En abril pasado, edición 956, Expresión abordó al detalle el problema presentado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, por la designación de docentes mayores de 70 años en cargos administrativos, pese a lo señalado por la Ley N° 30220, Nueva Ley Universitaria. La situación puso contra la espada y la pared al actual rector Jorge Oliva Núñez, quien fue notificado por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, de lo irregular que esto resultaba. Tres meses después, la trasgresión a la norma se repite.
Si bien, a raíz del Oficio N° 049-2016, dirigido en marzo por el jefe de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la SUNEDU, Aurelio Echecopar Talleri, donde se le pedía un pronunciamiento a la UNPRG por la designación irregular, la gestión de Oliva Núñez aplicó los correctivos pertinentes con el Oficio Circular N° 014-2016-R-UNPRG, del 12 de abril, con el cual ordenó a los decanos de las 14 facultades de la casa de estudios cesar, en un plazo de tres días hábiles, a los profesores mayores de 70 años ubicados en cargos administrativos.
La orden fue dada por el rector días después de hecho público el problema por este medio.
El Artículo 84 de la Ley Universitaria, validada con sentencia del Tribunal Constitucional, señala que “la edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria pública es de setenta años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo”.
LOS CASOS
El mismo rector había incurrido en la falta al designar como presidente de la Comisión Reorganizadora de la Escuela de Postgrado de la universidad a Carlos Quiñones Farro, quien en noviembre de este año cumplirá 71 años de edad.
La SUNEDU, en su Oficio N° 048-2016, del 26 de febrero, advirtió también la irregularidad cometida en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE, donde se había designado con Resolución N° 1, del 4 de enero de este año, a Carlos Salvador Reyes Aponte, como jefe de la Oficina de Administración, aun cuando tiene 72 años de edad. La falta se repetía con Félix López Paredes, quien con 80 años había sido designado con Resolución N° 17, del mismo día, como Director General de la Sección de Pregrado, en tanto a Manuel Bances Acosta, de 72 años, se le había dado el cargo de Director del Programa de Diplomados – Sección Educación Permanente.
Otros casos de la misma facultad eran los de Jorge Ordemar Rico, de 72 años, nombrado como Director del Programa de Complementación Académica Docente, y el de José Pastor Balderrama, de la misma edad, puesto en el cargo de jefe de la Oficina de Imagen Institucional.
Todas las resoluciones de nombramiento habían sido emitidas por el decano de la facultad Néstor Tenorio Requejo.
Persistir en la desatención de la norma, es decir, mantener a dichos profesores en los cargos, habría acarreado incluso sanciones y multas económicas contra la universidad, tal como sucedió en otras casas superiores del país, toda vez que el Reglamento de Infracción y Sanciones de la SUNEDU señala que es considerado falta muy grave la designación de profesores septuagenarios en funciones administrativas.
INTERVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA
También en abril, el Gerente de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República, Nelson Guevara Altamirano, se dirigió al rector Oliva Núñez a través del Oficio N° 00500-2016, por el cual da a conocer que se habían hallado indicios de irregularidad en el informe de Alerta de Control elaborado por su presentada.
En dicho documento, Guevara Altamirano otorgó un plazo de 20 días hábiles para que la universidad, a través del despacho rectoral, pueda informar de las medidas correctivas a implementar, concretadas por el circular dirigido a los decanos para que destituyan a los docentes irregularmente designados.
“Nosotros nos dirigimos oportunamente a la universidad para que se corrija esa situación, porque se estaba incumpliendo lo señalado por la ley, que es bastante clara respecto a las prohibiciones que se tienen para el acceso a los cargos administrativos”, confirmó a Expresión el jefe de la oficina de control.
Guevara Altamirano, señaló que de presentarse casos nuevos, aun sabiendo las autoridades universitarias de lo que indica la ley, ameritaría una nueva intervención de la Contraloría, además de las acciones de sanción que pueda implementar la SUNEDU, las mismas que están fijadas en el reglamento de la superintendencia.
