Casi dos años después que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA Lambayeque elevara su informe recomendando sancionar a la jueza Carmen Dávila Lombardi, la Oficina de Control de la Magistratura – OCMA, resolvió separarla por seis meses de toda actividad en el Poder Judicial, al confirmarse que incurrió en faltas administrativas al interferir en la apelación que quiso presentar de manera extemporánea el Colegio Manuel Pardo a una sentencia por bulliyng.
Con la Resolución N° 33, de la Queja ODECMA N° 493-2013-Lambayeque, la jefa de la OCMA, Ana María Aranda Rodríguez, impuso contra la magistrada, quien se desempeñaba como jueza del Primer Juzgado de Familia de Chiclayo, seis meses de suspensión para toda actividad judicial, sanción que también alcanza a la servidora Jhadyra Ignacio Chávez, quien ha sido separada de sus labores por un período de cuatro meses.
ACCIÓN IRREGULAR
Para la OCMA quedó firmemente acreditado que Dávila Lombardi, en su actuación como jueza de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, interfirió de forma directa en las funciones de Mesa de Partes de los juzgados de Familia de Chiclayo y de forma indirecta en las funciones del Cuarto Juzgado de Familia de Chiclayo, donde se ventilaba el caso del Colegio Manuel Pardo.
El 6 de agosto del 2013, el juez del Cuarto Juzgado de Familia de Chiclayo, Silverio Rivera Palomino, declaró consentida la demanda interpuesta por el Ministerio Público contra el Colegio Manuel Pardo, representado por el director sacerdote Ricardo Cruz Huamán, y contra las docentes Silvia Paz Reaño, Lourdes Cotrina del Campo, Raquel Ramos Vargas y Rosa Sandoval Coronado, en agravio del menor David Horna Puémape, hallándolos responsables de contravenir al Código de los Niños y Adolescentes.
El fallo del magistrado quedó firme y fue declarado consentido el 31 de julio del 2014, y fue en ese tiempo que la jueza Dávila Lombardi incurrió en la inconducta funcional.
A la jueza se le inició la investigación a nivel de ODECMA luego que el padre del menor agraviado en el caso del Colegio Manuel Pardo denunciara que esta había ordenado a la servidora judicial el registro de la apelación a la sentencia del juez Silverio Rivero, presentada por el abogado de la institución educativa Nicolás Mondoñedo Chávez, fuera del plazo establecido legalmente.
El abogado José Horna Segura, padre del menor, denunció que se había alterado la fecha de ingreso del documento para permitir que el Colegio Manuel Pardo tenga la opción de apelar a la sentencia. La alteración se produjo en el cuaderno que a diario permite el registro de ingreso de documentos que tanto litigantes como abogados alcanzan al Poder Judicial, para luego ser estos digitados en el sistema informático de la institución.
LOS INFORMES
El procedimiento disciplinario siguió su curso y en agosto del 2014 la jueza Ana Salés del Castillo, que tuvo el rol de sustanciadora de la queja presentada, propuso a la jefatura de la ODECMA Lambayeque, recaída en el magistrado José Rodríguez Tanta, la imposición de la medida sancionadora contra Dávila Lombardi e Ignacio Chávez, con cuatro y dos meses de suspensión, respectivamente, al haber incurrido en falta muy grave de acuerdo a lo establecido en el inciso 4 del Artículo 48 de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial.
En atención a la denuncia, el entonces Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, ordenó en septiembre de ese año, que se inicie la acción penal contra la jueza y la trabajadora, por los presuntos delitos de abuso de autoridad. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento.
Semanas después, el 24 de noviembre, Rodríguez Tanta elevó su informe a la jefa de la OCMA, Ana María Aranda Rodríguez, solicitando se le imponga a Dávila Lombardi tres meses de suspensión y a la servidora judicial dos meses y medio.
