De grado o fuerza será llevado hasta las instalaciones de la División de Investigación Criminal – DIVINCRI de Chiclayo, el jefe del Centro de Gestión Tributaria–CGT, Nilton César Monje Sampén, en caso ponga resistencia a colaborar en la investigación que la fiscalía le abrió el último 28 de noviembre por la presunta comisión del Delito Contra la Administración Pública, en su modalidad de nombramiento o aceptación indebida para el cargo público.
Junto a él también debe acudir la DIVINCRI el ex gerente de operaciones del Centro de Gestión Tributaria, Juan Francisco Zetner Alva, quien duró en el cargo 48 horas, para que también responda por el mismo delito, al haber sido designado sin concurso público y mucho menos sin reunir el perfil profesional tal y como lo dispone el Manual de Organización de Funciones del ente recaudador.
De acuerdo a la carpeta fiscal N° 5927 -2016 firmada por la titular del Tercer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, María Antonieta Larrea Wong, se dispuso dar inicio a las diligencias preliminares por el tiempo máximo de 60 días calendarios contra Nilton César Monje Sampén y Juan Francisco Zetner Alva.
De igual manera, la fiscal Larrea Wong dispuso que la investigación contra Nilton Monje Sampén y Francisco Zetner se realice durante los primero 30 días, en la sede de la DIVINCRI, donde deberán declarar sobre los hechos que se les imputa.
DÍA Y HORA
Las primeras declaraciones de los imputados han sido programadas para las 8:00 y 9:00 de la mañana del próximo 7 de diciembre, para lo cual deberán acudir acompañados de su abogado defensor.
Además, la fiscal dispuso que se notifique al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo para que remita en forma urgente el Manual de Organización de Funciones, así como copia fedateadas de la resolución de gerencia donde se designa en el cargo de gerente de Operaciones a Juan Francisco Zetner Alva, y los antecedentes que dieron origen a su designación.
También copia fedateada del oficio de orientación del acto de control emitido por el Órgano de Control Institucional del CGT, en relación al nombramiento Francisco Zetner como gerente de Operaciones.
De igual manera, copia fedateada de la resolución de gerencia general u acto jurídico administrativo que deja sin efecto la designación en el cargo de Francisco Zetner, así como copia de la carta de renuncia de este como gerente de Operaciones.
La fiscal también ha solicitado al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo remita copia fedateada de la resolución en que se nombra a Nilton Monje Sampén como jefe del ente recaudador, así como sus antecedentes policiales, judiciales y penales.
EL ORIGEN DE LA DENUNCIA
La denuncia contra el jefe del CGT se produjo a la 1:00 de la tarde del pasado 16 de noviembre, por el presunto delito de nombramiento indebido en el cargo, al haber designado como Gerente de Operaciones del CGT al ex aspirante a regidor de la Municipalidad de Chiclayo, Juan Francisco Zetner Alva, quien se convirtió en el subgerente de Desarrollo Económico Local de la comuna.
La historia de esta denuncia, que fue interpuesta por los regidores Guillermo Segura Díaz, Liliana Barrantes Piscoya, Laura Irene Hernández Gonzales, César Torres Gálvez, César Edgardo Sisniegas Vergara y Víctor Raúl Rojas Díaz, empezó luego que el 8 de noviembre pasado, cuando por medio de la encargada del área de Recursos Humanos, Milagros Graciela Huamán Paredes, se cursó memorando y resolución de conclusión de servicio como Gerente de Operaciones de Oscar Fiestas Jacinto y en su lugar se designó a Zetner Alva.
El 9 de noviembre se sentó en la silla de la Gerencia de Operaciones, pero es el caso que 24 horas después se vio en la necesidad de renunciar por no reunir el perfil profesional que el Manual de Organización de Funciones del CGT requiere, a fin de evitar ser denunciado penalmente. Sin embargo, ya era demasiado tarde.
La designación de Juan Francisco Zetner Alva fue pasada desapercibida por el jefe de Asesoría Jurídica del CGT, Yuri Gali Díaz Cajo, quien lejos de observar la designación por no reunir los requisitos mínimos y evitar una denuncia penal en contra del jefe del ente recaudador, se habría hecho de la vista gorda.
El jefe de la Oficina de Control Institucional, Robert Vargas Tepe, advirtió el nombramiento presuntamente ilegal e inmediatamente remitió al jefe del CGT el escrito donde le hacía saber la ilegalidad en la designación, lo cual debió haber sido advertido por el jefe de Asesoría Legal, y sugerir se hagan las correcciones inmediatas a fin de no afectar el normal funcionamiento del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
ASESORÍA JURÍDICA
Vargas Tepe también advirtió que se pretendía modificar el Manual de Organización de Funciones – MOF, a la medida del perfil profesional de Francisco Zetner para que este pueda regresar y asumir funciones en los siguientes días, sin que el responsable de Asesoría Jurídica lo observe, cometiendo presuntamente el delito de omisión de funciones.
Los denunciantes hicieron conocer que en el delito que ahora la fiscalía investiga se habría determinado hasta tres elementos importantes que tipifican un ilícito penal, como: “hacer nombramiento”, “cargo público” y “persona que no cuenta con los requisitos legales”. Además, el delito de omisión el cual habría sido cometido por otros funcionarios.
“El delito no ha sido cometido por desconocimiento o ignorancia, ya que en el ente recaudador existe un órgano de Asesoría Jurídica con dos abogados, los que han guardado silencio”, señaló el abogado de los regidores de oposición, Víctor Luna Victoria.
SE CONSUMÓ EL DELITO
De acuerdo a las primeras investigaciones, el jefe de Asesoría Jurídica, Yuri Díaz Cajo, debió alertar a Nilton Monje, del delito que estaba cometiendo, permitiendo con su silencio que Francisco Zetner ocupe el cargo y despache por 48 horas.
Lo más grave es que Juan Francisco Zetner Alva fue presentado al personal del ente recaudador como el nuevo gerente de Operaciones y habría firmado algunos documentos. Sin embargo, enterado que su designación era ilegal y que había cometido un delito castigado por el Código Penal, no hizo más que presentar su carta de renuncia y abandonar la institución.
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