El politólogo Jorge Vallejo Castello reflexiona en alto para Expresión sobre la coyuntura nacional, regional y local, poniendo énfasis en las carencias que presenta actualmente Lambayeque y por las cuales se reducen las posibilidades de progresar al ritmo de departamentos vecinos como Piura y La Libertad. La inexistencia de una utopía colectiva de lo que se quiere en el futuro, es quizá el principal problema, asegura.
Recientemente se cumplieron los 100 primeros días del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y en palabras de Vallejo Castello son medianamente tibios los resultados que hasta el momento puede exhibir la administración, al margen del paquete que reduce trámites en entidades públicas y medidas legislativas que se anunciarán en los próximos días.
“Esperábamos medidas más trascendentales al inicio del gobierno, anuncios mucho más importantes o de mayor impacto que hasta ahora no se han visto. Más allá de ciertas medidas y alguno que otro escándalo, en los primeros meses de gobierno se ha demostrado que no hay todos los equipos o cuadros que se esperaban como respaldo de la gestión de Peruanos Por el Kambio”, señala.
A esto suma la primera crisis en la bancada oficialista, que con 18 integrantes a inicios de semana resolvió apartar al legislador Roberto Vieria, restando aún más respaldo en el Parlamento donde el fujimorismo tiene mayoría aplastante.
“El oficialismo no puede darse el lujo de ir pendiendo a sus integrantes, más aún porque el trasfondo de esta expulsión del señor Vieria es una posible rivalidad entre los congresistas de la capital y los de provincia, y el secuestro del presidente de la República por un grupo de poder, que no es la primera vez que se manifiesta. Lo mismo se dijo de Ollanta Humala”, indica.
Jorge Vallejo comenta que se esperaba que un presidente como Pedro Pablo Kuczynski, que ha pasado por distintos espacios gubernamentales y que se mantiene en política desde los años 60, garantice medidas y decisiones con mayor firmeza al inicio de su gobierno. “Esa era la expectativa”, dice.
“Decir que un presidente, con 78 años de edad, que está política desde los años 60, se encuentra secuestrado por un grupo, o es una manera de tratar de justificarlo o, si es verdad, es algo demasiado serio”, apunta.
PUESTOS ANARANJADOS
El también consultor, quien se desempeña como coordinador de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, pone énfasis al precisar que el gobierno de Kuczynski ha mostrado amplia permisibilidad para que el fujimorismo ocupe puestos claves en instituciones del Estado, esto tras la designación del nuevo intendente de la SUNAT, del Defensor del Pueblo y de los directores del Banco Central de Reserva – BCR.
La situación – señala – merece especial atención considerando que en las próximas semanas se deberá elegir también al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, al jefe de la ONPE y renovar asientos en el Tribunal Constitucional.
“Esto es parte del juego político. Hay una bancada mayoritaria que es la que tiene en este momento estos puestos públicos y nombramientos, y los votos necesarios para hacerlos efectivos. El fujimorismo tiene la sartén por el mango. El punto está en cómo se lidia con ello, lo que se está organizando o haciendo ante los nombramientos son marchas y movilizaciones, pero ¿cuánto durará esto? No podemos seguir a ese paso”, refiere.
Anota que el gobierno debería ponerle más seriedad al tema y procurar impulsar reformas y filtros que permitan la designación de los más idóneos, sin importar sus relaciones político – partidarias, en los puestos claves del Estado.
Cita como ejemplo lo recientemente logrado en Chile, donde las cámaras han aprobado una medida que eleva las vallas para el acceso a dichos nombramientos. “Se pasa por comisión a los candidatos, donde se evalúa idoneidad, trayectoria, conducta ética y otros aspectos, y recién después pasan al pleno de la cámara de diputados y el senado, para que no haya sorpresas. Son filtros que nacen en la institucionalidad. Este tipo de iniciativas ya debería de trabajar la bancada oficialista en vez de estar llamando a marchas”, explica.
LA RUTA DE LAMBAYEQUE
El análisis que Vallejo Castello realiza de la situación departamental se centra en la ausencia de objetivos comunes o grandes líneas de desarrollo que agrupen el esfuerzo de los espacios de gobierno regional y local, y de la sociedad civil organizada.
En su opinión, más allá de la puesta en operatividad de la irrigación Olmos y de los intentos por lograr la ejecución del Terminal Marítimo de Puerto Eten, no se ve más.
“En todo caso, es algo que yo he mencionado varias veces: falta una mejor estrategia de comunicación sobre lo que se está haciendo y cuáles son los objetivos de la gestión regional. En Lambayeque lo que falta es saber articular los niveles de gobierno, por un lado está el gobierno nacional mientras que el gobierno regional y los municipios no logran armonía. Lo que se ve son pleitos entre las autoridades y eso no le hace ningún bien a la ciudadanía”, remarca el politólogo.
CASO CHICLAYO
Asegura que el caso de Chiclayo es mucho más preocupante en comparación a lo que sucede en el resto de provincias de Lambayeque, sobre todo porque esta tiene una historia reciente marcada por el mal gobierno y la corrupción, cuya expresión máxima es la prisión preventiva que por ahora cumplen el exalcalde Roberto Torres Gonzales y sus más cercanos colaboradores.
