“Escribo estas líneas desde el penal de Chiclayo (Ex Picsi) donde llevo 20 de meses de encarcelamiento bajo el supuesto de haber cometido delitos de corrupción durante el ejercicio de mi función como Gerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo”. Así  empieza la misiva de Jorge Inchaústegui Samamé dirigida a la directora de Expresión, identificándose con su DNI Nº 16680264.

Jorge Incháustegui Samamé, de profesión arquitecto, señala en su escrito: “El Ministerio Publico me incluyó en la supuesta red de corrupción denominada “Los Limpios de la Corrupción” por haber sido funcionario de la comuna chiclayana donde venía laborando desde hace 23 años.

Este lunes 19 de setiembre se realizará la audiencia para evaluar mi cese de prisión preventiva y espero que se realice en estricto acatamiento a la doctrina y jurisprudencia vigente, respetando los derechos fundamentales que le asiste a cada ciudadano de este país”.

Asimismo, alega: “En mi caso no solo se ha violentado derechos constitucionales contenidos en nuestra Carta Magna, sino también la normativa procedimental, puesto que existe una evidente violación al derecho a la presunción de inocencia.

He sido encarcelado por imputaciones vagas e imprecisas y supuestos que en estos 20 meses no han podido ser corroborados por el Ministerio Público, por el contrario fueron desestimados sin embargo purgo una injusta carcelería que me mantiene alejando de mi  familia: esposa, hijas, padres y hermanos quienes vienen sufriendo por la privación de mi libertad”.

Incháustegui Samamé prosigue en su escrito, “Se me incluyó- en la supuesta red delictiva- por haber sido Gerente de Urbanismo y los elementos de convicción de ilicitud eran el viaje que realicé a Suiza considerado un paraíso fiscal y la adquisición de una camioneta que no se justificaría con mis ingresos como funcionario público.

He demostrado que viajé a Suiza por invitación del gobierno de ese país por ser responsable en Chiclayo de las coordinaciones para la suscripción del proyecto Chiclayo Limpio. He demostrado también que siempre he realizado actividades complementarias como servidor público, puesto que he sido consultor de la Cooperación Ítalo Peruana, Cooperación Española, Cooperación Suiza y Cooperación Alemana. Además como arquitecto, he diseñado casas, habilitaciones urbanas, ampliaciones, etc. En con-secuencia, los fondos con lo que adquirí los bienes no solo son lícitos  sino que están justificados con documentación contable y tributaria”.

El ex funcionario municipal precisa en su comunicación “Frente a las evidencias, el Juzgado tuvo que anular la orden de detención que inicialmente emitieron en mi contra, sin embargo, producto de la presión mediática, el Ministerio Público solicitó nuevamente mi prisión basada en nuevas imputaciones basadas en declaraciones de dos testigos: el testigo voluntario Javier Llorach Paredes y  Luis Barrantes Piscoya.

El primero se presentó a declarar para ayudar a la investigación, pero sorprendentemente el Ministerio Público no le pregunta si tiene algún grado de amistad o enemistad conmigo, ya que esta pregunta sería crucial para una evaluación objetiva ya que en cumplimiento de mis funciones paralicé la obra que Javier Llorach  realizaba sin autorización. A consecuencia de ello, el ex SATCH le impuso una multa ascendente a 21,600 soles.

Inclusive se emitió la resolución que dispone la demolición de lo construido irregularmente y pro-ductos de esta paralización Llorach tuvo que pagar 20,000 dólares en penalidades a la propietaria del predio, enfrentando otra denuncia por daños y perjuicios con un requerimiento indemnizatorio de 140.000 dólares.

Es decir que el Ministerio Público aceptó que este arquitecto declare en mi contra sin siquiera cuestionar sus intenciones”, precisa Jorge Incháustegui.

De otro lado arguye en el escrito “Sin embargo las imputaciones de Llorach fueron totalmente desvirtuadas por mi defensa ya que relataba hechos posteriores al ejercicio del cargo que desempeñé como gerente de Urbanismo. Llorach, menciona que en el caso Cellerini hay irregularidades, pues dejé construir 8 pisos cuando la licencia era solo para 5.  Demostré que, cuando el edificio Cellerini inicio la obra, había dejado de ser gerente de Urbanismo.

Incluso la juez del caso emite pronunciamiento sobre las declaraciones de Llorach y dice: En relación de Llorach, y el edificio Cellerini y la obra de Clasen, estas se encuentran desvirtuadas.

Descartada su versión, sólo quedó la imputación del chofer Luis Barrantes Piscoya quien relató que en una ocasión  cuando transportaba al ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, por una calle de Santa Victoria, observó un edificio de 7 niveles y me llamó.

