Mientras que OCI observó reparto y pago publicitario, regidores cuestionan gasto mensual de 6 mil soles en abogados para desarrollar defensa externa, cuando ente recaudador cuenta con una Oficina de Asuntos Legales y dos profesionales en derecho.

Ante la presunción que en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, se le estaría dando mal uso a los dineros destinados para la promoción publicitaria de orientación y educación a los administrados de la provincia de Chiclayo, así como a las campañas publicitarias mensuales, seis regidores de la Municipalidad de Chiclayo solicitaron se les haga entrega de copias de los contratos de publicidad, planes de medio, así como del plan anual de marketing.

Pero eso no es todo. Ante el conocimiento que desde el año 2015,  en el ente recaudador se hace un gasto mensual de seis mil soles por concepto de pago de asesor legal, los fiscalizadores no encuentran una explicación y razón por la cual existen dos personas en una jefatura o área de Asesoría Legal del CGT, ganando jugosos sueldos cuando para enfrentar o desarrollar un proceso tienen que contratar y pagar a abogados de fuera.

De acuerdo al expediente signado con el N° 2016028506,  por mesa de partes del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo bajo la responsabilidad de Jenny Valiente Vásquez, ingresado a las 2:19 de la tarde del pasado tres de noviembre, los regidores Guillermo Segura Díaz, Liliana Barrantes Piscoya, Laura Irene Hernández Gonzales, César Torres Gálvez, César Edgardo Sisniegas Vergara y Víctor Raúl Rojas Díaz, solicitan al jefe del ente recaudador Nilton César Monje Sampén, copia de todos los contratos de publicidad escrita, radial y televisiva, suscritos por el ente recaudador y terceros, que pueden ser personas naturales y jurídicas.

También han requerido que tanto Nilton Monje Sampén y la persona responsable de llevar y mantener la imagen de la institución y las relaciones públicas, sustente con antecedentes las razones y motivos administrativos y de necesidad  que dieron origen a la contratación de la publicidad con personas naturales y jurídicas, desde el primero de marzo del año 2015 hasta la actualidad.

CONTROL INTERNO

La petición sobre los contratos y los antecedentes publicitarios, interesó a los regidores luego que a sus manos llegara el oficio N° 02-013-000000040-2016 del jefe de la Oficina de Control Interno -OCI, Robert Vargas Tepe,  quien se dirige a Nilton César Monje Sampén y le hace conocer que al revisar la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal, se ha detectado valores de riesgo y recomienda disponer de acciones preventivas que estime pertinentes, las cuales deben ser comunicadas en un plazo de diez  días hábiles.

LAS ALERTAS

En el anexo del oficio antes descrito, Robert Vargas Tepe hace conocer a Nilton Monje Sampén que en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT- se cuenta con un documento denominado “Plan de Publicidad” de la Oficina de Imagen Institucional 2016, que contiene en forma general sólo un cronograma de actividades y la indicación de las partidas presupuestales para la contratación de los servicios y adquisición de materiales para fines de difusión.

Sin embargo –señala- en su observación el responsable de la Oficina de Control Institucional hace conocer que no se evidencia que el referido documento haya sido formalmente aprobado, ni que dicho plan se encuentre alineado a los objetivos y metas del Pan Estratégico y Plan de Operaciones del CGT.

Asimismo, carece de la descripción y justificación de las campañas que se van a realizar, y de la justificación técnica para la selección de medios de difusión.

De igual manera, Robert Vargas le hace conocer a Nilton Monje que a la fecha el CGT no viene cumpliendo con publicar los contratos de publicidad en el portal web, tampoco se informa a la Oficina de Control Institucional las razones por las que se contrató con tal o cual medio de comunicación y difusión, y mucho menos se hace conocer los resultados la evaluación de los resultados de la publicidad tal y como lo dispone la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal.

El vigilante de los dineros del Estado concluye en su misiva que en todo ello, existe riesgo e inobservancia a la normativa que regula la publicidad estatal.

La misiva N° 02-013-000000040-2016 del jefe de la Oficina de Control Interno, Robert Vargas Tepe,  hacia el jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Nilton César Monje Sampén, fue enviada el 15 de abril pasado; y en su parte resolutiva Robert Vargas Tepe le recomendaba valorar los riesgos descritos y le sugería disponer las acciones preventivas, las cuales debieron haber sido comunicadas o resueltas en un plazo no mayor de 10 días hábiles; es decir, que las observaciones debieron haber sido levantadas a más tardar el 29 de abril, y puestas en conocimiento de la Oficina de Control Interno, mediante informe, a más tardar el 2 de mayo del presente año.

EN CUATRO MESES

El lunes 18 de abril Nilton Monje hace llegar el memorando N° 01-012- 000000179 a Lucila María Ganoza Ubillús, quien se desempeña como gerente de administración del CGT, pero a la vez es responsable de Imagen Institucional del CGT, e indica que tiene que subsanar observaciones realizada por la Oficina de Control Institucional del CGT al Plan de Publicidad de la Oficina de Imagen Institucional 2016.