Jorge Luis Vallejo señala que la continuidad de esa “historia trágica, representa simplemente mayor atraso”.
“Chiclayo tenía la oportunidad de despercudirse, de reaccionar, pero hasta ahora no noto una actitud clara de reacción. Podríamos estar peor, sí, pero tampoco hemos avanzado. La provincia pudo conducirse de mejor manera”, enfatiza en analista, quien forma parte del Instituto de Estudios Social Cristiano – IESC.
Recuerda que cuando el alcalde, provincial David Cornejo Chinguel, juró el cargo, en enero del 2015, expresó un discurso claro y directo a la población de lo que se quería hacer, “un intento de reforma administrativa de la municipalidad”, pero cuyos resultados aún no se perciben y no han sido explicados a la ciudadanía.
“Aún a nuestros alcaldes lo que les falta es entrar en una mayor comunicación con la ciudadanía, lo que no quiere decir imprimir folletos o revistas, sino de llegar a la población y también escucharla. Llama sí la atención que el alcalde de Chiclayo no haga lo que dijo en ese primer discurso, es decir tener una política de puertas abiertas para todos. No se nota esa actitud”, afirma.
LA GRAN CARENCIA
A decir de Jorge Vallejo, uno de los principales problemas en Lambayeque es la falta de una visión compartida de lo que se quiere para el largo plazo.
“A Lambayeque le falta definirse, tener claro hacia dónde quiere ir. Me parece que las cosas se hacen conforme cae el día, porque se hacen obras y proyectos, pero nadie sabe a qué responden estos, ¿forman acaso estos parte de un eje mayor?, ¿responden a los objetivos estratégicos de mejora de la calidad de vida? No se trata simplemente de poner cemento por aquí o por allá, sino de saber para qué se hace, resolver cuál es la utopía que se busca de Lambayeque, la idea mayor”, señala.
Anota que no se observa el rol de alcaldes provinciales, que piensen y actúen en función del bienestar y progreso de los distritos dentro de sus jurisdicciones, y lo mismo pasa con el Gobierno Regional de Lambayeque, donde hay ausencia de una gestión multiprovincial, con proyectos que tengan impacto para todo el departamento.
“No se ve a un gobernador regional que sepa articular tres provincias y 38 distritos. No se trata de mandarlas, porque hay autonomía entre el gobierno regional y los gobiernos municipales, pero sí de coordinar. Repito, nos falta tener una utopía de Lambayeque y al mismo tiempo saber coordinar nuestras políticas públicas”, menciona.
Vallejo Castello añade que es saludable que en los últimos meses la sociedad civil, a través de las instituciones de mayor representatividad local, empiecen a organizarse y trabajar juntas en la búsqueda de objetivos comunes como el Terminal Marítimo de Puerto Eten.
“En el gobierno de Roberto Torres la sociedad civil se organizó cuando el problema era ya insostenible, pero lo que debió existir y debe existir siempre es una actitud vigilante mucho más cercana a los gobiernos. Si las instituciones de Lambayeque se comprometen a luchar por un proyecto, como el Terminal Marítimo o cualquier otro, considerando que hay muchas potencialidades no aprovechadas, entonces será posible establecer nuevas agendas para el departamento”, anota.
UNIVERSIDADES
Lambayeque tiene a la fecha 10 universidades, las cuales no interactúan entre sí pese al rol social que tienen. Su distanciamiento de la realidad local merece – según afirma Jorge Vallejo – un severo llamado de atención, pues “estas permanecen cerradas y preocupadas solo de su reja hacia dentro”.
“Les falta esa actitud de comprometerse con el desarrollo local. Las universidades de Lambayeque tienen distintas facultades, no quiere decir que los rectores van a estar en todas las coordinaciones y actividades. La academia es un actor importante para el desarrollo, porque se entiende que ahí está el apoyo técnico. No solo a nuestros gobernantes les falta trabajar en equipo, también a las universidades”, precisa.
HUB DELINCUENCIAL
En los últimos cinco años Lambayeque ha hecho noticia nacional por la desarticulación de presuntas organizaciones criminales que operaban en diversos sectores, desde el universitario hasta el azucarero.
Este tipo de hechos – explica Jorge Vallejo – muestra que existe un serio problema de control y seguridad que no se enfrenta aún con la efectividad necesaria, lo que acarrea una serie de impactos negativos en perjuicio del desarrollo departamental.
“En lugar de ser el hub empresarial nos estamos convirtiendo en el hub delincuencial, porque desde aquí las bandas operan en Piura y La Libertad y otras zonas del país. Es alarmante y hay que evaluar cómo reaccionan ante ello nuestras autoridades. Por la delincuencia con redes que se infiltran en diferentes espacios, es necesario medir la reacción de las autoridades y el compromiso que asumen al respecto”, señala.
Anota que, por ejemplo, los alcaldes tienen la obligación, por ley, de realizar al año cuatro audiencias públicas referidas exclusivamente a la seguridad ciudadana, exigencia que no se cumple y sobre la cual nadie ha fiscalizado.
“La excusa de las autoridades es decir que delincuencia hay en todo el país y con ello se justifican para no hacer nada. El problema es ese, que hay omisión de funciones y muy poco hace la sociedad civil para fiscalizar y hacer presión sobre esto”, concluye.
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