Funcionario del INPE revela que en la actualidad existen casi cuatro mil reos en el establecimiento penitenciario.

“Desde hace cinco años el penal de Picsi se ha convertido en un polvorín que en cualquier momento puede estallar si es que no se toman las medidas correctivas en el tiempo más breve”, revela a Expresión el asesor legal del Régimen Cerrado Especial de Máxima Seguridad y miembro de la Junta Técnica de Clasificación de Internos, abogado Elmer Baca Clavo. 

Señala que la forma de clasificación de peligro que se le ha dado al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, expenal de Picsi, se debe a la sobrepoblación que en la actualidad existe, debido a que cada día crece la población penal y no hay otro lugar donde puedan ser enviados los reclusos sentenciados y las personas que se encuentran bajo el régimen de prisión preventiva.

Añade que al referir que el “polvorín puede estallar en cualquier momento”, advierte que se puedan suscitar motines que sean difíciles de controlar, así como reyertas o enfrentamientos entre los internos, debido a que al interior del reclusorio ya no existen espacios en los que los internos puedan desplazarse.

“Las cárceles del país se están convirtiendo en polvorines y Picsi no es ajeno a ello. La  capacidad locomotora es cada vez más disminuida y es casi imposible que los reos puedan dar vuelta en el penal”, señaló.

Refiere también que el problema no es solamente durante el día sino que lo más grave se vive por la noche, debido a que los internos no pueden dormir, pues desde hace poco más de cinco años los reos ponen en práctica lo que han denominado como la “cultura del gallo”. Es decir, un grupo duerme una de las noches, y otro grupo se queda de pie o de cuclillas al no encontrar un lugar donde acostarse.

En verano –señala- los internos sufren desvanecimiento y hay que sacar a las personas para darles atención médica.

“Las condiciones de vida son horrendas y escabrosas”, señala.

Indica que otro de los graves problemas que trae consigo la sobrepoblación es que se pueda producir o generar alguna fuga, debido a que como los reos no hacen casi nada en el día y por las noches no pueden dormir por falta de espacio, tienen las 24 horas para pensar y buscar la forma de escapar.

“El penal de Picsi fue construido para albergar a 920 reclusos como máximo, pero en la actualidad en la cárcel chiclayana existen casi cuatro mil presos, y si en algunos meses no se amplía el reclusorio cualquier cosa puede pasar y las consecuencias podrían ser fatales”, destacó.

GASTO MILLONARIO

Baca Clavo revela también que la sobrepoblación no es el único problema, sino también el millonario gasto que mensualmente hace el Estado para mantener a los reclusos, indicando que por cada interno se gasta diariamente 28 soles, los que sumados por los casi cuatro mil internos significa un desembolso de 112 mil soles por día.

El funcionario resalta que si el gasto diario de los cuatro mil internos es multiplicado por los 30 días que tiene el mes, se va a tener que solamente en el penal de Picsi el Estado desembolsa un promedio de tres millones y medio de soles.

“Aquí no hay inversión, hay no gasto, ya que en estos momentos el Instituto Nacional Penitenciario –INPE, no cumple con su misión de dar herramientas a los internos para volverlos a resocializar con una actitud cambiada y puedan volver al seno de la sociedad”, explicó.

Es claro en señalar que los internos que salen de la prisión y no regresan a la cárcel no lo hacen porque la resocialización haya surgido efectos, sino porque es por la convicción o porque tienen conciencia que la cárcel no es para ellos y se reinsertan a la sociedad como hombres de bien.

“Entre esas personas que no regresan están los profesionales o empresarios que por diversos motivos de la vida llegan a parar a la cárcel. Sin embargo, está comprobado que los jóvenes de 18 años que recién ingresan al penal de todas maneras van a salir contaminados de la prisión; es decir, lejos de resocializarse, se van a convertir el ladrones o delincuentes profesionales”, detalló.

URGE AMPLIAR EL PENAL

Elmer Baca es un convencido que para evitar que en cualquier momento el penal de Picsi estalle y puedan ocurrir graves consecuencias, se hace necesaria la ampliación del reclusorio.

“No podemos esperar que el Estado construya nuevos penales en algunos años en adelante. El penal de Picsi se tiene que ampliar para la tranquilidad y seguridad de todos, así como para mejorar la calidad de vida de los internos, los que diariamente son vulnerados en sus derechos humanos”, señaló.

Explica que los 150 millones que el Estado había presupuestado para la ampliación del penal de Picsi, tuvieron que ser devueltos debido a que la obra de ampliación del reclusorio no se ejecutó por oposición de la población picseña.

“Mientras no se tenga la Licencia Social o el permiso de la población, va a ser imposible que se pueda paliar el hacinamiento que en la actualidad se vive en la prisión”, sostiene.