RESOLUCIÓN DE LA OCMA
“De lo actuado en el proceso disciplinario ha quedado acreditado que la magistrada investigada en su actuación como juez del Primer Juzgado de Familia de Chiclayo ha incurrido en las conductas disfuncionales atribuidas, inobservando su deber previsto en el Artículo 34, inciso 18 de la Ley de la Carrera Judicial (…), al incurrir en la prohibición establecida en el inciso 7 del Artículo 40 de dicha ley al influir o interferir de manera directa o indirecta en el resultado de los procesos judiciales que no están a su cargo”, señala la resolución de la OCMA, que fue firmada el 12 de mayo pasado.
La jefa de la OCMA indica que si bien la propuesta de sanción de la ODECMA contra Carmen Dávila Lombardi fue de tres meses, en atención al principio de razonabilidad – proporcionalidad, corresponde la imposición de una medida disciplinaria superior, “teniendo en cuenta la plena acreditación de los hechos que revisten de suma gravedad por su alta lesividad, por la naturaleza y trascendencia del proceso judicial, referido a la lesión de derechos fundamentales de un menor de edad”.
“El caso amerita especial atención de los funcionarios del Estado, por lo que, con el proceder de la investigada no solo se causó perjuicio al justificable, sino también al propio sistema de administración de justicia”, remarca Aranda Rodríguez.
En relación a la trabajadora judicial Jhadyra Ignacio Chávez, la jefa de la OCMA concluye que esta incurrió en faltas al Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, dejando de “cumplir con honestidad, dedicación, eficiencia y productividad las funciones inherentes al cargo que desempeña”.
“Se encuentra previsto como falta muy grave en el inciso 4 del Artículo 10 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial el interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano judicial o la función jurisdiccional”, señala.
Aranda Rodríguez menciona en su resolución que Ignacio Chávez se sintió influenciada por alguien que ostenta un grado superior, en este caso la jueza Dávila Lombardi.
CASO MANUEL PARDO
El 15 de agosto del 2012 la Cuarta Fiscalía de Familia de Chiclayo demandó al Colegio Manuel Pardo, representado por el director, sacerdote vicentino Ricardo Cruz Huamán, y a las profesoras Silvia Paz Reaño, Lourdes Cotrina del Campo, Raquel Ramos Vargas y Rosa Sandoval Coronado, en atención a la denuncia presentada por el padre del menor, abogado José Horna Segura, quien refirió al Ministerio Público el acoso que sufría su hijo en la institución educativa, recibiendo constantes llamadas de atención, partes disciplinarios e informes reiterativos de tutoría, llegando al maltrato verbal y en ocasiones obligándolo a recibir clases fuera del aula.
Calificativos como “burro” y “bruto” eran dados por las docentes al estudiante, que en aquél entonces cursaba el cuarto grado de primaria y demostraba con los resultados de sus evaluaciones ser un alumno promedio, llegando a obtener notas sobresalientes.
De las pericias psicológicas practicadas al estudiantes como parte del proceso judicial se tiene el resultado del Protocolo N° 006586-2012-PSC, donde se señala que el menor presentaba “problemas emocionales ante el inadecuado ambiente escolar, manifestando fastidio y disconformidad. Con marcado deterioro del vínculo amical y afectivo con sus maestros, asociado a comentarios negativos, desarrollando un comportamiento crítico, evitativo, de rechazo y desaprobación hacia sus maestros y ambiente escolar, carga tensional que perjudica su desarrollo socioafectivo”.
En base a ello, el despacho del juez Silverio Rivera corroboró la afectación al derecho de integridad personal en su forma de agresión psicológica, contra el bienestar y el desarrollo socio afectivo del estudiante.
La sentencia señala que los profesores demandados solo se limitaron a corregir de manera inadecuada la conducta del menor, “sin tener en cuenta que ellos como educadores deben tener la capacidad no solo de explicar su materia, sino de captar las capacidades y dificultades de sus alumnos en el proceso de aprendizaje de una manera individualizada (…) los maestros debieron evitar las llamadas de atención en público, esto es delante de sus compañeros de clase (como sacarlo del aula), avergonzándolo o poniéndolo en un aprieto delante de la clase”.