Además, le otorga un plazo de 8 días hábiles de recibido el presente documento para que cumpla con levantar las observaciones y sea elevado a la Oficina de Control Institucional, por existir riesgo e inobservancia a la normativa que regula la publicidad estatal.

Sin embargo, tras cuatro meses y medio, para ser exacto, el 26 de agosto último, la gerente de administración quien también es la jefa de la Oficina de Imagen Institucional, Lucila María Ganoza Ubillús, recién emite el informe N° 01.1-0010-00000035-2016 a Nilton Monje Sampén, en donde señala que ha levantado las observaciones en el Plan de  Estrategia Publicitaria 2016.

EXTRAÑO SILENCIO

Lo más preocupante, es que a pesar de haber impuesto un plazo de 10 días hábiles tal y como lo estable la Ley para subsanar observaciones o entregar información de carácter público, el jefe de la Oficina de Control Interno del CGT, Robert Vargas Tepe, no haya actuado de oficio por la negativa por parte de los funcionarios del ente recaudador, y haya tenido que dar cuenta a la Contraloría General de la República para que se tomen las acciones pertinentes.     

De igual manera, para el mes de diciembre no solamente está aprobado el gasto publicitario, sino que ya está elaborado y aprobado el informe de medios en donde se publicitará, lo cual llama la atención de los regidores porque en el CGT no se estaría respetando la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal, y siguen en su actitud de dar vida al riesgo e inobservancia a la normativa que regula la publicidad estatal, pero causa suspicacia que Control Interno no haya actuado en forma inmediata conforme a sus facultades.

EN ASESOR LEGAL

En la carta  de código L201-2016, los regidores también solicitan copia de todos los contratos por concepto de asesoría  legal suscritos por el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo y terceros como personas naturales y jurídicas, así como la totalidad de antecedentes (informes) que dieron origen a la contratación desde el primero de julio del año 2016, hasta la actualidad.

Llama la suspicacia de los regidores que se contraten abogados externos, cuando en el CGT existen muchos hombres y mujeres de leyes que fácilmente pueden asumir funciones de acción y defensa del ente recaudador. En la actualidad –señalan- en el CGT existe la Oficina de Asuntos Legales bajo la jefatura de Yuri Gali Díaz Cajo, quien tiene como asistente a la abogada Elita Marita Bonilla Terán, con sueldos que no son nada despreciables.    

Ante ello, los fiscalizadores han solicitado a Nilton Monje Sampén entregue copia de los documentos de requerimiento de asesores externos por parte del área correspondiente.

De igual manera, se pide se informe si se ha contratado o se encuentra en proyecto contratar el servicio de asesoría legal externa durante lo que resta del año, adicionales a los dos abogados externos con los que ya cuenta el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.

Además, también se ha solicitado se informe el gasto que mensualmente se hace por concepto de asesoría externa, teniéndose entendido que a cada abogado externo, entre ellos María M. Effio Arroyo, se les paga la suma de tres mil soles mensuales, acción ilógica cuando existe una Oficina de Asuntos Legales con dos abogados, listos, capacitados y preparados, dispuestos a accionar y defender al ente recaudador.  

DESDE EL 2015

Sin embargo, tras la formulación del pedido de entrega documentaria, los fiscalizadores de la comuna de Chiclayo – según hicieron conocer- fueron alertados que en el CGT se cuenta con asesoría legal externa desde el año 2015, los que le cuestan al ente recaudador un pago de seis mil soles mensuales, para enfrentar los procesos judiciales que el ex SATCH tiene de modo activo y pasivo.

Las acciones de gasto extra de dinero salió a la luz cuando Yuri Díaz Cajo, jefe de la Oficina de Asuntos Legales, hizo público el informe N° 0013-2016 del último 22 de agosto, de la asesora legal externa, María Effio Arroyo, hace conocer sobre los procesos constitucionales que se encuentran a su cargo desde el mes de mayo hasta agosto del presente año, y en los cuales se tiene como demandante al ciudadano Víctor Luna Victoria Menacho.

Según el informe antes descrito que luego la abogada María Effio Arroyo le da la connotación de carta, sostiene que en sólo tres meses se han interpuesto siete procesos constitucionales contra el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, de los cuales  expresa su preocupación por tales expedientes los que han sido generados por retraso en la contestación, respecto a solicitudes de información.

Además, como queriendo proteger a Yuri Díaz, la asesora legal externa del CGT en temas legales, le pide a Yuri Díaz Cajo que informe a las áreas responsables de brindar accesos a la información, a fin de que informen por qué no se está respondiendo en los plazos establecidos en la normativa, puesto que dicho incumplimiento le ha significado al CGT la apertura de siete procesos judiciales, los cuales están acarreando a que se sigan interponiendo más procesos de Habeas Data”.

Advierte –también- que a la larga está trayendo como consecuencia que el CGT se vea envuelta en procesos constitucionales, gastos económicos  en el pago de costos y costas, sumado a ello a una mala reputación de ineficacia y violación al derecho de acceso a la información pública.

De igual manera, pide que lo informado por su persona al área de asesoría jurídica sea puesto en conocimiento a las oficinas y responsables relacionados, a las áreas cuestionadas a fin de evitar más procesos constitucionales como el caso del expediente 908-2016 por Habeas Data.

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