La Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad Distrital de Olmos, en la provincia de Lambayeque, adjudicó en forma irregular dos contratos a igual número de consorcios por siete millones 649 mil 542 soles para la ejecución de obras de rehabilitación en las Instituciones Educativas n.° 10181 “César Abraham Vallejo Mendoza” de la localidad de La Estancia y n.° 10200 “Jesús Teodoro Serrato Mío”, de la localidad de El Porvenir.
Según el Informe de Control Específico n.° 031-2022-2-2137-SCE, que evaluó el periodo 6 de abril al 6 de mayo de 2021, miembros del comité de selección admitieron y otorgaron la buena pro para la rehabilitación del local escolar “César Abraham Vallejo Mendoza” por tres millones 808 mil 438 soles a un consorcio que tenía por integrante a una empresa que no presentó una línea de crédito acorde al porcentaje de su participación, incumpliendo el requisito de admisibilidad establecido en las bases integradas y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial n.° 003-2021.
El comité estuvo conformado por Segundo Mejía Sánchez, como presidente, y Moisés Idrogo Guevara y Raúl López Damián, como integrantes.
El proceso fue adjudicado al Consorcio Estancia, integrado por Kranfort Contratistas Generales S.A. y J.V.P. Ingenieros Constructores SCRL.
Los funcionarios y/o servidores ediles publicaron la buena pro y tramitaron los documentos para la firma del contrato n.° 001 fuera del plazo establecido, y pese al incumplimiento en la presentación de requisitos como la constancia de capacidad económica de contratación de una de las empresas del consorcio, la memoria (correspondiente al Programa de Ejecución de Obra – CPM, los calendarios de adquisición de materiales y utilización de equipo) y la acreditación del periodo mínimo de experiencia profesional en obras iguales o similares a 48 meses del residente de obra.
Segundo procedimiento
De otro lado, sobre el Procedimiento de Contratación Pública Especial n.° 004-2021 para la rehabilitación del local escolar “Jesús Teodoro Serrato Mío”, el Informe de Control Específico n.° 032-2022-2-2137-SCE, que evaluó el periodo 20 de abril al 11 de mayo de 2021, determinó la admisión y otorgamiento de la buena pro a un consorcio por tres millones 841 mil 103 soles, pese a que las dos empresas integrantes presentaron una línea de crédito de una financiera no autorizada para otorgar avales y fianzas orientadas a procesos de contratación con el Estado, según la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS.
En este caso, los funcionarios y/o servidores ediles también publicaron la buena pro y tramitaron los documentos para la firma del contrato N° 004, fuera del plazo establecido, y pese al incumplimiento en la presentación de requisitos exigibles en las bases integradas y el Reglamento de Contrataciones del Estado, entre ellos la memoria (correspondiente al Programa de Ejecución de Obra – CPM, los calendarios de adquisición de materiales y utilización de equipo) y la acreditación del periodo mínimo de experiencia profesional de 24 meses para el especialista en seguridad y medio ambiente.
Según el informe de control, la firma de ambos contratos se realizó sin que la entidad efectúe la verificación física del equipamiento estratégico y su disponibilidad inmediata, conforme a lo establecido en la norma de contrataciones.
Involucrados
Por estos hechos, la Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa de siete funcionarios, exfuncionarios y exservidores de la entidad edil, por lo que recomendó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Lambayeque iniciar las acciones legales penales correspondientes y al titular de la Municipalidad Distrital de Olmos las acciones para el deslinde de las responsabilidades administrativas.
Los funcionarios involucrados son: Sergio Gómez Peltroche, gerente municipal; Rosa Pizarro Piscoya, Subgerente de Asesoría Jurídica; Segundo Mejía Sánchez, Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural y presidente del comité de selección; Luz Chorres Ancajima, jefe del Área de Obras Urbano y Rural; Juber Delgado Monteza, jefe del Área de Logística y Patrimonio; Moisés Idrogo Guevara y Raúl López Damián, integrantes del comité de selección. Sobre estos la Contraloría señala responsabilidad penal y administrativa funcional.
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