En los últimos 15 años la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza ha impulsado los Acuerdos de Gobernabilidad en el afán de promover políticas públicas a nivel nacional, regional y local que permitan mejorar las condiciones de vida de los peruanos más necesitados, sobre todo en la zona rural.
El acuerdo más reciente fue el que se suscribió en el marco de las elecciones presidenciales de este año y que además responde a los objetivos y metas para el desarrollo sostenible que en el 2015 aprobó la Organización de las Naciones Unidas – ONU, cuyos indicadores fueron establecidos en marzo pasado.
En entrevista con Expresión el presidente de la mesa a nivel nacional, Federico Arnillas, explica que el acuerdo de gobernabilidad es bastante amplio, tiene objetivos y compromisos en todas las áreas: la sociedad económica, institucional y ambiental, y es un paquete de políticas, resultados e indicadores para el seguimiento.
“Lo que se ha podido determinar es que las políticas de gobierno guardan relación con este acuerdo de gobernabilidad, que es un compromiso que en su momento firmó Pedro Pablo Kuczynski en su condición de candidato, al igual que todos los representantes de los demás partidos”, destaca el representante de la sociedad civil.
Recientemente en la mesa de concertación se renovó el Consejo Consultivo Nacional 2016 – 2021, en atención al cambio de gobierno y el ingreso de nuevos representantes de las instituciones estatales.
Comenta que como base para el planteamiento de las políticas para la erradicación de la pobreza se toman no solo las mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, sino también la información administrativa que permite obtener una radiografía actual de la accesibilidad de los peruanos a los servicios básicos y proporcionados por el Estado.
“Estamos hablando de cifras que son generadas por el INEI, y que tienen como fuentes principales la Encuesta Nacional de Hogares, la ENDES o el seguimiento del presupuesto por resultados, entonces hay varias herramientas y es interesante porque el Perú, a nivel de América Latina, tiene uno de los mejores sistemas de información, pero es necesario reforzar esto con los sistemas administrativos. Las encuestas siempre nos dan información con un retraso y siempre son muestras representativas, en cambio los sistemas administrativos nos dan información del día a día y probablemente cuando uno los revisa va a encontrar problemas más complicados”, menciona.
Como resultado de la evaluación se tiene que la brecha de pobreza y desigualdad en el país es aún marcada, pese a que entre el 2004 y el 2015 el primer problema se redujo del 58.7 % al 21.7 % de la población nacional.
“Sí, en el Perú hay desigualdad, pero ese no es un dato nuevo. La pobreza y la desigualdad están asociadas pero no es lo mismo, podemos reducir la pobreza sin reducir la desigualdad, y también podemos reducir la desigualdad e incrementar la pobreza, que es lo que puede pasar en un contexto de crisis económica, donde más gente pasa de una situación de bienestar a una de pobreza monetaria o necesidades básicas, siendo la situación más homogénea, pero no por ello mejor”, refiere Federico Arnillas.
Sostiene que en el Perú el crecimiento económico no ha sido por igual en todo el territorio ni en todas las ramas económicas, y eso originó que solo algunos se beneficien de este ciclo.
“Lo que debe ocurrir en un proceso de crecimiento, sobre todo cuando este es rápido, porque la desigualdad avanza más rápido, es que el Estado cumpla un rol redistribuidor”, señala.
ENEMIGOS DE LA LUCHA
Federico Arnillas indica que para la lucha contra la pobreza existen enemigos marcados como la informalidad, por la cual el Estado queda impedido de obtener los recursos suficientes para implementar mejores programas de atención sobre las necesidades básicas de la gente.
“El problema en el país es que tenemos una informalidad muy alta, eso quiere decir que hay evasión tributaria y que el Estado no capta todos los recursos que se requiere para generar estrategias de asignación de recursos que den equidad. Una parte del problema entonces es la recaudación. La informalidad tiene un efecto directo sobre las políticas de Estado para la disminución de la pobreza”, puntualiza.
Sin embargo, pone énfasis al explicar que también hay elementos de informalidad que tienen que ver con la propia población, es decir que hay un tipo de informalidad que está asociada a la pobreza y de ahí la explicación de que también hay gente que no paga impuestos porque no tiene cómo pagarlos.