Agrega que es imposible que se pueda construir un penal en otra parte de la región, porque en Picsi se tiene un reclusorio construido y que facilita en el menor tiempo levantar las paredes de ampliación.

“El penal existe y no se puede dar marcha atrás, aparte que es imposible que se pueda abandonar. El penal necesita crecer porque existe una población del 300 por ciento más de lo normal”, indicó.

PAGO TRIBUTARIO

Elmer Baca aclara que el penal de Picsi no afecta y mucho menos trae atraso al  distrito, ya que al año el INPE paga a la comuna un total de 287 mil soles por concepto de impuesto predial, muy aparte del pago de los arbitrios municipales por concepto de limpieza pública.     

“Eso significa un buen ingreso para la comuna por concepto de predios. El INPE paga como cualquier otro contribuyente o usuario el concepto de impuesto predial, arbitrios municipales, electricidad, así como el servicio de agua potable y alcantarillado”, detalló.

Explica que el penal de Picsi significa progreso para el distrito de Picsi, ya que semanalmente son más de tres mil personas las que visitan el reclusorio y eso significa la generación de trabajo e ingresos para muchos picseños, al dedicarse a la venta de alimentos, frutas y bebidas refrescantes.

“Otras personas obtienen ganancias al haber convertido sus propiedades en casas de alojamiento, hospedaje y hasta hoteles. También ofrecen el servicio de restaurante. Ese movimiento comercial no se daría si no existiría el penal de Picsi”, explicó.  

SIN POLÍTICA PENITENCIARIA

Elmer Baca Clavo dice ser un convencido que en la actualidad no existe una política penitenciaria coherente que sea articulada tanto por el Poder Judicial y el Ministerio Publico, con la finalidad que los beneficios penitenciaros se vayan dando paulatinamente, como una forma de despenalizar las cárceles y evitar que  se sigan “inflando” y en cualquier momento puedan estallar.

Señala que uno de los varios factores que ha llevado a la existencia de sobrepoblación es el endurecimiento de las penas, lo que origina que muchos jóvenes que delinquen pasen muchos años en prisión.

“Como ejemplo tenemos el que un joven robe un celular, el cual no es más que es un delito de bagatela, se le aplica una sentencia que va hasta los 12 años de cárcel e incluso los delitos de alimentos también se han endurecido. El demandado cumple con el pago del derecho reclamado por la demandante; pero igual, el demandado sigue en prisión porque tiene que cumplir con la sanción ordenada por el juez”,  resalta.

De igual manera, critica el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad al cual califica de ser una pena atroz por la que se imponen sanciones de 6 a 8 años de cárcel. Considera que la máxima sanción debe ser de un año de prisión o en todo caso el infractor debe tener una pena accesoria o alternativa, como el cumplir servicios vigilados a la comunidad.

“Llenar a diario las cárceles de gente está llevando a un crecimiento incontenible de la población penal. Sin embargo, la sobrepoblación no es más que una clara violación de los derechos humanos, y a todo ello se suma el trabajo del INPE, el cual se incumple. La función principal del INPE es la resocialización, pero la sobrepoblación y la falta de recursos económicos lo impiden”, señaló.

PENALES FACTORÍAS

Explica que para cumplir con la resocialización no solo se necesita que haya ampliación y construcción de penales. En el caso de Picsi se necesita que sea convertido en un penal factoría; es decir, en un lugar donde existan talleres para que los internos se puedan desarrollar y desempeñar. 

“En la actualidad las cárceles son un infierno. Tenemos que implementar talleres, donde los reclusos aprendan a trabajar y también puedan realizar actividades laborales tan igual como si estuvieran trabajando en un taller de la calle”, señala.

En tono preocupado sostuvo que los pocos talleres con que cuenta el penal de Picsi se están perdiendo debido a la sobrepoblación existente. Los lugares –indica- están siendo habilitados como cuadras para dar cabida a más internos.

De igual manera, revela que actualmente existen seis psicólogos en el reclusorio, los cuales son insuficientes para atender a una población de cuatro mil personas.

“En el reclusorio existen seis psicólogos, los cuales, cada uno, atienden a unos 650 a 700 internos. Eso es grave y ante la falta de presupuesto se nos dice que el Estado hace lo que puede”, refiere Baca Clavo.

MALAS JEFATURAS

Baca Clavo menciona que el problema del INPE no solamente radica en la sobrepoblación penitenciaria, sino también en la mala gestión.

“Hemos tenido todo tipo de presidentes o personas que dirigen la institución como es el caso de profesores, ingenieros y generales de la policía, pero muy pocos han  sido abogados, los que sí conocen de realidad carcelaria”, explica.

Añade que trabajar en el penal constituye un riesgo, no solamente por la sobrepoblación penal, sino por males de salud que están en el ambiente. 

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