Ministra de Justicia fue informada de lo que pasa al interior del establecimiento penitenciario.

Un grupo de 362 internos del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ex penal de Picsi, dirigió hace unos días una carta al dirección de Expresión adjuntando una serie de oficios que en las últimas semanas han remitido a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, solicitando la despenalización del recinto carcelario, principalmente con la aplicación de beneficios para quienes purgan condena en condiciones – descritas por ellos – como inhumanas.

“Los internos de este penal pedimos, imploramos por una última oportunidad para ser liberados. Oportunidad que se puede dar aplicando la ley mediante los beneficios penitenciarios: conmutación  de penas, indultos, arrestos domiciliarios, etc.”, señalan en su misiva escrita a mano.

Los internos firmantes de la carta aseveran estar de acuerdo con que “el Ministerio Público y la Policía Nacional tienen un enemigo común: la delincuencia, a la cual debe combatirse con eficiencia”.

“De hecho se debe combatir, pero con inteligencia. Ante todo se debe ver a la delincuencia como actos, como hechos acontecidos, acciones cometidas por jóvenes, adultos y hasta adolescentes, seres humanos que se pueden rescatar, que deben tener consciencia de lo que hicieron para no volver a repetir el acto”, anotan.

Añaden que “aunque suene contradictorio o poco usual”, se debe aceptar que la acción delictiva se comete y queda en el pasado, “pero el agente, el delincuente, queda, y ese es un ser humano que arrastra a toda una generación de seres humanos, y  que bien guiado puede ser sanado y reincorporado a la sociedad si es tratado con tino, con inteligencia y a tiempo”.

“En pocas palabras el acto delictivo queda en el pasado, el ser humano permanece en el presente y ahí es donde las autoridades deben trabajar, en recuperar saludablemente a ese ser”, señalan.

LA FAMILIA

En otro momento los internos mencionan que en su análisis una de las conclusiones es que la familia, como núcleo de la sociedad, está enferma, pues “está comprobado que de una familia sana solo resultarán hijos buenos, muy productivos para mejorar este convulsionado planeta”.

“Nos gustaría en algún momento ser tomados en serio, pues le aseguramos que si en algún momento fuimos la enfermedad, ahora podemos ser la cura a este cáncer del que en su momento fuimos partícipes. ¿Quién más que nosotros que conocemos de este tema para apoyar a erradicarlo? Claro, antes está la erudición y el ego de gente que para nada ha pasado por nuestras experiencias y que son mal llamadas expertas en temas de delincuencia”, cuestionan.

LOS OFICIOS

El 21 de octubre pasado ingresó por Mesa de Partes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el oficio dirigido por los internos del Régimen Cerrado Ordinario del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, a través del cual manifestaron su apoyo y adhesión a al trabajo de la ministra Marisol Pérez Tello en “pro de la justicia y, por ende, paz y armonía que debe existir en la sociedad peruana”.

“La esencia de esta misiva es, más que una petición, una súplica, un grito al unísono de los más de tres mil 500 seres humanos que acá se encuentran recluidos privados de su libertad. Pues es de conocimiento público que la prisión de la ciudad de Chiclayo está hacinada exageradamente y que sin temor a agrandar esta exageración, acá los internos vivimos como sardinas enlatadas, durmiendo en lugares para nada adecuados, uno sobre otro”, reza el documento.

En el escrito le refirieron a la ministra de Estado que aceptaban su responsabilidad y se encontraban, según ordena la ley, purgando la condena impuesta. Sin embargo, dejaron claro que también existen diversos casos de inocentes o internos mal procesados recluidos en el ex penal de Picsi, a lo que se suman las “exageradas órdenes de detención para presuntos criminales”.

“Está comprobado que a estos presuntos criminales se les deja en libertad después de dos o tres años porque el Poder Judicial determina que son inocentes. Fácilmente estos procesados, presuntos criminales, hubiesen podido llevar sus respectivos procesos en libertad”, indican.

