Todo se ha mecanizado, pero existen fiscales que no realizan investigación tal y como lo ordena la norma. Además, el agravar penas y la implementación de más delitos, no está dando resultados positivos en la lucha contra la criminalidad.

 

“En los últimos años, los lambayecanos hemos sido testigos de constantes delitos perpetrados por agrupaciones criminales que han “sembrado” el terror en diversas ciudades del país, en especial en nuestra localidad, Chiclayo. En su momento se descubrió a la conocida “Gran Familia” que fuese desarticulada y cuyos miembros purgan condenan actualmente.

 

A esta, le sucedió “El nuevo clan del norte” y recientemente se ha detenido a “La Hermandad del Norte”,  agrupaciones que establemente y con distribución de roles, según las investigaciones preliminares, extorsionan, secuestraban, trafican terrenos y asesinaban dentro de la ciudad, y cuya complejidad ha ameritado un arduo trabajo para el Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial”, sostuvo la abogada Julissa Larios Saavedra,  especialista en Derecho Penal.

 

La letrada explica que conocedores de esta realidad, la de nuestro país, en lo referente a crimen organizado, el legislador ha creído conveniente incorporar dispositivos legales tendientes a “mejorar” la investigación en este tipo de criminalidad; además de “asegurar” el cumplimiento definitivo de las condenas, sin embargo algunas de estas medidas exceden los límites de los derechos fundamentales y, lejos de propugnar el fin resocializador de la pena, generan represión penal afectando el principio de proporcionalidad.

 

“EL CHUPONEO”

La Ley Nº 30077, denominada “Ley Contra el Crimen Organizado” –señala, incorpora diferentes dispositivos tanto penales, procesal penales, como de ejecución penal, entre ellos se tiene la interceptación de las comunicaciones, si bien se ha regulado para su obtención se requiere de fuertes elementos objetivos de convicción, pero en la práctica sucede que sin concurrir este presupuesto y por la sola mención a “organización criminal”, se brinda la misma, en este caso al Ministerio Público para escuchar por medio de uso diario de su teléfono a cuanta persona se desee.

 

De igual manera, teniendo en cuenta que se prevé también la posibilidad de que en caso el contenido de las llamadas sean irrelevantes; es decir, sin importancia para el caso, estás sean devueltas y destruidas. Sin embargo, ello sucederá cuando en todo caso ya existe una afectación al derecho de las comunicaciones e intimidad personal, ya que el hecho de escucha que no es más la forma de “chuponeo telefónico” se ha materializado.

“Inclusive el mismo Ministerio Público, defensor de la legalidad, es imputable de dicho actuar, siendo que el mismo órgano del Ministerio Público, es el primero en infringir normas, y derechos fundamentales, que se debe respetar al imputado hasta que esa presunción de inocencia no sea quebrada”, explica Julissa Larios.

 

Ahora bien – detalla la abogada, la  modificación del artículo 189 del Código Penal – Robo Agravado, e incorporación de cadena perpetua por la comisión de dicho delito cuando se integra una organización criminal,  me atrevo a sostener que esta medida es desproporcionada, pues se condena con una pena atemporal un delito que afecta el bien jurídico patrimonio, lo que no ocurre en los delitos Contra la Vida –Homicidio- afectando al principio de proporcionalidad de las penas, en tanto para un bien jurídico de orden mayor –Vida- no se establece una protección tan intensa como para el patrimonio -robo.

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS

En este punto, en la prohibición de beneficios penitenciarios  se ha incluido también la prohibición de otorgar beneficios penitenciarios de semi libertad y liberación condicional a quienes integren estas organizaciones, empero, ello no se colige con los fines de resocialización de la norma de ejecución penal, por el contrario obedece a un efecto represivo, el cual de modo alguno debe ser legitima para la limitación de derechos.

 

“Si bien los beneficios penitenciarios son considerados estímulos, bajo el principio de igualdad, los internos deberían estar en las mismas posibilidades de acceder a ellos, siendo que ya en cada caso deberá analizarse su efectiva resocialización más no negarse su acceso de plano, cuando todos sabemos el estado de hacinamiento en que se encuentran las prisiones del país, especialmente la de Picsi, donde existen más de 4 mil internos, cuando su capacidad es de casi mil”, señaló.

