron las principales víctimas (32). De las agresiones reportadas, 19 fueron perpetradas por un agente privado y 24 por un agente institucional (estatal).

A estas cifras se suman los ocho casos de asesinatos a personas LGTBI, principalmente contra gays. Todas las víctimas fueron atacadas en espacios privados, pese a que casi todos los asesinos eran desconocidos.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

“La participación política de las personas LGTBI es un derecho cuyo ejercicio continúa sin ser garantizado de forma efectiva por los poderes del Estado, a pesar de representar un instrumento que puede contribuir decididamente a ampliar y profundizar el sistema democrático. En este sentido, falta mucho por conquistar. Mientras que persistan la exclusión, la discriminación y la desigualdad, como demuestran los casos de afectación del derecho al voto de las personas trans, la democracia será incompleta”, se afirma en el informe.

Sin embargo, se reconoce que en las elecciones generales de este año se logró un avance considerable en lo referido a la participación política de las personas LGTBI, especialmente con respecto a los procesos de incidencia y a la visibilidad de candidatas y candidatos abiertamente LGTBI en la escena política.

“Afortunadamente, es cada vez mayor y más diversa su participación en los procesos electorales y en las instituciones, pero también en los debates públicos en torno al reconocimiento de la igualdad jurídica y social. Los derechos humanos de las personas LGTBI han entrado en la agenda pública con mucha fuerza y ello debe interpretarse como un gran logro de la sociedad civil organizada”, se indica.

LA EDUCACIÓN

Señala además que aunque es importante resaltar ciertos avances del Estado Peruano con respecto a la legislación relacionada a la educación sexual integral y, por ende, al reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género en algunos planes y manuales para docentes y alumnos, todavía hay mucho que hacer en favor de las poblaciones LGTBI, históricamente excluidas. “El Estado Peruano tiene la necesidad de cerrar filas para elaborar políticas públicas educativas que incorporen el enfoque de derechos humanos y educación sexual integral y que reconozcan la existencia de personas LGTBI”.

El informe precisa que diversas publicaciones elaboradas por el Ministerio de Educación no abordan adecuadamente la orientación sexual y la identidad de género ni tampoco contribuyen a entender las diferentes variantes de la sexualidad. “Tienen marcos conceptuales y actividades educativas cargadas de prejuicios, estigmas y estereotipos que, por el contrario, ayudan a generar más discriminación y violencia hacia las poblaciones LGTBI”.

Anota también que aún no se previene de manera adecuada la violencia escolar por la ausencia de un enfoque integral y sostenido que reconozca la existencia de estudiantes con orientaciones sexuales e identidades de género distintas a las impuestas por la “heteronormalidad”.

“Aunque puede existir un compromiso político y financiero, todavía hay grandes deficiencias para realizar investigaciones que validen la elaboración de políticas públicas inclusivas que logren prevenir la violencia al interior de las escuelas peruanas”, se enfatiza.

 respuesta de 554569 el 2021-09-25.

 respuesta de 138811 el 2021-09-11.

 respuesta de 951395 el 2021-09-10.

 respuesta de 252373 el 2021-09-06.

 respuesta de 977179 el 2021-08-28.

 respuesta de 176441 el 2021-08-28.

 respuesta de Alfredo el 2020-05-29.

Deja tu Comentario