Supuestamente escuchó hablar al ex alcalde pero no escuchó al interlocutor por lo tanto no sabe qué respondió el otro,  no dice qué edificio, qué calle, qué fecha, etc. Inclusive, el Ministerio Público no detalla cual sería el hecho ilícito, solo que es un grave elemento de convicción para el delito de asociación ilícita”, se defiende el ex funcionario municipal.

También precisa “Si es que la llamada hubiera existido por sí misma no constituye un delito.  Lo cierto es que no la recibí pues he acreditado que cuando este edificio empezó a construirse yo ya no era gerente de Urbanismo, entonces por qué habría de llamarme a mí, lo más lógico era que hubiera llamado al gerente de Urbanismo de turno. 

Posterior al mandato de prisión preventiva, Barrantes Piscoya ha precisado que el edificio al que se refirió el ex alcalde cuando realizó la llamada es el “Edificio Cellerini” y que la llamada no estaba en altavoz ósea que no escuchó con quién se comunicó el ex alcalde.

Existe una formalización de investigación contra el propietario y algunos funcionarios por hechos sucedidos en torno al edificio Cellerini en el año 2014, pero esto no tiene nada que ver con mi gestión que fue hasta  marzo del 2012, incluso en la formalización que realiza el Ministerio Público no me incluye”, asevera.

Por otro lado Incháustegui escribe a Expresión: “En el caso de lavado de activos, el Ministerio Público primero tiene que acreditar que el dinero  de las adquisiciones son de procedencia ilícita, y segundo demostrar la voluntad de lavado. Hasta la fecha el Ministerio Público no ha precisado ninguno de los dos elementos que resultan indispensables para la imputación.

Si no hay dinero ilícito, no hay lavado de activos. Después de haberme levantado el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, tributario y bursátil, haber allanado mi vivienda y la de mis padres, haberme investigado casi dos años, no han podido siquiera formalizarme investigación por algún delito de corrupción de funcionarios que es lo que está en cuestión, ni siquiera existe un expediente de algún funcionario de urbanismo en investigación.

El Ministerio Público sostiene en su formalización de lavado de activos que el delito fuente sería el delito de asociación ilícita y el delito de asociación ilícita se sustentan en la llamada que según Barrantes  escucha al ex alcalde. Entonces la llamada sostiene la asociación y esta el lavado, argumentos que no tiene ningún sustento jurídico”.

Esgrime además en su comunicación “Nadie debería ser privado de su libertad con imputaciones tan vagas. El mandato de prisión preventiva, debe darse cuando existe una alta probabilidad de que el imputado sea condenado y en este caso con la sola versión de un testigo de oídas, de un hecho ya aclarado la probabilidad es nula, así lo ha establecido la Corte Superior de Justicia en el recurso de nulidad Nº 173-2012-Cajamarca en donde precisan que: “Un Juez no puede condenar solo con la declaración de un testigo de oídas, por lo que mi caso debe ajustarse a Derecho” redacta de puño y letra Jorge Incháustegui.

En la carta enviada a nuestra redacción en párrafos finales escribe “El motivo de estas líneas- alcanzadas al Semanario Expresión- es el inicio de un largo camino para limpiar todas las calumnias e injurias en mi contra, pues ya han pasado  20 meses de investigación en las condiciones más desfavorables y deplorables, para mí y mi familia.

Mis hijas adolescentes sufren por mi prolongada ausencia, no he podido estar en fechas especiales, como los 15 años de una de ellas; mi madre que sufre del corazón, a consecuencia de la depresión que le ocasiona mi carcelería, estuvo en cuidados intensivos durante 8 días; y mi padre, se ha desmayado en dos ocasiones, en la cola cuando venía a visitarme, por lo que por prescripción médica está prohibido de venir.

No es justo seguir encarcelado, mi esposa e hijas privadas del amor de esposo y padre, respectivamente, y sobre todo de la protección que con orgullo y responsabilidad debe ofrecer un padre a su familia. Pese a las vicisitudes, mi familia permanece más unida que nunca.

Invito a los periodistas de Lambayeque a estar presente en la audiencia que se llevará a cabo el lunes 19 de setiembre, a las 10 de la mañana, en el Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria porque su presencia para mí será una garantía para el  petitorio que hará mi abogado ante la jueza.

Esta experiencia me deja una gran lección de vida. Nadie debe ser acusado y menos dañado en su honorabilidad y dignidad. Me he esforzado por ser un buen funcionario público, desempeñándome con honradez en el ámbito profesional, empresarial y social, por eso desde el penal de Chiclayo abogo por mi pronta libertad por constituirse en un acto de justicia”, finaliza su misiva dirigida a Expresión y que reproducimos para conocimiento de la opinión pública lambayecana.

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