 

Precisa que es poco concebible tratar de entender que en un procedimiento de esta índole, al supuesto imputado se le priva de muchos derechos, entre ellos el derecho al Debido Proceso, uno de los pilares fundamental del Proceso Penal; es decir, el Nuevo Código Procesal Penal que es garantista, se convierte o lo han convertido en  adversario del imputado e inquisitivo para quienes son acusados o sindicados de un delito, que para demostrarse que es responsable o tiene alguna participación, es detenido y encerrado en una celda por varios meses, según el periodo que dure la investigación, tiempo que el Ministerio Público necesita para determinar si una persona es culpable o no.

 

“Me pregunto: ¿Realmente se cumple con la Ley N° 30077 - “Ley Contra el Crimen Organizado”? Desde mi punto de vista, la mencionada Ley está en aplicación del mismo, y dentro de los parámetros del Nuevo Código Procesal Penal, por lo cual debe respetarse en el momento de su aplicación”, señala.

 

¿Y LOS DERECHOS  FUNDAMENTALES?

“Con respeto de los derechos fundamentales de los imputados por tales o cuales delitos, tenemos en cuenta que en estos casos a los imputados se les priva de todos sus derechos fundamentales, y para ello actúan tanto los fiscales como la Policía Nacional, como los principales transgresores de dicha norma”, sostiene la especialista en Derecho Penal.

 

Explica que ahora el Ministerio Público se ha vuelto un transgresor de los Derechos Fundamentales y de la realidad palpante, considerando que era innecesaria una nueva Ley Contra el Crimen Organizado, al advertir incoherencias y disposiciones que resultan contraproducentes con la administración de justicia. 

 

“Cabe precisar que ya se ha determinado que el  incrementar penas, crear nuevas figuras delictivas y restringir los beneficios penitenciarios, respecto de los que se subsuman en dicho tipo penal, los delitos se siguen cometiendo; en ese sentido, la falta de análisis y estudios de las mejores medidas para combatir acertadamente los fenómenos de la criminalidad, pueden generar a la larga, "efectos totalmente negativos" como los que en la actualidad se están viendo; es decir, se vulneran derechos de personas, consagrados en nuestra Carta Magna, y en normas internacionales de derechos personales”, señaló. 

 

El problema que en la actualidad se vive en el país, especialmente en Lambayeque, nos lleva a pensar que se van a necesitar una enorme cantidad de jueces y fiscales para poder resolver dentro de los plazos que dice el Código Penal, los casos que el Ministerio Público imputa a las personas.

 

“Hoy en día los jueces no se dan abasto, más aun cuando el Estado Peruano no ha asignado presupuesto para tener más fiscales y jueces, debiendo tener en cuenta que también se tendrá que duplicar el número de penales en el país.

 

Con estas normas todos los que podían acogerse a la reducción de la pena por redención, trabajo o estudio en el penal ya no van a poder hacerlo, y cada día vamos a  tener penales a punto de estallar donde existen personas culpables e investigadas bajo la modalidad de prisión preventiva", sostuvo. 

 

De igual manera,  la letrada afirma que en el mundo, el agravar penas y la implementación de más delitos, no ha dado resultados positivos en la lucha contra la criminalidad, sino que -al contrario- genera una sociedad más violenta. 
"No hay nadie que haya podido reducir la criminalidad con normas. Si queremos reducir la  criminalidad, tenemos  que hacer políticas sociales, políticas de desarrollo, políticas de humanidad, de relaciones humanas y del respeto en general, tanto de ciudadanos a autoridades y de autoridades a ciudadanos", afirma.

 

TRABAJO CONSCIENTE

Las condiciones sociales que originan la delincuencia continúan en aumento e incluso se potencian cada día, aunque haya una mayor eficacia en la persecución penal. Con todo lo que viene ocurriendo en el país y en Lambayeque, lo único que se va a producir es una mayor población penal, pero más no una sociedad segura.