“En el Perú la informalidad es cada vez más una traba para el desarrollo y por ello, conforme lo hemos visto en los acuerdos de gobernabilidad, es importante reducir los índices de informalidad, empezando por una cosa tan elemental como el empleo. Si el 30 % del empleo es formal y el 70 % restante es informal, lo que estamos haciendo es embalsando problemas a futuro, porque una población que tiene un empleo informal no tendrá seguridad social ni pensiones y hoy día ya lo vemos en nuestra población adulta mayor”, asevera.
Problema también es la efectividad de los servicios estatales, como por ejemplo la cobertura de salud.
El presidente de la mesa cita como ejemplo el caso de Lambayeque, donde los indicadores de los servicios de salud están por debajo del promedio nacional pese a que es una región con mayor población urbana. “Es cierto, que hay distritos más lejanos y a los que es difícil llegar, pero demográficamente no hablamos de una gran población”, indica.
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
Refiere que una buena estrategia de desarrollo para equiparar la brecha entre pobreza y equidad es la priorización de un tipo de crecimiento propobre, que mejore las oportunidades de empleo e ingreso de la población con mayores carencias en el país.
“Uno puede tener un tipo de crecimiento basado en grandes inversiones con poco impacto en empleo, que pueden sumar puntos al Producto Bruto Interno – PBI, y así el Estado recaudar y en función de ello redistribuir. Sin embargo esto genera efectos sobre la empleabilidad”, detalla.
En ese sentido, el planteamiento de la mesa está basado en las actividades económicas productivas que tienen alta participación o componente de empleo.
“Por ejemplo, cuando se revisa el discurso del presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso, se encuentran puntos que tienen que ver con la reforestación y esta está directamente relaciona con el crecimiento de la población, porque se deben producir almácigos, debe sembrarse y cuidar el árbol, todas esas actividades tienen un impacto positivo, en el corto plazo, en el ingreso monetario de la gente”, explica.
Añade que luego debe trabajarse en el cuidado del bosque, lo que también tiene un impacto positivo en la población. “Entonces, este tipo de modelos permite trabajar con la población rural y generar cadenas productivas. En el acuerdo de gobernabilidad vigente se habla de estos temas, como reforestación, manejo de cuencas y recuperación de suelos”, destaca.
ACCESO AL AGUA
Federico Arnillas comenta que desde el antes del 2011 se puso el acceso al agua, tanto para consumo humano como para actividades económicas y productivas, como tema fundamental en la lucha contra la pobreza, debido a que su carencia tiene efectos directos, por ejemplo, en la desnutrición crónica infantil.
“El manejo del agua que empieza en las cabeceras de cuenca tiene como sujeto principal al productor rural y este cumple un rol sustantivo en los servicios ambientales. Lo que pasa con nuestras ciudades es que no reconocemos lo que está detrás del caño, pensamos que el agua llega por arte de magia porque no nos hemos puesto a pensar cómo se da el proceso de captación, cómo es posible un escenario como el actual, en el que los glaciares se están acabando. El glaciar es el gran tanque de agua de la casa llamada Perú y si este se destruye nos quedamos sin el recurso. Entonces, parte de la lucha contra la pobreza también significa financiar esas actividades, aquellas que permiten la captación de recursos hídricos”, resalta.
Arnillas explica que un tercio de los peruanos tiene servicio de agua las 24 horas del día y esta les llega con el cloro residual que cubre los requerimientos sanitarios básicos. Otro tercio de peruanos tiene conexiones pero no agua de manera regular, y el agua que les llega no está debidamente potabilizada. En tanto, un tercio de peruanos no tiene ningún servicio, ninguna forma de abastecimiento regular y el agua que usa, que puede ser de río o de pozo, no está tratada. En este grupo también están los que deben comprarla en cisternas, que es cuatro o cinco veces más cara que el agua en la zona urbana.
