Afirma que Fiscalía lo obligó a declarar bajo apercibimiento contra Incháustegüi

Sin embargo, no explica que desde el año 2009 tendría una acérrima enemistad con Jorge Incháustegui porque obra de edificio que construyó con su empresa JAEL SAC fue paralizada y multada por construir siete pisos con una licencia de cinco niveles.   

Las revelaciones que en una misiva hiciera desde el penal el Picsi a esta a esta casa editora el ex gerente de urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Jorge Incháustegui Samamé, y fueran plasmadas en nuestra edición N° 979, han generado la reacción de Javier Francisco Llorach Paredes, quien es aludido y sindicado de ser un “testigo voluntario” con presunta sed de venganza y con interés de ver en prisión a Incháustegui Samamé, por razones que en el fondo de su conciencia solamente él conocería muy bien.

Javier Llorach es sindicado de haberse presentado a la Fiscalía a declarar en forma voluntaria supuestamente para ayudar a la investigación, pero extrañamente en el Ministerio Público no se le preguntó si tiene algún grado de amistad o enemistad con Jorge Incháustegui, pregunta que es crucial para una evaluación objetiva ya que en cumplimiento de sus funciones, cuando fue funcionario en la MPCH, paralizó la obra que Javier Llorach realizaba sin autorización, y a consecuencia de ello el ex SATCH le impuso una multa de 21 mil 600 nuevos soles. Además, tuvo que pagar una penalidad de 20 mil dólares.

En su carta hecha llegar al Semanario Expresión, en amparo a la Ley N° 26847, Ley de Rectificación,  Javier Francisco Llorach Paredes rechaza ser “Testigo Voluntario” e indica que ha sido citado a declarar por el Ministerio Público bajo apercibimiento de conducción compulsiva en caso de inconcurrencia, mediante providencia N° 69-2014- MP-DJL-3FPPCCh.

“Dejo en claro a la opinión pública que mi declaración testimonial ha sido forzada y no voluntaria, habiendo cumplido con mi deber de poner en conocimiento de la Fiscal las irregularidades de las que llegue a tomar conocimiento por mi propia actividad empresarial, teniendo sumo cuidado en presentar documentos sustentatorios para respaldar la veracidad de mis afirmaciones, sin que haya existido ninguna situación de enemistad con el mencionado procesado”, detalló.

Sin embargo, lo que no dice es que se convierte en “testigo voluntario” porque voluntariamente declaró en medios de difusión masivos, motivando que el Ministerio Público lo cite. Además, el apercibimiento al que hace hincapié es para que asista, y no para obligarlo a declarar incongruencias, ya que no es parte del proceso y si lo hizo fue por propia voluntad.

PARALIZACIÓN DE OBRA

Refiere – Javier Llorach- que Jorge Incháustegui silencia en cuanto a la intervención de la Municipalidad de Chiclayo para disponer la paralización de la obra que ejecutaba, la cual no fue promovida por decisión de dicha institución, sino que fue el resultado de una denuncia formulada en el año 2009 por Miguel Martín Fernando Chávez Loya.

Afirma que Chávez Loya es esposo de la hermana de Jorge Incháustegui, además es compañero de promoción de colegio, compañero de trabajo en la MPCH. Además, es una persona que el 25 de junio del 2010 fue expulsado del Jockey Club de Chiclayo.

“Un cuñado denuncia mientras el otro paraliza la obra, pero contra todo lo que podría suponerse, en el 2009 el cuñado de Incháustegui promovió una paralela acción intimidatoria consistente en una demanda judicial de interdicto, pretendiendo una indemnización de 140 mil dólares”, sostiene Javier Llorach en su carta.

Sin embargo, el reclamante no indica que venía construyendo dos niveles más sin autorización municipal; es decir, no tenía licencia de construcción. Él imputa a Cellerini como un hecho grave el levantar una propiedad de siete pisos cuando solamente tenía permiso para cinco, lo cual califica como falta grave y debería haber una sanción.

Cabe recordar que el Ing. Jorge Vertíz fue investigado por eso… Ahora, Javier Llorach, ¿Habrá sido investigado por construir dos pisos más sin tener la respectiva licencia que lo autoriza?...

De igual manera, Jorge Llorach no responde que la obra que él construía afectó y causó  daño a las casas vecinas entre ellas la del arquitecto Chávez Loya, y por eso la Gerencia de Urbanismo lo multó y paralizó la obra, luego de detectarse que construía sin licencia. Además, el afectado lo demandó por los daños causados a su propiedad, solicitando una indemnización de 140 mil dólares.

