“A veces es fácil criticar a un magistrado desde afuera, pero sentarse a tomar decisiones relacionadas a la vida y la liberad del ser humano es realmente una tarea difícil, y considero que esa tarea solamente la deben ejercer quienes tienen vocación para hacerlo, porque quienes no la tienen deberían estar afuera”, reflexiona la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Ana Salés del Castillo, quien participó de una jornada de conferencias con jóvenes estudiantes reunidos en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

La también exdocente universitaria señala que el profesional del Derecho debe ganarse la condición de magistrado, y para ello ser consciente de lo que implica dicha responsabilidad.

“¿Qué implica? A veces dejar de lado al hogar, darle más horas de atención al trabajo, enfrentar la abrumadora carga procesal y saber que cada caso es un caso, que no existen casos iguales. Puede haber casos semejantes, pero no iguales, porque cada uno encierra toda una vida, relaciones, conflictos de intereses de cada parte. El magistrado tiene que asumir con responsabilidad cada caso; no existen plantillas”, menciona.

“Lo ideal es que el juez sea una persona excelente en todo el trajinar de su vida, no se puede ser juez de lunes a viernes, se es juez todo el día y por ello la conducta dentro y fuera del Poder Judicial tiene que ser la misma, respetando los valores éticos. No es posible ser juez cuando se trabaja y fuera del horario llevar una vida desordenada, manejar en estado de ebriedad, cometer violencia contra la esposa o los hijos. Esa no es la conducta de un juez, este debe ser íntegro”, añade.

La magistrada afirma que si un juez muestra una conducta intachable dentro y fuera de la judicatura, no habrá influencias externas que pesen sobre sus decisiones.

CONTRA LA PRESIÓN

Asimismo, Salés del Castillo remarca que la función jurisdiccional implica también la revisión a fondo de casa expediente, para que de esta manera la decisión del juzgados, por más impopular que resulte, se ajuste a Derecho en todos sus frentes.

“Hay muchas veces en las que los jueces no solo hemos tenido que resolver teniendo al frente a la presión de la prensa e incluso del propio Estado, veces en las que hemos tenido que hacer valer lo ajustado al Derecho”, remarca.

Citando un ejemplo, comentó lo sucedido con los detenidos de Cajamarca durante las protestas en rechazo al proyecto minero Conga, en el 2011. Los comuneros intervenidos fueron trasladados para ser procesados en Chiclayo, pese a no ser su jurisdicción natural, con investigaciones a cargo de fiscales de Lambayeque, la mayoría de ellos sin conocer siquiera la zona donde se habían presentado el conflicto social y las protestas.

La decisión de primera instancia dispuso el internamiento de los detenidos en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ex penal de Picsi. Sin embargo, la medida fue en revisión a la Primera Sala Penal de Apelaciones, que por ese entonces integraba Ana Salés, la misma que dispuso la liberación inmediata de los detenidos. Sobre ninguno de ellos existían elementos de convicción suficientes para mantener la prisión preventiva.

“Cuando nos tocó revisar ese caso pudimos advertir que ni siquiera concurría uno de los requisitos de la prisión preventiva. El primer requisito eran los suficientes y graves elementos de convicción que vinculen a las personas con el delito y estos no existían. Los habían capturado de manera indistinta cuando ya habían pasado los tumultos, la policía no había realizado el reconocimiento de personas, no habían videos en los que se visualice la participación de los detenidos en los actos vandálicos. Frente a ello se programó la audiencia para los 20 procesados y en ese mismo día se dispuso su libertad. El órgano de control nos pidió cuentas de las decisión que habíamos tomado, pero nosotros, los miembros de la sala, ya sabíamos que esas cosas podían suceder. Nos defendimos en la decisión debidamente fundamentada. La OCMA pidió que se investigue a los fiscales, porque estos no hubieran cumplido. Si nos hubiéramos llevado por la presión, esas personas hoy estarían aún en el penal”, rememora la jueza.

Dicho esto, Salés del Castillo enfatiza que en la función jurisdiccional es fundamental que un magistrado garantice y defienda su independencia para administrar justicia.

“Es cierto que el nivel de desaprobación del Poder Judicial es alto, pero habría que revisar quiénes son los que responden esas encuestas. ¿Son personas que litigan o ciudadanos que solo perciben lo que se dice en los medios y en base a ello responden? No niego que como en toda institución en el Poder Judicial puedan darse actos de corrupción, como sí se han dado, pero no significa que todos seamos corruptos”, afirmó.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Mencionó que como parte de su labor en la presidencia de la Corte de Justicia de Lambayeque realiza visitas a los diferentes órganos jurisdiccionales para reunirse no solo los magistrados, sino también con los trabajadores del Poder Judicial, a fin de sensibilizar sobre la lucha contra la corrupción.

“Hablamos del riesgo que corren por asumir conductas que no corresponden, les pido que piensen en sus familias, en su profesión y en la institución. Por los actos de corrupción su vida puede cambiar de una día para otro, de estar gozando de la libertad a llegar a un penal, no para cumplir una pena corta, sino larga”, señaló.

Añadió que desde la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, en abril del 2009, se han reducido las quejas contra los magistrados porque la resolución de los casos es mucho más célere y expeditiva. “Esperamos que eso también se aplique en materia laboral, porque la carga es aún muy alta. En la medida en que los jueces asuman el compromiso de hacer las cosas bien y trabajar en las líneas de la honestidad y transparencia vamos a superar esas dudas y vallas”, acotó.

 respuesta de Arq. LUIS CHIRINOS TORRES el 2024-05-21.

 respuesta de ARQ. LUIS CHIRINOS TORRES el 2024-05-21.

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