Además, el juzgado dejó firme en su resolución que el ingreso de la madre del menor, Doris Puémape Escajadillo, docente en ese momento del colegio, al Sindicato de Trabajadores del Manuel Pardo, influyó “en el trato inadecuado” que recibió el escolar.
El fallo del juez Silverio Rivera, además de hallar responsables al director y a las cuatro profesoras del colegio, impuso una multa equivalente a dos Unidades de Referencia Procesal – URP, y dispuso que los demandados desagravien y pidan disculpas al niño por la violencia psicológica ejercida, exhortándolos “para que en lo sucesivo cumplan con sus deberes como educadores respetando todos los derechos de sus alumnos, incluido el de integridad personal”.
respuesta de Ysenia flores el 2024-09-05.
soy una victima del poder judicial y de la jues davila qe hace abuso de poder en mi contra ella tiene 3 expedientes mios en los cuales existen irregularidades ya la denuncie en odanc por ello qeja 965-2024 espero la odanc le inponga la sancion maxima una de las iregularidades es qe ella me tiene 3 casos o coincidencia y en los 3 no toma en cuenta mis medios probatorios entre otras irregularidades es el colmo qe siga trabajando en el poder judicial .
respuesta de Carolina el 2023-11-10.
Jueza corrupta, insensible, inhumana, vende niños, siga wmpwzando el dÃa con el rosario en la mano, le van a faltar padre nuestros para que se salve de la justicia divina, ojalá la conciencia la deje dormir, criminal, mire a sus nietos y piense en cada uno de las niños a los que usted les está haciendo daño, me gustarÃa ser testigo de su karma, jueza vendida que manipula a su antojo las leyes y a la bola de idiotas inútiles que ttabajan de su mano, como los fiscales y ese famoso equipo multidisciplinario conformado por gente sin criterio, que ni opinión tienen porque la jueza decide, ordena y hasta hace de psicóloga, él imbécil de Juan Francisco Teque Julcarima, psicólogo de este "equipo" no es más que um payaso, pelele y cobardw, zarta de sin vergüenzas, CRIMINALES!
respuesta de Eberth Fernandez Manayalle el 2023-10-16.
Rolando por favor comunicate con el 969948203 yo tengo un caso similar llevado por esta jueza corrupta con antecedentes de mala administracion de justicia, yo te brindare el apoyo con el abogado. y a quines tengas casos similares comunicarse con este numero.
respuesta de Rolando el 2023-09-22.
esa doctora carmen lombardi esta haciendo lo mismo conmigo ..sobre variacion de tenencia esta alterando las apelaciones y tambien las pericias psicologica hacia a mi persona y de mi hija ......quiero denunciarla en la odecma quisiera que me.apoye un abogado para podr hacee la denucia correspondiente a edta magistrada corrupta
respuesta de Edita vasquez campos el 2019-08-10.
Esta mala juez Carmen Isabela Davila Lombardi del primer juzgado de familia esta comentiendo un abuso descarado arbitrario contra los derechos de dos niños mellizos de 10 años este abuso viene ocurriendo desde el 2015. La madre Silvia Alcántara Vásquez de los niños fue asesinada y el primer sospechoso su conviviente Julio César GarcÃÂa Mejia de nacionalidad colombiana a que ahora la mala Juez Carmen Isabela Davila Lombard le quiere dar la potesta a esta mala persona y ahora otro daño de los tantos le ha quitado a los niños de la potestad de su abuela la Señora Edita Vásquez Campos Vda. de Alcántara por orden de esta mala juez internandolos en una albergue Virgen de la Paz desde el 11 de julio del 2019 siguiendo con mas maltratos y abusos a los niños. Esta autoridad a la que esta ahàpara hacer su trabajo en proteger a los niños pero al contrario, sigue maltratandolos ella y su padre injustamente esto injusto. Yo pido justicia por amor a Dios porque yo no solo estoy peleando por mis dos niños contra el padre sino contra todo un sistema corrupto del poder judicial de famila.
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