Dos años se cumplen desde que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria dictó la orden de captura de los integrantes de la presunta red denominada “Los limpios de la corrupción”, atendiendo el requerimiento de la Tercera Fiscalía Provincial Penal que desde mediados del 2014 inició las investigaciones contra el entonces alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, y los personajes de su entorno. Veinticuatro meses después, el Ministerio Público ultima los procedimientos para llevar a juicio oral a los involucrados, contra quienes pesan imputaciones penales como lavado de activos, cohecho, asociación ilícita y colusión.
Desde el primer período municipal de Roberto Torres Gonzales, entre los años 2007 y 2010, diversos indicios de corrupción fueron denunciados ante las instancias de control y el Ministerio Público. De todos los casos, solo uno tuvo eco en las autoridades judiciales y estuvo referido a la compra amañada de alimentos para programas sociales, lo que terminó con el encarcelamiento de los funcionarios Rocky Serquén Seclén y Nerio Villarreal Santamaría.
Sobre Roberto Torres el Poder Judicial no halló responsabilidad alguna, aunque hasta hoy sigue siendo un mito cómo logró evadir las imputaciones iniciales.
Ya en su segundo mandato (2001 – 2014), las irregularidades en el manejo de la cosa pública se volvieron mucho más evidentes. La ejecución de la obra de saneamiento básico en el casco central de Chiclayo, las compras fraccionadas y direccionadas, el incremento de planillas en el ex SATCH, la Beneficencia Pública y EPSEL, las obras mal ejecutadas con sospechas de corrupción, así como la contratación de familiares de jueces y fiscales en puestos del municipio para obstruir las investigaciones, se convirtieron en muestra de lo que sucedía con la administración del exlíder del movimiento de las Manos Limpias.
En medio de ese temporal, con la población cada vez más indignada, la Tercera Fiscalía Provincial de Chiclayo a cargo del fiscal Sergio Zapata Orozco, tomó la denuncia presentada por un exservidor de EPSEL a quien para el pago de sus beneficios laborales se le exigía una coima, aparentemente obligada desde las más altas esferas de la entidad paramunicipal. Ese caso fue el hilo de la madeja que llevó al Ministerio Público a construir la tesis de que al interior de la comuna se había instalado una red con el único propósito de festinar los recursos públicos.
Así, llegó el requerimiento de prisión preventiva al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, por aquel entonces a cargo de la juez Cecilia Acosta González, quien previamente había autorizado la interceptación telefónica por 30 días a los presuntos integrantes de la red.
Los elementos de convicción del Ministerio Público fueron lo suficientemente sólidos para disponer la captura de Roberto Torres y su entorno más cercano, entre familiares, regidores, funcionarios, colaboradores y proveedores. Hoy, 20 de ellos se encuentran recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ex penal de Picsi.
CON PRISIÓN PREVENTIVA
El 30 de septiembre del 2014 la juez Acosta Gonzáles aprobó la detención preliminar de 21 investigados. Semanas después, el 11 de septiembre se dispuso un segundo operativo de captura sobre cuatro personas y el 15 de mayo del 2015 se ordenó la detención de otros seis personajes ligados a Roberto Torres.
El Poder Judicial dictó el mandato de prisión preventiva por 18 meses contra algunos de los detenidos, a otros se les otorgó comparecencia restringida, ya sea por la debilidad de su participación en los hechos que se investigan o porque se convirtieron en colaboradores eficaces.
Actualmente se mantienen bajo prisión: Katiuska del Castillo Muro, pareja sentimental del excalde y entonces candidata al Consejo Regional de Lambayeque; César Regalado Rodríguez; entonces gerente general de la municipalidad y presidente de la Beneficencia Pública de Chiclayo; Carlos Santa Cruz Alarcón, jefe de la Oficina de Imagen Institucional de la comuna; Javier Valencia Gutiérrez, entonces gerente de Tránsito y Transportes; Joel Ugaz Cubas, integrante de la Policía Anticorrupción, y Martín Villanueva Velezmoro, asesor de la alcaldía, todos detenidos en el primer operativo.
En el segundo operativo fueron detenidos: Ruth Zúñiga López, proveedora del municipio; Misael Delgado Mendoza, ex gerente general de la MPCH y en ese momento candidato a primer regidor en la lista que encabezaba Roberto Torres; Ciro Chávez Martos, también ex gerente municipal, quien postulaba a la presidencia regional por Manos Limpias.
Roberto Torres fue capturado el 7 de octubre del 2014; Norma Muro de Del Castillo, exgerente de Turismo de la comuna, se entregó días antes, el 3 de octubre; José Baca Távara, gerente general de EPSEL, fue capturado el 12 de enero del 2015 y el 16 de ese mes el ex gerente general de la empresa del agua Miguel Valdivia Goicochea. En junio del año pasado fue capturado José Mires Rimacharín, presunto testaferro del edil y en octubre de ese año internado en el penal el exgerente de Urbanismo Jorge Incháustegui Samamé.
AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN
“Poniéndolo en porcentajes, podría decirse que hemos avanzado más o menos un 75 % en la investigación. Estamos todavía dentro de los plazos, que pueden ser hasta de 36 meses porque el caso ha sido declarado como de crimen organizado. Tenemos tres años para investigar, pero no podemos esperar a que este plazo se venza, porque tenemos de por medio el tema de la prisión preventiva, es por eso que a más tardar en marzo del próximo año ya debemos estar con la audiencia de control de acusación”, explica la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Giovanna del Río Carreño.