Asimismo, lo que Javier Llorach no cuenta en su misiva es que Jorge Incháustegui al saber que su pariente por afinidad estaba en conflicto con Llorach, decidió inhibirse de conocer el proceso, solicitando licencia y le fue aceptada mediante la resolución N° 264-2009-GPCH. El caso fue visto por el subgerente de obras privadas.

NO PAGÓ PENALIDAD

Javier Llorach niega que como persona natura haya tenido que pagar 20 mil dólares de penalidad a la propietaria del predio afectado por la paralización de la construcción que él hacía, pero sí acepta que el pago ha sido hecho por su empresa JEL SAC, y lo hizo de manera voluntaria mediante una conciliación extrajudicial suscrita el 9 de mayo del 2012.

Además, agrega que el pago lo hace su empresa por las molestias ocasionadas en la entrega del departamento, y que éste hecho fue promovido por Miguel Martín Fernando Chávez Loya, quien asumió la representación del propietario del inmueble contiguo a la obra.

Agrega que él tiene el 33.33% de las acciones de JEL SAC, la cual se vio afectada por el accionar coordinado entre los cuñados arquitectos, Miguel Chávez Loya y Jorge Incháustegui. “Las acciones -una administrativa y otra judicial- interpuesta por el cuñado de Jorge Incháustegui, retraso el avance y la regularización de la obra, y como consecuencia JEL SAC tuvo que compensar económicamente a la vendedora del terreno por la demora en la entrega de su departamento”, señala.

Sin embargo, el arquitecto Javier Llorach alega que en amparo a la Ley N° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones-  su licencia de construcción fue regularizada, pero no dice cómo.

Si bien es cierto, la Ley invocada permite que obras construidas sin licencia de funcionamiento sean pasible de regularización, pero exigen que los planos sean revisados por una comisión especial revisora de proyectos, y en el caso de obras ejecutadas en contra de la normativa, están deben ser demolidas.

Es el caso que Llorach, teniendo en sus manos la licencia que le autoriza construir solamente cinco pisos, presenta un expediente solicitando finalización de obra argumentando que la obra se encontraba concluida, pero al verificarse el expediente se constata la ampliación de dos niveles más, lo que, de acuerdo al procedimiento, se pasa a la comisión revisora de proyectos para que ésta defina si se puede adecuar al procedimiento de regularización, la que dispuso por unanimidad la improcedencia de la adecuación. La comisión la integran cuatro miembros del Colegio de Arquitectos, los que le dijeron que su pedido no procede.

Ante la respuesta de los profesionales, Javier Llorach presenta a la Gerencia de Urbanismo un expediente en donde solicita la regularización, pero mediante resolución N° 103-2010 –MPCH-GU se declara infundada la solicitud. Con resolución 109-2010-MPCH-GU se dispone la demolición de las construcciones no autorizadas. Es decir, Javier Llorach tenía permiso para hacer una edificación de 5 pisos más no siete pisos.

Por lo tanto, queda a luz que Jorge Incháustegui no tendría nada que ver en la multa de 21 mil 600 soles que le impuso el ex SATCH y el pago de 20 mil dólares por concepto de penalidad que pagó la empresa JEL SAC, la cual es de propiedad de Javier Llorach, debido a que su representante habría “pateado” la Ley al no respetar el permiso de construcción que se le dio para que levante un edificio de cinco pisos e hizo uno de siete niveles, sin respetar las normas técnicas nacionales y de la ciudad.   

PRESUNTAS INTENCIONES

Sobre lo escrito por Jorge Incháustegui en cuanto al testigo voluntario, el arquitecto Javier Llorach tendría intenciones en cuanto a su idoneidad por lo declarado ante el Ministerio Público, se hace algunas preguntas: ¿Acaso el procesado pretendía que omita declarar la verdad?, ¿Pretendía acaso que no asista a la citación y que sea conducido de grado o fuerza?, ¿Pretendía que afirme que todo estaba en orden en Chiclayo y que la organización delictiva que ha sido desarticulada era una ilusión?

Señala que su declaración fue absolutamente objetiva y estuvo respaldada con documentos que en copia puso a disposición de la Fiscalía. “Al requerirse mi testimonial, era mi obligación  en mi calidad de ciudadano informar sobre las irregularidades que como empresario he podido advertir sin  que exista un interés personal de mi parte, pues reitero, yo no he sido “testigo voluntario”, sino que fui requerido por la Fiscalía bajo apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza”, sostiene.

