El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, se mostró indignado porque a la fecha no haya ningún funcionario del Estado preso por el mal uso que hicieron con los recursos de la Reconstrucción con Cambios. Incluso cuestionó al sistema de justicia por no haber hecho su labor para enjuiciar y sentenciar a estos malos servidores.
Sin salir en defensa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Shack refirió que cuando se diseñó este ente se lo concibió como un órgano de coordinación y financiación, por eso que desde el año 2017 hasta el 2020 no ejecutó nada, porque todo lo transfería a los gobiernos regionales y municipales, de allí que las acciones de control se concentraron sobre estas instancias de gobierno.
Dijo, por ejemplo, que en el caso del río La Leche se han identificado más de una docena de responsables (funcionarios del gobierno regional, Ministerio de Agricultura), allí se asignaron más de 21 millones de soles para el tramo I de labores de descolmatación y no se hizo nada, hubo una pérdida de casi 11 millones de soles, ¿qué pasó?, se robaron el dinero. Y encima, ningún empleado está preso.
Señaló que la Contraloría General de la República (CGR) hizo los informes respectivos e imputó responsabilidades, ¿qué pasó con esos funcionarios?, ¿qué hizo el sistema de justicia al respecto? Esos servidores deberían estar presos, pero nada de ello ha ocurrido, porque si no hay sanción efectiva y ejemplar de lucha contra la corrupción, todo es puro floro, un discurso barato.
Función sancionadora
Expresó que la CGR recién ha recuperado su función sancionadora, es por eso que comenzarán haber procesos a partir de actos que se hayan cometido el 2022, entre ellos la inhabilitación a funcionarios, luego de un proceso justo.
El contralor aseveró que lo más urgente ahora es preocuparse del tema de la rehabilitación, y en el caso del río La Leche tiene que descolmatarse, porque si no se hace en las próximas lluvias se va a desbordar como ha sucedido con el ciclón Yaku. “Las autoridades nacionales, regionales y locales tienen que organizarse para limpiar el cauce de forma célere y transparente, aunque para ello se tienen que cambiar algunas normas”, declaró.
Shack Yalta recordó que cuando nació la ARCC se aprobó un presupuesto de 25 mil millones de soles, el presidente Kuzcynski dijo que en tres años se iba a reconstruir todo el norte, ¿pero qué pasó? De los dos componentes, el de la reconstrucción sí se ha cumplido (se reconstruyó mucha infraestructura) y tiene un avance del 70%; pero el segundo no llega ni a 10%.
Manifestó que se habían programado 10 mil intervenciones, de esas se consolidaron siete mil proyectos de inversión pública, de los cuales se han ejecutado unos cinco mil en trece regiones, o sea se ha gastado casi 21 mil millones de soles. El problema radica en que no se hizo el componente dos, que eras el más importante, el del manejo integral de las cuencas, los ríos, las quebradas, los drenajes fluviales, para evitar nuevas inundaciones.
En Lambayeque las soluciones integrales para los ríos La Leche, Motupe y Olmos no llega ni a 5% de avance, y cuándo van a estar listos, teóricamente -de acuerdo a los estudios- en el año 2028. “Entonces el punto es que ha habido muchos problemas por parte del Estado, si bien las obras se van hacer, pero será todavía el 2028, porque para hacer una obra de esas características se tiene que estudiar bien hechos”.
Liberalizar normas
Nelson Shack aseveró que cuando hay situaciones de emergencia la operación estatal tiene que cambiar, por eso la Contraloría presentará un proyecto de ley y coordinará con el Ejecutivo, para que el momento que llegue la emergencia se puedan liberalizar una serie de normas y procedimientos, entre ellas la de contrataciones. Entonces es necesario mejorar las capacidades de gestión del Estado en su conjunto.
“Nadie contrata, nadie quiere firmar, entonces hay que mejorar este mecanismo para crear los incentivos adecuados, para que los gestores puedan tomar decisiones que tienen que estar sujetas a la regla y ser transparente. Se puede contratar a una empresa que nunca lo ha hecho con el Estado, sí; se puede contratar a una empresa con una sola cotización; sí, pero lo que no se puede hacer es contratar a la empresa del familiar del alcalde”, sentenció.
Refirió que la mayor preocupación de la CGR ahora es la prevención para el fenómeno de El Niño, para reducir y mitigar el enorme daño que seguramente ocasionará; pero paralelamente están desplegando el control concurrente en todo el tema de la distribución de la ayuda humanitaria, el proceso de rehabilitación, para lo cual el Estado tiene que armar un plan, tiene que organizarse y saber cómo desplegarlo, porque sin un plan no se puede operar en la gestión pública.