Actualmente, la carpeta fiscal del caso “Limpios de la corrupción” comprende a 196 investigados y más de cien tomos de documentación recabada hasta el momento por el Ministerio Público.
El único de los investigados, sobre el cual se dictó mandato de prisión preventiva por 18 meses y logró que la decisión sea cambiada por comparecencia restringida es el exregidor provincial Rolan Alarcón Rojas.
“Para que la prisión preventiva se ordene tiene que haber tres presupuestos y el primero de ellos, el más importante, es que hayan elementos de convicción fundados de su participación en la acción ilegal. Si tenemos a investigados a punto de cumplir dos años en prisión preventiva es porque sí existen muchos elementos que los imputan, y, por lo tanto, es muy poco probable que no vayan a juicio oral”, comenta la titular del Ministerio Público.
Del Río Carreño añade que aun cuando algunos de los investigados como Ciro Chávez, Carlos Santa Cruz y Jorge Incháustegui han solicitado su excarcelación por considerar que no existen indicios suficientes que justifique la prisión preventiva en su contra, el Poder Judicial ha confirmado la decisión inicial incluso en segunda instancia y bajo el criterio de diversos magistrados, lo que da seguridad al Ministerio Público de la solidez de la investigación.
“No estamos hablando de cosas que se dicen por ahí, porque con solo rumores jamás el Poder Judicial nos aceptaría una prisión, siquiera de nueve meses, que es lo básico en manera preventiva. Estamos hablando de decisiones que se han revisado y ratificado con distintos jueces superiores y es por eso que puedo decir que es muy poco probable que algunos de los que está en el penal en estos momentos no vaya a llegar a juicio oral, basándome precisamente en las decisiones que está tomando el Poder Judicial que respaldan nuestro trabajo”, asevera.
PAGOS A CUENTA
La fiscal decana de Lambayeque rechaza que la investigación que lidera el fiscal Sergio Zapata Orozco, ahora dedicado a exclusividad al caso “Limpios de la corrupción” se sustente únicamente en las declaraciones de los colaboradores eficaces.
Prueba de ello – anota – es que varios de los investigados han empezado a entregar dinero en efectivo a cuenta de la reparación civil que el Poder Judicial pueda imponerles a favor del Estado, habiéndose acumulado hasta el momento aproximadamente 700 mil soles que se encuentran depositados en las cuentas de la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI.
A esto se suman las propiedades, vehículos, bienes muebles y joyas que también se mantienen bajo incautación y cuya valoración económica se conocerá una vez iniciado el proceso de juzgamiento a cada uno de los imputados.
“Es decir, son personas que están reconociendo que la forma en la que actuaron no fue de acuerdo a Ley y, por lo tanto, están entregando dinero. Si no fuera así, se mantuvieran firmes y no buscarían reparar al Estado”, menciona.
LAS PERICIAS
Diversas han sido las dificultades que ha tenido que sortear el Ministerio Público en la compleja investigación del caso “Limpios de la corrupción”. Inicialmente no solo fueron limitaciones logísticas, sino también de recursos humanos.
Actualmente Zapata Orozco trabaja con otros cinco fiscales, también dedicados a exclusividad para esquematizar la teoría que planteará al Poder Judicial como parte de su acusación penal. Sin embargo, uno de los aspectos que mayor retraso ha generado es el de las pericias necesarias para determinar la comisión del delito de lavado de activos.
Recién el Ministerio Público ha logrado conseguir los 40 mil soles que cuesta el trabajo de los contadores Doris Oliva Cornejo, Paulina Ventura Zapata y César Casanova Quesquén, que forman parte de la nómina de peritos certificados y deberán realizar la evaluación patrimonial de los investigados.
“Para realizar la fase final de la pericia de lavado de activos se está trabajando en un ordenamiento de documentación en el que nos está apoyando la Contraloría General de la República. Los tres peritos han presentado su propuesta económica y estamos esperando que el nivel central del Ministerio Público la apruebe una vez levantadas las observaciones. Lo que deseamos es que cuando los peritos lleguen encuentren toda la documentación ordenada para que puedan trabajar”, refiere Del Río Carreño.
Añade que sobre los investigados se tiene el levantamiento del secreto de comunicaciones, bancario y tributario, y que de todo ello se ha recabado información para trabajar la investigación.
LO APRENDIDO
Giovanna del Río señala que es mucho lo que el Ministerio Público en Lambayeque ha aprendido a partir del caso “Limpios de la corrupción”, sobre todo al momento de superar los inconvenientes que se han tenido desde el inicio de las investigaciones. En consecuencia, el balance hasta ahora es positivo.
“Hemos aprendido bastante, como, por ejemplo, que lo podemos hacer y podemos obtener resultados, y que es necesario trabajar juntos, porque un solo fiscal no pueden lograr nada para enfrentarse a organizaciones de este tipo. Soy una convencida de que vamos a obtener resultados positivos, sentencias ejemplares y, sobre todo, altas”, asegura la presidenta de la junta de fiscales.
Precisa que ya se tiene casi listas las acusaciones por los delitos que se atribuyen a los investigados, a excepción del lavado de activos que está pendiente del peritaje. Refiere también que los integrantes de la presunta red serán procesados por cada uno de los casos encontrados por el Ministerio Público aun cuando se traten de un mismo tipo penal, por lo que posible afirmar que las penas que el Poder Judicial – de considerarlo así – impondrá, serán altas.
“Si solo se les sentenciara por colusión, de todas maneras las penas serán altas, porque no hablamos de un solo hecho, sino de varios, y las penas se van sumando y a estas se les añade un porcentaje”, enfatiza.
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