LA ESTRUCTURA Y CARGO
Lo advertido por el Gerente de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República ha sucedido, y para ello se dieron desde mayo pasado una serie de cambios en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE.
El 12 de mayo, con Resolución N° 0751-2016, el decano de la facultad Néstor Tenorio, aprobó, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, la nueva estructura “de las asignaciones únicas mensuales de responsabilidad funcional de autoridades y personal directivo” de la FACHSE, de acuerdo a la adecuación de la nueva Ley Universitaria y el estatuto de la casa de estudios.
Con ello se crea el cargo de Asesor de Procesos Académicos de los Programas Especiales, en el esquema del Centro de Producción de Servicios Educativos, para el cual se asigna una remuneración mensual de dos mil 485 soles, que deberán ser pagados – conforme señala la resolución – para los próximos ocho meses del año (mayo – diciembre), sumando un total de 19 mil 880 soles.
Días después, el 20 de mayo, Tenorio Requejo emitió la Resolución N° 0841-2016, por la cual procede a “actualizar, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad”, los cargos asignados a los directivos, de acuerdo al cambio de nominación de las oficinas por adecuación a la nueva Ley Universitaria y al estatuto de la UNPRG.
De este modo, el decano dispone que la jefatura de Sociodata, que era un despacho de la facultad encargado de evaluaciones y estudios sociales, sea reconvertida en el de Asesor de Procesos Académicos de los Programas Especiales, estableciendo la remuneración antes mencionada.
OTRA VEZ REYES APONTE
Lo dispuesto no tendría nada de extraño si el 8 de junio de este año, con Resolución N° 0962-2016, el decano no habría nombrado a Carlos Salvador Reyes Aponte como asesor de Procesos Académicos del Centro de Producción de Servicios Educativos de la FACHSE.
Reyes Aponte es el mismo profesor por el cual la SUNEDU presentó la notificación al rector Jorge Oliva en marzo pasado, puesto que en agosto cumplirá 73 años de edad, según su ficha RENIEC.
La resolución firmada por el decano Tenorio Requejo y la encargada de la Secretaría Docente de la Facultad, Julia Santa Cruz Mío, especifica que el Asesor de Procesos Académicos depende jerárquicamente del Decanato, coordina con el Subgerente del Centro de Producción de Servicios Educativos y los directos de los programas del mismo.
Dicha resolución, según indica su artículo tercero, debe ser de conocimiento del Rectorado, el Vicerrectorado Académico y las demás oficinas de la alta dirección de la universidad, entre ellas la de Asesoría Jurídica.
Actualmente en la FACHSE el Consejo de Facultad está inactivo, de ahí que cada resolución del decano señala “con cargo a dar cuenta”.
“NO HAY MÁS CASOS”
El jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la universidad, Gilberto Carrasco Lucero, señaló a Expresión que no se conoce de más casos de designaciones irregulares en los cargos administrativos de la universidad.
Refiere que ser asesor de una facultad no significa cumplir cargo administrativo, aunque no precisa si esto se aplica luego que la nominación de un área haya sido modificada, tal como sucede en el caso de la FACHSE.
“Ser asesor de una facultad no es cargo administrativo porque en todo caso ese cargo no existe en la estructura funcional de la universidad. Puede ser un asesor ad honoren, puede ser un asesor por la amistad que tengan. No existen en las facultades cargos de asesores”, mencionó.
Consultado qué sucedería en el caso que se haya cambiado de nominación a un cargo para que con dicha partida se le pague la remuneración a un asesor, Carrasco Lucero precisó que se debería tener el visto bueno del rectorado.
“Para hacer eso tiene que pasar por el rectorado, y eso hasta el momento no se ha dado. Si hay eso en alguna facultad debe ser de alguna cuestión, alguna nominación interna entre ellos, pero que no está dentro de la estructura de la universidad”, aseveró.
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