“A veces los ciudadanos aplaudimos la inversión y no nos preocupamos o miramos la calidad de esa inversión ni el conjunto del proceso. Un informe de la Defensoría del Pueblo evalúa el derecho humano al agua y habla sobre los proyectos que han fracasado o los que han sido llevados al fracaso, lo que tiene que ver con problemas de gestión o corrupción. La corrupción es un enemigo muy fuerte para la lucha contra la pobreza, la debilita, y ocurre que desde lo grande hasta lo chiquito, desde cuando a las personas se les entrega alimentos de mala calidad hasta los grandes contratos a nivel país”, anota.
Precisa que la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza ha evaluado la inversión pública de los últimos 15 años en el Perú y como resultado se tiene que gran parte de los proyectos en los tres niveles de gobierno se encuentran paralizados o no cumplen los objetivos para los cuales se les asignó presupuesto.
“También hay decisiones políticas que han tenido un doble efecto, como sucede con el cloro, que siendo un recurso importante para tratar el agua está controlado, porque también se usa para la elaboración de droga. El no tratamiento del agua para el consumo ha generado un severo problema de parasitosis e incremento de las Enfermedades Diarreicas Agudas – EDAS, que están asociados con la desnutrición crónica y la anemia”, señala.
Sobre estos últimos, Arnillas agrega que su reducción a nivel nacional muestra un estancamiento en los últimos cinco años y una de sus consecuencias es precisamente la falta de acceso al agua de calidad. También son condicionantes el trabajo contra enfermedades inmunoprevenibles y los nacimientos con bajo peso.
Por otro lado, el presidente de la mesa menciona que los programas de asistencia alimentaria como el Vaso de Leche y los comedores populares sí han contribuido a la lucha contra la pobreza, pero hoy quizá no sean los más adecuados o los más eficientes.
“Recordemos que cuando hubo la epidemia del cólera a inicios del 90 se logró erradicar el problema porque detrás estuvieron las redes de Vaso de Leche y comedores populares que sabían manejar los casos de diarrea. Cuando se creó el Vaso de Leche se dijo que los niños que nunca habían consumido el producto lácteo presentarían problemas estomacales y fue así como se empezó a capacitar a las madres en su tratamiento, lo que resultó fundamental para saber cómo actuar cuando apareció el cólera. Entonces estos programas sociales tenían una red bien organizada a nivel de comunidades, pero que lejos de haberse fortalecido se vio debilitada, convirtiéndose únicamente en un servicio de entrega de alimentos, a veces tratado con fines políticos”, resalta.
ADULTOS MAYORES
El grupo poblacional que más crece en el país es el de los adultos mayores. El ritmo de crecimiento está por encima del 5 % y según las proyecciones cada vez habrá más adultos mayores.
De acuerdo a la mesa de concertación esto se debe a dos causas: el número de nacimientos se mantiene igual o empieza a reducirse, y la población ahora vive más, pero no se ha preparado para ello, porque no ahorró o porque sus condiciones de vida no fueron buenas y generan enfermedades no trasmisibles que marcan el perfil epidemiológico del país.
“Hoy tenemos tres millones y medio de personas mayores de 60 años, de las cuales casi 700 mil se encuentran en la zona rural, con una vida vinculada a la actividad agrícola o pecuaria, por lo que no tienen pensión ni acceso a la salud. A esta población es la que debe atenderse prioritariamente con salud y también con financiamiento del Estado. No hemos tenido sistemas de políticas previsionales para zonas rurales y no somos el único país, en América Latina otros países también han tenido que desarrollar este tipo de programas como Pensión 65 para las personas adultos mayores. No solo el propósito es bueno, sino que además ayuda a dinamizar la economía en las zonas pobres, poniendo dinero para alentar el consumo”, destaca.
Añade que otro aspecto positivo son los propósitos del Programa Juntos, que incentiva a los padres por llevar a sus hijos a los controles médicos o por tramitarles el Documento Nacional de Identidad – DNI.
“Por ejemplo, Apurímac tiene una tasa de vacunación más alta que Lambayeque y estoy seguro que es más difícil vacunar en Apurímac por las condiciones de accesibilidad y distancia. Huánuco ocupó el primer lugar a nivel nacional en cobertura de vacunación en el 2014, el año pasado fue Apurímac y Lambayeque está bastante rezagado. En consecuencia, hay bastante por hacer, más si las condiciones lo permiten”, concluye.
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