El último fin de semana, la exconsejera regional y actual regidora provincial de Lambayeque, Gisella Fernández Muro, fue centro de la noticia al ser detenida por agentes del Área de Requisitorias de la Policía Nacional. La medida obedeció a una disposición del Cuarto Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que la tenía en calidad de reo contumaz por la comisión del presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación irregular en agravio de la UGEL Chiclayo y el Estado Peruano. En diálogo con Expresión, Fernández Muro se defiende y acusa ser víctima de acoso político desde el 2022.
La maestra señala que en ningún momento buscó evadir la acción de la justicia, toda vez que no fue debidamente notificada. Esto, sin embargo, va mucho más allá, pues resalta que el proceso seguido en su contra respondería a una persecución política en su contra por su labor desempeñada como autoridad política.
“Soy maestra, docente de carrera con casi cuarenta años al servicio de la educación. Asumí el cargo de consejera y serví a mi región. Yo he vivido siempre en el distrito de Lambayeque y mi DNI consigna la dirección de la casa de mi madre, pero yo no vivo allí hace más de treinta años. Nunca fui notificada, por lo que desconocía totalmente de las citaciones. Por eso se me declaró en rebeldía”, manifiesta.
El caso
Según la acusación fiscal, la licencia con goce de haber por 80 horas mensuales que le fue concedida a Fernández Muro para ejercer de forma simultánea como docente y consejera regional entre marzo del 2019 y noviembre del 2021 no estuvo acorde a lo que estipula la Ley de Reforma Magisterial, la cual señala que solo le correspondía un día de licencia remunerada al mes. Esta situación habría originado que se le abone un excedente de 163 horas de sueldo equivalentes de S/22 mil 918.15.
“Al ingresar como consejera regional me asistía el derecho a tener una licencia. Como maestra solicité a la UGEL Chiclayo la misma y fue su equipo técnico de Asesoría Legal el que me otorgó una licencia amparada en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Yo no soy quien elaboro esa licencia, la firmo ni la induzco como maliciosamente se pretende decir”, argumenta.
Agrega que por 80 horas no existe la posibilidad de cobertura por reemplazo, con lo cual la licencia se convierte básicamente en un documento de protección, a fin de que el docente que es autoridad tenga ciertas facilidades cuando deba asistir a las sesiones que son convocadas por el Consejo Regional u otras actividades inherentes a su función como consejero.
No obstante, Gisella Fernández relata que, cuando asumió el entonces vicegobernador Luis Díaz Bravo las funciones de gobernador en reemplazo de Anselmo Lozano, se hizo un nuevo análisis de esta licencia y se determinó que no le correspondía, pues esta no debió entregarse bajo el amparo de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sino de la Ley de Reforma Magisterial.
“La pregunta es, ¿yo tuve la culpa de que se me otorgue una licencia por 80 horas? ¿alguien me cubrió durante esas horas para que digan que se me pagó en exceso? (…) El primer abuso de autoridad que se comete conmigo es sancionándome por esta licencia que me otorgó la UGEL Chiclayo. Yo apelo a Servir haciendo uso de mi derecho administrativo y Servir se pronuncia a mi favor, señalando que cómo es posible que se sancione a la solicitante cuando ella no expide la licencia”, asevera.
Descuento irregular
Cuando la docente pidió su cese voluntario en el 2022, la UGEL Chiclayo le descontó de su Compensación por Tiempo de Servicio – CTS, la supuesta suma adeudada.
“En esa resolución de cese se cometió una vulneración a mi derecho de percibir una CTS. El director de la UGEL Chiclayo unilateralmente decidió que se descuente de mi CTS ese monto cuando eso no está enmarcado dentro de la ley”, apunta.
Refiere que apeló esa resolución administrativa ante la Gerencia Regional de Educación y fue declarada nula, con lo cual ella entendió que se dio por cerrado el caso.
No obstante, el proceso ha continuado en la vía penal y el Ministerio Público ha solicitado que se le imponga una pena de ocho meses de pena privativa de la libertad, la restitución obligatoria de los S/22 mil 918.15 a favor de la UGEL Chiclayo y el pago de S/5000 por concepto de indemnización por daños y perjuicios.
“Yo he denunciado al director de la UGEL Chiclayo, Alí Sánchez Moreno, por abuso de autoridad desde el 2022. Ha pasado una gestión completa y la Comisión Técnica de Procesos Administrativos ha pretendido reincidentemente que prescriba el caso. Yo estoy pidiendo que lo investiguen y sancionen en mérito de la documentación que he presentado. Sin embargo, todos se apartan. No sé qué misterio ampara a este funcionario que todos conocemos en el sector como un presunto abusivo”, manifiesta.
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