“No es un secreto lo antes mencionado, tampoco es un secreto afirmar que esta situación es causa fundamental del terrible hacinamiento que en las prisiones del país existe. A esto se suma la falta de oportunidad que brindan las autoridades judiciales a los internos que cumplen con los requisitos necesarios para adquirir su beneficio penitenciario correspondiente a recobrar su libertad”, añaden.

BENEFICIOS TRUNCOS

Líneas abajo, los internos denunciaron ante la ministra las trabas del Poder Judicial para otorgar los beneficios penitenciarios a quienes les corresponde, detallando que el 50 % de expedientes para beneficios que son remitidos por el colegiado del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, son declarados improcedentes por los jueces, desvirtuando así el trabajo profesional de psicólogos, asistentes sociales y abogados que conforman el Órgano Técnico Penitenciario y el Consejo Técnico Penitenciario que existen en el centro de reclusión, aduciendo el Poder Judicial que a los solicitantes les faltan terapias para estar aptos para la sociedad.

“Entonces acá es donde pedimos a las autoridades judiciales tomen en cuenta el trabajo de los funcionarios del INPE, ya que el INPE es el ente del Estado que conoce mucho más de cerca el problema del interno infractor y al interno mismo. Pues no solo conviven con nosotros, sino que en su ardua labor de resocializar al interno no solo deben lidiar con su poca logística, sino que también son maltratados por el Poder Judicial, al ver que su trabajo no es tomado seria ni éticamente”, aseguran.

EXIGENCIAS

Asimismo, denunciaron que los magistrados del Poder Judicial muchas veces exigen que sea cancelada en su totalidad o en gran porcentaje la reparación civil de las sentencias correspondientes, lo cual – señalaron a la ministra – es imposible.

“Desde nuestro encierro es imposible porque hemos decidido adquirir el dinero lícitamente, además en esta prisión, como en las demás, los talleres para trabajar son mínimos. Por tal motivo, pedimos se haga prevalecer la ley y se aplique lo que dicta el Código Penal respecto a la contrafianza y al descuento de la tercera parte del sueldo que señala el contrato del interno o que el interno obtendrá al salir en libertad. Lo poquísimo que acá el interno gana sirve para cancelar la reforma mensual que es indispensable para redimir mediante el trabajo la pena y apoyar en algo a nuestras familias”, explican.

En ese sentido, los internos piden que se acepte el pago de su deuda en libertad y que el Poder Judicial no se las niegue por el no pago de la reparación.

RESOCIALIZACIÓN

“Un gran porcentaje de los internos de este penal se encuentran al 100 % resocializados y aptos para reinsertarse a la sociedad. Nos hemos dado cuenta que la violencia solo atrae más violencia y con ella problemas, penas y más desgracias. Prueba de ello es que lejos de hacer huelgas de hambre, tomar el techo de esta prisión o incitar al motín en pro de ser oídos, es que hemos decidido hacer oír nuestra palabra, nuestra solicitud, nuestras inquietudes, mediante este documento tal como dicta la Constitución Política del Perú, como debe ser, ya que como le volvemos a repetir, los firmantes somos hombres civilizados y, por ende, resocializados”, precisan los firmantes en el oficio a la ministra de Justicia.

Asimismo, los reclusos indican que recurren al despacho de Pérez Tello para que se les brinde la oportunidad de recobrar su libertad y de reivindicarse con sus familias y la sociedad.

“Tome en cuenta que somos parte importante de nuestros hogares, nuestras familias y, por ende, guías indiscutibles de nuestros menores hijos. (…) Le rogamos nos brinde la oportunidad de salir en libertad mediante la aplicación de los beneficios penitenciarios, conmutación de penas e indultos humanitarios. También le pedimos que mediante su despacho apoye a los internos reincidentes y primaros con sentencias severas. Estamos convencidos que el ser humano merece, aunque sea, una última oportunidad para demostrar si en realidad el individuo es resiliente o no”, escriben.

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