Dijo que vienen coordinando con el COER en cada una de las regiones, esta semana terminarán las visitas de supervisión para tener una información mucho más certera e integral de los daños que han ocasionado hasta el momento las lluvias.
“Sin embargo, lo que se ha visto es que los daños son cuantiosos, no solamente en la infraestructura, sino también en los medios de vida de los pobladores, principalmente en la agricultura. Este proceso de evaluación lo está haciendo no solo la CGR, sino las autoridades del gobierno nacional, de tal manera que eso debe ser la base para este plan de rehabilitación y después de reconstrucción”, añadió el contralor.
Shack Yalta agregó que después del fenómeno del 2017 no se logró recuperar la infraestructura en las regiones más afectadas, porque a nivel global la ejecución de las reposiciones en todo el Estado fue entre el 60% y 70%, eso significa que el Estado en su conjunto (gobierno nacional, regionales, municipalidades, ministerios y ARCC) no fue capaz de reconstruir la infraestructura que se dañó, y menos el tema de las soluciones integrales.
Expresó que frente a un desastre hay tres etapas: la respuesta rápida a la emergencia, la distribución de la ayuda humanitaria y la rehabilitación; y luego el proceso de reconstrucción de toda la infraestructura dañada, y en estas dos fases los ingenieros de la Contraloría se van desplegar.
Reiteró que se necesita cambiar las reglas de operación del Estado, porque una cosa es tener un proyecto integral que va a demorar años en hacerse, como la presa La Calzada, las presas de laminación, pero mientras tanto no pueden quedarse con los brazos cruzados, porque si no va a venir El Niño y nos va a destruir.
“Entonces tenemos que tomar las medidas necesarias para prevenir, hay que hacer ambas cosas; por un lado continuar con la ejecución de las soluciones integrales que debieron hacerse antes, pero también tomar medidas a corto plazo para prevenir el futuro desastre”, precisó.
Costarán el doble
El jefe de la Contraloría puntualizó que todas las obras ya no costarán 25 mil millones de soles, sino 50 mil millones por todos los problemas de corrupción e inconducta funcional que ha habido. Es decir, para hacer las soluciones integrales de las 17 cuencas, de siete quebradas y de siete drenajes fluviales se va a necesitar 25 mil millones de soles más. “Gracias a Dios, a la estabilidad macroeconómica del país y los fundamentos de una política fiscal sólida y prudente, hacen que podamos tener esos recursos”.
Recordó que cuando la Contraloría intervino el 2017 no se tenía desplegado el control concurrente, ni tampoco tenían la cantidad de ingenieros y la capacidad para poder abordar la mayoría de las obras; pero ahora están en una situación distinta, el modelo de control concurrente por ley del Congreso se ha ampliado, y a partir del 2021 toda operación de más de 10 millones de soles, y este año de más de 5 millones de soles tienen control concurrente, y la Contraloría dispone del personal para ello.
“Los equipos de auditores van a estar presentes en las distintas etapas de la ejecución del proyecto; incluso antes, desde que se elabora el expediente técnico para ver si efectivamente está bien hecho o no”, afirmó.
Drenaje fluvial y plan maestro
Respecto a la situación crítica del sistema de alcantarillado de Chiclayo, el cual ha colapsado por las lluvias, Nelson Shack aseveró que han recibido esa notificación del Congreso; pero la solución integral a ese problema pasa por aprobar el plan maestro para reestructurar todo el sistema de alcantarillado.
“Ese plan existe, me acuerdo que hace más de 20 años cuando estaba en el Ministerio de Economía ya se discutía para financiarlo, pero a la fecha está paralizado, y tampoco se puede ejecutar ahora. Las soluciones de mediano plazo llevan tiempo, se tiene que actuar rápido para poder prevenir los desastres y atender las emergencias”, estimó.
El alto funcionario del Estado se dirigió a los gestores públicos, quienes muchas veces tienen temor de hacer algo; pero para eso la Contraloría creó el control concurrente, y tienen que ser conscientes de que las reglas de juego han cambiado, porque antes si hacían las cosas mal, eran detectados por la CGR, y solo eran procesados y a veces sancionados, y si no hacían nada no pasaba gran cosa.
Sin embargo, sentenció que ahora ya se ha tipificado conductas infractoras específicas; es decir si no atienden diligentemente las necesidades urgentes de la gente en situación de emergencia, si no gastan bien el presupuesto, van hacer procesados e inhabilitados; por tanto, el gestor público solamente tiene una opción: si lo hace mal será procesado, si no hace nada será procesado; entonces la única opción es que haga bien las cosas, con transparencia.
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