 

“Por la forma como se viene administrando la justicia en nuestra región, que no nos extrañe que al final el problema se duplicará, pues a las tasas de criminalidad que diariamente se investigan y por las que se pide prisión preventiva a pesar que en algunos casos no hay pruebas contundentes, deberá sumarse el problema de la escasez de cárceles y el hacinamiento penitenciario”, explicó.

 

Los ciudadanos y los abogados –señala- buscan que la ley sea efectiva y que la delincuencia y el crimen organizado disminuya, pero eso dependerá de los operadores del sistema penal – el Ministerio Público y el Poder Judicial, los que internalicen los beneficios o las ventajas que ofrecen estas leyes en la persecución penal y pongan las condiciones para su adecuada utilización en los casos concretos. A ello –agrega- también se debe sumar la Policía Nacional como ente de apoyo al control y orden público, pero capacitada y respetuosa de los derechos ciudadanos.

 

RESPETO A LOS DERECHOS

Lo más preocupante para que esta internalización de los operadores del sistema penal obtengan los resultados de seguridad y tranquilidad pública que todos deseamos, es que las personas en la que es Estado ha puesto su confianza, no transgredan nuestro Debido Proceso cuando existe un proceso de investigación, realicen intervenciones abusando del poder que se tiene, “sembrando elementos para crear delitos, entre otras acciones que en estos momentos son cuestionadas.

 

“Las leyes que tenemos suenan muy bonitas y con el carácter que tienen fácilmente nos pueden dar seguridad y tranquilidad, pero hacen falta muchas cosas que no son más que cuestiones de personas como por ejemplo realizar una labor de capacitación a policías, jueces y fiscales en el manejo de estos nuevos instrumentos legales”, detalla.

 

En la actualidad –explica- los operadores de justicia, así como los órganos de apoyo, se exceden en sus funciones presuntamente por desconocimiento o por “mareo” de la responsabilidad concedida.

 

“Hay que tener en cuenta que todo se ha mecanizado, lo cual es bueno y es malo, pero en el caso del Ministerio Público, puedo decir que existen fiscales que no realizan investigación tal y como lo expresa nuestra norma, inclusive el Ministerio Público debe tener una participación activa, cosa que no se da en el momento que se desarrolla una investigación con respecto a un hecho penal”, explica.

 

Otro grave problema que afecta el sistema de Seguridad Nacional, desde el punto de vista penal, es que el Sistema Penitenciario no está preparado para albergar más presos.

 

“En la actualidad tenemos varias leyes penales que están activas y se vienen aplicando como el de los Procesos Rápidos, la cual es buena porque busca “sacar de las calles a los delincuentes”, pero el sistema administrativo judicial y penitenciario no están preparados y capacitados, cometiendo errores y hasta abusos. 

 

De igual manera, no existe capacidad penitenciaria para poder digerir la respuesta punitiva que las nuevas leyes penales están originando. Y nuevamente me pregunto ¿es suficiente creer que la amenaza penal reducirá la criminalidad? Me atrevo a asegurar que es un pensamiento equivocado.

 

“El Estado Peruano debe de iniciar campañas de prevención del delito, la misma que debe dirigirse a los servidores y funcionarios públicos, así como a la sociedad civil organizada, pero en forma directa”, sentenció.

 respuesta de Ricardo Jiménez panta el 2023-02-26.

 respuesta de geraldine facundo el 2022-10-26.

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 respuesta de 524888 el 2021-10-07.

 respuesta de 538337 el 2021-10-04.

 respuesta de 569144 el 2021-09-22.

 respuesta de 297842 el 2021-09-22.

 respuesta de "·Walter Benavente el 2021-01-28.

 respuesta de Gregorio Aldana Mío el 2020-12-14.

 respuesta de Ronald el 2020-10-27.

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 respuesta de Wilmer Diaz silva el 2020-07-28.

 respuesta de Jorge el 2020-07-24.

 respuesta de Luis Melendez el 2020-07-21.

 respuesta de Daisy Adela Silva Moreno el 2020-07-10.

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 respuesta de ROBERTO YRIBERRY el 2020-02-14.

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 respuesta de Guillermo Pita el 2019-08-06.

 respuesta de Miguel el 2019-07-12.

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