La designación de docentes mayores de 70 años en diferentes cargos administrativos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, al iniciarse la gestión del actual rector, Jorge Oliva Núñez, ha motivado que la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque formalice el inicio de la investigación preparatoria contra este y un grupo de profesores, considerando la presunta violación del Artículo 84 de la Ley N° 30220, Nueva Ley Universitaria.

Con Disposición N° 2, del 30 de junio pasado, el fiscal Celso Saavedra Ramírez, del tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque, resolvió formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Jorge Oliva Núñez y Carlos Quiñones Farro, por la presunta comisión del delito de nombramiento o aceptación indebida del cargo en agravio de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

El documento fiscal solicitó que el primero de estos remita copia certificada de la Resolución N° 002-2016-CU, del 6 de enero pasado, del Estatuto de la universidad, así como del acta de la sesión extraordinaria del consejo universitario en la que designó a una comisión reorganizadora de la Escuela de Postgrado bajo la presidencia de Quiñones Farro.

Además, el rector debió informar al Ministerio Público sobre el desempeño del docente en el cargo para el que fue designado, quedando comprometidos a rendir su manifestación la primera semana de agosto.

La disposición de formalización de la investigación preparatoria fue puesta en conocimiento al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, conforme lo señalado por el Código Procesal Penal en sus artículos 3 y 336.

LO DENUNCIADO

Con la Resolución N° 002-2016 del Consejo Universitario, el rector de la casa superior nombró a la mencionada comisión reorganizadora de la Escuela de Postgrado, cuya vigencia debía extenderse hasta que el Comité Electoral realice la elección del director de dicho órgano.

Como cabeza de la comisión se designó al profesor Carlos Quiñones Farro, quien para ese entonces ya era mayor de 70 años de edad, contraviniendo de este modo lo señalado por el Artículo 84 de la Ley Universitaria, que dispone que los profesores que excedan dicha edad quedan inhabilitados para desempeñar cargos administrativos.

En ese sentido, para el Ministerio Público existirían hechos razonables para presumir que se habría cometido el delito de nombramiento o aceptación indebida para cargo público, tipificado por el Artículo 381 del Código Penal, que estable que “el funcionario público que hace un nombramiento para cargo público o persona en quien no concurren los requisitos legales, será reprimido con setenta a ciento veinte días multa. El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con la misma pena”.

En virtud de ello, el fiscal Saavedra Ramírez ha establecido un plazo de 120 días para el desarrollo de su investigación, período en el que podrá confirmar o desvirtuar los elementos de convicción suficientes para proceder a la formalización de la denuncia penal.

SUNEDU ADVIRTIÓ

El 26 de febrero pasado, el jefe de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la SUNEDU, Aurelio Echecopar Talleri, con Oficio N° 049-2016, se dirigió a las autoridades de la UNPRG para que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 14 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINEDU, Reglamento de Infracción y Sanciones de la superintendencia, emitan pronunciamiento de manera documentada sobre la designación de los nuevos cargos académicos y administrativos. En ese momento, Quiñones Farro aún se desempeñaba como presidente de la comisión reorganizadora de la Escuela de Postgrado.

“La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación y garante del cumplimiento de las disposiciones que establece la Ley N° 30220, Ley Universitaria, tiene entre otras finalidades la de supervisar la calidad del servicio educativo superior universitario, así como fiscalizar si los recursos públicos han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. En ese sentido, esta Dirección ha recibido diversas denuncias señalando que en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, se estarían designando a docentes mayores de 70 años para ejercer cargos administrativos”, señaló el documento.

El documento fue recibido en la casa superior la primera semana de marzo y para la quincena de abril ya la gestión de Oliva Núñez había removido de los cargos administrativos. Empero, la infracción se había configurado, lo que motivó la denuncia penal presentada por el docente Gilberto Escajadillo Durand, que dio pie a la investigación fiscal.

LA FACEAC

La misma anomalía se presentó tanto en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE, como en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables – FACEAC, habiendo dispuesto el Ministerio Público también formalizar la investigación preparatoria para este último caso, comprendiendo a diversos docentes.

De acuerdo a la Disposición N° 02, del 1 de julio, el profesor José Huertas Maco, en calidad de decano de la FACEAC, con Resolución N° 005-2016-FACEAC/D, del 7 de enero pasado, encargó la Escuela de Contabilidad al docente Edgardo Mino Morales, pese a tener más de 70 años; para días después, el 18 de enero, con Resolución N° 018, hacer la misma encargatura al profesor Humberto Zamora Capelli, quien tiene 74 años. 

Con la misma resolución, Huertas Maco encargó la Escuela de Economía al profesor Jonas Godoy Gonzáles, también mayor de 70 años; a quien antes, con Resolución N° 001-2016, del 7 de enero, le encargó la Secretaría Docente de la facultad.

Asimismo, el decano aun en funciones encargó con Resolución N° 015-2016, del 15 de enero, a Heli Cachay Silva la Secretaría Docente, pese a tener también más de 70 años.

Otro caso es el del docente Carlos Querevalú Morante, a quien Huertas Maco encargó la Escuela de Comercio y Negocios Internacionales, siendo este profesor asociado de la universidad, cuando el Artículo 36 de la Ley Universitaria estable que para ocupar dicho cargo se requiere de la condición de docente principal.

Por estos hechos, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque también investiga la presunta comisión de nombramiento o aceptación indebida para cargo administrativo.

EL CASO QUEREVALÚ

Cuando el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables encargó las escuelas profesionales a los docentes antes mencionados, dio parte a la plana directiva de la universidad, en atención al ordenamiento interno.

Así sucedió en el caso del docente Carlos Querevalú Morante, quien asumió la encargatura de la escuela de Comercio y Negocios Internacionales el 7 de enero pasado y permaneció en el cargo hasta el 31 de mayo, toda vez que este presentó su renuncia por motivos personales, la misma que fue aceptada con Resolución N° 350-2016, del 1 de junio del 2016, designándose en el puesto al catedrático Jaime Cáceres Montalvo.

El Artículo 36 de la Ley Universitaria señala: “Las Escuelas Profesionales están dirigidas por un Director de Escuela, designado por el Decano entre los docentes principales de la Facultad con doctorado en la especialidad, correspondiente a la Escuela de la que será Director”.

“Haber ocupado la encargatura no ha representado para mí ningún incremento remunerativo, sino más bien una responsabilidad que asumí con muchos deseos de poder ayudar a la facultad. Debe quedar claro que yo no fui nombrado en el cargo, sino que este me encargó por la necesidad que había reorganizar los procesos internos después de la crisis de gobierno que enfrentó la universidad”, explica en su descargo el catedrático.

Las diligencias del Ministerio Público en el caso de la FACEAC deberán concluir en un plazo de cuatro meses, y hasta el 12 de agosto pasado se han tomado las declaraciones de los investigados.

 respuesta de Dick Lopez el 2021-09-30.

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