La aprobación del proyecto de Ley del IGV Justo, sin votos en contra en el Congreso de la República a fines del mes pasado, generó una serie de reacciones en el oficialismo por la prórroga de 90 días que la norma otorga para que las Micro y Pequeñas Empresas – MYPES, paguen sus impuestos, en caso sus clientes no les hayan cancelado sus facturas, lo que para los defensores de la iniciativa legislativa – fujimoristas principalmente – dará liquidez a las empresas y evitará las moratorias e intereses. El cuestionamiento nace porque el proyecto difiere ampliamente de la propuesta que el gobierno nacional tenía sobre el impuesto.
En respuesta el gobierno busca adaptar el mandato del Congreso a sus planes para dinamizar la economía en el sector MYPE, a fin de incrementar la base tributaria con la formalización de más unidades productivas, así como la generación de incentivos que faciliten su crecimiento y desarrollo.
El Viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, Juan Carlos Mathews Salazar, dialogó con Expresión, a propósito de su reciente visita a Chiclayo, y explicó que lo que se está buscando es simplificación la administrativa y levantar las barreras burocráticas que encaran particularmente la micro y pequeña empresa.
“Recordemos que en el país 98.3 % de las empresas son MYPES, y, por lo tanto, la gran industria y la gran empresa siempre tienen mayores posibilidades de subsistir aún con sobrecostos, a diferencia de la pequeña. Ese tipo de medidas no solo de carácter tributario, sino de acceso al financiamiento y reducción de las barreras burocráticas en general, lo que están permitiendo es más oxígeno a las empresas, es decir eliminar sobrecostos, que significan tiempo, trámite y plata para el empresario, y en el caso particular del Impuesto General a las Ventas – IGV, permitirle mayor capital de trabajo. Sonaba muy injusto que el Estado, entre comillas, secuestrara el capital de trabajo que la pequeña empresa necesita para seguir operando”, señaló.
LA FORMALIZACIÓN
Añadió que si bien la norma aprobada por el Congreso no se ha dado en los términos que planteaba el Ejecutivo, se ha procurado que esta forme parte de varias medidas más que irán dándose de forma progresiva y que apuntan a facilitarle la vida a las empresas y a permitir que sea mucho más fácil el concepto de formalización.
“A una empresa no la voy a convencer con discursos sobre formalización salvo que expliquen las ventajas contundentes en pro de esta, versus mantenerse en el mercado informal. Recordemos que el Perú tiene una de las economías más informales de América Latina, cerca del 70 %; hay distintas maneras de medir la informalidad, pero en cualquiera aparecemos entre los principales o los más informales”, resaltó.
Dijo que la manera de convencer al pequeño y micro empresario para que se formalice es no solamente mostrándole este tipo de ventajas que se están empezando a dar, sino también señalarles que si siguen en la informalidad el costo de su financiamiento será el triple, que no podrá negociar con el principal comprador que existe en el país, que es el Estado, y, por lo tanto no le queda otro camino que formalizarse. Una alternativa interesante es el negocio de exportación y solamente los formales pueden participar de él.
“Mostrarles en número lo que significa mantenerse en la informalidad versus las enormes ventajas que le ofrece la formalización de sus actividades, perderle un poco el temor a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, entender que es la únicamente forma de crecer es esa, sino eternamente será una empresa pequeña”, precisó.
VENDERLE AL ESTADO
En los últimos años el Estado le ha dado un mayor impulso a las micro y pequeñas empresas a través del Programa Compas MYPERÚ, con el cual estas proveen de uniformes, buzos y calzado al sector Educación, Salud y las Fuerzas Armadas. Actualmente el gobierno nacional trabaja también en la simplificación de trámites en este sector, porque hasta hace poco una pequeña empresa tenía pocas probabilidades de ganar una licitación, pero sí podía ser suministrador de una empresa grande que sí le vendía al Estado.
“Esto porque se ponía como requisito tener récord de ventas al Estado y nunca lo había hecho, entonces nunca aparecía. Lo que se está buscando es que cuando una empresa pequeña le venda a otra más grande que contrata con el Estado, se reconozca su participación como parte de su experiencia en contrataciones públicas, de tal manera que esta pueda, más adelante, contratar directamente”, explicó.
Mathews Salazar refirió que lo que también debe entender la empresa es que el Estado la ayudará en la medida que sea competitiva. “No estamos actuando solamente porque hay que ser solidarios con las MYPES, y por eso hay que darles más posibilidades o un cupo mínimo de participación. No. Lo que aspiramos es darle la posibilidad a la MYPE competitiva, a la que saca un producto bueno”, señaló.
La MYPE competitiva tiene que ver con tres aspectos: precio, calidad y oportunidad de entrega.
“Si necesita soporte para ayudarse a lograr esos estándares, nosotros se lo damos, pero tiene que tener esos estándares para venderle al Estado. El Estado es un comprador cualquiera, que también es exigente y que negocia como cualquier otra empresa”, dijo.
MÁS MEDIDAS
El gobierno nacional también trabaja en la posibilidad de que las MYPE puedan pagar el Impuesto a la Renta de manera trimestral, evaluaciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, en coordinación con otros portafolios como el de Producción.
“Se están haciendo evaluaciones de ese tipo y no solamente de corte tributario, sino también financiero y de reducción de trámites en forma general. El Ministerio de la Producción está tomando el liderazgo en representación de la micro y pequeña empresa, y la industria en general, para coordinar con el resto de actores del Poder Ejecutivo para tratar de ir levantando esas barreras”, indicó el viceministro.
Comentó que se ha realizado diagnóstico con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, y se han identificado 208 barreras que encaran las empresas en el Perú, las que se ubican en el aspecto laboral, financiero, tributario, logístico, de transporte terrestre, aéreo y marítimo, temas en los que se trabajan medidas de solución.
“Se están lanzando las diez primeras medidas y progresivamente se van lanzar más, siempre con esa mira de lograr que la micro y pequeña empresa sea más competitiva y tenga menos sobrecostos para operar y desarrollarse”, resaltó.
PARQUES INDUSTRIALES
Otro de los temas importantes en el sector es el desarrollo de la industria a nivel nacional, sobre todo en las regiones y en relación a ello se hace cada vez más necesaria la habilitación de parques industriales con mejores condiciones, accesibilidad y servicios, labor en la que deben concertar autoridades regionales, locales y del gobierno nacional.
Juan Carlos Mathews informó que se están desarrollando cinco estudios completos y planes maestros de parques industriales modernos, uno es el de Tacna, que fue entregado formalmente la semana anterior, otro corresponde a Ilo, en Moquegua; también el de Ancón, al norte de Lima; La Libertad y Paita, en Piura.
“La idea es que un parque industrial no se ampare simplemente en el concepto antiguo de zona franca o centros especiales de desarrollo, en los que había una serie de exoneraciones tributarias, porque la historia nos ha demostrado que cuando se sostiene esto con subsidios, cuando estos se regulan desaparecen las empresas. La idea es que los parques industriales se conviertan en centros de competitividad pura y dura, es decir donde se tenga a los operadores logísticos, los currier, los bancos, las evaluadoras y servidoras de calidad concentrados en un solo lugar, un puerto eficiente, un aeropuerto de carácter internacional, seguridad, conectividad, de tal manera que sea casi un necesidad. Lambayeque sí está en los planes, pero se ha arrancado con estas primeras cinco propuestas de parques industriales, el objetivo es mirar al país en su conjunto y ver en qué partes corresponde la creación de estos espacios”, finalizó.
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