Sin embargo, luego que la autoridad competente dispusiera la paralización de la obra, multa, penalidad e indemnización, es natural que Javier Llorach sienta indignación, pero muchas dudas que con imparcialidad e idoneidad declare en contra de Jorge Incháustegui, cuando lo más transparente fue decir al momento de ir a declarar, según él  bajo apercibimiento como si fuera testigo presencial, que desde el 2009 existía una enemistad por Incháutegui por las razones antes expuesta.

HECHOS POSTERIORES 

Llorach menciona que en el caso de Cellerini hay irregularidades, pues Jorge Incháutegui dejó construir un edificio de 8 pisos cuando la licencia era para cinco. Indica que la permanencia de Incháustegui como funcionario en la Municipalidad de Chiclayo se dio hasta el mes de setiembre del año 2014, siendo destituido por incurrir en una falta de carácter disciplinario.

“Lo relevante es que, siendo o no gerente de Urbanismo, el arquitecto Incháustegui permaneció en la administración del Sr. Torres hasta setiembre del 2014, conforme la propia municipalidad lo ha dejado en claro al momento de disponer su destitución”, señala Javier Llorach.

De igual manera, sobre el edifico Cellerini precisa que Jorge Incháustegui fue quien otorgó la licencia con cinco pisos, a pesar que desde un inicio dicha obra fue concebida como un edificio de más pisos de los que la propia licencia autorizaba.

“Finalmente, el edificio Cellerini se llegó a construir y estoy en condiciones de explicar a quien corresponda todas las anomalías técnicas que la Municipalidad de Chiclayo permitió en dicha obra”, señala.

Asimismo, agrega que la MPCH permitió que se ofrezca al público la venta de departamentos que no tenían licencia aprobada. La obra nunca fue paralizada y el cuñado de Jorge Incháustegui nunca promovió denuncia administrativa ni interdicto, a pesar que dicha obra violentó la altura permitida, pues a la casa colindante le dieron parámetro de 4 pisos.

“Dicha obra también violento las áreas libres. La obra empezó con los trabajos de cimentación y desde el inicio ya venían vulnerando el retiro municipal, que era de 2 metros en ambas calles”, agrega.

Sin embargo, Jorge Incháutegui hace conocer a Javier Llorach que él es trabajador desde el año de 1993 y descarta haber llegado a la MPCH con el ex alcalde Roberto Torres, y no tenía por qué renunciar a su trabajo después de dejar la gerencia de Urbanismo, y que por cierto solamente estuvo hasta el mes de marzo del 2012, antes de que Cellerini construyera y antes de que se emitiera la liquidación de pagos de la constructora Clasem, imputaciones que le fueran hechas por Llorach.

Destaca que contra su persona existe una represalia por parte de Javier Llorach en cuanto a incriminarlo maliciosamente, hecho que está castigado en el artículo 402 del Código Penal  sobre denuncia calumniosa.

En cuanto a la construcción del edificio Cellerini cuestiona la publicidad, lo cual resulta irrisorio porque la acción de publicidad engañosa lo ve Indecopi y no tiene nada que ver con la licencia municipal.

INCONGRUENCIA DEL RELATO

Javier Llorach manifiesta la incongruencia en lo relatado por Jorge Incháustegui, lo cual configuraría una grave contradicción estructural ya que sus afirmaciones resultan fallidas y hasta contraproducente, ya que si tal aseveraciones fueran ciertas, ellas lo llevaría a suponer que existen otras razones y evidencias mucho más contundentes que sustentan su actual estatus procesal, que han sido ocultadas a este medio de comunicación.

“Los ingresos mensuales de un gerente municipal fueron de 3,800 soles, los que sumados a sus ingresos privados declarados no permite justificar los signos exteriores de solvencia que ostentaba el procesado, más aún si por su situación actual no trabaja desde octubre del año 2014”, terminó señalando.

Ante ello, Jorge Incháustegui aclara que se encuentra con detención preventiva, y tiene condición de inocente hasta que no se emita sentencia firme y ejecutoriada, gracias a lo manifestado por Javier Llorach, que no es más que una denuncia calumniosa y malintencionada, sin que hasta la fecha exista ninguna otra imputación.

De igual manera, Llorach señala que en el edificio Cellerini existen anomalías técnicas y que está dispuesto a explicar, pero recomienda que sea hecho por un perito o por una persona imparcial. Lo que si debe explicar – señala Incháustegui- son las anomalías que existen en la construcción que realizó su empresa JEL SAC.

Además, debe explicar cómo consiguió lo que Cellerini no pudo y explicar al Ministerio Público como, a pesar de tener orden de demolición y haber sido observado por la comisión revisora que no es más que la opinión de un grupo de arquitectos imparciales, consiguió la licencia  de construcción vía “Silencio Administrativo”.     

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