El titular de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque, Esdras Ipanaqué Trelles, cumplió con formalizar la denuncia penal y solicitar el inicio de las diligencias preliminares contra el alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel; la coordinadora de su despacho, Susana Culqui Pacaya, la hermana de esta y otros funcionarios más, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio de la comuna y el Estado.
Ipanaqué Trelles presentó la denuncia ante la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción luego de tomar conocimiento de “presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Chiclayo”, tras la contratación de Susana Culqui Pacaya, como sub gerente de Coordinación de Alcaldía, y su hermana, Lucia Culqui Pacaya, quien fue designada como segundo miembro suplente del Comité para la Adquisición de lubricantes y filtros, y además en el comité para la compra de dos camiones 4x2 y de maquinaria pesada.
EL PARENTESCO
Según el representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque, en los hechos precedentes se tiene que Susana Culqui habría tenido interés en la contratación de su hermana, toda vez que como coordinadora de alcaldía es miembro titular de la comisión evaluadora de los Contratos por Administración de Servicios – CAS, de la comuna de Chiclayo.
Asimismo, Esdras Ipanaqué le remarca al Ministerio Público que tanto el alcalde como el gerente general, Ruperto Castellanos Custodio, sabían que ambas tienen parentesco y “se han interesado en favorecerlas a través de un contrato de locación de servicios”.
Menciona la denuncia que la negociación incompatible se configura cuando el agente, siempre funcionario o servidor público, se interesa de manera particular en forma directa, indirecta o por actos simulados por cualquier u operación que realizan particulares con el Estado. “Se entiende que la intervención del agente en la celebración de aquellos actos jurídicos es por razón del cargo que desempeña al interior de la administración pública. Su finalidad es obtener un provecho patrimonial personal o para terceros”, refiere el documento.
El procurador menciona que en el caso habría configurado el interés mediante actos simulados, pero que además habrían actuado pese a tener pleno conocimiento de la conducta irregular.
“Nuestra teoría del caso inicial, como ya lo hemos señalado, está referida a un presunto delito de negociación incompatible contra David Cornejo Chinguel, Ruperto Castellanos Custodio, Susana Culqui Pacaya, Lucia Culqui Pacaya y los que resulten responsables como presuntos autores”, señala la denuncia, en la que se solicita se tome la declaración de los antes mencionados y que el Ministerio Público oficie a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos a fin de obtener información registral de los mismos.
Ipanaqué Trelles ha anexado a la denuncia copia del récord individual de contrato por servicios de Lucía Culqui, copia de su contrato por locación de servicios, copia de la declaración jurada de ausencia de incompatibilidad de Lucía Culqui, así como de informes y resoluciones gerenciales en la que se corrobora la participación de la trabajadora en los procesos de adquisición.
LA AGRESIÓN
El 15 junio pasado los regidores de oposición hicieron pública la contratación de Lucía Culqui en la comuna de Chiclayo y oficiaron a los órganos de control para que actúen frente al presunto hecho irregular.
El mismo día que los concejales expusieron el caso en conferencia de prensa, por la noche, la sub gerente de Coordinación de Alcaldía, acompañada de otras trabajadoras municipales, enfrentó al regidor Guillermo Segura Díaz cuando este ingresaba a la sesión de concejo convocada por el alcalde en el Palacio Municipal.
Segura Díaz, quien recibió agresión física y verbal, denunció el hecho y producto de esto la Primera Fiscalía Provincial Penal ha recogido su testimonio, además de los medios probatorios (videos y fotografías), que muestran a las servidoras municipales enfrentando a la autoridad.
Cuando el concejal formuló la denuncia en la Comisaría César Llatas Castro, los agentes únicamente se limitaron a precisar que su ocupación era la de docente universitario y abogado, omitiendo que se trataba también del primer regidor del municipio provincial, lo que motivó que la primera disposición emitida por el fiscal Jorge Palatino Segura, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, solo tipifique lo ocurrido como lesiones leves.
Sin embargo, al rendir su manifestación en el Ministerio Público se ha incluido a la lista otros seis delitos tipificados en el Código Penal: Artículo 365, la violencia contra la autoridad para obligarle algo; 366, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones; 367, en sus formas agravadas al ser los agresores funcionarios o servidores públicos; 368, resistencia o desobediencia a la autoridad (en tanto en los videos se aprecia que Segura Díaz exigía que se le deje acudir a la sesión de concejo); 369, violencia contra autoridad elegida, y 375, perturbación del orden en el lugar donde la autoridad ejerce su función, debido a que los hechos se produjeron en el Palacio Municipal.
El abogado Daniel Hernández, defensor del concejal, precisa que todos estos delitos tienen sanción que va desde la pena privativa de la libertad no mayor de dos años hasta la aplicación de jornadas de servicios comunitarios.
En el grupo que agredió a Segura Díaz, además de Susana Culqui, se encontraban trabajadoras de serenazgo municipal y de los programas sociales identificadas como: Mirella Martínez, María Olinda Acha Barrios y Vilma Maribel Quepy Saavedra, quien agredió físicamente al regidor, pero además promovida esta semana para trabajar como recepcionista en la planta baja del Palacio Municipal.
Deja tu Comentario